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Una amplia casa montevideana del barrio de Palermo, de fachada color terracotta, y con una larga historia para el fútbol y la música uruguaya, es la sede del Museo del Cannabis. “Es un contraste haber vivido bajo una dictadura militar y en el primer país del mundo donde el cannabis ha sido declarado legal”, comenta con orgullo el director del museo, Eduardo Blasina, 53 años, con una larga trayectoria de lucha a favor de la despenalización.

Uruguay se convirtió, en diciembre de 2013, en la nación pionera que dejó de lado la prohibición mundial del cannabis psicoactivo para uso recreativo, conocido como marihuana. Fue un golpe de efecto en medio del debate interminable en muchos países sobre la legalización de drogas como paso para acabar con el narcotráfico.

“Lo más novedoso de la ley es que mejora la calidad democrática de la sociedad”, subraya Blasina, que pertenece a la minoría de transgresores que, ya en los años 80, en plena dictadura, fumaba marihuana en los parques como “reclamación utópica y libertaria”. “Es un mensaje al mundo de democracia y libertad. Lo principal es la desproscripción de una planta. Aquí se utilizaba mucho la palabra proscripción en la época de la dictadura. Había políticos habilitados y políticos que estaban proscritos, que no podían ejercer la política. Vivíamos en una dictadura botánica absurda, en la cual había plantas legales y plantas ilegales”.

El camino hacia la despenalización

Fue un político colorado el primero que tuvo la idea, un blanco quien redactó un primer proyecto y, finalmente, ha sido la izquierda la que ha aprobado la ley

La nueva ley 19.762, aprobada por las dos Cámaras del Congreso en 2013, fue iniciativa del presidente José Mujica, un político de izquierdas de larga trayectoria, desde los tiempos de líder guerrillero de los Tupamaros, 13 años en prisión (1972-85) durante la dictadura, hasta la recuperación de la democracia y su adaptación a la política legal y parlamentaria.  

La despenalización del cannabis fue posible después de casi dos años de debates parlamentarios con la firme oposición de los dos partidos tradicionales, el Colorado y el Nacional o Blanco (conservadores), que se han repartido el poder en Uruguay desde el siglo XIX hasta la llegada al Gobierno en 2005 del Frente Amplio, una amplia coalición de partidos, desde demócratacristianos a extupamaros y trotskistas. Paradójicamente, “fue un político colorado el primero que tuvo la idea, un blanco quien redactó un primer proyecto y, finalmente, ha sido la izquierda la que ha aprobado la ley”, recuerda Blasina.

Los opositores más encarnizados vaticinaban un escenario de violencia, asaltos a farmacias y a clubes cannábicos para robar la marihuana almacenada. Ninguno de los malos presagios se ha cumplido, aunque la implementación de la ley no ha caminado tan rápido como anunciaba la euforia inicial de los partidarios. Primero se autorizó a los mayores de 18 años tener hasta un máximo de seis plantas de cannabis en su casa, para cosechar medio kilo de marihuana al año. Después entró en vigor la apertura de clubes cannábicos, que pueden tener hasta 99 plantas, propiedad de un colectivo de entre 15 y 45 socios, con derecho a una cantidad mensual de 40 gramos por consumidor.

Sin embargo, los uruguayos han tenido que esperar hasta julio de 2017, en el cuarto año de vigencia de la nueva ley, para comprar legalmente marihuana en farmacias. “La lentitud habla bien del Gobierno, porque ha tomado todas las precauciones para no cometer errores o entregar flancos a la oposición”, opina Jorge Jover, ingeniero agrónomo, emprendedor y uno de los nuevos productores de cannabis. El gramo empezó a venderse a 1,30 dólares libres de impuestos (hoy a 1,40) en farmacias habilitadas por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), un organismo creado al amparo de la nueva ley. En el mercado ilegal cuesta tres veces más, como mínimo, y en verano, la marihuana paraguaya prensada, de menor calidad, se llega a vender a 20 dólares el gramo en Punta del Este.

La ley obliga a los compradores a registrarse en un escáner dactilar, que almacena las huellas para corroborar la identidad y la cantidad que adquieren. Pese a que los datos están encriptados y fuera del alcance de los vendedores, el sistema ha recibido abundantes críticas y ha disuadido a muchos consumidores que se niegan a facilitar sus datos personales al registro oficial. La prueba de esta desconfianza es que el IRCCA tiene registrados hasta la fecha 23.300 compradores, 8.451 cultivadores, 90 clubes cannábicos y 16 farmacias. Una cifra muy inferior a los más de 50.000 consumidores frecuentes, que fuman marihuana al menos una vez a la semana, según las estadísticas de la organización Monitor Cannabis, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.

La ley distingue claramente entre marihuana y cannabis medicinal. En el primer caso, el Estado importa las semillas y, por ahora, sólo dos empresas de capital mixto uruguayo y extranjero, International Cannabis Corporation (ICC) y Simbyosis, tienen licencia para el cultivo. La producción hasta un máximo de cuatro toneladas anuales tienen que venderla obligatoriamente al Estado, que la distribuye entre las farmacias autorizadas. La primera cosecha se obtuvo en mayo de 2016.

Para el cultivo de cannabis medicinal se han otorgado nueve licencias. Cada productor tiene libertad de elegir semillas y variedades.  “Estamos en nuestra segunda cosecha de cannabis para fines terapéuticos”, explica Jorge Jover, que es uno de los cuatro socios de la empresa Cannabis Uruguay Limitada. “Donaremos 50 kilos al Laboratorio Industrial Farmacéutico de la provincia argentina de Santa Fe, para investigación y estudio. Y el resto lo venderemos a laboratorios uruguayos. Vamos avanzando”.                

Jover está satisfecho con el nuevo negocio. Después del éxito de las primeras pruebas, su empresa se prepara para producir y exportar a gran escala. El objetivo es alcanzar unas 15 toneladas de flor seca el tercer año de cultivo, en 30 hectáreas en campo abierto y 15.000 metros cuadrados en invernadero.

Cada una de las nueve licencias tiene adjudicada una superficie. Innovaterra, de capital estadounidense, ha plantado 800 hectáreas en el departamento de Salto, al Norte; The New Agro, empresa mixta ruso-austríaca, tiene 75 hectáreas. Hay algunas zonas grises en la ley, sobre todo en lo referido a los medicamentos que se pueden elaborar a partir de cannabis. Según Jover, la situación “es un poco extravagante, ya que Uruguay produce cannabis, lo exporta a países que fabrican medicinas y luego importa dicho fármaco”.

Las dudas e interrogantes no han impedido que empresas de Suiza, Alemania, Israel y Argentina tengan puesta su mirada en el mercado uruguayo de cannabis. El grupo canadiense Ancient Strains Limited, de Toronto, está a punto de cerrar la compra del 70% de Cannabis Uruguay.

La despenalización de la marihuana no estuvo precedida de ninguna consulta a la población, en un país donde el referéndum es una práctica reconocida. “Durante 70 años, la propaganda conservadora repitió a la gente que la marihuana es una droga y que la gente que fuma no tiene futuro. Con estos antecedentes, ¿cómo se puede preguntar a los ciudadanos en un plebiscito?”, cuestiona Alicia Castilla, 71 años, activista argentina, firme defensora de la legalización sin restricciones y autora de los libros Cultura cannabis y Cultivo cannabis.

Los estudios de opinión han mostrado tradicionalmente un rechazo mayoritario de los uruguayos a la despenalización de la marihuana, aunque una encuesta reciente mostró, por primera vez, un cambio de tendencia. El 44% de los consultados ha dicho que está a favor de permitir el consumo, frente al 41% que lo rechaza. Según Castilla, “este dato demuestra que la gente empieza a comprender que la legalización no ha traído ninguno de los males anunciados por los sectores más conservadores”.

El caso Castilla

Formada en Ciencias de la Educación y Turismo por la Complutense de Madrid, Alicia Castilla se trasladó a Uruguay después de vivir 30 años en Brasil. Su aterrizaje no fue muy placentero. Llevaba apenas 59 días en el país cuando fue detenida por la policía uruguaya, en enero de 2011, acusada de tener en su jardín 29 plantas y 24 gramos de cannabis para consumo personal. Pasó tres meses en prisión por el delito de posesión de sustancias prohibidas.

El caso Castilla y un violento asalto a una pizzería, con un muerto, conmocionaron el país

El caso tuvo una gran repercusión en los medios, que difundieron la noticia de que en Uruguay estaba presa “la señora Cannabis”.  “No entendía nada, los interrogatorios de la Policía, el empeño de la jueza… tenía la sensación de que se movía algo muy fuerte”, recuerda Alicia Castilla. Recibió el apoyo de numerosas organizaciones dentro y fuera de Uruguay, como Open Society, del filántropo multimillonario George Soros. “En la cárcel, tuve un recibimiento espectacular. Las presas habían seguido la noticia en televisión y estaban indignadas. Recibía visitas de familiares de otras internas, querían ver a la señora de las plantas. Todo era muy increíble”.

Fue puesta en libertad dos días antes de una gran manifestación que recorrió las calles de Montevideo bajo el lema Marcha Mundial por la Liberación de la Marihuana, donde la consigna más coreada fue No más presos por plantar. El caso Castilla y un violento asalto a una pizzería, con un muerto, conmocionaron el país. El presidente Mujica anunció inesperadamente medidas para mejorar la seguridad, y una de ellas fue acelerar la despenalización de la marihuana, para quitar cuota de mercado a los traficantes. “Pilló por sorpresa a todo el mundo”, explica Castilla. “Salió al cruce de lo que estaba debatiendo el Parlamento, no era una demanda de la calle”. Pero no cabe duda de que la injusta detención de la activista argentina aceleró la respuesta presidencial.    

Menos de dos años después, el Gobierno dio luz verde a la ley 19.762. A la pocos meses Alicia Castilla se casó con Daniel Vidart, 97 años, reputado antropólogo en Uruguay, consejero y amigo del ex presidente Mujica, que había publicado Marihuana, la flor del cáñamo, tras una investigación en distintos lugares de Suramérica, y donde repasa los cinco usos de la hierba: ritual, terapéutico, recreativo, industrial y gastronómico.

Es admirable la valentía de Castilla y Vidart, una pareja combativa que no se arredra fácilmente, y que no ahorra críticas a los aspectos más restrictivos de la ley, como el que obliga a quien compra marihuana a dejar su huella digital. “No corresponde al Estado registrar a las personas que consumen marihuana. Los únicos que aceptarán registrarse serán los jóvenes, los que no vivieron la dictadura”, dice Castilla. Vidart, por su parte, opina que “la ley estigmatiza más a la marihuana de lo que la legaliza”, y se pregunta porqué tiene que haber un registro de consumidores de cannabis y no lo hay de consumidores de alcohol o de tabaco.

Tabaré Vázquez, el presidente actual por el Frente Amplio, es oncólogo de profesión y enemigo acérrimo del tabaquismo. En su primer mandato (2005-2010) se prohibió fumar en lugares cerrados, pero fracasó en su intento de regular el alcohol. “La violencia contra las mujeres a causa del alcohol es un problema muy serio”, advierte Eduardo Blasina. Vázquez no es un entusiasta de la ley 19.762, pero es escrupuloso en su aplicación, a pesar de las reiteradas críticas y advertencias de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (INCB en inglés), órgano independiente encargado de velar por el cumplimiento de las convenciones de la ONU sobre control de drogas. La realidad es que este tipo de órganos no tiene ni la autoridad ni el poder político necesarios para obligar a Uruguay a un giro de 180 grados, tal y como explica el informe “Pionero de un nuevo paradigma” de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) sobre el caso uruguayo, firmado por tres expertos de la política antidrogas en la región.

“Sólo Estados Unidos podría presionar o castigar y no lo ha hecho, entre otras razones porque los estados de Colorado y Washington han legalizado la marihuana. Presionar a Uruguay habría sido hipócrita”, escriben John Hudak, Geoff Ramsey y John Walsh. La Administración Trump no ha enviado, formalmente, ninguna señal a Montevideo, aunque el primer desafío que afronta la legalización de la marihuana tiene que ver, precisamente, con EEUU.

La gestión del negocio

Bank of America y CitiBank exigieron a sus clientes bancarios de Uruguay que dejaran de trabajar con aquellas farmacias que vendían marihuana, con el argumento de que incumplían la USA Patriot Act (Ley Patriótica de EEUU), que prohíbe a los bancos trabajar con clientes que tienen negocios con sustancias prohibidas. Se trata de una ley muy controvertida, aprobada por la Administración Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, que en nombre de la lucha antiterrorista viola derechos elementales y amenaza las libertades civiles.

“El Banco de la República y algunos bancos privados como Itaú y Santander cerraron sus cuentas con dichas farmacias en agosto pasado”, señala el informe de WOLA. Algunos establecimientos dejaron de vender marihuana y otros pasaron a realizar sus operaciones en efectivo. La consecuencia de estas presiones ha sido que actualmente sólo una docena de farmacias, la mayoría en Montevideo, suministra cannabis, cantidad totalmente insuficiente para cubrir la demanda de una clientela registrada de 22.000 personas. El Gobierno está en el dilema de aplicar la ley a rajatabla o, ante la escasez de oferta en farmacias, observar cierta tolerancia con el mercado negro, para evitar que los consumidores legales se den de baja de las listas de registrados.

El informe de WOLA subraya la necesidad de que los negocios ligados al cannabis tengan un acceso fluido al crédito, y propone como alternativa a EEUU acudir a instituciones financieras de otros países, especialmente de Canadá, que ha aprobado la regulación de producción, venta y consumo de marihuana.

Uruguay es un destino de moda, y esta temporada, de noviembre a febrero, el flujo de turistas ha aumentado un 20%. La despenalización del cannabis ha atraído un buen número de visitantes, interesados en ver cómo funciona la venta legal de marihuana. Eduardo Blasina explica que muchos brasileños, internéticos que pueden trabajar desde cualquier lugar, amantes del surf y la libertad, se han instalado en Uruguay porque en su país el creciente poder de los evangélicos implica mayor represión. El problema es que los extranjeros no tienen acceso a este mercado, y al no poder comprar en las farmacias, acaban acudiendo al mercado negro. Autorizar la venta a los turistas sería una alternativa, según los expertos de WOLA.

El caso de cannabis de uso medicinal es más complicado, porque el acceso del público a medicamentos elaborados a partir de cannabis está repleto de obstáculos. Hasta la fecha, el Ministerio de Salud Pública sólo ha autorizado la venta al público de un solo producto, Epifractan, por lo que las empresas que producen este tipo de cannabis únicamente pueden exportar a otros mercados legales. “Hay un gran escepticismo en la clase médica uruguaya sobre la eficacia terapéutica del cannabis”, dice el informe de WOLA. La doctora Raquel Peyraube, consultora internacional en políticas de drogas, sostiene que ante el desconocimiento, la educación de los médicos sobre las propiedades medicinales del cannabis es la única manera de avanzar. “Ya hemos tenido suficiente ignorancia”.

 Uruguay vive en la contradicción que supone producir libremente cannabis medicinal para la exportación, y tener serias limitaciones para el uso en el mercado doméstico

El uso de cannabis con fines medicinales es cada vez más extendido. Las autoridades sanitarias de Israel han autorizado el tratamiento con cannabinoides de niños autistas. Uruguay vive en la contradicción que supone producir libremente cannabis medicinal para la exportación a países como Canadá y México, y tener serias limitaciones para el uso en el mercado doméstico.

Antes de aprobar la ley, el Gobierno hizo rondas de consultas con gente interesada en el tema, en busca de opiniones. Blasina participó en varias de aquella reuniones, en las que se discutía sobre la legalización y sus consecuencias. “En el Frente Amplio no había una opinión unánime a favor de la legalización, costó mucho convencer a los sectores más reticentes”, recuerda. “Todavía hoy hay gente contraria a la ley. Hay visiones arcaicas y poco informadas, pero el mérito del Frente es que pese a todos estos obstáculos consiguió construir un consenso”.

Por su dimensión, Uruguay no supone ningún riesgo para el flujo de droga en América Latina, porque no hay volumen de negocio suficiente para los carteles. Pero es un primer paso, que debería ser seguido por otros países del continente. En opinión de Eduardo Blasina, para derrotar al narcotráfico y tratar a los ciudadanos como personas adultas “habría que seguir avanzando gradualmente en el proceso de legalización. Y el paso siguiente debería ser todo lo que es botánico, por ejemplo hongos”.

En una reciente entrevista, la vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, me confesó su convicción de que la única manera de acabar con el negocio del narcotráfico y la violencia sería la regulación amplia y general de las drogas en el mundo. El problema es que esta postura no tiene el consenso ni entre todos los integrantes del Frente Amplio.

“No me imagino legalizar la pasta básica, el crack y lo que es extremadamente tóxico y adictivo”, dice Eduardo Blasina. “Tengo mis límites. No sé si quiero que haya laboratorios que produzcan legalmente cocaína. Como ciudadano aparece aquí mi valla de conservadurismo, que cada uno pondrá más lejos o más cerca. Yo trato de ponerla bien lejos, pero…”.