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Es una pena que en Catalunya, y en el conjunto de España, no tenga más fuerza la tradición republicana. Y así nos va –mal, muy mal–, con una idea muy pobre de democracia que los hechos empobrecen aún más, redundando en el debilitamiento de un Estado cada vez más sumido en una grave crisis institucional. 

Los acontecimientos nos muestran lo que todos tenemos ante los ojos: un independentismo que en Catalunya tiene la mayoría parlamentaria suficiente –trabajosamente articulada, a pesar de lo supuestamente en común– como para investir un presidente de la Generalitat, pero que no llega ni mucho menos a ser capaz de poner en pie piezas fundamentales para una república catalana. Y ello no sólo por las consabidas trabas que a tal efecto pone el Estado español, sino por la debilidad de un proyecto que, junto al mucho independentismo, apenas cuenta con un muy escaso republicanismo –inexplicable que ERC se mantenga en silencio sobre ello–. Y si ahondamos, se concluye que el sedicente republicanismo no pasa para muchos de quienes lo invocan de un planteamiento antimonárquico, lo cual es a todas luces insuficiente para definir una posición consistentemente republicana. 

Ya hemos constatado en otras ocasiones cómo los impulsores del Procés dejaban atrás elementos fundamentales de lo que habría de ser un proceder cabalmente democrático. Así, por ejemplo, defendiendo la legitimidad de una comunidad nacional a manifestarse en referéndum por la forma en la que encauzar su futuro político, en este caso por el modo de relación con el Estado español, incluyendo como posibilidad la independencia, olvidaban, sin embargo, la necesidad imperiosa de no arrollar derechos individuales de ciudadanos y ciudadanas al tratar de sacar adelante un derecho colectivo. Es ese mismo conjunto de ciudadanos y ciudadanas, como sujetos de derechos, el que queda abusivamente subsumido en una idea de nación con la que se moldea la noción de pueblo a la que se remite el discurso soberanista del independentismo. Por más que se quiera apelar al pueblo entendido como demos, es lo cierto que la coloración identitaria del nacionalismo desde la que se opera –la que sin duda se acentúa al llevar a Quim Torra a la presidencia de la Generalitat– hace desembocar en un pueblo entendido como etnos. Precisamente eso es lo que se agrava desde el momento en que la fractura social generada impide el proceder inclusivo que supondría conjugar el pluralismo político al modo que exige la más elemental concepción republicana de la democracia. 

Diríase, recordando a Rousseau, con quien el republicanismo se vuelca hacia la democracia que hoy llamamos participativa, que el independentismo catalán ha tomado en exclusiva para sí una voluntad general que se permite interpretar en clave de la voluntad de todos, pero contando como todos sólo a los suyos, es decir, dejando fuera a la mitad de la población, como refleja un resultado electoral en votos que no llega al 50% a favor de la secesión. Siendo así, se ve imposibilitada la solidaridad a la que todo ideal republicano convoca –cual vínculo patriótico, según decían en otras épocas o dicen en otras latitudes, como sostén del Estado desde la fraternidad de los iguales–, la cual se entiende como condición para su mismo proyecto político. A tal desajuste se añade el hecho consiguiente que consiste en el desprecio olímpico al principio de legalidad como complemento indispensable del principio democrático que ha de ponerse en juego en todo Estado democrático de derecho, dicho tanto de los que existen como de los que aspiran a existir. Incluso cuando un poder constituyente se enfrenta a un poder constituido, por la intransigencia y rigidez de éste, no debe pasarse por alto esa combinación de votos y leyes que el republicanismo, desde la antigua noción aristotélica de un gobierno mixto, pone en juego, en aras de evitar toda arbitrariedad y toda ilegítima imposición de una parte sobre otra, incluso siendo minoritaria, a la hora misma de abordar los conflictos políticos. 

¡Ojalá, por tanto, el independentismo catalán fuera coherentemente republicano! No basta la borbonofobia para construir república. Como tampoco basta el exacerbado españolismo para salvar la democracia de un Estado en crisis –antes bien, es gran obstáculo para superar esa crisis–. Una y otra vez es necesario subrayarlo, aun a riesgo de que, tras lo dicho, venga cualquiera a calificarle a uno de equidistancia, lo que no deja de ser palmaria muestra de estulticia. De nuevo, pues, hay que decirlo cuando nada se vislumbra en el horizonte que dé pie a pensar que pronto se va a salir del inmovilismo impuesto por el presidente Rajoy. Lo grave es que se le sigue secundando por otras fuerzas, como, por ejemplo, Ciudadanos, por la derecha, partido que puja por sobrepasar al PP en dureza anticatalanista –va más allá de oposición al independentismo–. ¡Cuánto se echa en falta un ejercicio de republicana virtud cívica que facilitara al menos la búsqueda de un razonable desbloqueo de la situación, en vez de la cada vez más cerrada judicialización de un conflicto que sólo puede tener solución política! 

Desgraciadamente, el deslizamiento de la crisis del Estado hacia una endiablada judicialización –ésta afecta ya a las relaciones internacionales de España en el seno mismo de la UE– no hace sino acentuarse. También por el lado del autodenominado bloque constitucionalista se opta por vías que se alejan de una inteligente defensa democrática del Estado de derecho cuando, sin mediar debate parlamentario alguno, se prorroga la aplicación del artículo 155 de la Constitución para impugnar el nombramiento de personas que se hallan en prisión provisional, pero sin sentencia firme y en la plenitud de sus derechos políticos, como consejeros del Govern. Hay razones para pensar que no se trata de una ilegalidad, por más que haya muchos motivos para la más contundente crítica política al desatino político que supone nombrar como miembros de un gobierno a quienes de hecho no pueden ejercer dicho cargo. Ante el exceso de una prórroga tan ligeramente decidida, igualmente se echa en falta aunque fuera esa dosis mínima de republicanismo para autoexigirnos en democracia que las medidas políticas permanezcan en todo momento alejadas de esa arbitrariedad que a los republicanos de otros momentos le llevaba a tratar de impedirla promoviendo un gobierno de leyes en vez de un gobierno de hombres. El tantas veces mentado republicanismo del PSOE, ya que no está para plantear explícitamente un debate sobre la forma de Estado, debía dar de sí al menos para ese correcto uso del principio de legalidad en democracia –cosa a la que ha apuntado el primer secretario de los socialistas de Catalunya, Miquel Iceta–.  

Es una pena que otras fuerzas políticas, como es el caso de Podemos –los momentos complicados de este partido a causa de la polémica debida a la trascendencia pública de determinadas decisiones personales de su secretario general y su portavoz en el Congreso le tienen atascado, incluso para respaldar las posiciones defendidas por Xavier Domènech en el parlamento de Catalunya–, no entren con posiciones más clarificadas y esclarecedoras en un debate que no debe quedar atrapado entre lugares comunes de corte populista y tópicos de nacionalismos identitarios. Nos queda seguir intentando transitar por las vías de una radicalidad democrática a la que apunta una tradición republicana que de ninguna manera es mero asunto del pasado. Otro gallo cantaría –podría ser rojo y contrario a tanto vuelo gallináceo como presenciamos en la triste política española– si lográramos insuflar espíritu republicano a una democracia que languidece entre las presiones neoliberales del mercado global y el desconcierto de una ciudadanía desengañada. La cuestión, por consiguiente, estriba en trabajar el momento republicano que necesitamos.