El sábado 23 de junio, una quincena de denunciantes de casos de corrupción piensan plantarse frente al Congreso para reclamar a los poderes públicos más apoyo a sus causas. Quizá por su número no formen un grupo muy impresionante, pero lo realmente sobrecogedor es que, con ellos, a la capital también llegan las caras más olvidadas, las voces menos protegidas de algunos de los peores casos de corrupción del país. 

Lo que piden con esta concentración frente al Congreso es simple: que el Gobierno español aplique las directivas de la Comisión Europea que exhortan a los Estados miembros a proteger a los denunciantes de corrupción o de infracciones en empresas. Porque, muy a menudo, frente al revuelo mediático que generan los casos de corrupción activa o pasiva, malversación de fondos, cohecho o estafas, entre el fragor del circo político y mediático olvidamos que en la mayoría de los casos no son los abogados del Estado ni la Fiscalía quienes destapan estas irregularidades ocurridas en las instituciones.

Son, por el contrario, los funcionarios públicos y trabajadores de empresas, ciudadanos de a pie que arriesgan empleo, sueldo, salud y vida privada para denunciar que nuestros ayuntamientos, nuestras concejalías, nuestros gobiernos regionales y nuestros ministerios están siendo secuestrados por intereses privados. El Congreso va a tener que mirar a los ojos a la trama Gürtel, a la venta de pisos de protección madrileños a fondos buitre, al caso Acuamed, a la corrupción en el municipio de Castro Urdiales, al caso Palau, y a otra treintena de denunciantes de corrupción, tanto pública como privada, que apoyan esta concentración y sus demandas. Hablamos con algunos de los que estarán en la concentración.

Ana Garrido, más de 10 años de lucha 

Denunciante, en 2009, de las irregularidades en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte que dieron comienzo a la trama Gürtel, Ana Garrido resume para CTXT: “Lo que necesitamos es una ley integral de protección al denunciante, y que sea efectiva”. En concreto, los denunciantes acusan al Gobierno de llevar dos años incumpliendo la Directiva de la Comisión Europea de diciembre de 2015, por la que se les daba a los Estados miembros de plazo hasta el 3 de julio de 2016 para elaborar leyes que protejan a los denunciantes de infracciones.

Ana Garrido: “Lo que necesitamos es una ley integral de protección al denunciante, y que sea efectiva”

El Gobierno español ya está siendo objeto de varias investigaciones por parte de la Comisión Europea y, posteriormente, del Tribunal de Justicia de la UE, por no “implementar la legislación de la UE para denunciantes”. Además, en marzo de 2018, el Tribunal de Justicia admitió a trámite la denuncia de un extrabajador de la farmacéutica Boehringer, que acusó a España de no protegerle como mandan las directivas en su litigio con su antigua empresa por posible tráfico de datos personales sanitarios en Andalucía y Extremadura.

Según cuenta Ana Garrido, “ahora la protección de peritos y testigos no nos incluye a nosotros, ya que va más encaminada a otro tipo de testigos, (viene) de la época de los confidentes de ETA. Ya llevamos dos años negociando en el Congreso de los Diputados con todos los grupos parlamentarios. Ciudadanos sacó una propuesta que fue aprobada, pero lleva dos años paralizada (…) y de esto responsabilizo a todos los grupos parlamentarios sin excepción”.

El caso de Ana Garrido es, quizá, el que más se ha mediatizado y, sin duda, el que ha desencadenado unas penas más duras. Pero a Ana no le ha salido gratis. “Yo denuncié en enero de 2009, y a pesar de haber ganado la sentencia por acoso en el Supremo, después de recurrir y recurrir y haber ganado (contra el Ayuntamiento de Boadilla del Monte), a mí se me ha truncado la vida. Mi historia no ha terminado. Ahora estoy por mercadillos vendiendo bisutería y sigo de pleitos, fruto de la época brutal en que hubo una campaña de desprestigio contra mí, diciendo auténticas barbaridades sobre mi persona que no las voy a dejar pasar. O sea que esto, aun cuando te dan la razón, ya te han destrozado la vida”. 

Como es bien sabido, el caso Gürtel ha terminado con condenas que suman 351 años, y con indemnizaciones que superan los 105 millones de euros. Pero Ana Garrido lleva sufriendo más de 10 años los efectos de la desprotección casi absoluta de los que, como ella, se niegan a formar parte de la corrupción, una lacra que desde la transición se ha convertido en especie autóctona de nuestras administraciones públicas. 

“Esto nos pasa a todos los denunciantes”, continúa Garrido, “ellos juegan con dinero público y van contra nosotros con denuncias a veces falsas. Por eso consideramos muy importante poder tener una cobertura jurídica gratuita. Tenemos la que tiene cualquier ciudadano, que es la del turno de oficio, pero hay que comprender la complejidad de nuestros casos, sin menospreciar la labor de los abogados de oficio, pero tienen que llevar a alguien que entienda muchísimo de acoso, de temas laborales, etc. Lo que necesitamos es representación y cobertura jurídica”. Y termina con una reflexión: “Si nosotros hemos recuperado dinero a las arcas del Estado a cambio de truncar nuestras vidas, ¿cómo tienen la desfachatez de decirnos que crear un juzgado especializado en casos como el nuestro no tiene presupuesto?"

Azahara Peralta y el caso Acuamed: lodos tóxicos y sobrecostes

Iba a ser la obra de descontaminación hídrica más importante y con mayor presupuesto de la historia de España. Los trabajos de limpieza del embalse de Flix (Tarragona) se adjudicaron en 2008, pero diferentes irregularidades los han mantenido bloqueados hasta finales de mayo de este año. Fue Azahara Peralta, junto a algunos de sus compañeros, quien se negó a firmar los sobrecostes que la empresa FCC exigía antes de finalizar la obra.

El sábado 23 de junio, una quincena de denunciantes de casos de corrupción se plantarán frente al Congreso para reclamar a los poderes públicos más apoyo a sus causas

“Mi despido fue el 31 de julio de 2015”, cuenta Peralta a CTXT, “pero las presiones empezaron más o menos en septiembre de 2014. (Por aquellas fechas) cambiaron al director de Ingeniería y Construcción que había hasta ese momento (Francisco Valiente), y que fue uno de los denunciantes también de este caso, en realidad el principal denunciante. Luego fuimos denunciando otras personas que estábamos viendo esas presuntas irregularidades, pero a raíz de que a él le sustituyeran de su puesto y pusieran a otra persona que tenía connivencia con el contratista de la obra, es cuando empiezan a decirme que (…) tengo que llegar a algún acuerdo para desencallar el tema”.

El llamado caso Acuamed no sólo investiga unos sobrecostes en los trabajos de descontaminación de 36,9 millones de euros (que, gracias a Peralta y sus compañeros, nunca se llegaron a aprobar). Los responsables de Acuamed y otros investigados en la trama también llegaron a planear, presuntamente, verter ácido clorhídrico para cubrir los lodos tóxicos que aún quedaban en el lecho del embalse de Flix. “En enero de 2015 me comunican que van a hacer una auditoría a la obra, lo que no me tomé a mal, porque las auditorías están para hacerlas. Pero al final se demostró que fue una auditoría ficticia para quitarnos de en medio”.

Como tantos otros, Azahara Peralta decidió luchar en los tribunales. “Mi juicio se celebró en noviembre de 2017, y la sentencia de la jueza fue que mi despido había sido totalmente nulo, además de haber sufrido acoso por parte de mis superiores para que firmase ciertas irregularidades. Ahora mismo la empresa lo ha recurrido y estoy a la espera de si el Tribunal Superior de Justicia (de Madrid) considera lo mismo que la jueza de instrucción”. 

Igual que en el resto de los casos repartidos por todo el país, Peralta afirma, desde su experiencia, que “no hay ninguna protección para la gente que denuncia cualquier tipo de corrupción. Acuamed es una sociedad anónima, pero su accionista principal es el Estado, así que los gastos (judiciales) los pagamos todos”.

Por increíble que parezca, la empresa Acuamed continúa recurriendo las sentencias de los jueces y costeando los gastos de los procesos con dinero público. Mientras, los extrabajadores y denunciantes tienen que costear esos procesos con dinero propio, sin ningún tipo de ayuda por parte del Estado. “Al final te encuentras muy solo, y aunque esto se lo cuentas a tus amigos y a tus familiares, no llegan a sentir la soledad que genera el hecho de que, supuestamente, has intentado defender el erario, y te castigan por ello”. 

Como también asegura la denunciante de la trama Gürtel, Ana Garrido, la única ayuda que en la actualidad pueden esperar los denunciantes viene, exclusivamente, de iniciativas ciudadanas. “Yo estoy en la Plataforma por la Honestidad”, comenta Peralta. “Es una organización que reúne a bastantes denunciantes. En la medida que pueden, colaboran económicamente, por lo menos para cubrir los gastos de defensa legal. En mi caso he renunciado a esto porque hay gente que lo necesita muchísimo más que yo y a mí aún me quedan algunos ahorros. En mi vida hubiera pensado que iba a destinarlos a algo así”.

Jaime González, el cártel del fuego

El pasado verano, CTXT habló con Jaime González sobre los casos de corrupción en las mesas de contratación de la Junta de Andalucía. En concreto, González había destapado la connivencia entre algunas empresas de medios aéreos de extinción de incendios, como Faasa, con algunos funcionarios de la Junta, para manipular los contratos en favor de intereses privados. Igual que muchos denunciantes de casos de corrupción en administraciones locales o regionales, a Jaime González le esperaba un infierno del que aún no ha conseguido salir.

Si nosotros hemos recuperado dinero a las arcas del Estado a cambio de truncar nuestras vidas, ¿cómo tienen la desfachatez de decirnos que crear un juzgado especializado en casos como el nuestro no tiene presupuesto?

“Con el sistema que tenemos”, aseguraba González a CTXT, “establecido no por los gobiernos autonómicos, como te quieren hacer ver, sino por el Congreso de los Diputados y a pesar de la Constitución de 1978, la situación actual es que es muchísimo más fácil echarme a la calle a mí inventándose cualquier excusa, por vana que sea, que echar a un corrupto, haga lo que haga”. Un mes después de que su caso saliera en las páginas de CTXT, la Administración de Susana Díaz suspendió de empleo a González y le abrió un expediente sancionador.

Jaime González, funcionario de mesa de contratación, denunció que el Plan Infoca 2015-2018 para prevención de incendios forestales, de la Junta de Andalucía, servía a una colusión ilegal de empresas de extinción de incendios, colusión que al final se descubrió que alcanzaba a otras 10 comunidades autónomas españolas, así como a Portugal, Italia, Francia y Chile. En relación a su denuncia contra algunos compañeros y superiores, Jaime González relató a CTXT una secuencia de acontecimientos que pone los pelos de punta:

“Primero, en los juzgados no hay medios para impulsar una acusación de este tipo, en el que hay involucrados tales cantidades de dinero y tales volúmenes de documentación; segundo, un abogado de la Junta les defenderá a tiempo completo y de forma gratuita; tercero, los que se supone que están de tu parte son el juez y el fiscal, y si el que va a estar de mi parte es el fiscal Moix (Manuel Moix) o De Llera (Emilio De Llera), mejor que no te ayuden; cuarto, hay un límite temporal a las causas de corrupción, que lo puso hace poco el Partido Popular; quinto, muchos están aforados y se han de juzgar por jueces que ellos mismos han nombrado; sexto, los delitos del título XIX del Código Penal, delitos contra la Administración Pública, imponen unos tipos penales altamente inoperantes (la prevaricación es el único delito del CP que no conlleva cárcel, sólo inhabilitación), y séptimo, los pueden incluso indultar si todo lo de atrás no ha surtido efecto”.

La revancha del denunciante: Carlos Martínez Viña

La historia de Carlos Martínez Viña difiere en algunos aspectos de las anteriores. Él, harto de enfrentarse sin apoyos, no sólo a quienes denunció, sino también, según él, “a la falta de intención deliberada de jueces y fiscales para acatar las leyes”, acabó por renunciar y seguir con su vida. “Estaría muy bien que se aplicase (la Directiva de diciembre de 2015 de la CE), pero aquí lo importante es que los fiscales y los jueces, en general, no quieren, no les da la gana aplicar lo que ya está por escrito”.

Carlos Martínez estuvo, durante 22 años, en el área de control de cursos de formación para desempleados y trabajadores en el INEM, primero, y, ya desde 1991, en el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Sus problemas comenzaron en 2004, cuando “empecé a preguntar a los formadores si la cantidad prevista para ellos en estas subvenciones les llegaba o no. El 95% de formadores me informaron de que el 30% de las subvenciones para cursos de parados y trabajadores no llegaba a su destino”.

Como primera medida, sus superiores le prohibieron preguntar a los formadores sobre los fondos recibidos, a lo que Martínez se negó: “Llegué a emitir unos 100 informes desfavorables, lo que creó un gran escándalo en el SOC. Se quejaron mis jefes, se quejaron los centros, que eran centros importantes, patronales como el CECOT (Confederació Empresarial Comarcal de Terrasa), que es una de las patronales catalanas más importantes, los sindicatos…”. Finalmente, a Carlos Martínez le llegó una carta informándole de que le desposeían de sus funciones. 

los denunciantes acusan al Gobierno de llevar dos años incumpliendo la Directiva de la Comisión Europea de diciembre de 2015

“Fui a la Oficina Antifraude de Cataluña en 2011”, continúa Martínez, “y allí me dijeron que no veían delitos económicos, sólo irregularidades administrativas. Fui también al Tribunal de Cuentas en Madrid, y misma respuesta, y eso que les expliqué que los formadores sólo recibían una tercera parte de las subvenciones. Fui a Fiscalía de Cataluña, y lo mismo, todos archivaban”.

A la concentración de Madrid asiten, además de Carlos Martínez, otros 4 denunciantes en materia de formación de desempleados y trabajadores de Alicante, Euskadi, Logroño y Cádiz: “Te estoy hablando de unos 12.000 millones de euros desviados en toda España, desde el año 1994, y en Andalucía se estima en 3.000 millones, según la UDEF. Y la cosa sigue como estaba”.

Martínez reconoce que, en un determinado momento, acabó hartándose y dejándolo pasar. “Yo perdí el juicio en 2008, el juez dijo que era mi personalidad conflictiva la que generó el problema, y que no sufrí acoso laboral. Mi abogado lo quiso recurrir, pero yo lo dejé correr. Hasta que, hace pocos años, he encontrado a más denunciantes que están viviendo una experiencia muy parecida. Cada uno de nosotros pensaba que estaba solo. Esta reunión de Madrid va a ir genial para conocernos, para consolidar lazos entre todos, incluso psicológicamente”.