Las bochornosas corruptelas de la Universidad Rey Juan Carlos, URJC, que no cesan de aparecer en sumarios judiciales y en denuncias de los medios, forzosamente suscitan cuestiones ineludibles:

¿Qué pasa? Hemos de saber si el famoso Instituto de Derecho Público de Álvarez Conde es una manzana podrida en un cesto de sanos frutos, o si la URJC es el fenómeno CajaMadrid en el ámbito de la educación superior (como hacen sospechar desde el exrector plagiario, Fernando Suárez, que tuvo que dimitir pero sigue siendo catedrático de esa universidad, a los múltiples escándalos que nos llueven casi diariamente). Y si esa podredumbre se da también, o se podría dar, en otras universidades.

Esto nos lleva a preguntarnos quién es responsable de la prolongada falta de control sobre los desmanes de ese instituto. ¿La URJC; la Consejería de Educación de Madrid; la CRUMA y la CRUE, las conferencias de los rectores de las universidades de Madrid y de España; la Agencia Nacional de Evaluación, la ANECA, que supervisa los títulos universitarios; el gobierno de la nación, o el sistema universitario en su conjunto?

Aunque en la Universidad Rey Juan Carlos hay académicos decentes y productivos, sobre la institución toda pesa la sombra del enchufismo y el clientelismo político. Esto perjudica enormemente, además de a esos profesionales, a la multitud de estudiantes que han obtenido en ella títulos con su esfuerzo y el de su familia. Los principales responsables de esta degradación son, en primer lugar, los rectores de la URJC, el actual Javier Ramos, y sobre todo los anteriores (Pedro González-Trevijano, hoy magistrado del Tribunal Constitucional, y el mencionado Fernando Suárez). Pero, principalmente, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y la ANECA, que permitieron a una universidad pública convertirse en un nido de delincuencia intelectual y corrupción.

Pero sería seguramente injusto sacar conclusiones generales sobre el estado de la Universidad española a partir de la podredumbre detectada en la URJC. La universidad española es muy diversa y ha avanzado notablemente en las últimas décadas. Si algo la caracteriza es su enorme variedad interna. Junto a departamentos y áreas de conocimiento que compiten en la liga internacional, con una elevada creación científica y calidad docente, conviven todavía otros departamentos y áreas en los que siguen dándose formas de nepotismo, endogamia y chanchullo. Restos de la herencia franquista que la democracia no ha sabido resolver.

Hay que identificar las causas por las que nuestro sistema universitario permite, y en algunos casos alienta, prácticas y dinámicas como las que han florecido en la URJC. El Espacio Europeo de Educación Superior, “Bolonia”, promovió un nuevo modelo de financiación de la universidad pública, que debía contar con la inversión privada, y la crisis financiera ha dado un sesgo particular a este modelo en España. Frente a los brutales recortes, las universidades públicas deben apañárselas para encontrar financiación; y el negocio de los masters fue alentado para sobrevivir, trasladando su coste, en ciertas Comunidades Autónomas, a los estudiantes, e impidiendo así un acceso igualitario a la educación superior (que en España se había conseguido en las décadas de democracia). Con el modelo Bolonia, los pre-grados se hacen generalistas y se devalúan y lo que realmente cualifica a las futuras élites para mandar en todos los ámbitos son los post-grados. De ahí que los máster se hayan convertido en el objeto de deseo de quienes quieren hacer brillar su curriculum y en objetos de chanchullo de los corruptos.

El modelo de cooperación entre la inversión privada y la pública puede ser beneficioso para la universidad, siempre que se garantice su transparencia y el control público de esa colaboración. Pero plantea varios problemas. Por ejemplo, las empresas españolas han tendido a focalizar su inversión en departamentos y áreas que pueden dar beneficios a corto plazo, mientras grandes áreas de las ciencias sociales, las humanidades o la física teórica sufrían grandes restricciones de financiación pública sin apenas  empresas o fundaciones privadas que apostaran por ellas. El mantra de moda del espíritu empresarial y emprendedor se traduce en una carrera en busca de la “productividad” también en la universidad. Su medición compete a la muy contestada ANECA que, además de los títulos universitarios, acredita a los profesores e investigadores para obtener puestos en las instituciones públicas. Y que ha adoptado unos sistemas de medición fuertemente controvertidos en la comunidad universitaria y necesitados de una seria discusión.

Parece claro que el interés de la sociedad a la que debe servir la universidad y el interés de las empresas no necesariamente coinciden, como a menudo se entiende hoy. Pero además ¿quién representa a esa sociedad en las decisiones que le atañen respecto a la universidad? El Consejo Social es el órgano diseñado a tal fin. Sin embargo, entre los “interlocutores sociales” que tienen asiento en esos órganos, los sindicatos son solo una pequeña parte. La porción del león se la llevan, ¡cómo no!, las empresas, sobre todo las grandes corporaciones (que no dejan de tachar de “corporativistas” a los representantes de los trabajadores).

En la situación actual, las universidades públicas están infradotadas en financiación y en personal para la docencia y la investigación; minadas por el recorte en los empleos estables y la competencia salvaje por puestos de trabajo cada vez más precarios para los profesores y personal administrativo, que les hace dependientes del favor de sus superiores. Como ocurre en la sanidad pública, es la dedicación y excelencia de buena parte de sus profesionales la que consigue que, pese a esa asfixia, pese a su financiación renqueante, la universidad española haga un papel respetable, aunque muy mejorable, en comparación con otras. Hoy en Comunidades como la de Madrid, sólo los estudiantes pudientes pueden acceder al nivel de educación superior que conforma las élites. Hoy los consejos sociales de las universidades no cumplen adecuadamente su función de vincular la universidad con el mundo social y los órganos e instituciones que deben velar por su buen funcionamiento y su mejora revelan serias disfunciones. Hay mucho que mejorar en la universidad pública y en la gobernanza de instituciones clave para el progreso social.