Los tribunales de arbitraje vuelven por la puerta de atrás
Primero en el tratado con Canadá, después con Japón y ahora con Singapur
Lucía Bárcena 20/02/2019
Tiempos modernos.
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El pasado 13 de febrero el Parlamento Europeo aprobó el tratado de comercio y de inversión entre la UE y Singapur. Este es el tercer tratado que la UE ratifica en menos de dos años. Las protestas no fueron igual de masivas como con el acuerdo con Canadá, pero los peligros son los mismos. A pesar de esto, los miembros del Parlamento Europeo, incluyendo PSOE, Ciudadanos, PP, PNV y CiU aprobaron el acuerdo haciendo oídos sordos a la ciudadanía.
Hay varias razones por las que el tratado de comercio y de inversión con Singapur podría ser una amenaza. No hablamos únicamente sobre el riesgo que supone ceder aún más poderes a las multinacionales en Singapur y en la UE. El mayor riesgo es que pretende allanar el camino para futuros tratados de inversión que contengan el mecanismo de resolución de disputas entre Estados-inversor (ISDS por sus siglas en inglés).
El ISDS fue una de las partes más polémicas del TTIP que sacó a millones de personas a la calle, además de las 3,4 millones de personas que firmaron contra él: una de las peticiones europeas más clamorosas de la historia y con más éxito. Sin embargo, en lugar de aprender las lecciones correctas, la Comisión Europea no ha hecho más que buscar maneras de disfrazar este mecanismo con nombres distintos. Los defensores del tratado de comercio y de inversión entre la UE-Singapur piensan que el mecanismo de resolución de controversias incluido en el acuerdo es una propuesta “reformada”. Si bien contiene algunas mejoras procesuales, mantiene lo más peligroso del sistema, ya que otorga a las multinacionales un poder enorme sobre los Estados para manipular leyes y regulaciones existentes si éstas fueran en contra de sus beneficios económicos. El ISDS no puede ser reformado. Tiene que ser eliminado.
El ISDS ha existido durante muchos años pero los casos se han disparado en la última década. El sistema se ha utilizado en cientos de ocasiones para persuadir a los Estados de no ejecutar medidas necesarias para proteger el medioambiente, la salud pública o el derecho de los/as trabajadores/as y, en lugar de eso, velar por los intereses de las multinacionales. Tal es el caso de la gigante Philip Morris International contra Australia y Uruguay por endurecer las reglas en el empaquetado de tabaco para reducir el atractivo del mismo. Un caso similar es el de la empresa francesa Veolia, que puso una demanda a Egipto en 2012, invocando un tratado bilateral de inversión entre Francia y Egipto. La corporación multinacional de servicios públicos exigía 110 millones de dólares tras los cambios en las leyes egipcias que conducían a un aumento en el salario mínimo. El caso sigue en disputa.
En todo caso, son políticas públicas que los gobiernos tienen la soberanía de proponer por el bien común. Las multinacionales no tienen que tener el privilegio exclusivo de usar el ISDS para amenazar a los países y cambiar sus políticas ni para sacar millones de euros de los presupuestos públicos para pagar estas demandas (en el Estado español acumulamos más de 8.000 millones de euros en demandas).
El caso específico del tratado de comercio y de inversión entre la UE-Singapur puede significar que las empresas con origen en Singapur tengan la capacidad de demandar a cualquier Estado miembro de la UE. Y ya que Singapur es uno de los países asiáticos con mayor número de empresas inversoras en Europa, este acuerdo podría ser mucho más trascendente de lo que parece.
Un ejemplo que debería preocupar a los defensores del acuerdo es el caso concreto de PACC Offshore Services Holdings contra México, que demuestra cómo el ISDS puede socavar la lucha contra el fraude, corrupción o lavado de dinero. Este caso tendría que llamar la atención a los políticos que tienen como bandera la lucha anticorrupción.
PACC Offshore Services Holdings (POSH) proporciona servicios de apoyo marítimo en alta mar que incluyen el arrendamiento de embarcaciones. En este caso, una subsidiaria de POSH en México celebró un acuerdo de arrendamiento de servicios y embarcaciones con la petrolera mexicana Oceanografía, que otorgó estos buques a la petrolera estatal PEMEX. Tras una declaración de quiebra de la empresa, y bajo sospechas de casos de corrupción, las autoridades mexicanas iniciaron una investigación. Encontraron irregularidades masivas en sus pagos y recibos, por lo que actualmente la compañía está siendo investigada por lavado de dinero, corrupción y fraude. Cuando iniciaron la investigación de la compañía, México decidió tomar posesión de toda la flota de Oceanografía por razones preventivas, incluidos los buques arrendados de POSH. La compañía de Singapur afirmó que este acto (que era parte de una investigación criminal) dañó su inversión y lo consideraron efectivamente una expropiación. Debido a que México había firmado un acuerdo para la Protección de la Inversión con Singapur, similar al que se aprobó la semana pasada en el Parlamento Europeo, POSH puso una demanda a México a través del CIADI, el tribunal de arbitraje privado del Banco Mundial. Las obligaciones supuestamente violadas consisten en el Artículos 3 (Trato Nacional y Trato de la Nación más Favorecida), 4 (Nivel Mínimo de Trato) y 6 (Expropiación e Indemnización) del acuerdo entre México-Singapur. La mayoría de las demandas utilizando el ISDS se han iniciado aludiendo a la violación de estos artículos. Al ser definiciones amplias de términos, estos ofrecen, a su vez, una amplia interpretación por parte de los árbitros privados para iniciar las demandas.
En definitiva, la empresa POSH pide 200 millones de dólares más intereses y cualquier gasto y coste asociados con el arbitraje a México. Y eso a pesar del hecho de que las embarcaciones de POSH habían sido devueltas a su propietario y que la propia empresa admitió que solo perdió cinco millones de dólares en beneficios (una pequeña fracción de su reclamación de 200 millones de dólares). Además, el hecho de que las transacciones de POSH con Oceanografía fueran con una compañía involucrada en uno de los mayores escándalos de fraude en la historia de México, no afectó para nada al derecho de la compañía a demandar. El caso tiene previsto iniciarse este año.
Si los parlamentos nacionales ratifican el Acuerdo de Protección a las Inversiones con Singapur, cualquier país miembro de la UE que quiera investigar alguna compañía por fraude podría enfrentarse a una demanda utilizando el ISDS. También podría tener otras implicaciones serias para la regulación en sectores en los que las empresas de Singapur invierten (como los servicios financieros). Por supuesto, la amenaza planteada por las empresas de Singapur se ve empañada por lo que podría suceder si los partidarios del ISDS logran utilizar este acuerdo para expandir el sistema y establecer un Tribunal de Inversión Multilateral permanente. Esto podría sentar un precedente peligroso para futuros acuerdos de inversión equivalentes, como los finalizados con Vietnam o México, o bajo negociación con Japón, Chile, China, Indonesia, Malasia o Birmania. Pero también allana el camino para un posible acuerdo con Estados Unidos.
Pero si los defensores del ISDS piensan que esto va a suceder sin una protesta masiva por toda Europa, se van a llevar una sorpresa muy grande en 2019. El sistema es frágil ya que ha tenido una toxicidad política en los últimos años, empezando por el rechazo de millones de ciudadanos al ISDS como parte del TTIP así como la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de eliminar el ISDS de todos los tratados intraeuropeos. En este sentido, acaba de lanzarse una campaña europea que incluye una petición masiva de firmas para pedir la eliminación de los mecanismos de protección a las inversiones en todos los tratados de comercio y de inversión y, a cambio, propone un instrumento internacional legalmente vinculante, que obligue a las empresas multinacionales a respetar los Derechos Humanos en todas sus actividades. En menos de un mes, la iniciativa ha recogido medio millón de firmas indicando una clara preocupación por parte de la ciudadanía por temas supuestamente de “comercio”. Queda por ver si los políticos están a la altura y escuchan las demandas de la ciudadanía y no las presiones de las grandes corporaciones.
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Lucía Bárcena es Portavoz de Ecologistas en Acción y coordinadora de la campaña StopISDS.
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