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Las voces de las mujeres migrantes se escuchan cada vez con más fuerza y este año ocupan un lugar destacado en la convocatoria de la huelga feminista. Este 8M se recordará especialmente a la dominicana Lucrecia Pérez, asesinada por un grupo racista de ultraderecha en 1992. También se gritará el nombre de Samba Martine, quien murió en un CIE en 2011 por falta de atención médica. Se pedirá justicia por Marielle Franco y por Berta Cáceres, por todas las mujeres asesinadas como consecuencia del racismo, la xenofobia y el colonialismo. Este año, las acciones de la “semana de revuelta feminista” comenzarán en las puertas de un CIE, para pedir el cierre de esas “cárceles por migrar” y la derogación de la Ley de Extranjería.

En el Encuentro estatal del 8M que tuvo lugar en Valencia entre el 26 y 27 de enero, más de 500 mujeres debatieron en grupos de trabajo sobre violencias, cuerpos y derechos reproductivos, educación, laboral, cuidados, consumo, internacional y migración. El plenario final celebró la definición del movimiento como “anticapitalista, antirracista, antipatriarcal, anticolonial y antifascista”. Mujeres migrantes y racializadas de diferentes territorios formaron una comisión que propuso reivindicaciones que atraviesan todos los ejes de la huelga. Este grupo “se encarga de trabajar un feminismo antirracista de forma transversal en todos los planteamientos de los feminismos, con una mirada crítica que lleve en consideración la realidad de todas las mujeres, mediante iniciativas y acciones coordinadas en los diferentes territorios”.

Violencia de género y racismo

Desde la Comisión Migración y Antirracismo 8M señalan que las mujeres en situación irregular son más vulnerables ante escenarios de violencia, ya que “el simple hecho de acercarse para obtener justicia y reparación supone un riesgo de deportación y criminalización”.

Lo mismo indican los datos expuestos en el documento de análisis “Violencia de género en mujeres migrantes”, presentado a finales de febrero por la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Lo primero que destaca es que las mujeres migrantes están sobrerrepresentadas en las cifras sobre violencia de género: del total de femicidios ocurridos entre 2003 y 2017, el 32% fueron extranjeras (294). “Esto supone que los asesinatos de extranjeras afectan a 30 mujeres por cada millón de mujeres extranjeras en el país; mientras que los asesinatos de mujeres españolas afectan a 5 por cada millón de españolas”, agrega el informe.

Una lectura parcial y tendenciosa de estas cifras podría ser utilizada para reforzar estereotipos y bulos racistas sobre las comunidades migrantes, sin embargo, las estadísticas también muestran que la mayor parte de los agresores denunciados por violencia de género en el país son españoles y que las mujeres extranjeras han denunciado agresiones tanto por parte de extranjeros (61%) como por parte de españoles (39%).  Al mismo tiempo, las migrantes están subrepresentadas en la recepción de ayudas económicas previstas en la Ley de Violencia de Género, lo que agrava su indefensión. También son altos los casos de retirada de la custodia a madres migrantes, “producto de la violencia institucional y escaso conocimiento de las realidades y condiciones socioeconómicas para el ejercicio de la conciliación”, señala el estudio.

Por estos motivos y muchos otros, desde la comisión del 8M denuncian que las migrantes están expuestas a múltiples violencias que incluyen al poder judicial, las leyes de extranjería y un sistema sanitario excluyente, además de “cuerpos de seguridad que nos represalian por migrar”. Los CIEs, las redadas y las deportaciones exprés son otros tantos eslabones en esta cadena de violencias racistas.

El punto de vista de las mujeres migrantes también atraviesa los debates sobre la educación, señalando que los libros de texto invisibilizan las masacres de los genocidios y los expolios de los pueblos que han sido cometidos por el Estado español. Las estudiantes exigen que aumenten las plazas en los centros de enseñanza universitaria y que se termine con la penalización a las personas extracomunitarias, que deben pagar precios hasta 4 veces más caros en comparación con un nacional.

“Patriarcado y capital, alianza colonial”

En el ámbito laboral, la precariedad tiene rostro de mujer, migrante y racializada. Según datos oficiales, un 60% de las mujeres que trabajan como empleadas del hogar y cuidadoras en España son migrantes. Pero muchas ni siquiera aparecen en las estadísticas, porque trabajan sin contrato. Son las “criadas” o las “mujeres que ayudan” en la casa. No tienen derecho a una prestación por desempleo ni vacaciones. Las trabajadoras en régimen de internas están sometidas a una mayor explotación: “Las internas son las esclavas modernas”, dice Rita Benegas, trabajadora del hogar en Barcelona. Ella es paraguaya y como muchas de sus compañeras migrantes ha comenzado a organizarse para luchar. Este año volverá a hacer huelga el 8M y a marchar con sus compañeras.

Neris Medina es de República Dominicana y trabaja en un local de comida rápida en Madrid.  “Llegué a este país con un contrato en origen, esto quiere decir que dependes por completo de tus empleadores para tener papeles, y ellos se aprovechan de eso. No sabes cuáles son tus derechos y disponen de tu tiempo como quieren. Por eso participo del 8M, como trabajadora e inmigrante”, afirma.

Las migrantes en el Estado español soportan las triples cargas de la explotación capitalista, el patriarcado y el racismo, que se refuerzan entre sí, dando lugar a todo un grupo de trabajadoras y ciudadanas de “segunda”, sin derechos sociales, sindicales ni políticos.

“Nos quieren triplemente oprimidas, como mujeres, trabajadoras e inmigrantes. Pero nosotras somos triplemente combativas: ¡antirracistas, anticapitalistas y antiimperialistas!”, dice Rita Benegas. Y así se ha mostrado en varias luchas recientes donde las mujeres inmigrantes han estado al frente, como Las Kellys, los colectivos de trabajadoras del hogar y cuidadoras a domicilio, las plataformas contra los desahucios, las temporeras de la fresa de Huelva y el propio 8M.