El Estado de las autonomías debe volver al espíritu de convivencia entre reinos de los primeros años de la monarquía hispánica y empezar a transitar el camino federal que se inició con la Constitución de 1978 si quiere sobrevivir. El problema respecto a esa potencial reforma federal (y aún más de un potencial referéndum acordado) es que el espíritu borbónico que acabó con el modelo federalista y foral (en el sentido de sus tiempos) de la monarquía hispánica (compuesta) junto con los 40 años de franquismo, han impregnado una parte importante de la cultura política e idiosincrasia españolas, dificultando un avance ambicioso y consensual en dirección federal. Quien abandere dicha opción sin complejos a nivel del estado (cosa que no ha ocurrido hasta ahora), así como la voluntad última de incidir en la cultura política para desideologizar el debate territorial, corre el riesgo de enfrentarse a bloqueos casi insalvables con las mayorías actuales. 

La judicialización del conflicto territorial y el uso sistemático del garante (Tribunal Constitucional) demuestra la inacabada transición desde el modelo descentralizado de las autonomías hacia una España federal. No solo en su dimensión institucional y material (sistema de contrapesos, autonomía, distribución competencial, etc.), sino que también en su dimensión simbólica (cultura, plurinacionalidad, bloqueo competencial en materia lingüística, etc.). Sin embargo, y a pesar de los últimos 300 años de influencia borbónica, España ha sido más tiempo un lugar de espíritu federal y diverso (entendiendo el término en el sentido de cada periodo histórico), que monolítico y homogéneo respecto a su estructura institucional, política e identitaria.

Durante más de  600 años (1164-1714), España fue un territorio con coronas, ducados y reinos diversos, que acabó por convertirse en monarquía compuesta (después del matrimonio entre los reyes católicos) bajo la cual dos Coronas (Aragón y Castilla) convivieron bajo un mismo reinado. Si bien la centralización (con el proyecto del conde-duque de Olivares y la Unión de Armas) ya había empezado con los Austrias por la pérdida de poder de la Corona hispánica (guerra con Francia en Cataluña, sublevación dels segadors, declaración de la república catalana, etc.), e incluso Cataluña acabó apoyando a Francia (por la iniciada centralización y porque la lucha se dio en el principado y tuvieron que aportar soldados y  recursos a castilla etc.), varios principados y reinos gozaron de fueros, constituciones y generalidades hasta la llegada de los Borbones y los Decretos de Nueva Planta (1707) de Felipe V. 

Sin embargo, los proyectos de Olivares, la guerra del imperio español contra Francia o la pérdida del Rosellón (que pasó a ser francés) y la posterior guerra dinástica por la sucesión en la corona española, sentó las bases del distanciamiento entre Castilla y Aragón (y sus reinos y principados). Unos apoyaron (Castilla) a los Borbones y los otros (Aragón) a los Austrias como resultado de las visiones enfrentadas sobre la preservación de la independencia política, militar, fiscal, aduanera y monetaria de los reinos y principados de la Corona de Aragón. 

Es en ese período donde reside el origen del nacionalismo regional como reacción al afrancesamiento de España que a su vez retroalimenta, el nacionalismo español.  

Visto en perspectiva, e intentando poner luz sobre las potenciales soluciones al conflicto actual, cualquier estado federal o semi-federal con una carga identitaria de sus constituyentes importante que no nace en su origen de la unión voluntaria, debe ser capaz de profundizar y perfeccionar sus elementos federalizantes (materiales y simbólicos) para que dicha unión se mantenga. 

A diferencia de Francia, la larga existencia de reinos y principados que derivó en un cierto “patriotismo” social y nacional (del principado de Cataluña) por las luchas territoriales europeas (como en la guerra dels segadors), así como la llegada más tardía de los borbones o su falta de éxito en algunos lugares de España (de la mano de los Borbones) junto con la larga dictadura, son seguramente las razones por las que no se ha conseguido homogeneizar y eliminar los vestigios del nacionalismo regional que nace como respuesta a esa voluntad de homogeneización. 

Un contexto que acaba por desembocar en una especie de desconexión entre lo que fue la naturaleza compuesta y diversa de España durante la monarquía hispánica (que garantizó una relativa estabilidad entre coronas, reinos y principados) y la voluntad de imponer un modelo a la francesa posterior. Podemos decir, que si bien Cataluña y otros reinos de la Corona de Aragón no fueron independientes en el sentido moderno del término, si lo fueron en el contexto de sus tiempos. 

Esa tensión entre centralización y  autonomía es uno de los conflictos  recurrentes en la historia de España que se repite una y otra vez con expresiones distintas también en la dimensión territorial (república, franquismo, nacionalismos vasco y catalán, terrorismo, etc.). La lucha entre las fuerzas centrípetas y centrífugas de la historia española a partir, sobre todo,  de 1700 se ejemplifica estos días con el juicio al procés, síntoma de la incapacidad de resolver el debate territorial ni por imposición u asimilación, ni a través de un pacto definitivo que preserve la unidad, la diversidad y la pluralidad en su arquitectura institucional y simbólica. Con el fin de la guerra de sucesión por tanto, España se empieza a autodestruir como Estado que se auto-percibe (al menos por parte de todos sus territorios) a sí mismo de forma mayoritaria como plural y formado por constituyentes heterogéneos, sentando las bases de una estructura territorial que no nace del pacto (del latín feadeus) sino que lo hace más bien desde la evolución fortuita de la historia en el contexto europeo. 

Si bien se puede decir que al cabo del tiempo se consolidó un apoyo tácito a la unión desde Cataluña, la recuperación de la autonomía y el apoyo a la Constitución de 1978 (incluyendo los catalanes) parece reflejar más voluntad de dar carpetazo al franquismo asumiendo ciertas renuncias y concesiones (de todos los constituyentes), que de apuntalar la estructura territorial del Estado.  

El texto parece una especie de Biblia intocable para el centro-derecha y una parte de la izquierda, así como para los herederos de las élites franquistas incorporadas a la transición, ya sea por miedo a perder el común denominador de la democracia venidera o por miedo a que aparecieran de nuevo demandas a las que renunciaron todos los constituyentes para que el pacto fuera posible. 

Junto con la falta de profundidad de los elementos simbólicos, la Carta Magna no expresa con suficiente claridad la delimitación competencial (compartidas, y exclusivas), mientras que existe desacuerdo respecto a la profundidad de la exclusividad (self-rule) y autonomía (poca para unos, suficiente para otros). Así como respecto a los principios de participación y cooperación (shared-rule) sobre los que se debería sostener una verdadera cámara de representación territorial (que participara más del proceso legislativo) y un mayor número de competencias compartidas (desarrollo de competencias del Estado por parte de las autonomías) que compensaran el alto grado de autonomía y exclusividad autonómicas en determinadas áreas. 

Una falta de claridad y desacuerdo, que ha acabado por pervertir el equilibrio fundamental entre la cooperación, la autonomía y la participación (principios nucleares del federalismo), abocando al Tribunal Constitucional (garante) a hacer de árbitro de manera demasiado sistemática.  

El Estado de las autonomías no ha conseguido hasta ahora un buen equilibrio ni entre los elementos positivos del federalismo dual (que refuerza la autonomía), a través de una mayor exclusividad competencial y autonomía, ni los del federalismo cooperativo, el cual refuerza la cooperación y participación.  Cuando hay mucha autonomía pero poca cooperación y participación, el pacto pierde el sentido de lo común, mientras que si hay demasiada cooperación y participación pero poca autonomía, el pacto pierde sentido en lo exclusivo y diferencial de sus constituyentes. En ambos casos, el desequilibrio pone en riesgo el pacto federal y da la sensación de que no hemos conseguido ni una cosa ni la otra.   

Además, los Estados federales en los que la cesión del poder ha sido resultado del pacto abajo-arriba (Estados Unidos o Alemania) son más estables y flexibles que los que han funcionado por devolución (Bélgica, España o Reino Unido). Mientras que la tensión entre los nacionalismos regionales y centralizadores es menos probable cuando los elementos simbólicos (lengua, plurinacionalidad) complementan los materiales (equilibrio de poderes, reparto de competencias, etc.), contribuyendo por ende, a un mayor sentimiento de apropiación respecto al nosotros de aquellos que lo componen.  

Estamos ante un choque de legitimidades entre el marco legal y de auto-percepción monolítica de una  parte no menor de España y sus élites respecto a la voluntad mayoritaria de los catalanes de avanzar, al menos, en dirección profundamente federal (y en menor medida hacia la independencia), así como de reconocerse a sí mismos como sujeto político.  

El juicio al procés, es solo la punta del iceberg que esconde el elefante en la habitación: esa tensión histórica que va polarizando cada cierto tiempo los demos español y catalán por la incompleta transición hacia un modelo federal. Sea cual sea la sentencia al procés, la ley y la represión serán incapaces de resolver un problema político de enorme envergadura y solo agrandaran, aún más si cabe, la brecha entre demos por mucho que se obceque la derecha jurídica y política, así como los barones más afrancesados de la izquierda, en seguir escondiendo el elefante en la habitación. 

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Carlos Mascarell Vilar es politólogo y asesor del Consejo Europeo de Municipios y Regiones en Bruselas.