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El 1 de octubre ha ofrecido una clara conclusión: el PP podría ser capaz de imponer las reglas de juego de la política española durante los próximos años si los demás actores políticos no actúan de forma inteligente. 

La victoria de Pedro Sánchez en las segundas primarias del PSOE, las de junio de este año, abrió interesantes perspectivas, ya que parecía que venía acompañada de importantes cambios sobre la idea del Estado que hasta entonces había predominado en la mayor parte sus dirigentes, tanto desde el punto de vista de la relación del Estado con la actividad económica como en la cuestión territorial.

La modificación del artículo 135 de la Constitución española en septiembre de 2011 por parte del PSOE y del PP fue muy grave porque significó la conformidad de los socialistas con la jibarización del Estado del bienestar, la aceptación de un Estado neoliberal definido por las políticas de austeridad fiscal emanadas de la Comisión Europea. En la crisis, cuando venían mal dadas, el Estado en vez de proteger a sus ciudadanos se inhibió en favor del mercado: que sobrevivan los más fuertes. El surgimiento de Podemos estuvo relacionado con esa incapacidad del PSOE para articular una política económica progresista de salida a la crisis, tal como mostró la fuerte contestación social que se produjo alrededor del 15-M. 

La victoria de Pedro Sánchez en las segundas primarias significó una clara apuesta de los socialistas en la defensa del Estado del bienestar como una de sus señas de identidad. En ese cambio de actitud del PSOE jugaron un papel muy importante los sindicatos, y también las razonables y mesuradas propuestas económicas realizadas por Podemos, ya que obligaron a los socialista a volver a su ADN socialdemócrata, a riesgo de perder un creciente volumen de su ya mermado electorado. En este caso Podemos ganó claramente la hegemonía de las ideas, aunque no se le haya reconocido.

La modificación del artículo 135 de la Constitución por parte del PSOE y del PP fue muy grave porque significó la conformidad de los socialistas con la jibarización del Estado del bienestar

Resulta evidente que sin la irrupción de Podemos, y su inteligente apuesta económica por una suerte de socialdemocracia transformadora (como la que se desarrolló a partir de los años treinta en Suecia), no se habría producido esa vuelta del PSOE a sus raíces socialdemócratas. Una vuelta a los orígenes que no fue fácil, como mostró el traumático proceso de las primarias socialistas y como resaltan muchos militantes socialistas cuando dicen que existe un riesgo cierto de que el PSOE vuelva a los planteamientos neoliberales que definieron su política económica desde mayo de 2010 hasta la derrota electoral de 2011. En las elecciones generales de 2011 el PSOE, él solito, perdió cuatro millones de votos y la posición de hegemonía que había detentado sobre la izquierda española durante más tres décadas.  

Consolidar nuestro débil Estado de bienestar e impulsar un Estado plurinacional deberían ser los ejes de la segunda modernización que demanda la sociedad española a comienzos del siglo XXI. 

Sin embargo, no está sucediendo lo mismo en relación con la cuestión catalana y, más estructuralmente, con la concepción plurinacional de España. En un primer momento la irrupción de Podemos desempolvó un concepto: la plurinacionalidad. Y permitió que esa palabra volviera a colocarse en la agenda política española. La plurinacionalidad fue enunciada incluso por  Rodríguez Zapatero durante el malhadado proceso de reforma del Estatuto de Cataluña, impulsado por Maragall, que finalmente fue cercenado por el esfuerzo de notables prohombres socialistas, incluido Alfonso Guerra que, por cierto, acaba de volver a marcar el paso a Pedro Sánchez.

La constitución de 1978 significó un paso importante en la modernización de nuestro país. Supuso un salto abismal en relación con el Estado franquista del que estábamos saliendo, pero como todo salto parte desde un suelo que, aunque queramos dejarlo atrás, nos condicionaba. La mayor expresión de ese condicionamiento en la Constitución no se expresó, curiosamente, en los aspectos sociales --cabe recordar que el artículo 129.2 de nuestra Constitución dice que “Los poderes públicos (...) establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”--, sino en la definición del carácter unitario del Estado español. Jordi Solé Tura, ponente constitucional, narró la presión a la que se vieron sometidos los padres de la Constitución por los sectores más inmovilistas del régimen franquista: “Recibimos un papel escrito a mano y procedente de la Moncloa en la (sic) que se proponía una nueva redacción del artículo segundo (…)  que no se podía variar ni una coma, porque aquél era el texto literal del compromiso alcanzado con los sectores consultados”.

Jordi Solé Tura, ponente constitucional, narró la presión a la que se vieron sometidos los padres de la Constitución por los sectores más inmovilistas del régimen franquista

Resulta evidente que en relación con la definición unitaria o plurinacional del Estado español el PSOE no se ha posicionado con tanta nitidez como hizo en relación con el Estado del bienestar. Ello denota que, en esta cuestión, su ADN es más turbio, que en sus genes hay una mezcla más equilibrada de dos poblaciones de diferente origen: neardhentales del Estado jacobino y cromagnones del Estado plurinacional. 

La izquierda española que aún demanda un jacobino estado unificador y homogeneizador no solo lee de forma errónea nuestra historia; España nunca será Francia para bien o para mal, sino que, posiblemente sin quererlo, está dando hálito a la última gran mentira franquista: la unidad inalienable de la nación española.  

La definición territorial de España no puede ser una reliquia sagrada, como un incorruptible hueso de santo que se pone en una urna para contemplación de generaciones futuras, es un proceso vivo que depende de sus ciudadanos que, por cierto, no son los mismos que hace cuarenta años. De los 36,5 millones de ciudadanos españoles que tenemos derecho a voto en la actualidad, solo pudieron participar en el proceso de refrendo de la Constitución los mayores de 60 años, apenas 10,8 millones de españoles. 

Podemos y el PSOE ofrecen en la actualidad un alto grado de consenso en temas económicos, gracias a que el surgimiento de Podemos corrigió la deriva neoliberal del PSOE, que podría ser la base de un gobierno de izquierdas capaz de impulsar la imprescindible segunda modernización de España. 

Sin embargo, el panorama se presenta bastante más complicado en lo relativo a la definición territorial de nuestro país, por la reciente posición subsidiaria que el PSOE ha decidido tomar respecto al PP. Ello pone en grave aprieto la conformación de un mayoritario bloque de fuerzas del cambio que pueda impulsar los cambios que demanda una parte relevante de la sociedad española.

El panorama se presenta bastante más complicado en lo relativo a la definición territorial de nuestro país, por la reciente posición subsidiaria que el PSOE ha decidido tomar respecto al PP

Es muy probable que si se consolida en el tiempo el acuerdo al que han llegado Pedro Sánchez y Mariano Rajoy en torno al tema catalán sea imposible afrontar cualquier modernización a medio plazo del Estado español, ni en el sentido territorial ni en el sentido social. No hay ninguna noticia sobre que en el acuerdo alcanzado sobre la aplicación del artículo 155 haya ninguna mención a la derogación de la modificación del famoso artículo 135 que pactaron en su día Zapatero y Rajoy. Pero en política nada está escrito con tinta indeleble, y las posiciones de los diferentes actores políticos se están moviendo en un escenario muy volátil e impredecible.

Por eso deberían contenerse las tentaciones de una parte de Podemos de denunciar el último cambio de postura de Pedro Sánchez, como última muestra de la deriva derechista del PSOE. Si el objetivo es construir hegemonía para lograr una profunda modernización de España es un error denostar a un posible aliado cuando flaquean sus menguadas fuerzas frente el adversario, lo inteligente es construir un relato sobre España en el que ese posible aliado se vea reflejado, del que no pueda ni quiera salir.

Por eso es muy importante que Podemos vuelva a acertar en su propuesta de una España plurinacional, como acertó en sus propuestas de política económica. Resulta evidente que el PP, Ciudadanos, y parece que por ahora también el PSOE, se equivocan al definir a España desde una posición centralista, heredera del más rancio franquismo. Pero también sería un tremendo error por parte de Podemos avanzar en una definición de España solo desde la perspectiva de las posiciones nacionalistas. Hay que recordar que la suma del PDeCAT, ERC y CUP no representa a la mayoría de los votantes catalanes, que el PNV y EhBildu representan al 58,5% el pueblo vasco, y el BNG apenas obtuvo un 8,3% en las últimas elecciones autonómicas. 

La plurinacionalidad esgrimida por Podemos debe concretarse en una idea de España que sea mucho más que un punto de encuentro entre las posiciones centralistas y nacionalistas. Si Podemos acierta en la concreción de la consideración de España como nación de naciones podría arrastrar al PSOE fuera del campo gravitacional de la derecha española, como ya hizo en relación con la política económica. Ello podría permitir romper el candado con el que el PP quiere impedir la necesaria modernización que precisa nuestro país.

Para ello es necesario construir una idea de España plural, tolerante, mestiza, abierta, en la que podamos reflejarnos la inmensa mayoría de los que vivimos en este territorio, que nos permita sentirnos orgullosos de nuestro país. Ese es el gran reto que tiene la izquierda española para conseguir que nuestro país entre definitivamente en el siglo XXI, y que no puedan repetirse imágenes como las que vimos el pasado 1 de octubre, que pertenecen a una España que ya no existe, que nunca debió existir.