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“Debemos asegurar la existencia de nuestra gente y un futuro para los niños blancos”. Este lema, conocido entre los supremacistas como “las 14 palabras”, acuñado por el nazi convicto David Lane entre finales de los 80 y principios de los 90, podía leerse en una de las armas que el asesino de Christchurch, Nueva Zelanda, utilizó el pasado viernes 15 de marzo para sembrar el terror y acabar con la vida de al menos 50 personas en dos mezquitas de la ciudad. En un manifiesto publicado poco antes en una red social, el criminal aseguraba inspirarse en los ataques de Oslo y de la isla de Utoya, perpetrados en 2011 por un ultraderechista noruego. El actual presidente del Southern Poverty Law Center (SPLC), institución que lucha desde 1971 contra el odio y la intolerancia de los grupos extremistas, Richard Cohen, asegura que el manifiesto del asesino “tiene el sello inconfundible de la llamada alt-right [derecha alternativa]”, es decir, de una ultraderecha que hace uso intensivo de las redes sociales, que rechaza la derecha tradicional y que adopta el etnonacionalismo blanco como valor fundamental. Su atentado demuestra, además, que “el supremacismo blanco es un movimiento terrorista global”.

En los últimos 4 años, en 17 ataques igualmente inspirados por el odio, fueron asesinadas al menos 81 personas en Estados Unidos y Canadá, según datos recopilados por el SPLC. Esto sin contar los cientos de heridos. Solo en el 2018, “el año más mortífero hasta la fecha”, fueron asesinadas 40 personas, frente a las 17 víctimas mortales del 2017. Ya sea el atropello con una furgoneta en Toronto, el tiroteo en la escuela de secundaria de Parckland, Florida, la masacre en la sinagoga Tree of life, o el apuñalamiento atroz en el exterior de un local nocturno de Pittsburg, en cualquiera de estos ataques del pasado año puede reconocerse la influencia de la alt-right. Es el sello del odio racista, misógino, homófobo o xenófobo, según los casos, o el de todos juntos, que se “metastatiza” en las distintas redes sociales y deja un rastro corrosivo y sangriento que traspasa fronteras.

La “derecha alternativa”, policéfala Hidra de Lerna, se articula en una miríada de grupos heterogéneos repartidos por toda la geografía estadounidense. Según el informe anual del SPLC, el número de grupos de odio creció en 2018 un 7% respecto del año anterior, hasta un total de 1.020 grupos. Para encontrar una cifra similar hay que retroceder al año 2011, cuando se extendía por el país la animadversión hacia el primer presidente negro de Estados Unidos. En medio de la era de Donald Trump, el número de grupos de ultraderecha vuelve a crecer, un 30% en los últimos 4 años.

Una de las condiciones materiales para que se produzca esta tendencia hacia posiciones de odio supremacistas es sin duda la percepción de los cambios demográficos, más o menos visibles en barrios y ciudades estadounidenses, que el United States Census Bureau pone en cifras: según sus últimas proyecciones, publicadas en 2015, la población blanca no hispana de Estados Unidos, que en 2014 era del 62,2%, pasará a ser una minoría mayoritaria, es decir, menos del 50% del censo del país, en algún momento a partir del 2040.

Naturalmente, el ascenso derechista en EE.UU. está relacionado quizá más directamente con las actitudes del presidente Donald Trump, claro agente de “la infiltración de ideas extremistas en la retórica y la agenda de la Administración”. Como ejemplo de ello baste citar algunos de sus mensajes: “Hay muchos CRIMINALES en la Caravana [de emigrantes hondureños]”; y en enero de 2018 se refirió a los países de mayoría negra como “shithole countries” (traducible como “agujeros de mierda”); y señaló a los mexicanos como “violadores”. Pero también, señala el estudio del Southern Poverty Law Center, “consultando con grupos de odio sobre políticas que erosionan la protección de los derechos civiles”. Así, muchos de los grupos extremistas, los Proud Boys, los Patriot Prayers, la Atomwaffen Division, el Patriot Front, el Identity Evropa, el Rise Above Movement, el ACT for America, etc., tienen conexiones directas con algunos de los miembros y asesores de su gobierno. Y sus aliados mediáticos, entre los que se cuenta la cadena Fox News, ayudan asimismo en la propagación de sus ideas venenosas.

Pero la alt-right norteamericana traspasa fronteras y se coordina con otras organizaciones y/o partidos europeos (o viceversa) para llevar las ideas regresivas a las instituciones y los países donde encuentran un ambiente favorable, bien por la presencia de grupos extremistas, o bien debido a que las formaciones de derecha o extrema derecha se encuentran instaladas en el gobierno.

En Rumanía, por ejemplo, cuatro grupos estadounidenses por los derechos religiosos (Alliance Defending Freedom, American Center for Law and Justice en su rama europea, Liberty Councel y World Congress of Families) presionaron al Tribunal Constitucional rumano para la celebración de un referéndum con el objetivo de prohibir, vía enmienda a la Constitución, el matrimonio entre personas del mismo sexo, que de hecho ya era ilegal. El referéndum se celebró en octubre de 2018, con el triunfo de la prohibición, aunque la participación, que fue del 20% del censo, no alcanzó el 30% mínimo exigible y el resultado quedó sin efecto.

En Italia, el actual primer ministro Matteo Salvini y su partido de extrema derecha antiinmigrantes, la Liga, aliado del grupo de odio norteamericano anti-LGTBI World Congress of Families (WCF), abrió “las puertas del país” a los tradicionalistas del otro lado del Atlántico. Se reunió frecuentemente con el conocido gurú Steve Bannon, envió discursos a los foros del WCF, e invitó a este a desarrollar en Verona su congreso anual de 2019, donde se reúnen activistas y políticos de todo el mundo para debatir cómo derribar los derechos reproductivos y de los colectivos LGTBI.

En España, un miembro del patronato de la franquicia europea de Hazte Oír, bautizada como CitizenGo, forma parte de la junta directiva del WCF, además de compartir a varios miembros de su personal y tener lazos estrechos con el grupo de odio anti-LGTBI italiano Generazione Famiglia, desde que fue fundado en 2013. En este sentido, el European Parliamentary Forum on Population and Development (EPF) llama la atención, en un informe de abril de 2018, sobre la existencia de un grupo de presión denominado Agenda Europe, integrado por políticos y activistas religiosos de ultraderecha, cuyas reuniones son secretas. 

Su proyecto, al que denominan “Recuperar el orden natural”, busca derogar las leyes existentes sobre derechos civiles como el divorcio, el acceso a la anticoncepción o a las tecnologías de reproducción asistida y el aborto, la igualdad de las personas LGTBI, o el derecho a cambiar de género o de sexo. Intentan así, en palabras de Ulrica Karlsson, presidenta del EPF y parlamentaria sueca, “imponer a los demás sus creencias religiosas personales a través de las políticas públicas y la ley”. El grupo inicial de activistas ha crecido hasta atraer en la actualidad a más de 100 organizaciones de más de 30 países europeos.

Y, como señala Miquel Ramos, periodista especializado en extrema derecha y delitos de odio y coautor del proyecto crimenesdeodio.info, en el Parlamento Europeo se sientan ya numerosos eurodiputados de extrema derecha cuyos partidos “sirven de nexo e incluso de mecenas” para las organizaciones más radicales, que se financian en parte con dinero público procedente de subvenciones, además de las donaciones privadas.

Pero volvamos a los ataques de Christchurch, en Nueva Zelanda. En opinión de Ramos, no debería descartarse la posibilidad de un ataque similar en España. La cuestión es que “ni las autoridades ni la sociedad española en general se toman en serio esta amenaza”. En el verano de 2018 fue detenido en Terrassa, en posesión de un arsenal, un ultraderechista que había manifestado la intención de atentar contra el presidente del Gobierno, fanático que, por cierto, era simpatizante de un partido ultranacionalista relacionado con organizaciones neonazis internacionales. Y en febrero de este año, la Guardia Civil detuvo en Alfarrasí, por posesión de armas y simbología nazi, a un individuo que incitaba a la violencia contra musulmanes e inmigrantes a través de una de las redes sociales más populares. Hace pocos días, en una operación contra un grupo neonazi, la Guardia Civil encontró en una vivienda de la localidad de Garrapinillos, Zaragoza, un zulo lleno de armamento y explosivos. Pero para la prensa “no son más que anécdotas”. Y para los jueces, “simples chavales jugando a ser nazis, nada preocupante”. Y más allá de las amenazas reales que representan semejantes individuos, crece en la calle el activismo de grupos de odio, con manifestaciones y concentraciones con distinto grado de violencia.

La cuestión, en Estados Unidos y en Europa igual que en España, es que “los discursos de odio llenan los platós de televisión y las ideas que nutren a estos grupos son parte del menú diario en los medios de comunicación”, asegura Ramos. Por si no fuera suficiente, los gestores de las redes sociales no siempre se emplean con el celo necesario para atajar los mensajes que incitan al odio y a la violencia. Estas provocaciones, las figuras del hater y del troll, sus campañas de “acoso y difamación”, atraen a numerosos jóvenes que se sienten parte de un colectivo inconformista y “políticamente incorrecto”. Al fin y al cabo, parecen opiniones tan aceptables en democracia como cualquier otra.

Sin embargo, no son simples opiniones, sino destilaciones de odio. El odio dirigido hacia las personas diferentes, hacia las que piensan de forma diversa y tienen costumbres y culturas distintas. Como si estas amenazaran la existencia de los que odian. Una existencia que se determina en contraposición a la diversidad. Odiar para existir. Un odio que genera odio, de forma que los que odian son odiados por aquellos a quienes odian. Un odio que rompe la convivencia.