Mejorar el currículo laboral, adquirir experiencia personal o potenciar la participación ciudadana. El aprendizaje permanente es una herramienta clave para la inclusión social y el desarrollo de competencias en sectores como las tecnologías de la información o la  economía digital. O, al menos, así lo asegura la Unión Europea, que ha incluido la formación para adultos entre los elementos más importantes del ámbito de la educación para la región. En España, una de cada diez personas mayor de 25 años ya está inserta en algún programa de educación continua, según datos publicados recientemente por Eurostat. 

Esta tasa nos sitúa ligeramente por debajo de la media de la Unión Europea, donde un 11,1% de la población adulta participa en estos cursos de formación permanente. También es inferior al ratio de la zona euro, en la que el 11,5% de los mayores de 25 años realiza algún tipo de aprendizaje –formal o informal– tras acabar sus estudios reglados. Los datos del portal estadístico comunitario advierten, además, del estancamiento que ha sufrido España en este ámbito durante la última década. Desde el inicio de la crisis económica, el porcentaje de población adulta que recibe formación continua en nuestro país apenas ha cambiado: en 2008, el 10,7%. A partir de 2014, se produjo un importante descenso en la participación, recuperada solo en parte entre 2017 y 2018.

El aprendizaje continuado de la población adulta es uno de los pilares incluidos en la estrategia para la cooperación europea en educación y formación, un plan que puso en marcha la Comisión Europea allá por 2009. Ahí se incluían numerosos objetivos regionales en el ámbito educativo para 2020, horizonte habitual en muchos de los programas de desarrollo que la UE ha implementado en los últimos tiempos.

Entre las metas principales de esta estrategia se encuentra que al menos el 15% de la población mayor de 25 años participe en algún programa de formación continua para esas fechas. A cierre de 2018, y con apenas unos meses de margen, nuestro país todavía se encuentra 4,5 puntos por debajo del objetivo comunitario. En el caso de la Unión Europea, aún restan cerca de cuatro puntos para alcanzar la meta de la Comisión, un reto complicado si consideramos que desde 2015 el ratio regional apenas ha crecido 0,4 puntos.

Por género, los datos que ofrece Eurostat señalan un mayor participación femenina en este ámbito educativo. En España, la tasa de mujeres mayores de 25 años que está en un programa de formación permanente (11,5%) es dos puntos superior a la de los hombres (9,5%), una diferencia similar a la que se da en el conjunto de la UE. 

En España, la financiación de los programas de estudios orientados a la educación de la población adulta fue una de las muchas partidas que sufrió importantes tijeretazos durante los años de la recesión. Entre 2010 y 2015, solo el presupuesto destinado a formación continua para trabajadores descendió cerca de un 50%.

Durante este periodo se intentó potenciar, a través de bonificaciones, este tipo de medidas en el sector privado –con el consiguiente abandono de las partidas estatales y autonómicas–, lo que no evitó que la tasa de cobertura de la formación continua en empresas cayera cerca de seis puntos en pocos meses, pasando del 30% en 2013 al 22,7% en 2016.