CTXT se financia en un 40% con aportaciones de sus suscriptoras y suscriptores. Esas contribuciones nos permiten no depender de la publicidad, y blindar nuestra independencia. Y así, la gente que no puede pagar puede leer la revista en abierto. Si puedes permitirte aportar 50 euros anuales, pincha en agora.ctxt.es. Gracias.

Este sábado 15 de junio es el Día D para la cosa constitución de consistorios. Aún hay mucho en juego en todo el Estado. Y especialmente en Barcelona, donde todas las opciones siguen abiertas. El pasado viernes, tras una votación de las bases de los Comuns, que respondieron a una pregunta lacónica –“¿quieres que Ada se presente a la investidura?”, una pregunta que no informa de ninguna negociación de programa con el PSC–, Ada Colau ha decidido dar el paso y optar a la reeleción como alcaldesa. En ERC ha cundido el pánico. Es decir, la presión en medios y redes, y con ella, a su vez, más pánico y en más partidos –la presión, en fin, consiste en eso–. Sin embargo, no hay ningún pacto cerrado de momento. Como tampoco es necesariamente posible que haya alguno abierto. Se está jugando al póker. Y, como de costumbre, en los juegos de cartas puede pasar cualquier cosa, salvo hacer saltar la banca.

Colau y su votante están sufriendo una presión descomunal y, hasta cierto punto, novedosa

Colau y su votante están sufriendo una presión descomunal y, hasta cierto punto, novedosa. No se trata tan solo de los hiperventilados, trolls y bots que han convertido Twitter y Facebook en un psicoanálisis gratuito. La presión es mucho mayor y ante un sujeto nuevo, que en ocasiones es tratado como ajeno a la catalanidad y cercano a Spektra. La portavoz del Govern y consellera de Presidencia, la post-convergente Meritxell Budó, ha declarado que la posibilidad de que Colau siga como alcaldesa –con el apoyo del PSC y los votos regalados de Valls– es una “operación de Estado”, que necesita de “una respuesta de país”. Es cierto que la postconvergente Budó ya mostró su familiaridad con la postépoca de Acuario –la posverdad, vamos–, al perfecto estilo de Trump, cuando, hace unos días, repitió, delante de unos desconcertados periodistas, que el independentismo –que sumó el 39,4% de los votos y perdió 3 concejales respecto a 2015– había ganado las elecciones en Barcelona. Declaraciones como estas muestran dos cosas. La primera: el procesismo se alimenta cada vez más de teorías conspirativas, poseedoras de una lógica no contrastada con la realidad, pero compartidas por su afición de una manera rápida y espontánea. Una dinámica, por otra parte, común en el nacional-populismo global. La segunda: el procesismo piensa representar al país –¿cuál?; ¿qué parte del país no es país?–, ampliando la grieta existente en la sociedad catalana.

La política se hace fraguando pactos, antes que inventando o creyendo mitos de grandes conspiraciones. La historia, sobre todo en su lado más oscuro, está llena de ejemplos de este tipo. La dinámica del mito conspirativo acaece también en otros ayuntamientos: en Tarragona, por ejemplo, ERC se hará con la alcaldía, aunque el partido más votado ha sido el PSC. En ese caso no se habla de fraude democrático ni de operaciones de Estado. Hay un gran parecido, aquí, con lo que dice y hace el nacionalismo español al respecto: en 2015, el PP defendía que debía gobernar la lista más votada en los ayuntamientos, con el objetivo de evitar que Carmena se convirtiese en alcaldesa de Madrid; ahora los de Casado no dicen ni mu al respecto y les parece normal que ellos puedan hacerse con la alcaldía junto a Ciudadanos y Vox, siendo Más Madrid la fuerza más votada. En realidad, no hay nada nuevo bajo el sol: Artur Mas hizo lo mismo en 2003 y 2006, cuando se formó el Tripartit en la Generalitat.

Budó, en su brillantez, no es un caso aislado. En una reciente entrevista, Joaquim Forn ha afirmado que la posibilidad de que la líder de los Comuns consiga la investidura con los votos de Valls es “una operación orquestada por los ‘poderosos’ que Colau tanto crítica”. Ernest Maragall llegó a afirmar que esto significaría “negar la soberanía de Barcelona”, y preguntó retóricamente a Colau si está “con las víctimas o con los carceleros”. Según Puigdemont, la actual alcadesa en funciones quiere “mantenerse en la poltrona a cualquier precio”, incluso pactando “con los del 155”.

Obviamente, la caverna mediática catalana –sí, existe, y no tiene nada que envidiar a la madrileña, salvo las camisas con cuello de otro color– ha cargado aún más las tintas. El periodista Jordi Barbeta, hombre de confianza de José Antich en La Vanguardia y ahora en El Nacional.cat, remachaba el concepto de la “operación de Estado”, y Tatxo Benet, socio de Jaume Roures en MediaPro, avalaba la teoría de la abducción de Colau por el Lado Oscuro. La guinda llegó el pasado fin de semana, cuando la sede de Barcelona en Comú fue atacada con pintura amarilla de forma intimidatoria. Los lazos, una vez más –no me lo puedo creer, en esta casa se juega–, se han utilizado como un símbolo partidista.

no es descartable que también los Comuns acaben presos del miedo y del chicken-game que hemos visto en la política catalana en los últimos años

Se trata de una disciplina ya vivida en los últimos años. Pressing. Los representantes que no voten lo indicado por la Divina Providencia pasan a ser traidores y botiflers, además de vendidos a los grandes poderes. El hecho de que esas acusaciones vengan de un Govern presidido por un esencialista que ve sólo animales donde Rivera, otro crack, solo ve españoles, y vinculado en el tiempo con los recortes más duros de la historia democrática, relacionado con Governs del 3%, con el saqueo demostrado judicialmente, o con la privatización fraudulenta de Aigües Ter-Llobregat, indica el carácter magnético y autosuficiente de toda esa presión. Es decir, de toda esa propaganda que viene a sustituir a la política. Incluso, a las políticas del Govern.

La presión es densa, cierto. Tanta y en tantos medios y géneros que no es descartable que también los Comuns acaben presos del miedo y del chicken-game que hemos visto en la política catalana en los últimos años. Es posible que sea eso lo que ha pasado en Tarragona. Pero Barcelona no puede acabar como la Generalitat, convertida en un feudo partidista, emisor de propaganda, libre de responsabilidades pero esclavo del procesismo e inútil para –toda– la sociedad. Ada Colau defiende la única propuesta que a largo plazo puede ser la solución a la crisis catalana: un gobierno de progreso formado por las tres fuerzas que han obtenido más del 60% de los votos el pasado 26-M, es decir Barcelona en Comú, ERC y el PSC. Se trata de una coalición realizada en otros ayuntamientos, pero de difícil traslado a Barcelona. La justificación de ERC, básicamente, es que es imposible pactar con “los del 155”, algo que no corrobora la hemeroteca: ERC está gobernando con los Comuns y el PSC en el área metropolitana de Barcelona. ¿Por qué no pueden hacerlo en la Ciudad Condal? Una respuesta es la política de bloques de ERC, que ha dejado al partido, en las grandes instituciones, sin más alianzas que las disponibles en el procesismo.

La política se hace con la correlación de fuerzas, o de debilidades, existente. ¿los anticapitalistas de la CUP no apoyaron el gobierno de la peor derecha neoliberal catalana?

Si no se fragua un acuerdo tripartito, lo que a día de hoy parece altamente improbable, queda sólo una opción: que Colau gobierne junto al PSC y acepte el apoyo en la sesión de investidura de los tres concejales de Manuel Valls, que regalarían su voto para evitar que la ciudad caiga en manos de los procesistas. ¿Por qué haría eso Colau? Por varias razones: a) Valls juega en otra liga, que desconocemos, o al menos, aún hoy, es difícil comprender su apuesta municipal en Barcelona; b) Valls parece no estar en sintonía con Ciudadanos, un partido que ha roto la costosa dinámica francesa de no pactar con la extrema-derecha. Ada Colau se ha negado a cualquier acuerdo, incluso negociación, con el ex primer ministro francés, pero se ha abierto a la posibilidad de recibir su votos sin contrapartidas –“todos los votos que vengan, bienvenidos sean para la investidura”–. ¿Se debería dejar pasar esta posibilidad por purismo ideológico mediatizado por presión propagandista, o porque Valls no gusta en Comuns, como sostienen algunos? La política se hace con la correlación de fuerzas, o de debilidades, existente. Cosas más forzadas –y gracias a la presión mediática en una sociedad pequeña– hemos visto en los últimos tiempos: ¿los anticapitalistas de la CUP no apoyaron el gobierno de la peor derecha neoliberal catalana de la historia durante más de un trienio?

¿Quedan otras opciones? Maragall ofrece, con la boca pequeña, un acuerdo de gobierno a Barcelona en Comú, donde él sería el alcalde. ¿Sería esta una solución? En un municipio la alcaldía es determinante para las políticas. Además, todo lo que el Procés toca se convierte en algo que no es precisamente oro. Y ERC es procesismo puro y duro. Es posible que pronto tome la decisión de dejar de serlo, pero aún no es así. La reciente sentencia del TEDH apunta en la dirección de que el procesismo, o al menos su parte más cercana a la izquierda, se alejará de cualquier sombra de su pasado en breve, o estará perdido en Europa.

En estos cuatro años Barcelona en Comú ha demostrado tener un proyecto de ciudad, consiguiendo resultados importantes y cambiando las prioridades. Para acabar lo empezado, es necesario un segundo mandato. ¿ERC tiene un proyecto de ciudad? De patria –ese concepto inquietante–, sí. Pero, de ciudad, no lo parece. Dejar la ciudad en manos de Maragall o gobernar sólo con ERC sería, pues, un suicidio para Barcelona y para los Comuns: la Ciudad Condal se convertiría en el megáfono del procesismo y Barcelona en Comú acabaría estrangulada por el abrazo del oso.

El Procés sienta mal a todo el mundo. A unos más que a otros. Barcelona es una ciudad pequeña, al fin y al cabo, y la crispación es palpable estos días, aunque muchos intentan disimularlo. Simplemente, lo copa todo y a todos, en lo que es el objetivo de la crispación. Si las presiones deciden el gobierno de la Ciudad Condal, será una derrota para todos. A menos que sobrevenga alguna novedad de última hora, se llegará al sábado sin acuerdos. Los 41 concejales de Barcelona podrán votar Maragall o Colau. Si la líder de los Comuns no consigue el apoyo del PSC y de los tres concejales de Valls, Maragall, como candidato de la lista más votada, se convertirá automáticamente en alcalde. El póker es así.