Menos trabajadores y más precarios. Esta es, a grandes rasgos, la fotografía más reciente del personal docente e investigador de las Universidades públicas españolas. Así lo aseguran los datos publicados recientemente por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que advierten que durante 2017 –último año con cifras disponibles– apenas el 42,3% de estos trabajadores públicos en nuestro país eran funcionarios. El resto de empleados, apunta el Ministerio, es personal contratado y externo. Es decir, trabajadores con mayores índices de precariedad, temporalidad y escasez de horas lectivas. 

Los datos del gabinete que dirige en funciones Pedro Duque demuestran, además, que estas cifras responden a un descenso continuado en el tiempo del personal fijo en los centros públicos de nuestro país. Hasta el punto de que, entre el curso académico 2011-2012 y el 2016-2017, el número de investigadores y docentes perteneciente al cuerpo de funcionarios se ha reducido en casi 6.000 personas.

Mientras, el de trabajadores contratados o externos creció durante el mismo periodo en cerca de 4.100 personas. Y lo hizo además en un contexto en el que se registró un descenso en la cifra total de docentes e investigadores que trabajan en las universidades públicas de nuestro país. Es decir, en un contexto de fuerza laboral menguante. 

Una situación que, además, se reproduce de forma muy destacada entre el profesorado titular y asociado, el grupo de trabajadores más numerosos en este ámbito, con algo más de 50.000 miembros. De esta forma, durante el curso 2016/2017 el porcentaje de docentes titulares de universidad descendió casi un 3%, mientras que los puestos de profesor asociado crecieron en torno al 6%.

Esta figura, la de profesor asociado, está fuertemente vinculada a situaciones de temporalidad, parcialidad o externalidad, y su crecimiento ha sido tan alto durante los últimos años que ya representan cerca del 43% del total de personal contratado en docencia o investigación que hay en los centros universitarios públicos. 

entre el curso académico 2011-2012 y el 2016-2017, el número de investigadores y docentes perteneciente al cuerpo de funcionarios se ha reducido en casi 6.000 personas

Por otro lado, las cifras del Ministerio también demuestran otra de las realidades laborales que aún persisten en el mundo académico de nuestro país: la desigualdad de género y la brecha de oportunidades entre hombres y mujeres. Tal es así que mientras que ellas representan cerca del 45% del personal contratado o externo en las facultades y centros, en el caso del cuerpo de funcionarios el porcentaje se reduce cerca de 10 puntos, hasta poco más del 35%. 

Una representatividad que además va decreciendo según se escala en los puestos de responsabilidad y estabilidad dentro del ámbito de la docencia y la investigación: las mujeres apenas ocupan un 25% de los puestos eméritos de universidad. En el caso de las cátedras, son todavía menos: solo una de cada cinco están ocupadas por mujeres. 

La reciente jubilación de más de 16.000 profesores universitarios en España no ha bastado para recomponer estas situación y recuperar unas tasas de reposición que llevan estancadas en el 10% desde el año 2012, cuando se dieron los perores tijeretazos en el ámbito educativo. 

Precisamente, a comienzos de 2018, un informe del Observatorio del Sistema Universitario señalaba que, durante la crisis, estos recortes significaron un descenso de cerca del 28% en los fondos destinados a la educación terciaria, lo que ha terminado por situar el gasto total por estudiante del país cerca de un 13% por debajo de la media de la OCDE.