El acceso a una vivienda es un derecho fundamental de los ciudadanos. También es una inversión en potencial, en aprovechamiento de los servicios públicos e incluso en el fomento de la economía y el comercio. Así lo asegura Sorcha Edwards, secretaria general de Housing Europe, una plataforma paneuropea formada por entidades sociales, cooperativas y promotoras publicas que busca facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible a lo largo del continente. Lo lleva haciendo desde hace algo más de 30 años, incluyendo una larga trayectoria como grupo de presión en el propio corazón de las instituciones comunitarias de Bruselas, donde Edwards es la cara visible de la federación.

Desde esta plataforma se persigue un extremo sencillo, pero apenas imaginable en la realidad más inmediata, al menos en nuestro país: la generalización de la oferta de vivienda sin ánimo de lucro.

Un lucro asociado al ladrillo que, tras la gran recesión que asoló el continente, ha vuelto a crecer de forma exponencial en los últimos meses: “Hay una brecha, cada vez mayor, entre el aumento de los ingresos y el aumento de los precios de la vivienda”. Esto, asegura Edwards, está comprometiendo el acceso a una vivienda asequible en gran parte de las capitales europeas. Pero añade un matiz importante: “La gran dificultad a la que nos enfrentamos es la falta de vivienda asequible en los lugares donde existen oportunidades educativas y laborales”.

Es decir, allí donde se concentran los servicios públicos y donde los ciudadanos tienen más opciones de desarrollarse y prosperar. Por ejemplo, grandes centros urbanos con una gran oferta universitaria o con numerosas plazas en el sector de la salud. De esta forma, apunta la directiva, los vínculos entre vivienda y exclusión social se refuerzan casi desde el inicio. Una mala vivienda en un barrio con pocos servicios reduce las posibilidades de acceder a una mejor educación o a un mejor puesto de trabajo, “y esta desventaja se transmite de generación a generación”.

Según Edwards, los desahucios son una de las demostraciones mas extremas de este tipo de situaciones, cada vez más comunes: “Ya no afectan solo a los grupos sociales desfavorecidos, sino también a los grupos de población con ingresos medios”. De esta forma, y más allá de coyunturas sociales muy específicas, los problemas económicos se están generalizando como causa para la expulsión de la vivienda. Algo que, en última instancia, es perjudicial para todos: “Existen datos que demuestran que cuesta más dinero desahuciar a alguien que mediar con los residentes que tengan deudas”.

Para cambiar esta realidad, Edwards apunta al elementos obvios, como el propio precio de la vivienda o el mercado del alquiler, pero también a factores relacionados con el consumo energético o el uso de recursos eficientes, hasta el punto de afirmar que “en 2020, la construcción de viviendas precarias debería ser inexistente”.

Mientras, apunta, las mejoras para lograr una regulación más estable sobre vivienda también deben dirigirse hacía el lado de la oferta, con normativas que fomenten la construcción de viviendas asequibles para grandes capas de población. Cita, como ejemplo, algunos datos de su propia federación: desde las organizaciones que la componen administran sin ánimo de lucro cerca del 11% de las viviendas existentes en 24 países europeos. Algunos, con una importante tradición en este tipo de gestión social y participativa: “En Suecia, las cooperativas o empresas municipales de vivienda representan el 21% de los hogares”.

Cambios en la legislación y acciones sobre la oferta que han de acompañarse, según la directiva, de una movilización que crezca en lo local –por ejemplo en la unión contra plataformas como Airbnb– pero que también alcance a las propias instituciones continentales: “El siguiente paso es que intervengan los reguladores de la UE, del mismo modo que actuaron en otras cuestiones que estaban fuera de control, como por ejemplo los cargos por roaming”.

Y es que un parque de vivienda asequible y en buenas condiciones, asegura Edwards, no solo es beneficioso para la población con más dificultades de acceso, sino que también repercute positivamente sobre los servicios sociales de los Estados. Desde la federación calculan que el coste de no invertir en este tipo de vivienda genera unas pérdidas anuales a nivel europeo de cerca de 200.000 millones de euros: “Tener malas viviendas repercute terriblemente en la salud de las personas…. Y entonces los sistemas sanitarios públicos de los Estados tienen que asumir el coste de asistencia a estos enfermos”.

No es la única razón. A nivel de comercio, si los ciudadanos pueden destinar menos renta al pago o alquiler de la vivienda, estos recursos pueden destinarse al consumo en la economía local. En última instancia, incluso, un hogar en buenas condiciones puede abaratar y hacer más eficientes los coste de los cuidados a los más mayores.

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Este artículo ha sido elaborado a partir de lo expuesto en la entrevista titulada "Cuando se vive en un barrio malo y en una mala vivienda es muy difícil progresar", de Juan Manuel García Campos, publicado en el Observatorio Social de “la Caixa”.