Ni antes, ni durante, ni siquiera después de la crisis, con la lenta y desigual recuperación económica. El mercado –es decir, el sector privado– no ha sido ni es capaz de asegurar por sí solo una cobertura amplia del derecho a la vivienda en España. Todo ello, pese a la insistencia y propagación de este mantra desde determinados sectores económicos y políticos. Así lo advierte el reciente estudio Sistema de vivienda y estado del bienestar. El caso español en el marco europeo, que hace un repaso de los datos fundamentales del acceso a un hogar en condiciones en nuestro país durante los últimos años, cuando se han llevado a cabo cerca de 720.000 ejecuciones hipotecarias y 327.000 desahucios.

Las conclusiones son cristalinas, a la vez que preocupantes: en España existe una clara desprotección en materia de vivienda, con una desatención endémica en el desarrollo de políticas públicas en este ámbito. No por casualidad nuestro país esta a la cola de Europa en la promoción del alquiler social, con apenas un 1,5% del parque de vivienda bajo esta modalidad de acceso.

Y, precisamente, ha sido entre los inquilinos donde más ha afectado este tremendo desajuste residencial. Según los datos recopilados por el estudio, que firman los investigadores Jordi Bosch, de la Universitat Pompeu Fabra, y Carme Trilla, del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, España es el país de la Unión Europea donde un mayor porcentaje de familias –42%– tiene que hacer un sobreesfuerzo para pagar el alquiler de su casa, a más de 25 puntos de lo que ocurre en lugares como Francia o Austria.

Entre otras cuestiones, la apuesta histórica del país por un modelo basado en la propiedad –3 de cada 4 hogares– ha derivado en una insuficiente oferta de vivienda en alquiler y en el crecimiento exponencial de los precios.

De esta forma, hoy en día la demanda potencial de vivienda social en el país –incluida la modalidad de compra– se sitúa en 1,5 millones de hogares. Una cifra que, además, podría crecer en más de un millón para dentro de una década.

Pese a ello, el bajísimo nivel de financiación pública en el ámbito de la vivienda en nuestro país supone un escollo fundamental para dar respuesta a todas estas necesidades sociales: según datos recopilados en el documento, el gasto en vivienda en España apenas representa el 0,1% del gasto público total y el 0,2% del gasto social, un porcentaje hasta 2,4 puntos inferior a la media de la Unión Europea.

Además de poner en jaque la defensa de un derecho fundamental protegido por la Constitución, todas estas circunstancias también están teniendo serios efectos sobre otros ámbitos del Estado de bienestar. De esta forma, la sobreocupación, el estrés residencial, los desahucios o la pobreza energética derivan en bajos niveles de bienestar físico y psicológico, y afectan a parcelas como la educación o la sanidad.

Así, según el estudio, los costes que tienen las viviendas inadecuadas sobre la salud de la población generan unos gastos al país de cerca de 22.300 millones de euros anuales, el tercer volumen más alto de toda la UE. Un extremo para el que la inversión en la mejora de las condiciones residenciales demuestra una alta eficiencia: según los parámetros medios comunitarios, por cada 3 euros que se invierten en este ámbito, se produce un ahorro de 2 euros en el sistema de salud nacional.

La falta de cambios sobre estas dinámicas residenciales, advierten los investigadores, están conduciendo inevitablemente a un aumento de las desigualdades en España. Mientras, la evidencia científica es incontestable: “El hecho de que invertir más en política de vivienda tendría un efecto positivo en las demás políticas públicas relacionadas con el Estado del bienestar”, concluyen.

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Este artículo ha sido elaborado a partir de lo expuesto en el artículo Sistema de vivienda y estado del bienestar. El caso español en el marco europeo, de Jordi Bosch y Carme Trilla, de la de la Universitat Pompeu Fabra y el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, publicado en el Observatorio Social de “la Caixa”.