La educación a edades tempranas no solo constituye un apoyo fundamental para el desarrollo y la integración de los más pequeños. También es una herramienta importante a la hora de implementar políticas de conciliación y apoyo a la familia. Pese a esto, este derecho todavía no es efectivo para una parte significativa de los menores en nuestro país, tal y como asegura un reciente informe publicado por Save The Children. Según el documento de la organización, la escolarización de 0 a 3 años sigue rota por la desigualdad en España, donde solo un cuarto de los niños y niñas de las familias más desfavorecidas acude a la escuela a esa edad.

El porcentaje es 36 puntos más bajo que entre los menores que perteneces a las capas con más renta de la sociedad. Esto significa que, aproximadamente, ya hay dos tercios de niños del quintil de la sociedad con más ingresos escolarizados en la primera etapa del aprendizaje.

Estas importantes cotas de desigualdad se desarrollan en un contexto en el que, si bien la escolarización de 0 a 3 años se ha duplicado en nuestro país durante los últimos diez años, todavía hay un 63,5% de niños que no acude a la escuela infantil. En muchos casos, porque los padres no se lo pueden permitir: cerca de un tercio de las familias con niños de 0 a 2 años señala que no dispone, pese a la necesidad, de servicios de cuidado infantil. Para la mitad de ellos, el impedimento es enteramente económico.

Según Save The Children, algunas de las ventajas que genera la escolarización temprana entre los menores pasan por un mejor rendimiento escolar en grados superiores; un menor índice de repetición de curso; o una reducción del riesgo de abandono escolar.

A nivel social, la ONG también señala que se trata de una herramienta muy eficaz para eliminar las desigualdades de origen, además de suponer un trampolín para que los progenitores puedan reincorporarse al mercado laboral –todavía la mitad de los menores de 3 años son cuidados en exclusiva por sus padres–. En el caso de las mujeres, las principales encargadas de las tareas de cuidados, la universalización de la educación de 3 a 6 años ya supuso en su momento un aumento del 8% en la tasa de ocupación de las mujeres que habían tenido hijos.

Pero la brecha de escolarización a edades tempranas no solo responde a cuestiones socioeconómicas. Según el documento, existe también una gran desigualdad territorial de acceso a la escuela. Comunidades como Madrid, Galicia y Andalucía superan el 40% de escolarización entre niños de 0 a 3 años. En País Vasco, por su parte, el porcentaje supera el 50%.

En el extremo contrario aparecen regiones como Canarias, Murcia y Baleares, donde la asistencia a la escuela infantil no supera el 20%. En último lugar aparece Ceuta, con una escolarización entre menores de tres años de apenas un 13%.

Además de los desequilibrios provocados por la desigualdad, Save The Children apunta que existen otras barreras que están frenando el acceso a la escolarización infantil: plazas insuficientes para cubrir la demanda, alto coste de los servicios –las familias españolas son las que más pagan en educación infantil de la UE–, o falta de eficiencia e información en las políticas de financiación.

Frente a esto, la ONG señala que, para alcanzar una escolarización universal en la etapa infantil del 70%, sería necesario crear alrededor de 400.000 plazas para dar cobertura al conjunto de niños de esa edad que hay en el país. Los costes que esto supondría, asegura la organización, se contrarrestan con otros beneficios: el hecho de que los padres puedan trabajar antes crea barreras ante la pobreza, y disponer de servicios de educación es una motivación para que los progenitores decidan tener más hijos, un eje fundamental ante la problemática del envejecimiento poblacional.

En última instancia, la organización apunta a los beneficios que la universalización de la educación de 0 a 3 años tiene en términos económicos y estatales. En este sentido, que los menores acudan a la escuela desde sus primeros años de vida es más eficaz y barato, ya que se reduce la necesidad de medidas para compensar la desigualdad en edades más avanzadas En este sentido, la educación infantil presenta para el Estado una rentabilidad social de más de cuatro veces los costes que genera.