El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) adelanta lo que aguarda al próximo inquilino de La Moncloa en materia sindical: “La corrección en profundidad de la reforma laboral que aprobó el PP en 2012 es el punto número 1 de la agenda. No vamos a negociar un nuevo estatuto de los trabajadores hasta que no se corrija”. Pero las cosas se han complicado todavía más en los últimos días. Al menos así lo ve Unai Sordo (Bilbao, 1972) tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional avalando los despidos de trabajadores en baja laboral incluso con prescripción médica. “Supone una degradación del derecho laboral incuestionable”, afirma sin ambages. Sordo defiende a capa y espada las ventajas de la negociación en todos los ámbitos de la vida. Hijo de uno de los barrios más proletarios que hay en la capital vizcaína como Uríbarri es consciente de los retos a los que se enfrenta el sindicalismo del siglo XXI para seguir siendo el pegamento que siempre fue para el interés de clase. “Pero hoy ya no es lo mismo ser un trabajador que lleva 25 años en una empresa que un rider o el operario que está en la tercera cadena de subcontratación. Debemos estar muy cerca de la gente y seguir luchando por una negociación colectiva que implique situaciones tan variadas” explica. Y mientras tanto escucha con atención los discursos que se vierten en esta campaña electoral que declina. No oculta su preocupación. “Que los tres partidos de la derecha compitan por una bajada generalizada de impuestos me espanta porque con ese planteamiento programático meten a España en un deterioro brutal del modelo social o nos quiebran”, concluye. Sordo inaugura el 14 de noviembre el congreso de la Fundación 1º de Mayo “Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores”, en el que colabora CTXT como medio asociado. 

El Tribunal Constitucional (TC) acaba de avalar el despido por baja laboral aunque esté justificada. ¿Se trata del golpe más duro lanzado contra los derechos de los trabajadores?

Sí, obviamente, pero no es el primero. El TC se ha pronunciado más veces sobre la reforma laboral en respuesta a demandas sindicales y en todas ha avalado la constitucionalidad de la norma basándose en unos preceptos que ponen los intereses empresariales por encima de derechos tan básicos como la salud de los trabajadores o la negociación colectiva. Ya dictó una sentencia que supuso una degradación del derecho laboral al someterlo a una posición subalterna respecto a las políticas económicas puestas en marcha en 2012 que hicieron disminuir los salarios para devaluar el país. Que conste que no es una valoración personal o sindical. Lo ha dicho literalmente el propio Constitucional cuando afirma que cada reforma laboral “representa una opción legislativa diferente como un instrumento al servicio de una concreta política económica y social del Gobierno”. 

Ya dictó una sentencia que supuso una degradación del derecho laboral al someterlo a una posición subalterna respecto a las políticas económicas puestas en marcha en 2012 

Los magistrados del TC justifican su decisión en base a la libertad de empresa y a la defensa de la productividad.

Es una afirmación tremenda, con una evidente carga política, que ha sido contestada en el voto particular de la magistrada María Luisa Balaguer y otros jueces al decir “no puede asumir que la libertad de empresa pueda ser antepuesta al derecho a la integridad física y moral de los trabajadores, y a un valor tan fundamental como es la salud humana”. Las consecuencias de la sentencia pueden ser tan duras como que las trabajadoras y trabajadores aceleren procesos de recuperación sin estar en condiciones para ello y soliciten sus altas médicas para evitar despidos. Esto incrementará el riesgo de sufrir accidentes laborales. 

Queda la posibilidad de recurrir la sentencia en instancias europeas, ¿CC.OO. piensa hacerlo?

Sí, obviamente. De hecho, la reforma laboral supone obviar un convenio de la OIT, de obligado cumplimiento, que dice taxativamente que “la ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad no deberá constituir una causa justificada de terminación de la relación de trabajo”. Es inconcebible ignorar esto, ya que es prevalente sobre el propio Estatuto de los Trabajadores. Por ello vamos a recurrir a la OIT y a la Comisión europea por violación de la Carta Social Europea. Pero la clave para nosotros es derogar la reforma laboral que precarizó la contratación, atacó la negociación colectiva y facilitó el despido. En cuanto se configure el nuevo parlamento retomaremos la presión para modificar esa reforma, que viene de hace seis años con la convocatoria de dos huelgas generales e incontables movilizaciones. No vamos a negociar un nuevo estatuto de los trabajadores hasta que no se corrija. Esto lo debe tener claro quien vaya a encargarse de formar el próximo Gobierno.

No vamos a negociar un nuevo estatuto de los trabajadores hasta que no se corrija

La sensación que provoca esta decisión del TC es que normaliza la desigualdad jurídica entre dos derechos fundamentales: Los empresariales, cada vez más blindados, y el de los trabajadores, cada vez más desprotegidos. 

Sí, porque hay un furor ideológico que se refleja en esa frase tan manida de que “las empresas son las que crean empleo” y en función de ella se legisla. Pero esa afirmación no deja de ser la lógica del cuñao. En las empresas se genera el empleo, cierto, pero para que esto ocurra se necesita una demanda solvente, una inversión pública, sistemas de educación, formación y salud para toda la ciudadanía. Le pondré un ejemplo: la renta que perciben casi 10 millones de pensionistas en España tiene un efecto económico enorme gracias al sistema público. Eso crea empleo y, por mucho que favorezca los márgenes empresariales, reducir las cotizaciones sociales no genera puestos de trabajo. Así de claro. Las últimas reformas laborales se hicieron con esa intención: Provocar una caída de los salarios como eje central de una política de devaluación interna y de transferencia de rentas a las empresas con el fin de que recuperaran sus beneficios, su nivel de retribución a los accionistas y que se desendeudaran. Pero la reforma de 2012 tiene, además, un profundo sesgo ideológico que ahora el TC ha interpretado a la perfección. Se trata de reforzar el poder autoritario del empresariado y debilitar cualquier elemento de contrapoder: la acción sindical, la negociación colectiva o la propia norma legal que, como he he dicho, se hace subalterna de la política económica. Por ejemplo, estamos conociendo procesos de deslocalización de empresas desde España a otros países. Las multinacionales, cuando tienen que evaluar los pros y los contras para invertir o desinvertir, se encuentran con que España es un “chollo” jurídico porque con un buen equipo de abogados que eviten la nulidad, los expedientes de extinción apenas encuentran filtros políticos o administrativos. La propia autoridad laboral confiesa que tiene las manos atadas porque la reforma lo ha hecho posible. 

Según el color del gobierno que salga elegido el 10N, ¿puede incrementarse esa “comodidad” fiscal para las empresas?

Sí, prevemos una ofensiva en esta dirección y la muestra está en la Comunidad de Madrid, que está actuando de liebre con un planteamiento de populismo fiscal basado en la creación de una especie de agujero negro en la recaudación que atraiga empresas de otros territorios –letal para la España vaciada, dicho sea de paso- y que de consolidarse nos convertirá en un destino low cost y sin futuro. Es inaudito que en un país como España donde el tipo efectivo en el impuesto de sociedades es del 10,5%, para los grupos bancarios, las constructoras y las inmobiliarias sea del 2,8 y el 3,5%. ¿Alguien puede defender que el eje central de la política económica puede ser desfiscalizar a las empresas? Hay quien pone como ejemplo virtuoso a Irlanda, que es un paraíso fiscal que contribuye a quitar decenas de miles de millones de euros cada año al conjunto de los europeos. Es una política de clase disparatada, nefasta para la mayoría social y desastrosa para el futuro del país que afrontará los retos demográficos y de envejecimiento poblacional, la transición ecológica y energética, y el proceso de digitalización con una presión fiscal siete puntos PIB inferior a la media europea, es decir, 90 mil millones al año. Y ahí está la hornada de dirigentes de las distintas derechas jugando a aprendices de brujo con la Curva de Laffer y la homeopatía fiscal del neoliberalismo más dogmático. Es tremendo.

Se trata de reforzar el poder autoritario del empresariado y debilitar cualquier elemento de contrapoder

¿Ve a la izquierda capacitada para confrontar a la derecha en el terreno económico?

La derecha en España tiene un discurso en las áreas socioeconómicas mucho más ideológico que las izquierdas. Hacen una defensa de la bajada de impuestos incluso aunque sea irracional desde el punto de vista económico. Incluso aunque sepan que no van a poderlo hacer. Es populismo fiscal, que en el caso de Ciudadanos llega al paroxismo y en el de Vox alcanza el esperpento, pero que ayuda a conformar una mentalidad. Ahí la izquierda debe dar una batalla mucho más potente. La frase acuñada por la derecha de que el mejor lugar donde está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos la compra la mayoría de la gente.

También aquellos con menos recursos

Y son los que más necesitan un nivel de recaudación fuerte y un nivel de inversión y gasto social potente. Hay que contraponer ese discurso hegemónico. Es decir, hay que tener el valor de decirle a una persona que cobra 800 euros al mes que tener 3 euros más a fin de mes porque le han eliminado el IRPF va a acabar afectando a la sanidad pública, a la educación pública y a las pensiones que son la que necesita él. Al que gana 5.000 euros le da igual tener un estado raquítico porque esos servicios los encuentra en el sector privado. Esta pedagogía hay que hacerla porque la derecha ha hecho bandera de todo esto.

La derecha en España tiene un discurso en las áreas socioeconómicas mucho más ideológico que las izquierdas

El empresariado español ha celebrado la sentencia del TC. ¿Piensa más en los beneficios para sus accionistas que en el equilibrio social?

A veces pienso que necesitaríamos una reforma empresarial más que una laboral. Tenemos un perfil del empresariado manifiestamente mejorable. El empresariado español ha aprovechado la coyuntura laboral, y especialmente la depresión salarial sufrida entre 2010 y finales de 2018, para mejorar sus beneficios y sus excedentes, para incrementar la retribución a sus accionistas y bajar su nivel de endeudamiento. Hoy, reparten más dividendos y tienen menos deuda que antes de la crisis. Sin embargo, creo que este modelo no beneficia a todas por igual sino más a las peores. Me explico: aquella empresa que aspire a competir de verdad en un mundo globalizado deberá apostar por la formación permanente, la cualificación de sus trabajadores y la productividad por la vía de la mejora en el modo de trabajar. Y para ello necesita de un modelo de relaciones laborales fuerte y no el que sólo favorece a quien firma convenios colectivos a la baja y paga salarios de miseria. Es decir, el empresariado serio y responsable debería estar interesado también en corregir esos aspectos de la reforma laboral. Pero el perfil del empresario triunfador en España aparece ligado muchas veces a actividades que generan muy poco valor, muy relacionado con planes urbanísticos o en cómo se subcontratan actividades que caen del sector público. 

¿Puede estar ahí el obstáculo que ha impedido al Gobierno hacer cambios en la reforma laboral? 

Nosotros, que somos partidarios de los acuerdos pactados con la patronal porque siempre serán más perdurables, insistimos en que negociar sí pero otorgar derecho de veto a CEOE no. Se tenía que haber apostado por corregir la reforma laboral, incluso aunque los números en el Congreso de los Diputados anduvieran justos, entre otras cosas para que CEOE no interprete que tiene derecho a veto, porque de esa forma no vamos a llegar a ningún acuerdo. Y hay reformas estratégicas urgentes, las que tienen que ver con la digitalización, la formación profesional o la transición energética, que deben acometerse con un amplio consenso.

aquella empresa que aspire a competir de verdad en un mundo globalizado deberá apostar por la formación permanente, la cualificación de sus trabajadores y la productividad por la vía de la mejora en el modo de trabajar

Y este desafío neoliberal, ¿no sitúa también al sindicalismo frente al espejo?

Lo que ha hecho el sindicalismo, básicamente, es ir acomodando sus formas de negociación colectiva y de organización a una realidad que ha mutado en tres décadas de una forma brutal. Como te digo, lo que se está produciendo es un gran cambio del modelo de empresa, que ya no son esos enormes conglomerados industriales donde la mayoría de los trabajadores encontraban, de manera relativamente sencilla, la identidad de clase. Hoy funcionan en red, en cadenas de subcontratación y han encontrado fórmulas para externalizar los riesgos. Llevamos tres o cuatro décadas de una hegemonía del pensamiento neoliberal que ha provocado que la mayoría de la población se interprete a sí misma en claves muy individualistas, también en el mundo del trabajo. Pero el sindicalismo continúa siendo un elemento de reorganización y de resignificación de esas nuevas realidades para la clase trabajadora. Y su función es la de generar vínculos de interés colectivo entre personas que están en situaciones muy distintas. No es lo mismo un trabajador que lleva 25 años en una empresa automovilística que un empleado público, un rider o el operario que está en la tercera cadena de subcontratación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que ser útiles en todas las situaciones y tratar de ligar el interés de clase. Para hacerlo debemos estar muy cerca de la gente y seguir luchando por una negociación colectiva que implique situaciones tan variadas. 

Pero la capacidad de influencia del sindicalismo parece haber disminuido. Alguno de los nuevos políticos de izquierda minimizan su histórico papel vertebrador.

Yo creo que no ha disminuido. A veces falta un poco de visión comparada de cómo son las relaciones laborales en España, en Europa y, me atrevo a decir, que hasta en el mundo. Muchos se sorprenderían si supieran que uno de los países donde los convenios colectivos protegen a un mayor porcentaje de trabajadores es España. Aquí, más del 80% de las personas que trabaja siguen teniendo un convenio colectivo de referencia. Y eso, pese a la reforma laboral.

Llevamos tres o cuatro décadas de una hegemonía del pensamiento neoliberal que ha provocado que la mayoría de la población se interprete así misma en claves muy individualistas, también en el mundo del trabajo

En un país donde la cifra de desempleo ha llegado al 26%, la desigualdad es altísima y sufre un paro endémico, ¿cómo se encara una negociación laboral?

El paro mete miedo y también disciplina. Vivimos una situación de extrema dificultad y una cierta debilidad por los efectos de la reforma laboral. Eso nos ha obligado a hacer sindicalismo en las condiciones más adversas que se podían pensar, lo que no quiere decir que no estemos reconstruyendo cosas. Tan importante es tener conciencia crítica sobre lo que pasa como poner en valor lo que se hace. Que ahora mismo los salarios estén creciendo en el 2,31% significa que estamos incrementando la masa salarial. ¿Y por qué crecen? Porque previamente logramos que no desaparecieran los convenios colectivos. Más de la mitad de la clase trabajadora española vive una situación laboral de extrema precariedad. Por eso digo que organizar todas esas situaciones es terriblemente complicado pero, al mismo tiempo, es nuestro reto: Estamos obligados a adaptar nuevos procedimientos organizativos y nuevas formas de trabajar.

En las últimas semanas, el PSOE ha suavizado su posición crítica con la reforma laboral de 2012. De la derogación ha pasado a la corrección de ciertos artículos. ¿Teme que si Pedro Sánchez llega a la presidencia termine asumiéndola en su totalidad?

Desde que el PSOE está en el gobierno no ha mostrado la voluntad política necesaria, ni tampoco la valentía, de modificar los aspectos centrales de la reforma laboral. Es verdad que llevamos años de inestabilidad, con elecciones muy seguidas, etc, pero no vale escudarse permanentemente en esa falta de mayoría parlamentaria. Nosotros somos conscientes de que trastear el apoyo necesario para derogar la ley era complicado, porque dependía de grupos como el PdeCat que habría que ver cómo hubiera votado, pero creemos que muchos elementos cruciales de la reforma se podían haber revocado y el gobierno no se atrevió a hacerlo pese a tener un preacuerdo cerrado con CCOO y UGT. Para nosotros, la corrección en profundidad de esa norma sigue siendo el punto número 1 de la agenda para la próxima legislatura. 

Más de la mitad de la clase trabajadora española vive una situación laboral de extrema precariedad

¿Se conformarían con una corrección del articulado más lesivo o seguirán exigiendo su completa derogación?

Nosotros pedimos su derogación integral pero también decimos que hay determinadas partes que hay que eliminarlas de forma inmediata mientras que otras se pueden superar por la vía de una negociación sobre el nuevo estatuto de los trabajadores. Por poner un ejemplo concreto: La prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial que puede afectar a la disminución de los salarios hay que derogarlo sí o sí. Sin embargo, las causas de despido o la precarización en la contratación se pueden suprimir por elevación haciendo una norma mejor. 

Pero Pedro Sánchez ya ha dicho que ante el riesgo de ralentización económica preservará la flexibilidad del mercado laboral. Y los datos indican que la temporalidad en España no reportan suficientes ingresos a las familias para salir de la precariedad.

Es que ahora mismo España no necesita leyes laborales aprobadas durante un periodo de crisis, la que hubo entre 2010 y 2016. Eso no lo digo yo ni CCOO. Lo dice el propio Gobierno en funciones, que ha mandado un plan económico a Bruselas donde explica que el 90% del crecimiento del país para 2020 va a depender de la demanda interna, es decir, de los salarios, de las pensiones y de las prestaciones sociales, básicamente. La solución, entonces, parece clara: garantizar que los salarios sigan subiendo en España lo que depende, en gran parte, de la corrección y derogación de la reforma laboral. Creo sinceramente que si el PSOE trabaja sobre la idea del riesgo de crisis para no tocar la ley puede terminar construyendo un discurso económico que va a favorecer las posiciones de la derecha, porque te acabas moviendo en su marco conceptual de que la eficiencia económica es igual a reforma laboral y precarización del empleo como mal menor. Nosotros decimos que hay que corregir la reforma laboral por justicia y por eficacia económica.

Desde que el PSOE está en el gobierno no ha mostrado la voluntad política necesaria, ni tampoco la valentía, de modificar los aspectos centrales de la reforma laboral

¿Cree que las propuestas económicas que Unidas Podemos (UP) presentó al PSOE para formar un gobierno de coalición eran asumibles?

Asumibles en su literalidad por el PSOE no lo sé porque son partidos distintos pero sí podían haber servido para alcanzar una síntesis programática perfectamente razonable para abrir un proceso de negociación. No me cabe la menor duda. Había diferencias pero las propuestas de UP, por mucho que algunos las hayan intentado demonizar, son equiparables a las de un partido socialdemócrata de hace dos décadas. Creo que una política redistributiva más ambiciosa, una recuperación de la inversión en servicios públicos, una política laboral distinta y una estrategia para la transición ecológica y digital es la base de la negociación para un programa de gobierno más o menos compartido. Pero un acuerdo de esta magnitud no se logra en tres horas.

¿Considera posible un acuerdo entre UP y PSOE tras las elecciones del domingo?

Nosotros nunca apostamos por una fórmula determinada de gobierno porque no nos incumbe pero sí por un acuerdo de carácter progresista, con coalición o sin ella. A partir de ahí, con lo que ha ocurrido, va a dificultar muchísimo que se recomponga un diálogo más o menos leal entre estas dos organizaciones. Pero, sinceramente, ese tampoco es el problema. Es que si los números dan para conformar una mayoría progresista están obligados a intentarlo. 

las propuestas de UP, por mucho que algunos las hayan intentado demonizar, son equiparables a las de un partido socialdemócrata de hace dos décadas

¿Qué propuesta le ha espantado más en esta campaña?

Pues que los tres partidos de la derecha estén compitiendo por una bajada generalizada de impuestos en un país como España, que tiene una recaudación fiscal 7 puntos de PIB inferior a la media de la Unión Europea. Es que con ese planteamiento programático nos meten en un deterioro brutal del modelo social o nos quiebran. Es que no hay vuelta de hoja. Para un país que tiene el 100% de PIB en deuda pública y 7 puntos de recaudación menos, que son 90.000 millones de euros al año inferior a la media europea, ir a una bajada generalizada de impuestos como quiere hacer el PP en Madrid es llevarnos a una situación de riesgo temerario. España no puede volver a un proceso de devaluación interna ni a una pérdida de peso de los servicios públicos porque puede arrastrar a la ciudadanía a una desafección de lo político y lo colectivo muy peligroso.