Uno de los aspectos más dolorosos e irritantes que está viviendo el deporte en los últimos años es su utilización por parte de países donde los derechos humanos brillan por su ausencia. A base de gastar mucho dinero logran organizar grandes competiciones con las que intentan maquillar su reputación y dar una falsa sensación de modernidad y aperturismo. Son pocos los organismos que se resisten a anteponer la dignidad al beneficio económico. La Federación Española de Fútbol no está entre ellos. El ente que preside Luis Rubiales ha preferido coger los 120 millones que le ha prometido Arabia Saudí por organizar en ese país la Supercopa de España durante los próximos tres años antes que anteponer los valores que él mismo se comprometió a defender hace apenas un año.

la única defensa que presenta Rubiales es que ha conseguido sacar de las autoridades saudíes la promesa de que las mujeres que vayan desde España no sufrirán la segregación por sexo en el estadio

El pasado mes de octubre de 2018, Rubiales presentó en Málaga el decálogo de intenciones que debían regir la actuación de los órganos de gobierno de la federación y la conducta de los hombres y mujeres que la integran. En una nota de prensa emitida por la misma institución, se hacía referencia a “su voluntad de liderar la lucha contra la discriminación, la xenofobia y el racismo desde el deporte y defender y proteger a la mujer y a los menores en el fútbol”. Díganme si este muestrario de deseos es compatible con vender un torneo oficial organizado por la entidad que preside a un país como Arabia Saudí, donde existe discriminación hacia las mujeres, que no pueden casarse, trabajar o estudiar sin el permiso de un hombre, donde hay restricciones a la libertad de expresión, donde la homosexualidad y el ateísmo son ilegales y donde se sigue recurriendo a la tortura y a la pena de muerte para reprimir la disidencia de la ciudadanía. 

El pasado mes de marzo, en un hecho sin precedentes en la historia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 36 países condenaron la situación de Arabia Saudí, denunciando “los continuos arrestos y detenciones arbitrarias de defensores de los derechos humanos en el reino, incluyendo las activistas de los derechos de la mujer”. El Informe Global sobre la Brecha de Género de 2018, elaborado por el Foro Económico Mundial, y que ofrece una imagen sobre el estado de los derechos de las mujeres en términos de política, economía y educación, coloca a Arabia Saudí en la posición 141 de un total de 149 países. 

Ante todas estas cuestiones, la única defensa que presenta Rubiales es que ha conseguido sacar de las autoridades saudíes la promesa de que las mujeres que vayan desde España no sufrirán la segregación por sexo en el estadio que habitualmente padecen las aficionadas locales, obligadas a estar en zonas exclusivamente para ellas. Pongan en una balanza ese argumento frente a la falta de derechos que sufre el país y a ver hacia dónde se inclina. Pretender hacer creer a la opinión pública, como ha hecho Rubiales, que llevando el torneo a Arabia Saudí “se van a beneficiar las mujeres y los hombres que viven allí” y que va a servir “para transformar el país” es una ingenuidad que la realidad se encarga de desmentir. Un vídeo promocional emitido por la agencia de seguridad de Arabia Saudí el pasado 11 de noviembre (el mismo día que el príncipe Abdulaziz Bin Turki Alfaisal y ministro de Deportes saudí presentaba en Madrid la Supercopa junto a Rubiales, defendiendo la transformación de su país), clasifica el feminismo, la homosexualidad y el ateísmo como “ideas extremistas”. En la grabación también se aseguraba que “todas las formas de extremismo y perversión son inaceptables”. Según la ley saudí, quienes pertenezcan a grupos clasificados como organizaciones extremistas pueden ser llevados a prisión. 

A Rubiales le ha dado lo mismo que la UEFA haya recomendado a sus 55 asociados que no jueguen en países donde no se respeten los derechos básicos de las mujeres; que organizaciones como Amnistía Internacional hayan denunciado la falta de libertades que existen en el país; que el Gobierno mostrara su malestar “ya que nosotros defendemos la igualdad de las mujeres y los hombres y llevamos en nuestro programa la igualdad de género”, como señaló la ministra portavoz, Isabel Celaá; que asociaciones de aficionados como FASFE y AFEPE se hayan mostrado en contra de la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí ya que impide que la mayoría de los seguidores puedan animar a sus equipos desde la grada; y que hasta la televisión pública española, TVE, se haya negado a pujar por los derechos de retransmisión de la Supercopa  “por ser un país donde se vulneran a diario los derechos humanos, especialmente los de las mujeres, teniendo a la mitad de su población sometida a un régimen autoritario y casi medieval” (Mediaset y Atresmedia también han anunciado que no les interesa el torneo en las condiciones económicas actuales, lo que deja en interrogantes su retransmisión). Antes que todo esto están los 120 millones “porque esta era una competición deficitaria y con el modelo anterior estaba abocada a la muerte”. La Federación tenía ofertas económicas similares de otros países, pero se decidió por Arabia porque el viaje en avión desde España es más corto y porque la diferencia horaria no es excesiva (comparándolo, por ejemplo, con Estados Unidos).

el torneo se celebre finalmente en la ciudad de Yeda del 8 al 12 de enero, donde además del Barcelona como campeón de Liga y el Valencia como campeón de Copa, también participarán el Atlético de Madrid y el Real Madrid

En que el torneo se celebre finalmente en la ciudad de Yeda del 8 al 12 de enero, donde además del Barcelona como campeón de Liga y el Valencia como campeón de Copa, también participarán el Atlético de Madrid y el Real Madrid como segundo y tercer clasificados en la Liga (y semifinalista de Copa en el caso de los merengues), en un nuevo formato que ha creado polémica por la presencia de dos equipos que no han sido campeones de los torneos nacionales y cuya única justificación (no oficial) es la de engordar el torneo para obtener mayor rédito económico, no conviene dejar de lado la responsabilidad que han tenido los clubes. Podían haberse negado a ir a Arabia Saudí, pero han cedido ante la tentación del dinero a percibir. De los algo más de 40 millones anuales pactados, la mitad se la llevan ellos bajo el siguiente reparto: Real Madrid y Barcelona tienen un fijo de salida de 6.800.000; el Atlético de 4 millones y el Valencia de 2,5 (lo cual ha enfadado a los dirigentes valencianistas, que se han acogido a una comisión de arbitraje que tiene que decidir lo que debe percibir). Además, el campeón del torneo obtendrá 2 millones y el finalista 1,4. En total, 23.5 millones para los equipos y el resto del dinero para la Federación que, según su presidente, se destinará al fútbol modesto y al femenino, un destino muy loable sino fuera porque viene de donde viene.

Rubiales, que tiene abiertos varios frentes conflictivos en su gestión, podrá decir, y con razón, que lo mismo que hace él lo hacen otros y en asuntos de más calado. Ya sabemos que España le vende armas a Arabia Saudí y que muchas empresas hacen negocios con la monarquía saudí. Pero eso no debe ser un atenuante. En vez de coger el ejemplo negativo podía haber hecho como la federación alemana, cuyo presidente, Fritz Keller, ha anunciado que no mandará a ningún equipo “a países donde los derechos de la mujer estén discriminados. Hay valores que no son negociables para nosotros y uno de ellos es los derechos de las mujeres”. Un mensaje tan claro y contundente como la conclusión a la que llega Vero Boquete, una de las mejores futbolistas españolas de la historia: “se debe buscar la manera de castigar al opresor, al que hace las cosas mal. Por desgracia, estamos haciendo lo contrario”.