Catorce meses, ocho más de los que marca la normativa vigente. Este es el tiempo que tienen que esperar, de media, las personas dependientes para ser atendidas por las administraciones públicas en España. Así lo acreditan los datos del IMSERSO de este año, recopilados y publicados recientemente por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.

Estas interminables listas de espera se traducen en 423.000 personas –la mitad de ellas localizadas en Cataluña y Andalucía– que, a cierre de 2019, todavía esperan la resolución de algún procedimiento para acceder a las prestaciones o servicios reconocidos en el sistema de dependencia. La cifra, según la plataforma, es un 10% más alta que la que se registró durante el año pasado. Al mismo tiempo, es la primera vez desde 2016 que aumenta el número de personas a la espera de conseguir los servicios de atención pese a tener su derecho reconocido. 

es la primera vez desde 2016 que aumenta el número de personas a la espera de conseguir los servicios de atención pese a tener su derecho reconocido.  

Como consecuencia de estas cifras –426 días de espera de media– y de la penosa situación del sistema de dependencia, el documento de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales calcula que solo en 2019 cerca de 31.000 personas fallecieron sin poder acceder a los servicios de atención o a las prestaciones establecidas por ley en el año 2006.

Otros efectos muy negativos tienen que ver con el deterioro que sufre la salud de las personas dependientes durante el tiempo de demora –más de la mitad de los solicitantes tienen más de 80 años–, y con las cargas familiares que generan los cuidados que no son cubiertos por las instituciones. Un trabajo muchas veces no reconocido ni remunerado y que asumen, hasta en un 75% de los casos, las mujeres.

Los datos del IMSERSO también revelan la enorme desigualdad territorial que existe en los tiempos de espera que tienen que sufrir las personas dependientes para acceder a los servicios. Solo dos Comunidades, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cumplen con los plazos estipulados en la ley y que sitúan la resolución de procedimientos en un máximo de 6 meses: País Vasco y Navarra.

Valencia y Cataluña superan los 500 días de lista de espera; Andalucía y Extremadura los 600; y en Canarias la demora se extiende por encima de los dos años

Junto a ellas, hasta siete comunidades alargan entre seis meses y un año el tiempo que tienen que esperar las personas dependientes para acceder a los servicios o prestaciones sociales. 

En los casos más extremos, Valencia y Cataluña superan los 500 días de lista de espera; Andalucía y Extremadura los 600; y en Canarias la demora se extiende por encima de los dos años hasta los 785 días. 

Según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, los recortes y la falta de presupuesto son, junto con la enrevesada burocracia que envuelve los distintos procedimientos, el principal motivo que ha llevado a esta calamitosa situación de los servicios sociales asociados a la dependencia en España.

Tanto es así que, según la plataforma, la atención configurada en la ley de hace 13 años no se puede considerar como una solución o mejora para la vida de la población, sino como mucho como un apoyo parcial y esporádico. Algunas cifras sobre las prestaciones y servicios concretos así lo confirman: las ayudas económicas por cuidados familiares apenas llegan, de media, a los 250 euros al mes. Las vinculadas a la adquisición de un plaza para atención en una residencia se quedan en 550 euros. Por último, la intensidad horaria de la ayuda a domicilio para una persona con un grado de dependencia III – el más alto– es de solo 2,5 horas diarias de lunes a viernes.