Falsos mitos con fundamentos racistas y xenófobos. Los mensajes antimigratiorios, empaquetados en reivindicaciones sociales o de sostenibilidad, sobrevuelan desde hace tiempo las instituciones de España y el resto de Europa. Frente a estas retóricas falaces, decenas de estudios e investigaciones llevan tiempo confirmando la importancia de la migración para el desarrollo económico y social de España, incluida la capacidad recaudadora de nuestro sistema fiscal. Así lo corroboran, por enésima vez, los datos que ha recopilado el sindicato UGT recientemente, donde se señala que sin la participación de la población migrante la Seguridad Social de nuestro país ingresaría hasta un 10% en concepto de cotizaciones cada año.

Según el sindicato, esto significaría unos problemas tremendos no solo a niveles impositivos, sino también de empleo, de crecimiento poblacional o de consumo interno. Sin la aportación de los trabajadores foráneos –nacidos en el extranjero tengan la nacionalidad o no–, solo la recaudación por IRPF habría descendido un 4,5% sus ingresos en 2018, pasando de casi 83.000 millones de euros a poco más de 78.000. 

Unas cifras igual de abultadas a las que arrojan las mediciones sobre la contribución que realiza la población migrante al consumo interno de bienes y servicios. Durante el año pasado, las viviendas encabezadas por una persona nacida en el extranjero acometieron el 9,2% de los gastos totales que realizaron los hogares en España.  

Por otro lado, UGT también destaca la importante aportación de la población migrante a nivel demográfico, más aún cuando el país arrastra desde hace lustros problemas acuciantes de envejecimiento y natalidad que repercuten directamente en la sostenibilidad del sistema de bienestar, con especial mención al caso de las pensiones. Sin la contribución de la población foránea, España apenas habría aumentado su número de habitantes en 1 millón durante los últimos 20 años. 

Esto no solo supondría encontrarse con un país más envejecido, con una de cada cinco personas por encima de los 65 años, sino que la población activa que hoy sería 3,8 millones más pequeña de lo que es efectivamente. Es decir, nos encontraríamos con fuerza laboral un 16% más pequeña. 

Recientemente, una encuesta elaborada por la Comunidad de Madrid también ha corroborado la importancia de la migración para el desarrollo económico y laboral de la región, lo que de nuevo desmonta gran parte de las falsedades sobre el expolio del sistema de bienestar por parte de los migrantes. Hasta un 72% de la población foránea empadronada en Madrid está trabajando, y la mitad lo hace con un un contrato indefinido. 

Junto a ellos, un 9% de las personas nacidas en el extranjero se encuentra cursando algún estudio en la Comunidad de Madrid, mientras que la tasa de paro en este grupo asciende al 15%, prácticamente el mismo porcentaje que el conjunto del país. El número de trabajadores por cada hogar encabezado por una persona extranjera, además, ha crecido durante los últimos años, pasando de 1,9 en 2016 a 2,2 en 2019.

Por si fuera poco, todas estas cifras sobre la importante contribución de las personas extranjeras no responden a una tendencia exclusivamente asociada a los ciclos crecientes de la economía. En 2011, con la crisis en plena fase de implosión, una investigación del La Caixa concluía que la población migrante aportaba más a la hacienda pública y el Estado de bienestar y de lo que recibían de él.