A principios de abril de 2018 las fuerzas gubernamentales sirias estaban concluyendo la operación de cerco para retomar el control de la zona de Guta oriental, en los suburbios de Damasco. Controlada por el grupo Jaish al Islam, el área estaba a punto de rendirse. Fue entonces cuando Jaish al Islam denunció que el lugar había sido objeto de un ataque con armas químicas a manos de las fuerzas gubernamentales el 7 de abril. Dos presuntas organizaciones no gubernamentales, los White Helmets (Cascos blancos) y la Syrian-American Medical Society, se encargaron de aportar el grueso de las supuestas pruebas.

Scott Ritter, uno de los mayores expertos internacionales en control e inspección de armas (entre 1991 y 1998 fue el inspector jefe de la misión de la ONU que buscaba las armas de Sadam Hussein en Irak), define como “más bien propaganda anti-régimen” la labor de ambas organizaciones, formadas y financiadas por potencias occidentales en Siria. Afirmaban que se había producido un ataque químico desde aviones gubernamentales sirios que produjo 43 víctimas civiles. Videos con niños echando espuma por la boca se divulgaron profusamente. “El ataque representa una escalada significativa en el uso de armas químicas por ese régimen terrible”, dijo Trump. Sin mediar investigación, fuerzas americanas, francesas y británicas bombardearon la noche del 13 al 14 de abril diversas infraestructuras sirias.

En agosto de 2013, el escenario fue parecido, en el mismo lugar: un ataque atribuido al gobierno sirio que dejó 200 muertos, pocos días después de que el entonces presidente Obama declarase el uso de armas químicas como la “línea roja” que determinaría su intervención militar en Siria.

Entre 2013 y 2018, grandes medios de comunicación occidentales han informado de por lo menos dos centenares de ataques con sustancias químicas en Siria atribuidos a los gubernamentales. Los mismos medios han informado periódicamente de graves éxodos humanos y perjuicios a la población civil cuando las tropas gubernamentales, ayudadas por rusos e iraníes, conseguían avances militares. Sucedió con Alepo y ahora se repite en Idleb. Sin embargo, cuando eran las tropas yihadistas, apoyadas por los estados del Golfo y los servicios de inteligencia occidentales, o directamente en los casos de grandes ofensivas de las tropas de Estados Unidos, como en Mosul, esos mismos éxodos y desastres humanitarios con civiles no eran noticia. Es una conducta típica de la propaganda en todas las guerras.

Los documentos dejan claro que la mayoría de los autores del informe final “nunca estuvieron en Siria” y que hasta el mismo director de la OPAQ se declaró en desacuerdo con esos documentos

Esta propaganda se convierte en desvergüenza cuando se suceden los indicios de una escenificación en toda regla y los medios de comunicación mantienen un silencio total al respecto. Ese ha sido precisamente el caso de la serie de filtraciones de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) divulgadas este diciembre por WikiLeaks.

Las filtraciones aireadas por el portal que fundó Julian Assange, escandalosamente encarcelado preventivamente en una cárcel de alta seguridad inglesa a la espera de un proceso de extradición a Estados Unidos tras una década de persecución y hostigamiento que culminará en febrero, demuestran claramente que los informes que la OPAQ elaboró sobre el ataque de Guta Oriental de abril de 2018 fueron manipulados, omitieron aspectos fundamentales y contienen contradicciones mayores con el fin de ofrecer la impresión de que la agencia culpaba efectivamente al régimen sirio de los ataques del 7 de abril.

Las filtraciones exponen que en la modificación del informe de expertos se eliminaron datos de una veintena de especialistas que apuntaban el defectuoso manejo de los hechos y cuestionaban abiertamente sus conclusiones. Los documentos de WikiLeaks dejan claro que la mayoría de los autores del informe final “nunca estuvieron en Siria” y que hasta el mismo director general de la OPAQ, Fernando Arias, se declaró en desacuerdo con los documentos elaborados.

En una de sus últimas entregas, WikiLeaks incluía un correo electrónico, fechado el 28 de febrero de 2019, del jefe de gabinete de la OPAQ, el francés Sebastien Braha, personaje con una pésima reputación en la organización con sede en La Haya. En ese correo Braha pedía, poco antes de la publicación del informe final sobre el caso, la “eliminación” de “todo rastro” en los archivos de la organización, del informe del inspector especialista en balística Ian Henderson, que sostenía que los contenedores de la sustancia química hallada en Guta no habían sido arrojados desde aviones sino más bien “colocados” en los emplazamientos donde fueron encontrados. Este y todos los informes que expresaban dudas razonables sobre la versión de lo sucedido que se quería promocionar fueron omitidos y alterados de tal forma que el resultado final, en palabras de uno de los inspectores, “no refleja el trabajo del equipo”.

Las revelaciones han sido suficientemente consistentes como para cuestionar la versión occidental de aquel incidente, así como para cuestionar el trabajo de una agencia internacional manifiestamente manipulada por Estados Unidos y sus aliados. Todo ello era una invitación al escepticismo sobre la serie de doscientos incidentes químicos en la guerra de Siria, más aún cuando la utilización de la mentira para justificar intervenciones militares de Estados Unidos no es una hipótesis aproximada, sino que tiene un abultado, fresco y reciente rastro que la convierte en un hecho incontestable. Pese a todo ello, los medios de comunicación establecidos han mantenido un mutismo total sobre el escándalo de la investigación de lo sucedido en Guta, lo que reafirma su incapacidad estructural para ofrecer una información internacional creíble.