En España, las ayudas económicas destinadas a la infancia no solo son menores que en el resto de Europa. Además, las transferencias sociales se muestran mucho menos eficaces que las de nuestros socios comunitarios a la hora de acabar con la pobreza infantil, incluso en tiempo de bonanza económica. Estas son algunas de las principales conclusiones de un nuevo estudio que analiza la forma en la que se han articulado las políticas públicas orientadas a la infancia en nuestro país durante los últimos años y en dos contextos económicos diferentes: tras el pico de la recesión económica, en 2012, y cuatro años después, cuando el país ya estaba en fase expansiva.

Los resultados de la investigación muestran los escasos cambios que se dieron durante ese periodo: la pobreza infantil creció con el estallido de la crisis y, tras una leve recuperación, vivió otro pico de crecimiento en 2014. A partir de ese momento, y  lejos de mejorar, España no ha sido capaz de recuperar unas cifras que siempre han sido muy elevadas: en 2008, un 27,3% de la población que tenía menos de 18 años estaba en riesgo de pobreza; a cierre de 2017 la cifra se situaba un punto por encima. 

El documento, que firman los investigadores  de la Universidad de Málaga Elena Bárcena y M. Carmen Blanco y Salvador Pérez, atribuye estas elevadas tasas, así como a la ineficacia para rebajarlas, a dos motivos principales: por una lado, a la baja inversión pública que se ha destinado y se sigue destinando a estas partidas sociales. 

Según los datos recopilados en el estudio, en España apenas un 3,3% del gasto en transferencias sociales va a parar al ámbito de la familia, un porcentaje casi seis puntos inferior al de la media del UE. Si se analiza este gasto en relación con el PIB, la situación española es aún peor: ningún país comunitario invierte un porcentaje menor que España en infancia, que solo gasta el 0,5% de su Producto Interior Bruto. 

El segundo motivo que explica el estancamiento de las tasas de exclusión entre los más jóvenes es la propia configuración de las políticas públicas, generalmente de menor cuantía y asociadas a la renta de la población, lo que ha terminado por situar a España entre los países europeos con menor capacidad para reducir la pobreza infantil a través de su catálogo de transferencias sociales.

Esto, señalan los autores, ha ocurrido en parte porque la pobreza infantil se ha relacionado con las tasas de desempleo, ya que los menores que sufren estas condiciones viven habitualmente en hogares con adultos en situación de inestabilidad laboral. Sin embargo, y como se ha podido comprobar tras el inicio de la recuperación económica, la mejora en las tasas de ocupación de los últimos años no ha venido acompañada de una reducción de la pobreza infantil, sino más bien al contrario: en España, las transferencias familiares y de infancia han respondido mucho peor que las de desempleo a los ciclos económicos.

Ante esto, los cálculos recogidos en el estudio sugieren que concentrar las transferencias sociales en políticas concretas para la infancia reduce hasta tres veces más el riesgo de pobreza infantil que usando transferencias generales asociadas a la renta. Y lo que es más importante: usando como referencia la encuesta sobre ingresos y condiciones de vida de la Unión Europea de los años 2012 y 2016, lo hacen de manera independiente a las fluctuaciones de la economía.

Según los autores, mejorar el impacto de las políticas públicas destinadas a la infancia no se limita al bienestar más inmediato de los menores. Los niños que crecen en ambientes menos favorecidos muestran peores resultados académicos, y los efectos de la pobreza se extienden incluso a la vida adulta, con peores índices de salud y menores niveles de renta.

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Este artículo ha sido elaborado a partir de lo expuesto en el texto Las transferencias a la infancia como el mejor método para luchar contra la pobreza infantil, Elena Bárcena, M. Carmen Blanco y Salvador Pérez, de la Universidad de Málaga, publicado en el Observatorio Social de “la Caixa”.