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El enfoque de sostenibilidad de la vida de la economía feminista plantea que economía son todos los procesos sociales que sostienen las vidas dignas de las personas y una relación sostenible con la naturaleza, ya sea en el mercado laboral o fuera del mismo, con trabajo remunerado o no.

Los recortes sociales provocados por la crisis del sistema capitalista han profundizado la división sexual del trabajo, condenándonos a la discriminación laboral: trabajos precarios, peor pagados, no remunerados, invisibles e ilegales. Además, esta crisis ha afectado a los espacios donde se resuelve la vida a través de trabajos de cuidados: los hogares, las escuelas infantiles, los centros escolares, los centros de salud, los centros de día para personas mayores, etc. 

Los cuidados

– En el ámbito familiar sigue sin haber redistribución de los cuidados, los hombres siguen si corresponsabilizarse del trabajo. Cuando hay cierto reparto, las mujeres seguimos siendo las responsables de los mismos. Queremos que se visibilice y reconozca el valor y dignidad del trabajo doméstico y de cuidados; se asuma la corresponsabilidad social, de todos y todas, de la sociedad y del Estado.

– El Estado no se responsabiliza de garantizar que haya servicios y recursos de cuidados, públicos y dotados con la  financiación adecuada. Además, no regulariza la situación de las mujeres que realizan los trabajos de cuidados, no reconoce el valor social de los millones de horas que invertimos en el trabajo de cuidados no remunerados y no promueve la educación en una ética de los cuidados y los derechos.

– La insuficiencia y la falta de aplicación de la ya limitada “ley de dependencia” desatiende el derecho de las personas que necesitan cuidados específicos, o aquellos cuidados que se requieren para actividades básicas de la vida diaria, a recibir una atención de calidad. Cuando no se cubre, somos las mujeres quienes suplimos los servicios públicos, forzando a que muchas mujeres tengamos que renunciar a nuestros proyectos y deseos.

– Este reparto injusto de los trabajos de cuidados tiene como resultado el aumento de la carga de trabajo que soportamos las mujeres hasta límites insoportables, que tengamos dobles y triples jornadas de trabajo que minan nuestros tiempos personales, nuestra vida, salud y nuestros derechos a la protección social. Queremos lograr un modelo económico nuevo que no se base en la división sexual del trabajo, que sea social y ambientalmente sostenible y que defienda a las personas frente a la acumulación de capital y los beneficios del mercado.

– Cuando realizamos estos trabajos en el mercado laboral lo hacemos en condiciones de explotación y precariedad, llegamos incluso a la trata de mujeres con fines de explotación laboral, como está sucediendo en casos de trabajadoras de hogar en el ámbito doméstico. Todo esto supone que una mayoría de mujeres en este sector laboral no adquiramos el derecho a una pensión contributiva digna, llegando a la vejez en situación de dependencia económica, de precariedad y pobreza. Queremos que cuando los trabajos domésticos y de cuidados salen al mercado, se garanticen los derechos y condiciones laborales justas para quienes los realizamos.

– A las trabajadoras de hogar no se nos reconoce ni la importancia, ni la dignidad de nuestro trabajo ni nuestros derechos laborales. Siendo en la gran mayoría mujeres migrantes, formamos parte de la cadena global de cuidados. Se transfiere el trabajo de cuidados de unos hogares a otros en base a ejes de poder como el género, la etnia, la clase y el lugar de procedencia.

– Queremos que las mujeres migrantes dejemos de ser consideradas solo como cuidadoras sin derechos. Que las trabajadoras de hogar tengamos condiciones laborales justas, tal como venimos exigiendo, que se ratifique con carácter de urgencia el Convenio 189 de la OIT que reconoce los derechos laborales de las trabajadoras y que se derogue la “enmienda 6777” que retrasa hasta 2024 nuestra integración en el Régimen General de la Seguridad.

Las mujeres rurales asumimos el trabajo de cuidados agravado por la falta de servicios médicos, de transporte público o de acceso a actividades complementarias que faciliten la corresponsabilidad en el cuidado tanto de niñas y niños como de mayores

– Los recortes, las privatizaciones y el deterioro en los sectores de trabajos de cuidados como son la sanidad, los servicios sociales, la enseñanza o la atención a la dependencia, a las personas mayores y el servicio a domicilio se hacen a costa del trabajo y el tiempo de las mujeres en los hogares y de las condiciones de quienes trabajamos en estos sectores. Son sectores feminizados, donde las mujeres somos mayoría. Queremos que los Gobiernos y las Administraciones Públicas garanticen las condiciones de trabajo dignas en el sector de cuidados, tanto en los centros públicos como en los concertados y privados (ayuda a domicilio, teleasistencia, escuelas infantiles, residencias, centros de día, limpieza de edi cios y locales, etc).

–Muchas mujeres con diversidad funcional que necesitamos cuidados vemos limitada o recortada esta posibilidad por requisitos administrativos. Queremos que las Administraciones Públicas garanticen de forma irrenunciable y prioritaria los servicios públicos y de protección social.

– Las mujeres rurales asumimos el trabajo de cuidados agravado por la falta de servicios médicos, de transporte público o de acceso a actividades complementarias que faciliten la corresponsabilidad en el cuidado tanto de niñas y niños como de mayores, con las dificultades añadidas que implica la falta de cobertura telefónica y de conexión a Internet. Queremos que las Administraciones Públicas garanticen el acceso a servicios básicos (servicios médicos, de transporte, de comunicaciones) en el mundo rural, así como para que se desarrollen planes que permitan la conciliación y se haga efectiva la corresponsabilidad en el cuidado de niños y niñas y de mayores en este contexto de poblaciones masculinizadas y envejecidas.

– La precariedad de nuestras vidas no ha hecho sino aumentar y cada vez más mujeres nos vemos expulsadas de nuestra vivienda por la especulación, la turistificación y la gentrificación en nuestros barrios; siendo la mayoría mujeres mayores, migrantes, jóvenes, racializadas, refugiadas o solicitantes de asilo. 

Lo laboral

– La división sexual del trabajo nos condena a la discriminación laboral: trabajos precarios, peor pagados, no remunerados, invisibles e ilegales. Sufrimos una brecha salarial del 37% que genera precariedad laboral, con mayor incidencia si somos mayores de 45 años. Queremos que se elimine la brecha salarial de género y alcancemos condiciones laborales de contratación, promoción y remuneración dignas –no la equiparación con las condiciones precarias de los hombres–.

– Las mujeres –por nuestra dedicación al entorno familiar y la escasez de recursos públicos– no podemos acceder en igualdad de condiciones a la promoción profesional. Queremos romper con la transmisión generacional de la desigualdad de género, y especialmente con aquella agravada por nuestra procedencia, clase, raza y situación migratoria.

– Hay más de 1.700.000 mujeres en paro. Según la EPA (Encuesta de Población Activa) de 2018 nuestra tasa de desempleo sigue siendo mayor que la de los hombres. Una de cada cuatro mujeres con empleo trabaja a tiempo parcial, con un salario insuficiente para vivir dignamente. Esta situación implica a la larga pensiones más bajas, agravándose en el caso de las pensiones de viudedad. Queremos que en todos los sectores laborales las mujeres adquiramos el derecho a una pensión contributiva digna, que elimine situaciones de dependencia económica, de precariedad y de pobreza en la vejez. Que todas disfrutemos de una vejez digna de ser vivida.

– El desempleo de larga duración tiene rostro de mujer. Deben aumentar las inspecciones de trabajo en los sectores laborales feminizados y con altas tasas de contratación temporal.

– La mayoría de los hogares monomarentales está en riesgo de pobreza. Queremos que se articulen políticas económicas y de apoyo a las familias monomarentales.

– Los sectores laborales feminizados se valoran menos a nivel social y económico, y concentran las tasas más escandalosas de explotación y abuso laboral (industria textil, industria conservera, camareras de piso, trabajadoras de hostelería, etc. Queremos que se implementen protocolos en los entornos laborales en contra del racismo y cualquier tipo de discriminación laboral por nuestra procedencia, situación migratoria, orientación sexual, identidad y/o expresión de género o diversidad funcional.

– A las mujeres migrantes no se nos reconocen nuestras capacidades en el ámbito laboral profesional, siendo “destinadas” a nichos laborales como el trabajo doméstico y el sector de cuidados (ayuda a domicilio, teleasistencia, escuelas infantiles, residencias y centros de día, limpieza de edificios y locales, etc.), es decir, estamos clavadas en el “suelo pegajoso”. Queremos poder decidir en libertad nuestras carreras profesionales.

A la vez que se ensalza la maternidad, el mercado laboral nos penaliza. Nos perjudica a la hora de que nos contraten, de mantener el puesto de trabajo y de promocionar

– La reducción de jornada –que tiene el mismo efecto perjudicial en los salarios, las pensiones, las condiciones de vida y las carreras profesionales– es mayoritariamente elegida por las mujeres por la falta de políticas equitativas de corresponsabilidad y conciliación laboral y familiar.

– A la vez que se ensalza la maternidad, el mercado laboral nos penaliza. Nos perjudica a la hora de que nos contraten, de mantener el puesto de trabajo y de promocionar. Es otra discriminación en el ámbito laboral. Queremos que la maternidad deje de ser un obstáculo para acceder al empleo y la atención a los hijos e hijas sea equitativa, con permisos iguales e intransferibles, tanto para nacimiento como adopción.

– La contratación de migrantes en situación irregular está castigada y con ello se fomenta que no nos hagan contratos, que nos hagan contratos por menos horas de las que realmente trabajamos o tener que asumir tareas que no corresponden al trabajo que realizamos, vulnerando así nuestros derechos laborales. Queremos crear alternativas para las trabajadoras en situación administrativa irregular. Alternativas que luchen contra su exclusión y abuso en el mercado laboral.

– Las jornaleras agrarias migrantes trabajamos en condiciones de extrema explotación, sufrimos acoso laboral y sexual y una total desprotección por parte de las Administraciones Públicas y la justicia. Queremos que se respeten los derechos de las jornaleras y se creen mecanismos de control de los mismos, incluyendo la prohibición de las contrataciones en origen con cláusulas y condiciones abusivas y racistas.

– La normativa laboral y en muchos casos los convenios colectivos no tienen en cuenta las realidades propias de cada colectivo, provocando una mayor precariedad en los mismos y precipitándonos, en muchos casos, a la indigencia. Queremos que se tengan en cuenta la realidad de las condiciones laborales de las personas con diversidad funcional, trans, psiquiatrizadas, migrantes o racializadas.

La ecología y el consumo

– El deterioro y la privatización de recursos esenciales como la energía, el agua, el aire o los alimentos, afecta de forma creciente a buena parte de la población, pero de manera especial a las mujeres, que además de tener vidas más precarias –mayores índices de pobreza y trabajos peor remunerados–, somos las que gestionamos la economía de nuestros hogares. Queremos construir una economía sostenible, justa y solidaria que gestione los recursos naturales de forma pública y comunitaria, que esté en función de las necesidades humanas y no del beneficio capitalista. Lograr el acceso universal a los bienes naturales imprescindibles para vivir y priorizar los derechos comunitarios frente a los intereses privados.

– La privatización de los espacios y los bienes públicos, y la destrucción de las redes comunitarias y vecinales, ponen más difícil nuestra existencia. Queremos defender lo común a través del apoyo mutuo: las organizaciones comunitarias, las relaciones vecinales, la gestión y el diseño participativo o el uso compartido de los bienes y del espacio público.

– La especulación financiera de bancos y empresas privatiza los beneficios y socializa las pérdidas, cargando sobre los hombros de las mujeres las consecuencias de las crisis que genera: precariedad laboral, desmantelamiento de los servicios sociales y cuidados... Queremos construir un modelo de banca social y pública que nos proteja de la especulación y del libre mercado y nos apoye a las mujeres en iniciativas productivas sostenibles.

– Las mujeres del Sur Global sufrimos los efectos colonialistas de los tratados de libre comercio, el extractivismo y los megaproyectos que expolian los recursos locales de comunidades y pueblos y nos despojan de nuestros territorios ancestrales. Lo que nos conduce en muchas ocasiones a la migración y, en otras, nos criminalizan, nos acosan o nos asesinan por la defensa de nuestras tierras. Urge detener los proyectos extractivistas, eliminar los tratados de libre comercio y apoyar a las mujeres defensoras de los derechos humanos y de la tierra, visibilizando su lucha.

– Nos ocultan la gravedad de la crisis energética para seguir permitiendo el lucro de las empresas de energía. El reparto de la creciente escasez de petróleo –y en el futuro de carbón y gas– se está abordando de forma opaca y en función de la clase social, el género y la procedencia, generando un acceso desigual a la energía. Queremos que las mujeres participemos en una transición energética sostenible como respuesta a la crisis de energía y en un reparto justo de los recursos existentes.

– La agricultura y ganadería intensivas, junto con la industria agroalimentaria –todas ellas altamente masculinizadas– nos imponen productos insalubres: transgénicos, pesticidas, abonos químicos...; e impiden el desarrollo de otros modelos agrícolas más saludables y con mayor protagonismo de las mujeres. Queremos construir un sistema agroecológico en el que las mujeres sean protagonistas y que no utilice productos que dañan nuestra salud y la del planeta.

­– Queremos que en los servicios públicos –comedores de colegios, hospitales, centros de día...– se ofrezca una alimentación ecológica y de proximidad respetuosa con el modelo productivo que proponemos desde una economía feminista.