El amplio descontento instalado en la sociedad española desde el estallido de la crisis financiera global en 2008, estimulado por el descrédito general de la clase política y de las instituciones públicas, ha dado paso al cuestionamiento de los paradigmas dominantes y a la denuncia del llamado “régimen del 78”, confirmando así el pronóstico de Santos Juliá cuando señaló que “la representación del pasado cambia a medida que se transforma la experiencia del presente”.

Una de las características de nuestra cultura de discusión pública es la pasión con la que revisitamos nuestro pasado más reciente –en ocasiones no tan reciente, como revelan las vehementes alusiones desde las tribunas independentistas a episodios acontecidos varios siglos atrás–. Bien se trate de la búsqueda de una explicación de origen a las disfuncionalidades actuales, o como modelo de actuación genérico para contextos de depresión del ciclo económico, las reiteradas alusiones a la Transición corren paralelas a cierta amnesia colectiva que impide recordar las excepcionales circunstancias del alumbramiento democrático y la existencia de “zonas grises” en aquello que se dio en llamar la “cultura del pacto”. 

La amenaza de un colapso de la economía sin precedentes como consecuencia de la actual pandemia de coronavirus ha obligado a Pedro Sánchez a intentar una operación de riesgo. En una reciente comparecencia en el Congreso, el presidente anunció por sorpresa la convocatoria de partidos y agentes sociales para impulsar un gran pacto nacional similar al de 1977. Aunque no es esta la primera ocasión en que se dispara la nostalgia, pues son periódicos los llamamientos a reeditar aquel “paradigma mundial de diálogo y convivencia”, como describió el periodista Miguel Ángel Noceda los Pactos de la Moncloa, esta vez la iniciativa gubernamental tiene más visos, por lo menos, de ser tomada en consideración, a pesar de las primeras reacciones contrarias a un acuerdo transversal en los principales partidos de la oposición, las formaciones nacionalistas y algunos Gobiernos autonómicos. 

En lo que respecta a las organizaciones empresariales, será difícil que secunden el plan de un Gobierno en el cual parecen triunfar las recetas económicas del socio de coalición, Podemos

Por el momento, los sindicatos y la patronal se mantienen a la expectativa, esperando conocer los pormenores de este “acuerdo para la reconstrucción económica y social de España”, pero en lo que respecta a las organizaciones empresariales, será difícil que secunden sin reservas el plan de un Gobierno en el cual parecen triunfar las recetas económicas del socio de coalición, Podemos. Aún es pronto para saber qué papel reservan Sánchez e Iglesias a los actores sociales, ni hasta dónde estarán dispuestos a llegar para obtener el plácet de los medios económicos. En este sentido, será interesante conocer la postura de la CEOE y, en especial, de su presidente, Antonio Garamendi. Es una incógnita si el nuevo “patrón de patronos” seguirá los pasos del primer presidente de la entidad, Carlos Ferrer Salat, empresario farmacéutico, miembro fundador del Cercle d'Economia y promotor del partido de los “giscardianos catalanes”, el Centre Català, de corta vida. Como se ha encargado de recordar estos días la prensa, Ferrer Salat cargó con dureza contra los Pactos de 1977 recién estrenado en el puesto. En honor a la verdad, también hubo quienes reaccionaron de manera menos airada en el mundo de los negocios. El Círculo de Empresarios, antagonista en ciertos aspectos de aquella patronal echada al monte, optó por una postura más conciliadora. Volviendo al presente, en los conciliábulos empresariales comienzan a impacientarse con el perfil bajo que exhibe Garamendi desde su elección en noviembre de 2018, un breve mandato que ostenta el dudoso récord de registrar la mayor subida del SMI descontada la inflación desde el inicio de la democracia.

Lo cierto es que existen pocas similitudes entre aquella España postfranquista y preconstitucional y la actual coyuntura, pero no parece que este detalle pueda frenar al actual gabinete de coalición en su idea de resucitar aquel “compromiso histórico” alcanzado por las fuerzas políticas y sociales en octubre de 1977 y cuyo valor parece acrecentarse con el paso del tiempo. Con la rúbrica de los partidos con representación parlamentaria, los Pactos tenían el doble objetivo de asegurar el éxito del reestreno democrático y estabilizar una economía en graves dificultades con el horizonte de la integración en las Comunidades Europeas. Pero, como advirtió el entonces ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, el Programa de Saneamiento y Reforma que contenía el plan económico del acuerdo estaba lejos de constituir “una fórmula milagrosa de curación sin dolor”.

En los conciliábulos empresariales comienzan a impacientarse con el perfil bajo que exhibe Garamendi desde su elección en noviembre de 2018

Aunque es imposible anticipar el recorrido que aguarda al pacto nacional de Sánchez, puede ser útil recordar algunos hechos que sucedieron aquel verano de 1977, cuando el primer gobierno elegido en las urnas daba sus primeros pasos y un grupo de promotores empresariales registraba en el penúltimo día de junio los estatutos y el acta de constitución de la nueva organización cúpula. La unidad en el frente empresarial llegaba tras la fusión de las asociaciones previas y el reparto de cuotas de poder entre sus dirigentes, un prorrateo donde fue decisivo el rol desempeñado por la centenaria patronal catalana, Fomento del Trabajo, presidida entonces por Ferrer Salat y con Alfredo Molinas en la sala de máquinas, hombre clave en el diseño de la intervención empresarial en el sistema político de la Transición. 

A pesar de que el Gobierno ucedista deseaba contar con interlocutores libres y representativos de los grupos de interés, la idea de un gran pacto social terminó por ser descartada. El profesor Enrique Fuentes Quintana, fichaje de relumbrón de Suárez para la parcela económica y artífice de los Pactos de la Moncloa, explicó en reiteradas ocasiones que la idea de promover el pacto político frente al acuerdo social se debió en buena medida a la debilidad institucional y representativa de los “agentes de la economía”, es decir, los sindicatos y las organizaciones empresariales, recientemente legalizados. Sin embargo, el vicepresidente transmitió una idea distinta en la reunión que celebró con miembros del Comité de Trabajo de la CEOE el 14 de julio.  Aunque la consulta previa a los partidos era en aquel momento inexcusable, Fuentes Quintana aseguró estar dispuesto a contar con los interlocutores sociales, reservando al Gobierno un papel de árbitro y dejando el de protagonista a empresarios y trabajadores, como sucedía en Europa. Si hasta entonces no lo había hecho era porque, exceptuando la devaluación de la peseta, no se había tomado ninguna medida en concreto.

El caso es que tampoco los sindicatos mostraron finalmente un gran interés en avalar con su firma la política de saneamiento de Fuentes Quintana y asumir con ello un fuerte desgaste a pocos meses de las elecciones sindicales. Por su parte, los dirigentes empresariales justificarían su oposición a los Pactos por el ostracismo al que fueron relegados durante la negociación, una situación agravada por ese sentimiento de orfandad política que decían sufrir y que estimularía en los años siguientes el clima de fronda contra Suárez y el sueño de la “Gran Derecha”, remedo de la Armada Invencible, que diría Umbral, para “acabar a cintarazos” con los socialistas. Una foto con el presidente respaldando un plan que había pactado con comunistas y socialistas abortaría la estrategia de agitación que preparaba la CEOE y que iba a iniciarse con aquellos “actos de afirmación empresarial” que abarrotaron pabellones de deportes entre noviembre y febrero para decirle al gobierno que, en adelante, nada se haría sin contar con ellos. Tampoco era el momento de aflojar la presión mientras Jiménez de Parga insistía en su nocivo plan para “democratizar” la vida en las empresas y se iniciaban los trabajos de la Ponencia constitucional.

En cuanto a la extendida idea de la exclusión de la patronal en la negociación de los Pactos, esta debe ser matizada. Las reuniones que celebraron el presidente Suárez y varios de sus ministros con los representantes del trabajo y el capital entre julio y septiembre fueron algo más que una “presentación de credenciales” de estos últimos. Álvarez Rendueles, miembro del equipo económico que redactó el Programa, reconoció que las reuniones “fueron tenidas en cuenta”. Además, el grado de cumplimiento de las medidas de ajuste dependería en última instancia de la colaboración de los agentes de la economía. Y, aunque a juicio de la CEOE, los Pactos contenían flagrantes contradicciones (aunque menos de las que podía suponerse), que amenazaban la inversión y el empleo, el patronato colaboró en el cumplimiento de las medidas adoptadas, postura que también respondía al interés por ser reconocido como interlocutor válido por el gobierno y los sindicatos, así como al propósito de reforzar el monopolio representativo entre las bases empresariales en una época en la que, según murmuraban algunos ideólogos de la propia organización, la imagen de poder de la CEOE precedía a su poder real.

La negociación de los incrementos salariales, clave de bóveda del plan de Fuentes Quintana para frenar una inflación desbocada, es una buena muestra de este “juego de máscaras”. El gobierno había presentado el 23 de julio el Plan Económico de Urgencia, en el que se citaba, entre otros objetivos, la moderación salarial, aunque el texto no entraba en detalles sobre la fórmula de cálculo –indización o no en función del crecimiento de los precios– que se emplearía en la negociación de los convenios colectivos. Es probable que el gobierno, con esta y otras imprecisiones de su “hoja de ruta” antiinflacionista, pretendiese atraer a los interlocutores sociales para terminar de dar forma al acuerdo, aunque llama la atención que sí se detallase un criterio importante de carácter redistributivo: los aumentos serían lineales para todos los trabajadores.

Otra muestra de la 'capacidad de dialogar' del Gobierno fue abrir el despido del 5 % de las plantillas en empresas que rebasaran los límites salariales

En la reunión celebrada cuatro días más tarde en el ministerio de Trabajo, la delegación de la CEOE manifestó su rechazo a pactar las subidas con Gobierno y sindicatos, una postura que contrastaba con manifestaciones anteriores de Ferrer Salat, en las que avalaba la fórmula tripartita. También era un contratiempo para Fuentes Quintana, que prefería compartir con los agentes sociales la “pesada carga” de la moderación salarial. “En el momento en que las empresas nos sentáramos a negociar con las Centrales sindicales y les dijéramos que solo es posible ofrecer 10 o 12 puntos menos que el aumento del coste de la vida, la reacción antiempresarial sería muy fácil y podría salpicar al gobierno”, advirtieron los representantes de la CEOE, tal y como consta en los informes internos de aquella reunión. Molestos porque el Ejecutivo no mostraba un interés similar por negociar otras medidas, los empleadores expresaron su deseo de que se encargase la Administración de fijar límites máximos, sirviéndose el Gobierno de los medios de comunicación para “mentalizar” a la sociedad. El final es de sobra conocido: por primera vez, los Pactos de la Moncloa determinaron que el cálculo de los aumentos salariales se haría en función de la inflación prevista y no sobre la inflación pasada como era costumbre, un cambio que permitió fijar para 1978 una banda de crecimiento de la masa salarial bruta en cada empresa entre el 20 y el 22 por ciento (a finales de 1977 la inflación se situó en el 26,4 %, con picos durante ese año por encima del 30 %). En cuanto a la distribución del aumento de la masa salarial, el texto solo recomendó que al menos la mitad de este incremento fuera lineal entre los trabajadores de cada empresa. La CEOE había objetado que este tipo de subidas podría desmotivar a los cuadros medios y superiores.

Otra muestra de la “capacidad de dialogar” del Gobierno fue la decisión de abrir el despido del 5 % de las plantillas en aquellas empresas que rebasaran los límites salariales establecidos en los acuerdos. “Ya nos encargaremos de que no sea así”, amenazó Marcelino Camacho el mismo día de la firma de los Pactos. Y es que, junto con el nuevo cálculo en las retribuciones, este fue quizá el punto más conflictivo para las centrales sindicales. El equipo de Fuentes Quintana llevó con suma discreción la flexibilización del despido, asunto que tampoco fue precisado en el Plan Económico de Urgencia. Sin embargo, el tema apareció en la tensa reunión que mantuvo Adolfo Suárez con la delegación de la CEOE el 3 de agosto, de la que no formó parte Carlos Ferrer Salat. El presidente, quien dijo estar al corriente de que importantes empresarios trataban de atentar contra la democracia para conservar sus privilegios, resumió la filosofía de su plan económico basándose en un planteamiento que tal vez podría servir al actual inquilino de la Moncloa: para pedir sacrificios a los trabajadores, había que ganar credibilidad y ofrecerles a cambio, como garantía de solidaridad, la modificación de las estructuras fiscales. Era una afirmación sorprendente, pues el ministro de Hacienda, Fernández Ordóñez, manifestó en la sesión del Congreso seis días más tarde que la reforma tributaria no era una contrapartida para un compromiso salarial de los trabajadores

Los representantes del patronato insistieron a Suárez que era apremiante facilitar la regulación de las plantillas, a lo que el presidente respondió con la siguiente hipótesis: en el supuesto de que el Gobierno concediese la posibilidad de despido de hasta el 5 % de los trabajadores de una empresa (aquí se menciona la cifra “mágica”), ¿qué iban a hacer los empresarios? ¿Lo aceptarían los trabajadores? Suárez creía que no y, por lo tanto, lo que debía hacerse era crear el “ambiente” (expresión habitual del presidente) y demostrar que la flexibilidad de despido era la mejor opción para los trabajadores. Si los empresarios no eran capaces de dialogar y generar ese “ambiente”, concluyó Suárez, probablemente ni siquiera votarían a favor de esta medida muchos diputados de UCD. No obstante, la autorización a los patronos de reducir las plantillas ese 5 % apareció en el documento final aprobado el 27 de octubre. 

La patronal también hizo saber al gobierno su posición sobre otros temas, como la moratoria fiscal, la tipificación y retroactividad del delito contra la hacienda pública o la fiscalidad de determinados activos empresariales, negociación que, como señala Joan Trullen, fue “una hipoteca grave para los resultados de la reforma fiscal”. Asimismo, se habló sobre la financiación de la Seguridad Social y el papel de los operadores privados en su gestión, o la cuantía de las prestaciones y subsidios, aquel verano que resultó ser el más frío y lluvioso del siglo. De manera inesperada, los Pactos de la Moncloa revelarían, como advierte Pablo Martín-Aceña, la existencia de un “consenso ideológico” favorable a la economía de mercado, la iniciativa y la empresa privada. Por ello, cabe preguntarse por qué la CEOE no apoyó entonces públicamente una operación que salvaguardaba un sistema económico que defendía y cuya existencia consideraba seriamente amenazada. Salvando las distancias, hay voces que avisan ya del potencial destructivo de la crisis de la Covid-19 sobre la fase actual del sistema de producción capitalista, entre ellas la de Slavoj Žižek, que ha empleado un símil cinematográfico muy convincente: el coronavirus es un “golpe a lo Kill Bill” al capitalismo. En la CEOE, ¿alguien no ha visto la película?

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Guillermo García Crespo es historiador y autor de El Precio de Europa. Estrategias empresariales ante el Mercado Común y la Transición a la democracia en España, 1957-1986 (Comares, 2019).