Pocos ponen ya en duda que la pandemia del coronavirus está provocando la crisis global más importante del siglo XXI, con un shock emocional que seguramente no tenga precedente desde las grandes guerras del siglo pasado. Una crisis, inesperada por su origen, de extraordinaria dimensión sanitaria, económica, laboral y social, y que está cambiando radicalmente el modo de vivir de la mayoría de los seres humanos. Una crisis de esta envergadura hace imprescindible que los poderes públicos nacionales y las instituciones europeas e internacionales adopten medidas extraordinarias y se coordinen entre sí.

En primer lugar, en los campos sanitario, de investigación (medicamentos, vacuna) e industrial, para vencer  la pandemia con el menor coste posible en vidas humanas y prevenir que una posible segunda oleada de la Covid-19 vuelva a sorprender a nuestros sistemas sanitarios –modélico el español en la respuesta de todo su personal– y a nuestras sociedades, con una preparación insuficiente.

En segundo lugar, de carácter económico, laboral y social, para mantener las empresas, los empleos y los salarios, reducir al mínimo los despidos, y proteger a todos los desempleados y al conjunto de la población.

En este sentido las medidas que ha ido aprobando el Gobierno español tras decretar el estado de alarma, la cuarentena domiciliaria y el cese de las actividades no esenciales, van en esa dirección: proporcionar liquidez a las empresas, mantener los empleos asalariados a través de los ERTEs y ayudar a los autónomos. Medidas bien orientadas pero aún insuficientes y que deberán ser reforzadas. Además tienen el reto, no menor, de poder implementarse con eficacia ante la descomunal avalancha de solicitudes de ERTEs, prestaciones de desempleo de personas despedidas, nuevas prestaciones aprobadas, avales a través de créditos del ICO, diferimiento en las obligaciones tributarias, etc.

Pero lo que todavía falta es diseñar urgentemente un Plan de recuperación y reconstrucción de la economía española que va a sufrir en el corto plazo una recesión bastante más profunda que la vivida a partir de 2008. Y comenzar a aplicarlo en cuanto se vayan levantando de manera progresiva las medidas de excepción para combatir la pandemia.

A diferencia de 2008 no cabe la fábula de la cigarra y la hormiga. Todos los países aplicarán políticas keynesianas, pero lo harán en el marco de sus Estados-nación

El plan tiene que ser muy contundente para lograr que la recesión dure el menor tiempo posible. Tiene que contener líneas de inversión, reestructuración de sectores con medidas de urgencia en el sector turístico y hostelero; readaptación de las medidas de protección de los trabajadores y de toda la población, fortalecimiento de los servicios públicos; fuerte impulso a la investigación, en particular en el ámbito de la salud, y a la innovación; apoyo financiero a empresas y autónomos, etc.

El plan tiene que ser diseñado teniendo en cuenta que casi todos los países del mundo van a sufrir una recesión profunda. La coordinación global es muy conveniente. Pero en el ámbito de la UE hay que ir mucho más allá, hay que hablar de políticas comunes. A diferencia de la crisis de 2008 no cabe la fábula calvinista de “la cigarra y la hormiga”. Todos los países aplicarán políticas keynesianas (por entendernos), pero lo harán en el marco de sus Estados-nación. El reto es que también haya una política europea de ese tenor.

Pactos para la reconstrucción socioeconómica

Volvamos a España. ¿Cómo ponerlo en marcha en nuestro país? Lo ideal sería mediante un amplio acuerdo de las principales fuerzas políticas y sociales. El presidente del Gobierno ha propuesto unos nuevos Pactos de la Moncloa. El nombre es lo de menos aunque, por las “connotaciones fundacionales” que tales pactos tienen en nuestro modelo constitucional, conviene tener en cuenta algunas consideraciones importantes.

La primera puede parecer formal, pero no es menor. Los Pactos de la Moncloa fueron unos acuerdos políticos, que comprometieron en su ejecución a los agentes sociales, particularmente sindicatos, pero sin una intervención previa en su diseño. En la actual situación, CC.OO. deja clara su autonomía y advierte que si se busca un pacto social, se debe contar con el sindicato en su elaboración y no solo en la ejecución de las medidas que pudieran impulsarse desde el ámbito político.

En segundo lugar, en 1977 el objetivo político dominante era asegurar la transición de la dictadura a la democracia; en definitiva, legitimar un proceso político con serios riesgos de involución. Ahora no estamos en esa coyuntura. El sistema democrático está consolidado y se ha desarrollado un Estado autonómico de vital importancia a la hora de llevar adelante muchas de las políticas. Es sin duda el Gobierno de España quien debe liderar este acuerdo político y social, que también debe ser interinstitucional si queremos que desarrolle todas sus potencialidades.

En tercer lugar, entonces había que combatir una inflación del 27%. Teníamos un sistema fiscal raquítico y un deficiente sistema de protección social, ridículamente financiado en pensiones, desempleo, enseñanza o sanidad. Hoy, al contrario, nos enfrentamos al riesgo de deflación: tenemos un sistema fiscal modernizado pero con menos capacidad de recaudación comparada con la media europea. Es necesario un debate resolutivo sobre la dotación de recursos suficientes al sistema de protección social, así como un análisis riguroso sobre la construcción del último pilar del Estado de bienestar levantado, en buena medida, con fórmulas concertadas o privatizadas.

¿Es posible un Pacto de Estado, en este estado de cosas?

De entrada, los primeros pasos anunciados bajo la primera denominación de “nuevos Pactos de la Moncloa” no dan mucho pie al optimismo. Uno de los grandes problemas para alcanzar un pacto de Estado va a ser, me temo, las cábalas que determinadas fuerzas políticas harán sobre cómo reforzará al Gobierno liderar un consenso de este tipo. Ni siquiera parece clara la participación de las dos primeras fuerzas de la oposición.

Por otro lado, la propia orientación en el contenido que deben tener los pactos dificultarán su carácter transversal. En España todos los pactos de Estado, de mayor o menor contenido, solo se hacen cuando es el centro-derecha quien gobierna. Y solo se hacen para políticas de ajuste.

En una circunstancia como la actual el acuerdo no puede ser un pacto para el reparto de costes del ajuste, como fueron los Pactos de La Moncloa. Ahora la situación económica es diametralmente opuesta. Entonces la economía española atravesaba una situación de hiperinflación, bajo desempleo (las mujeres apenas estaban incorporada a la actividad laboral “mercantil”) y alto déficit comercial. Ahora, por el contrario, nos movemos hacia un escenario deflacionista con alto paro y con superávit comercial. Por tanto, la respuesta no puede ser de ajuste sino, al contrario, de expansión e impulso de la demanda y la actividad económica. La economía española no tiene como en 2008 un problema de desajuste estructural y elevado endeudamiento privado, sino lo opuesto: falta de demanda, temporalmente de oferta, y endeudamiento normalizado entre las empresas no financieras.

En España todos los pactos de Estado, de mayor o menor contenido, solo se hacen cuando es el centro-derecha quien gobierna. Y solo para políticas de ajuste

Por tanto, el alineamiento de este pacto con una política de rentas no puede ser una vez más la “ley del embudo” de la devaluación salarial, sin ninguna corresponsabilidad en una revisión de nuestra estructura fiscal.

El pacto de Estado debería servir para cerrar la fase de amortiguación de la crisis (atendiendo a los que aún no tienen ninguna protección y corrigiendo los aspectos que han fallado ante la velocidad normativa de las últimas semanas), y para organizar la fase de recuperación. También para alcanzar un compromiso común frente a Europa y que la etapa de reequilibrio de las cuentas públicas se acometa resolviendo el déficit estructural de ingresos públicos que tenemos en comparación con la Eurozona.

Parece incompatible con una derecha hiper-ideologizada y que se está situando ya en el día después para evitar que el tsunami neokeynesiano arruine el trabajo de lluvia fina que el neoliberalismo practica desde hace décadas.

Saber que vamos a tener un cuadro macroeconómico disparatado (en términos de déficit público y deuda), y a la vez políticas europeas de cierta barra libre a nivel crediticio y de avales –pero con muchas incertidumbres sobre la existencia y dimensión de una palanca inversora de dimensión europea– alimenta una tentación: someter al Gobierno a presión por lo dramático de la crisis sanitaria, y agazaparse a la espera de que la legislatura descarrile por la crisis económica y se lleve por delante la viabilidad del proyecto progresista.

Ojalá no sea así, primero porque desde la Unión Europea se haga una lectura distinta del momento y de los riesgos de volver al Pacto de Estabilidad y Crecimiento sin haber realizado antes el enorme esfuerzo inversor que necesitamos. Segundo, porque el Partido Popular es un partido vertebrador de España y debería estar a la altura de las circunstancias; y es  igualmente exigible que el Gobierno propicie esa circunstancia.

Todavía está por llegar el día en el que el centro-derecha, desde la oposición, se avenga a un pacto de Estado. Sería deseable porque ahora estamos ante la ocasión más necesaria para España, para la España real, no la simbólica que se envuelve en banderas, sino la que está sacando el país adelante.

(Ni menciono a la expresión reaccionaria de Vox, un grupo situado en el carroñerismo político, pero además rabiosamente neoliberal en lo económico).

Y por último, creo que la dimensión social del pacto en cuanto al protagonismo de los agentes sociales es cualitativamente muy importante. Tanto sindicatos como organizaciones empresariales tenemos intereses objetivos para que esto salga adelante. Representamos el mundo del trabajo y la empresa y en ese mundo real no caben los cálculos políticos. No me cabe duda de que CC.O.O y UGT, pero también CEOE y CEPYME estaremos, al menos, en el intento del acuerdo.

El Plan y su financiación. Europa ahora o nunca

El gran problema del plan es su financiación. Se necesitan invertir grandes cantidades de dinero en un momento en el que se va a producir una caída muy fuerte de los ingresos del Estado. En España partimos de una situación de inferioridad, porque nuestra contribución fiscal es en torno a siete puntos de PIB inferior a la media europea (75.400 millones de euros al año, si tuviéramos la misma “presión fiscal” media que la zona euro).

Tenemos margen fiscal, pero mientras dure la fase aguda de la crisis hay que actuar con mucho cuidado, excepto en la persecución implacable del fraude y la elusión. Hay que pensar que la profunda recesión podría producir un déficit cercano al 10% del PIB, si no más. España no está en condiciones de financiarlo solo con su propia capacidad de endeudamiento a tipos de interés sostenibles.

Aquí es donde la UE no tiene más remedio que demostrar que existe y que va a intervenir no solo con la política monetaria del BCE, sino con una potente iniciativa fiscal común. Y no sólo porque esté en juego la economía de una parte importante de sus Estados miembros y la salud y el bienestar de sus habitantes, sino que está en juego su propia existencia.

Sería injusto decir que las instituciones europeas no han hecho nada. Pero no han hecho lo suficiente. Y hay dudas más que razonables sobre si lo van a hacer.

El BCE, tras una primera decisión lamentable y mal comunicada, rectificó asegurando liquidez  al sistema financiero y ampliando en 750.000 millones de euros sus programas anteriores de compra de deuda. La Comisión proponía al Consejo la suspensión temporal de las cláusulas de déficit y deuda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En el último Eurogrupo se han aprobado líneas de créditos y avales blandos destinados a Estados y a empresas, y se ha aprobado el programa SURE, dotado con 100.000 millones de euros para financiar los enormes costes de prestaciones de figuras similares a nuestros ERTEs.

Estas medidas, que han servido para salvar un estrepitoso fracaso del Eurogrupo, y que en principio nutrirán de liquidez y protegerán las tensiones sobre las emisiones de deuda de los Estados, deben acompañarse de un potente plan de inversión que contribuya a la reactivación económica.

Pero el problema vuelve a estar en el Consejo, en particular en la posición de algunos gobiernos: Alemania, Holanda, Austria, Finlandia… Estos anteponen una visión muy estrecha y profundamente insolidaria de sus intereses nacionales a la adopción de las necesarias políticas comunes y al propio futuro del proyecto europeo del que son sus principales beneficiarios.

Porque no se trata solo de la más elemental solidaridad con quienes más han sufrido la pandemia y más dificultades van a tener para financiar la reconstrucción de sus economías. Es que estos países, en particular Alemania y Holanda, basan buena parte de su prosperidad en lo mucho que nos venden y lo poco que lo compensan. Mantienen unos superávits excesivos de sus balanzas y de pagos –del 7% al 12% de sus PIB, de forma sostenida–, inaceptables en cualquier unión económica. Aún más, Holanda, cuyo ministro de Hacienda se permitió ofender a España e Italia en la última cumbre, es uno de los principales paraísos fiscales del mundo, según han puesto de manifiesto recientes estudios publicados en la revista del FMI (Finance & Development). Es decir, detrae a las arcas públicas de otros estados de la UE, entre ellos a España e Italia, miles de millones de euros. Y veta todas las iniciativas en materia fiscal de la Comisión que pudieran hacer peligrar esta situación intolerable. Otra de las decisiones inaplazables es la de poner fin al dumping fiscal y  a los paraísos fiscales en la UE.

Uno de los instrumentos de la Unión fiscal, la capacidad para emitir deuda común, tiene que anticiparse ya

La Unión fiscal era necesaria desde la creación del euro. Hoy, más aún. Uno de sus instrumentos, la capacidad para emitir deuda común, tiene que anticiparse ya. Es imprescindible para financiar un gran plan de choque europeo contra la crisis y por la reconstrucción que este incluya ayudas a la financiación de parte de los planes nacionales.

Actuando así, la salida de la crisis sería un trampolín para el fortalecimiento de la UE. Si no se actúa o se actúa mal, se iniciará un declive imparable de la UE en el que los nacional-populismos y la extrema derecha jugarán un importante papel.

Hay que intentarlo

Los retos son enormes. Para hacerles frente hay que poner en marcha todas las energías y lograr la máxima unidad política y social. CC.OO. empuja en esa dirección junto al sindicalismo europeo y su confederación, la CES.

Son numerosos los economistas de diversas tendencias de pensamiento que están demandando, en una primera fase, una actuación inmediata y contundente de inversión pública para contener las consecuencias sociales de esta emergencia, y nutrir de liquidez a las empresas en una especie de bypass financiero. Pocos dudan también de la necesidad de una palanca inversora de reconstrucción en la segunda fase, para evitar una larga recesión donde una crisis temporal de demanda y de oferta termine por convertirse en financiera y de dimensiones imprevisibles.

La corresponsabilidad de los agentes sociales en España creo que está más que demostrada. Desde luego de los sindicatos y, con toda seguridad, de las organizaciones empresariales, al menos en intentar ese gran acuerdo económico y social.

No sería comprensible que quienes representan democráticamente a la ciudadanía desde la esfera política no estuvieran a la altura.

Se lo deben a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad, del transporte, del comercio, de los medios de comunicación, de los agricultores y jornaleros del campo; de las fuerzas de seguridad, de todos los servicios e industrias esenciales y los que han tenido que parar su actividad y viven en una enorme incertidumbre. Hay que salir de esta trágica crisis conscientes de que la principal fuerza creadora de valor en nuestra sociedad es el trabajo. Esa podría ser la gran enseñanza de esta distopía que estamos viviendo, junto con el papel de los servicios públicos y el Estado, así como de la recuperación del concepto de comunidad y de la importancia del conocimiento sólido.

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Unai Sordo es secretario general de CC.OO.