España cuenta con un sistema de salud universal que da cobertura al 99% de la población. Sin embargo, esta cifra no se traduce automáticamente en que el acceso a los servicios básicos se dé de forma equitativa y en igualdad de condiciones. Un ejemplo de ello es que, pese a la reforma legislativa de 2018, todavía existen bolsas de exclusión sanitaria en nuestro país, concentradas principalmente en la población migrante. Mientras, las familias desfavorecidas acuden menos a los especialistas, y uno de cada diez hogares con rentas bajas presenta sobrecostes sanitarios. Junto a esto, las barreras de acceso a la salud también presentan un importante componente geográfico: muchas zonas rurales no cuentan con centros hospitalarios, y los más cercanos se encuentran a varias decenas de kilómetros de distancia. 

Así se puede comprobar en los datos y mapas que ha publicado recientemente Eurostat. Según el portal estadístico comunitario, los hospitales del país se concentran en las grandes ciudades y en las regiones más pobladas. Mientras, comunidades como Castilla La Mancha, Castilla y León o Aragón, las de la España vacía, cuentan con muy pocos centros y su distribución geográfica es todavía menos homogénea y está circunscrita a las capitales de provincia, dejando grandes áreas sin cobertura.  

En total, según las cifras recopiladas por Eurostat en España hay 819 centros sanitarios con la consideración de hospitales –uno por cada diez localidades–. Cerca de la mitad, eso sí, se encuentran en Catalunya (213), Andalucía (112) y Madrid (83), las comunidades más pobladas y con los mayores núcleos urbanos. 

Sin embargo, Eurostat recuerda que las normas europeas obligan a los Estados miembro a que los criterios para ofrecer servicios básicos no se limiten a criterios de eficiencia o densidad de población: así lo recoge la carta Social Europea, donde se subraya la obligación de que los países de la UE tengan un sistema de asistencia sanitaria adecuado que no excluya a partes de la población de recibir cobertura. Y esto incluye el acceso geográfico.

Para las zonas rurales de España, estas directrices parecen lejos de cumplirse incluso en comunidades donde existen ratios altos de camas hospitalarias por habitante, como Castilla y León o Aragón. Así, la población de pequeñas localidades y pueblos se ve obligada a desplazarse largas distancias si necesita recibir atención hospitalaria: en Cuenca y Teruel, provincias colindantes, solo se registran cinco centros hospitalarios, cuatro de ellos concentrados en las capitales de provincia. En Soria solo existe un complejo asistencial –con dos hospitales–, también localizados en el núcleo urbano.   

La situación se repite en provincias como Palencia o Salamanca, donde todos los centros hospitalarios están situados en sus ciudades principales. En Ávila, Guadalajara, Zamora o Valladolid solo cuentan con un hospital fuera de las capitales. 

Las cifras de Eurostat, tal y como asegura el propio servicio estadístico, son una primera aproximación a la equidad geográfica de los servicios hospitalarios a nivel comunitario, si bien la comparativa continental es aún muy complicada: las definiciones sobre lo que se consideran hospitales varían por países, y Estados como Alemania o Francia incluyen en sus bases de datos centros de salud y otro tipo de instalaciones. Pero las cifras generales de otras fuentes sí ofrecen una fotografía de la realidad sanitaria española en el contexto europeo: según datos de Hospital Healthcare Europe, Francia y Alemania contaban, a cierre de 2016, con cerca de 3.000 hospitales cada uno. Ese número supone más del triple con respecto a España a pesar de que Francia tiene solo 20 millones de habitantes más y Alemania no llega a duplicar la población española.

Junto a esto, otras cifras comparadas también muestran las dificultades del sistema de salud de nuestro país, sometido a duros recortes durante años y que ha sido llevado al límite por la actual crisis del coronavirus: España tiene uno de los ratios más bajo de camas de hospital de la Unión Europea, con tres camas por cada 1.000 habitantes; nuestra inversión en sanidad se aleja de los estándares europeos; y el número de personal médico y de enfermería tampoco ofrece buenos guarismos si se compara con el contexto comunitario.

El acceso a la salud en la España vacía lleva tiempo siendo motivo de preocupación y reivindicación por parte de distintos colectivos y organismos. En 2013, el cierre de los servicios de urgencias nocturnas en varias comunidades dejó sin cobertura a decenas de municipios. En Castilla la Mancha, la decisión, que afectaba a 100.000 personas, fue finalmente frenada en los tribunales. 

A la distancia que separa las zonas rurales de los centros hospitalarios se une, en muchas ocasiones, la falta de personal y de recursos en los servicios de atención. En marzo de 2019, la población de Teruel reclamó un acceso igualitario a los servicios y denunció la falta de especialistas en el hospital de la capital. Distintos colegios de médicos, como el de Extremadura, también han denunciado de la escasez de personal médico en los pueblos.

También a comienzos del año pasado, el Defensor del Pueblo advirtió de los riesgos de la ausencia de servicios básicos como la sanidad en estas zonas, y recordó que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea recoge la necesidad de reducir las diferencias de desarrollo entre regiones.