El Gobierno se ha comprometido a poner en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en junio –primero fue en mayo–. La derecha ya le llama “paguita”, ignorando, o más bien obviando, que hay programas de garantía de rentas en todas las comunidades autónomas y en la práctica totalidad de Europa –y mucho más generosas en algunos casos–. Por tanto, no podemos acordar con la derecha en que esta sea una medida “comunista”.

Pocas dudas hay de que era imprescindible una medida de emergencia para frenar el sufrimiento social que está provocando el encierro y sus consecuencias económicas, pero el IMV no parece que vaya a ser esa política urgente. La crisis es ahora, el encierro ha barrido a muchos y muchas que sobrevivían en el límite: a los que buscaban trabajo, los que entraban y salían de trabajos hiperprecarios o sobrevivían en la economía sumergida. Mucha gente no tiene qué comer y las colas en los repartos de alimentos son ya inmanejables. Sin embargo, las ayudas no llegan.

Sí, el acceso a un ingreso para no morirse de hambre es un derecho humano y también un mínimo para que exista la posibilidad de democracia

Las de los autónomos se ingresaron en las cuentas bancarias un mes después de ser anunciadas –el pasado 17 de abril– y ya se han producido varios pagos. Las comprobaciones de requisitos se harán más adelante. En este caso se han concedido con solo pedirlas a todos los que han visto reducida su facturación un 75% independientemente de sus ahorros, propiedades y rentas. Parece que los autónomos –donde también hay empresarios de todo tipo– no son sospechosos como los pobres y no necesitan tantos requisitos de acceso ni vigilancia antes de acceder a ayudas. ¿Cuánto tendrán que esperar los precarios o parados sin derecho a prestación para recibir el IMV? ¿Acaso pueden esperar meses? Recordemos que no es suficiente con que se habiliten las ayudas –cuando se haga– sino que se tiene que analizar caso a caso y eso lleva tiempo.

Todavía no sabemos todos los detalles de su implementación aunque se han comunicado algunos aspectos que parecen destinados a frenar los ataques reaccionarios más que a defender esta medida como un avance en derechos. Sí, el acceso a un ingreso para no morirse de hambre es un derecho humano y también un mínimo para que exista la posibilidad de democracia. Sin embargo, en su explicación se refuerzan los argumentos asistencialistas y los económicos: se vende como una medida para “reactivar el consumo”. No se dice que esta política debería estar destinada a confrontar una situación estructural que no es culpa de la gente que la sufre. En situación de “normalidad” ya hay en España un 13% de trabajadores pobres –2,6 millones de personas–, según la OIT, la tercera peor cifra de Europa. Si esa era la vieja normalidad, el IMV podría quedarse corto frente a la nueva: la recesión brutal que ya estamos viviendo y la destrucción de millones de empleos. 

Sin embargo, ni el escenario de partida ni la nueva normalidad crítica que se avecina han detenido al ministro José Luís Escrivá en su justificación de la medida como destinada a “insertar” a su perceptores en el mercado laboral. Hay que insistir. Ahora no hay mercado laboral, pero el de antes ya era un problema. No es que la gente no quisiera trabajar, los pobres no son “vagos”, es que no hay trabajo, mucho menos con ciertas condiciones o que no sean hiperprecarios –que no dure unos meses, que pueda sacar a la gente de la pobreza, que dé cierta seguridad vital–. Ha habido dos reformas laborales que han dado forma a ese mercado de trabajo “flexible”, es decir, precario –una de ellas con la firma del PSOE–. Y la informalización del empleo remunerado se ha convertido en una tendencia mundial en esta última fase del capitalismo. Aquí lo comprobamos en el empleo que se genera en el sector turístico, que produce una buena parte de nuestro PIB o en el de cuidados, que se mantiene sin derechos porque conviene abaratar la reproducción de la mano de obra y permitir así que las españolas de clase media puedan trabajar fuera de casa a pesar de sus bajos salarios. 

Parece pues, que esta nueva garantía de renta, como la mayoría de las existentes en España, seguirá atada a esa ficción de “la inserción mediante el empleo”. La patronal ya ha exigido que el importe del IMV tiene que quedar lejos del salario mínimo. No quieren que una prestación social reduzca la desesperación del “ejército de reserva” de parados o precarios para que puedan seguir explotándolos. Con los importes que se están manejando –500 o 600 euros– es muy difícil sobrevivir. Por tanto, que no se inquieten los empresarios, la sumisión al trabajo precario queda garantizada. 

Sí sería una buena noticia, si se confirma, que el IMV sea compatible con el trabajo asalariado. De lo contrario, por la experiencia que existe en las rentas garantizadas de las comunidades autónomas, la tendencia es a abandonar la búsqueda de empleo para no perder la ayuda. Al fin y al cabo, el empleo es inestable y los sistemas altamente burocratizados de concesión de rentas provocan que no sea fácil retomar las ayudas una vez suspendidas. Estamos hablando de gente que vive al día sin ahorros, que puede no tener que darle a sus hijos para comer –en un país con un 28% de pobreza infantil–. En realidad, para que este tipo de medidas funcionen no deberían estar vinculadas a las políticas de empleo. Cuanto menos condicionalidad y control sobre estas ayudas, mayor respeto por las personas que las reciben, más capacidad de cobertura y facilidad de gestión. Eso implica también dejar de vigilar en qué se las gastan, un escrutinio sobre las vidas de los receptores absolutamente intolerable. Sus receptores tienen que estar constantemente demostrando que son buenos pobres: controlan sus cuentas corrientes, pueden amenazarles con quitarles a sus hijos, si son gitanas hasta les pueden “ofrecer” cursos de crianza y a los que piden en la calle, o un amigo les presta dinero, pueden llegar a descontarles esos importes. ¿Quiénes de nosotros aceptaríamos este escrutinio y control sobre nuestras vidas a cambio de una prestación? ¿Lo hubiesen asumido los autónomos?

Las dudas que quedan pues, son muchas. ¿Cómo se armonizará esta medida con los programas de garantía de rentas que ya existen en muchas comunidades autónomas. ¿Se encargará de su gestión la Seguridad Social o los servicios sociales de las comunidades? Porque en el segundo caso, podemos encontrarnos con atascos de meses como sucede actualmente en algunas sitios, donde los sistemas están colapsados por la propia complejidad de los requisitos. En Madrid, por ejemplo, solo una de cada cinco personas en situación de pobreza severa consigue la renta mínima y colectivos como RMI: tu derecho han denunciado la cantidad de trabas burocráticas que hay para obtenerla, que chocan con situaciones vitales complicadas por la falta de recursos. El relator especial sobre la pobreza extrema de la ONU, Philip Alston, después de su visita este mismo año, dijo que nuestra burocracia es “del siglo XIX”: con “peticiones infinitas de documentos” y “falta de sentido común en los plazos”. Trabas que aumentan o se reducen según la voluntad política del partido en el gobierno de turno. La desigualdad entre comunidades en el acceso a rentas mínimas es enorme y su alcance ha ido disminuyendo desde la crisis. (En 2018 la recibieron 100.000 personas menos que el año anterior). En todo el país, apenas el 7,6% de las personas en riesgo de pobreza percibieron algún tipo de ayuda de este tipo en el 2018, según la AIREF. Y el riesgo de pobreza alcanza al 26% de la población. Muchos ya ni la piden por la dificultad de conseguirla. Hoy dicen que la IMV llegará a “un millón de hogares”. ¿Llegará? ¿A cambio de qué? ¿Será suficiente? 

Medidas para familias, medidas patriarcales

Otro de los detalles que ha trascendido sobre el IMV es que estará pensado “para las familias y no para el individuo”. Un gobierno que se dice feminista no debería dejar el feminismo solo en el Ministerio de Igualdad, es imprescindible un análisis de género de todas las políticas públicas. 

Por un lado, porque esto castiga situaciones que son consecuencia de la pobreza, como el hacinamiento habitacional –se vive con quien se puede aunque no necesariamente se compartan los recursos–. Por otro, porque las medidas que se basan en un cálculo del ingreso total de una unidad de convivencia y consanguinidad refuerzan la subordinación de las mujeres. Es decir, si él está empleado y ella no –bastante habitual–, o si los trabajos de ella son más precarios por culpa de la estructura del mercado de trabajo, la mujer recibirá menos ayudas porque se supone que el dinero que entra en el hogar se reparte equitativamente. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Una renta familiar siempre hará a las mujeres más dependientes de sus maridos que, en general, son al final los que deciden. El supuesto reparto no siempre se produce –y desde luego nunca sin contrapartidas– y aún menos en situaciones donde existe violencia machista. Además, los estudios muestran que son ellas las que habitualmente tramitan estas ayudas, es decir, las que luego son fiscalizadas o están sujetas a las condiciones impuestas. 

Cuanto menos condicionalidad y control sobre estas ayudas, mayor respeto por las personas que las reciben, más capacidad de cobertura y facilidad de gestión

Como explica Amaia Orozco, desde el feminismo siempre se ha criticado el familiarismo de las medidas del Estado del bienestar y se ha propuesto la individualización de derechos sociales y fiscales. Es decir, “se ha exigido que el Estado tenga una relación particular con cada ciudadano o ciudadana al margen de sus vínculos legales o afectivo-sexuales”. Eso en las parejas, pero también entre adultos y sus hijos –que se conviva en la misma casa no implica tener una buena relación ni un reparto equitativo de los recursos–.

El demonio está en los detalles

Por tanto, el IMV no va a funcionar como medida urgente porque los recursos tardarán meses en llegar. (Otras propuestas implicaban transferencias inmediatas de rentas que después se ajustarían a los ingresos en las declaraciones de la renta, pero fueron desestimadas.) Como medida a largo plazo –que ya figuraba en el acuerdo de gobierno PSOE-Podemos–, al menos, quizás sea una oportunidad para mejorar los sistemas de garantías de renta en nuestro país. Su alcance dependerá, como hemos explicado, de la letra pequeña. 

Como propuesta realmente transformadora, queda la duda de si no es el momento de ser más ambiciosos. Desde varios lugares –muchos movimientos sociales como la Marea Básica– se ha empezado a demandar más bien una Renta Básica –es decir, para todos y sin condiciones–. Una medida que se piensa no como una ayuda asistencialista para los pobres, sino como medida de carácter emancipador y de transición hacia otro sistema. 

Lo cierto es que todavía hacen falta las luchas y movilizaciones que le den cuerpo a esta demanda –que no nos van a regalar– y que exige una reforma fiscal profunda y mucha fuerza social para implementarla. Pero si queremos un Estado más social, ahora que se habla mucho de un nuevo keynesianismo, con o sin Renta Básica, va a hacer falta esa reforma. Nuestro sistema fiscal es uno de los que menos redistribución genera entre ricos y pobres si lo comparamos con los países de nuestro entorno. España es, junto con Italia, el país de la Unión Europea con menos transferencias netas para el 10% más pobre y nuestro Estado del bienestar está diseñado para satisfacer las exigencias de las clases medias, pero deja de lado las necesidades de los que están más abajo. Por tanto, como dice el sociólogo Albert Sales, cualquier discurso que vaya en la línea de diseñar un sistema de garantía de rentas potentes que alcance a todos como un derecho va a requerir de esa reforma fiscal.

La última crisis se afrontó mediante una masiva transferencia de los pobres a los ricos –una vuelta a las creencias y formas del S. XIX–. Mucha más gente vive hoy al límite sin ningún tipo de red y, si no nos movilizamos para salir de esta con mucha más igualdad, será muy difícil que continúe habiendo paz social. O más redistribución o más policía para contenernos, esas podrían ser las dos opciones disponibles.