Guardias civiles que disparan material antidisturbios contra personas que, a nado, tratan de alcanzar la playa. Cuchillas en las vallas fronterizas que seccionan arterias vitales y provocan la muerte de quien trata de saltarlas. Miles de ahogadas cada año en el Mediterráneo. Cien mil personas –cien mil– capturadas y confinadas en calabozos en un solo año en España en aplicación de la Ley de Extranjería. Es decir, más de doscientas personas diarias tiradas en el catre de un sucio calabozo por no tener los papeles en regla.^[1] Cada año, varias miles son expulsadas, por carretera y barco hacia Marruecos y Argelia o mediante vuelos de deportación. En este último caso, son empotradas en vuelos turísticos, ocultas junto a sus escoltas en la parte trasera del avión, o  trasladadas a la fuerza en operativos destinados exclusivamente a la expulsión. Inglaterra, Suiza, España: hay todo un rastro de personas muertas o apalizadas en este tipo de operaciones, tan civilizadamente europeas.

Miles de personas son rechazadas también al tratar de entrar en el territorio del Estado español. La mayoría de ellas –a pesar de la propaganda mediática sobre la frontera sur– son interceptadas en los aeropuertos. Concretamente en Barajas, cada día del año, de media, quince personas –entre ellas, cinco colombianas, dos hondureñas, dos peruanas y una paraguaya– son retenidas y forzadas a coger un avión de vuelta.

Todos estos logros no han sido alcanzados por la ultraderecha. Son las políticas de Estado llevadas a cabo desde hace varias décadas, más allá del signo de cada ejecutivo de turno, por el Gobierno de España.

Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, tiene su sede en lo que en su momento fue el ghetto de Varsovia. Esta Agencia inició su trayectoria en el año 2005 con una dotación de 6,3 millones de euros. Su presupuesto anual rondó los 330 millones de euros en el 2019, así que sus dineros se han multiplicado más de cincuenta veces en menos de quince años. No cabe duda de que el crecimiento exponencial de sus recursos continuará. De hecho, en las cuentas de la UE del año 2020 se destinan más de cien millones adicionales a Frontex con el objetivo a medio plazo de convertir los actuales mil quinientos policías dependientes de esta Agencia en un cuerpo permanente de diez mil guardias de fronteras. En la misma línea, el Parlamento Europeo acordó recientemente dotar de un presupuesto millonario al Registro de Identidad Común (CIR), que unificará toda una serie de bases de datos de la UE –que incluyen información de 350 millones de personas– e incorporará variables biométricas, como huellas dactilares y datos faciales.

En la actualidad, el Estado español establece una ridícula prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales para obtener la nacionalidad

Al calor de las pujantes cifras de inversión en política de control migratorio, el mercado de la seguridad fronteriza se encuentra en pleno auge. Su vinculación con la industria militar es conocida. Finmeccanica, Thales, Airbus o la española Indra ejemplifican esta conexión. Ante la desbordante proliferación de radares y otras tecnologías militares que infestan lugares estratégicos como Lampedusa, sus propios habitantes se plantean abandonar la isla para proteger su salud.

Este libro rastrea el nacimiento y desarrollo de los mecanismos estatales de identificación y vigilancia y da cuenta de la centralidad que para los Estados modernos tiene la implementación de dispositivos que permitan discernir entre quienes tienen derecho a pertenecer al Estado y quienes no lo tienen, entre quienes pueden alcanzar la ciudadanía y quienes deben ser excluidas de ella.

Esta genealogía del pasaporte y, con él, de otros variados mecanismos estatales de control, analiza la evolución histórica de muchas de las medidas que forman parte de las actuales políticas de fronteras. Si hoy en día, por ejemplo, las empresas de transporte no sólo han asumido labores de vigilancia de extranjería, sino que firman contratos millonarios para deportar migrantes, en este libro podremos encontrar las primeras medidas destinadas a que las compañías de navegación a vapor supervisaran los permisos de las personas que componían el pasaje.

Hace tres días –primeros de febrero de 2020– la policía aporreó de madrugada la puerta de la habitación de un hotel de Oviedo en la que se encontraba una pareja de nacionalidad ecuatoguineana. Él, que estaba sin papeles, acaba de ser deportado. A través de la lectura de este texto podremos hilar dichas prácticas policiales, propias del Gran Hermano «orwelliano», con las medidas que, hace aproximadamente un siglo, implicaron que en Gran Bretaña los responsables de los hospedajes pasaran a formar parte del aparato de vigilancia, del mismo modo que lo hicieron en la Alemania nazi mediante la Orden de Registro Residencial de 6 de enero de 1939.

En la actualidad, el Estado español establece una ridícula prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales para obtener la nacionalidad. John Torpey analiza en La invención del pasaporte cómo EE.UU. implantó exámenes en 1917 que valoraban el nivel de alfabetización de los migrantes para disponer de un pretexto con el que excluir a aquellos que carecían de escolarización. 

Si hoy en día, impunemente, el Estado español radiografía la dentadura y las muñecas de niños para comprobar si son realmente menores o ya han cumplido los dieciocho años, o a mujeres migrantes para comparar su estado de salud y seleccionar a las más fuertes para venir a trabajar a España, a través de la lectura de este libro podremos conocer algunos enconados debates que se suscitaron en los EE UU del último tercio del siglo XIX acerca de si era legítimo que el Estado fotografiara a la población china migrante para incluir su imagen en un documento de identidad. La Ley de Exclusión China, por cierto, abrió la veda en los años noventa del siglo XIX para establecer otras barreras contra toda «una serie de grupos impuros, contaminados, idiotas, no blancos, o incapaces de entender los principios del republicanismo». Esta concatenación de exclusiones tampoco nos puede resultar ajena, ahora que se escupen soflamas sobre la supuesta incompatibilidad entre la cultura de ciertas poblaciones y los valores europeos y democráticos. Tampoco conviene desconocer ni olvidar – en un momento en que las medidas para desnacionalizar vuelven a estar en la agenda de los países europeos– la ley de desnacionalizaciones nazi de 1933. Ni normalizar las actuales declaraciones políticas europeas –tan parecidas a las de la conferencia de Evian de 1938– respecto al problema, en un momento de recesión y desempleo, de que los países europeos –esos que en realidad acogen a una mínima cifra de personas refugiadas– se vean saturados por hipotéticas avalanchas de migrantes.

España es ejemplo de reclutamiento repentino de millones de personas para ocupar los segmentos más precarizados del mercado de trabajo, tanto legal como sumergido

Torpey analiza los procesos de desarrollo del Estado que dieron lugar a una dimensión nacional del manejo de la población. Para ello –cómo no– recorre los debates que se dieron a lo largo de la Revolución Francesa en torno a la cuestión de los pasaportes y las fronteras. En las primeras fases de desarrollo de la capacidad de los Estados para identificar y «abarcar» a su población, la obsesión estatal tiene mucho que ver con fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones militares y con delimitar el derecho a los programas de alivio de la pobreza, así como con combatir el vagabundeo y el nomadismo. Sírvanos como ejemplo del primer asunto la gran cantidad de italianos que, durante la Primera Guerra Mundial, acometieron la migración como forma de deserción. Respecto al segundo aspecto –el de las ayudas sociales–, se puede rastrear a lo largo de este libro el proceso de producción de un incipiente «Estado de bienestar» de la mano de políticas discriminatorias que pretendían restringir dichas ayudas a la población nacional. Nada ajeno, desde luego, a procesos como el de la exclusión sanitaria de la población sin papeles en el Estado español.^[2]

Respecto a la tercera cuestión, la del combate de la itinerancia, que tanta persecución ha supuesto a los gitanos y gitanas en Europa, el propio Torpey señala que

[…] el forastero nómada, el inescrutable extranjero, va paulatinamente sustituyendo como objeto de sospecha habitual a las peligrosas clases itinerantes autóctonas, que desde muy atrás habían sido consideradas como el enemigo interno «extranjero» […].

España, récord mundial de llegada de población migrante en el período 2000-2008, es ejemplo de reclutamiento repentino de millones de personas para ocupar los segmentos más precarizados del mercado de trabajo, tanto legal como sumergido. El endurecimiento de la política de extranjería en forma de, por un lado, redadas, internamientos y deportaciones y, por otro, un kafkiano laberinto burocrático para la obtención y la renovación de papeles, ha tenido como resultado la producción de una fuerza de trabajo migrante amenazada, directa o indirectamente, de expulsión del país. En la historia que recoge este libro podemos encontrarnos con otros procesos, aparentemente paradójicos, en los que se endurecen las condiciones de entrada al mismo tiempo que los patrones claman por más fuerza de trabajo barata y servil. Es el caso de los capitalistas de la costa oeste de EE UU tras la Guerra Civil, deseosos de recibir población no blanca, pues las organizaciones sindicales más potentes defendían fundamentalmente los intereses del proletariado de origen anglo-germánico e irlandés. John Torpey relata este proceso, y también la oposición de los supremacistas blancos a la llegada de población no europea, e incluso la imposición de cuotas nacionales para promocionar a los nórdicos frente a los europeos del sur. También recoge la creación de la Patrulla Fronteriza en 1924 y los «equilibrismos» de la misma entre las demandas de los terratenientes californianos de más campesinado mexicano y las exigencias de los defensores de las restricciones fronterizas. 

No debemos olvidar, en todo caso, que esta disputa entre apertura y cierre de fronteras es, en cierta medida, sólo aparente: en el fondo, y como señalábamos para el caso español, la dureza de los filtros fronterizos no se implementa para evitar la entrada, sino para modularla y, sobre todo, para garantizar el servilismo de quienes entran y permanecen en el país de destino.

La dureza de los filtros fronterizos no se implementa para evitar la entrada, sino para modularla y, sobre todo, para garantizar el servilismo de quienes entran 

En su momento, cuando en esta misma editorial publicamos el libro Paremos los vuelos. Las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa, llamábamos la atención sobre el nivel de burocratización, coordinación y sofisticación que implican los operativos de deportación. Nos referíamos a esa planificación que permite capturar al unísono, en diversos puntos del Estado, a migrantes de una misma nacionalidad para llenar un vuelo de deportación. A la logística que implica atender a los calendarios de vuelos, ordenar a las brigadas de extranjería las cacerías de migrantes, el traslado coordinado de todos los deportados junto con sus escoltas, la colaboración con otros países europeos y con Frontex, así como con el país de destino y con aquellos por los que se dispone a volar el avión… En este sentido, apuntábamos como precedente de estos dispositivos de expulsión la muy eficaz logística implementada por Adolf Eichmann para organizar la deportación masiva de judíos y gitanos de Austria cuando aún no había sido decidida la solución final. Establecíamos esta relación no para caracterizar como nazis los vuelos de deportación del Estado español –y de la Agencia Frontex en toda la UE–, sino para llamar la atención sobre el enorme desarrollo en los Estados modernos de las capacidades de control y de vigilancia, condición necesaria para poner en práctica este tipo de operativos. Es habitual encontrarse con una lectura dicotómica que presenta el racismo del régimen nazi como una anomalía frente a la defensa de la igualdad y las libertades de los aliados occidentales –mirada liberal que, en ocasiones, forma parte de la propia visión de Torpey cuando contrapone los totalitarismos y las democracias–. Este discurso legitimador del capitalismo occidental olvida aquello que señalaba Aimé Césaire: que lo que no se le perdonaba a Hitler era el «haber aplicado en Europa procedimientos colonialistas que hasta ahora sólo concernían a los árabes de Argelia, a los coolies de la India y a los negros de África».^[3] Que se lo pregunten a los herero, cuyos antepasados sufrieron la política de exterminio llevada a cabo por los alemanes. Los miles de negros colgados de los árboles en EE UU en la primera mitad del siglo XX, por cierto, lo fueron en el país que se presenta como adalid de la democracia. En todo caso, la obra de Torpey permite analizar cómo los Estados modernos más desarrollados se habían dotado ya en el primer tercio del siglo XX de toda una serie de instrumentos estadísticos que serán la condición necesaria para que, a finales de la década de 1930, y tras la invasión de Checoslovaquia, Heydrich pueda hacer un llamamiento a la realización de las «tareas de guerra en el ámbito administrativo». En este sentido, resultan extremadamente lúcidas las acciones de la resistencia antifascista holandesa –también reseñadas por Torpey– dirigidas a incendiar los registros de población y a amenazar a los burócratas que los actualizaban.

En este libro se abunda en el carácter moderno de los métodos nazis de clasificación y control, al mismo tiempo que en las regresiones a métodos mucho más invasivos de marcado de las personas, supuestamente superados. Es significativa esta mezcla de dispositivos hipertecnológicos y arcaicos, para nada exclusiva del nazismo: Jean Mohr fotografió a los médicos alemanes en los años sesenta, en plenos Treinta Gloriosos, marcando con un número en la piel a los potenciales migrantes turcos en el proceso de selección en Estambul. Estas marcas en el cuerpo han seguido practicándose hasta el presente.

En la actualidad, cuatro procesos relacionados con la movilidad van de la mano: la aceleración de la circulación de las mercancías y las personas –las cifras del turismo han crecido vertiginosamente hasta los mil cuatrocientos millones de desplazamientos anuales–; la erección de muros, vallas y sofisticados mecanismos de control fronterizo; la multiplicación de las razones para abandonar forzadamente muchos lugares del planeta, dada la creciente violencia del capitalismo en crisis y sus exponenciales efectos destructivos sobre los ecosistemas; y, por último, el encarcelamiento masivo (más de dos millones de personas presas sólo en EE UU, país con la mayor tasa tanto absoluta como relativa).

Confiamos en que la edición en castellano de La invención del pasaporte contribuya a un objetivo más bien modesto: desnaturalizar este mundo, sobre todo en lo que atañe a la enorme proliferación de fronteras. Desenmascarar la historia de lo que se ha convertido en normal, en hegemónico, es siempre una condición necesaria para poder acabar con ello.