Nos llegan aterradores testimonios desde las islas del Egeo y desde el río Evros, frontera entre Grecia y Turquía. En poco más de dos días se relata el incendio de un centro –ya clausurado– de recepción de ACNUR y otro de acopio de materiales para refugiados, en las islas de Lesbos y Chios; grupos de ultraderecha que de manera impune agreden a miembros de una ONG en el puerto de Thermi, impiden por la fuerza la llegada por mar de personas refugiadas y un bloqueo temporal de las salidas de la capital de Lesbos para amedrentar a refugiados, periodistas y voluntariado internacional; guardacostas griegos con evidentes intentos de hacer zozobrar una barca llena personas en situación de grave riesgo; un grupo de encapuchados destrozando el motor de una barca con migrantes a bordo y dejándolos a la deriva, cuyo auxilio fue además denegado por los guardacostas griegos;  el uso indiscriminado –afectando a numerosos niños, niñas y bebés– de gases lacrimógenos y otros medios violentos para rechazar la entrada de potenciales solicitantes de protección; la muerte –el asesinato– de un adulto y un niño en el intento de llegar a Grecia; una primera resolución de un tribunal griego que condena a cuatro años de cárcel el intento de entrada ilegal desde Turquía.

Grupos de ultraderecha han agredido a miembros de una ONG en el puerto de Thermi, impidiendo por la fuerza la llegada por mar de personas refugiadas

Tales actuaciones se enmarcan en la declaración unilateral del gobierno griego de suspensión de toda obligación internacional en materia de asilo durante (al menos) un mes.

Durante años, el derecho de asilo, la protección internacional de las personas refugiadas, ha sido considerado como la piedra de toque del sistema internacional de los derechos humanos. La aprobación del Convenio de Ginebra de 1951 sobre el estatuto de los refugiados venía a cerrar el círculo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 al establecer (primero para países europeos y después a nivel global) precisamente que la protección de los derechos humanos depende de la obligación de los Estados a dar acogida y protección a quienes huyen de sus países por no ver garantizados en ellos sus derechos más esenciales. La protección internacional del asilo como apuesta por recuperar un humanismo que los conflictos bélicos de las viejas colonias europeas habían pulverizado.

La situación recién descrita se suma a las incontables e incontadas muertes en el Mediterráneo, a la política de porte chiuse (puertas cerradas) pregonada por Salvini, a la desatada violencia policial en las fronteras de Croacia y Hungría y al día a día de las devoluciones colectivas y sin garantías practicadas por la policía española en la frontera sur. 

Frente a ello, Europa ha ofrecido dos nítidas respuestas. La más reciente es fruto de una visita sobre el terreno por parte de los más altos representantes de la Comisión europea, el 3 de marzo. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, ha querido dar las gracias a Grecia “por ser la aspida  –el escudo– europea en estos momentos”. Ni rastro de algún mínimo interrogante al menos respecto a la “proporcionalidad” de las actuaciones policiales en frontera, por emplear un término que gusta al “Estado de derecho”. La excepcionalidad, aunque esta lleve camino de resultar permanente, no conoce, sabemos, de proporciones. Tampoco, por cierto, parece cobrar relevancia alguna que el propio Tratado de Funcionamiento de la UE establezca en su art. 78.3 que deberá ser el Consejo Europeo el que habilite medidas provisionales en el caso en que “uno o varios Estados miembros se enfrenten a una situación de emergencia caracterizada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países”.

La segunda respuesta, igualmente nítida y con efectos aún más devastadores para los cimientos del edificio de los derechos humanos, la ofreció hace unas semanas el Tribunal de Estrasburgo cuando su Gran Sala optó por revocar una sentencia previa que condenaba a España por las llamadas devoluciones en caliente. Sin rodeos argumentales, el máximo garante de los derechos humanos a nivel regional europeo avala la posibilidad de que los Estados sigan practicando devoluciones colectivas sin ningún tipo de procedimiento administrativo ni garantía de recurso. Así será para toda persona que haya entrado de manera irregular y no pueda demostrar la imposibilidad de acceso a través de vías legales (no se sabe cómo se debería poder demostrar sin posibilidad de recurso, pero ese detalle parece no importarle a la Gran Sala). El argumento, si es que existe, se remata aseverando que en el caso juzgado los denunciantes “se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad al intentar entrar deliberadamente en España por la valla de Melilla”. Se asume así, sin más, una abierta renuncia al carácter irrenunciable de los derechos humanos, cuya efectividad no puede depender de la irregularidad de una actuación de la persona a la que se refieren.

Décadas después, cuando son muchas las voces que nos hablan de un retorno a condiciones de la etapa de entreguerras, aquellas que vieron nacer y crecer los fascismos, asistimos en Europa a una verdadera implosión –suicida y amnésica– totalitaria. La amenaza, la excepción, el miedo inoculado, marcan la senda de la realpolitik en la que transita la institucionalidad estatal y comunitaria al completo.

En su célebre artículo Nosotros, los refugiados (1943), Hannah Arendt escribió que “nos exponemos al destino de los seres humanos que… no son nada más que seres humanos”. Es imposible, señalaba, imaginar una situación “más peligrosa” que esta, “puesto que de hecho vivimos en un mundo en el que los seres humanos como tales han dejado de existir hace ya bastante tiempo”. 

----------------

Marco Aparicio es presidente del Observatorio DESC, un centro de derechos humanos que concentra sus esfuerzos en desmontar la percepción devaluada de los derechos sociales en relación a otros derechos considerados fundamentales como los civiles y políticos y los patrimoniales.