El domingo se convocaron manifestaciones contra el racismo en Madrid y Barcelona. Participaron miles de personas impulsadas por organizaciones afroamericanas, colectivos racializados, antirracistas, de manteros y sin papeles; sujeto político importante en muchos países europeos y que surge con fuerza en el nuestro. Se protestaba contra el asesinato de George Floyd en Minnesota. Y se protestaba como parte de una ola de movilización global. Sobre todo era una manifestación que quería evidenciar que aquí también hay racismo institucional, una discriminación que pesa sobre distintos colectivos: afrodescendientes, magrebíes, árabes, gitanos, latinoamericanos, y otros.

En respuesta a la protesta, tanto el ministro de Sanidad, Illa, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, acompañados de periodistas de todas las ideologías, pusieron el grito en el cielo. El motivo eran algunas imágenes donde parecía que no se estaban respetando las distancias de seguridad. Sorprende en un país tan polarizado un acuerdo tan inaudito en este asunto. Apenas se habló de las razones que tenían para salir a la calle. La discusión sobre la “salud” pública ocultó convenientemente el debate sobre las condiciones de vidas de muchas personas migrantes, sobre el racismo cotidiano que tienen que sufrir las racializadas sean españolas o no. Y esto por no hablar de los peligros de deslegitimar el ejercicio del derecho a la protesta, algo que no debería permitirse un ministro. Cuando hay manifestaciones que mueven a miles de personas, a veces estas se desbordan, pese a todo el cuidado del mundo. (Yo estuve en la de Madrid y la mayoría de la protesta se produjo con distancia de seguridad y mascarillas).

En Bélgica, por contra, el epidemiólogo que durante el confinamiento fue portavoz oficial del gobierno dijo en tuiter sobre la manifestación que se produjo allí: “Si el racismo no existiera, 10.000 personas no tendrían que haber recordado a Bruselas que todos somos iguales”. Y recordaba a los asistentes que a partir de ese día debían respetar estrictamente los gestos de barrera –por ejemplo, mascarillas y distancia– durante al menos quince días, así como “continuar su lucha durante toda la vida”.

Unos 3.500 inmigrantes que trabajan en el campo andaluz viven hacinados en chabolas sin las mínimas condiciones higiénicas

Aquí, el ministro preocupado por la seguridad debería fijarse también en cómo viven los migrantes que trabajan en el campo andaluz, ahí sí que no hay condiciones de seguridad ninguna. Solo en los campos de Huelva, unas 3.500 personas de origen migrante –más o menos la cifra de asistentes a la manifestación de Madrid– viven hacinadas en chabolas sin las mínimas condiciones higiénicas. Muchas no tienen ni agua donde lavarse las manos. En Lleida, el futbolista Keita Baldé ha intentado hacerse cargo del alojamiento de los temporeros de la fruta alquilando habitaciones en hoteles de la ciudad. Los hoteleros se han negado a alojarlos. Las denuncias se multiplican sobre lo que sucede en los tajos de las Jornaleras de Huelva en Lucha. No se respetan las distancias de seguridad en los tajos y las empresas no garantizan ni mascarillas, ni guantes. Según una de sus portavoces, Ana Pinto, hay empresas que han ocultado casos de contagio y han amenazado a las trabajadoras para que no hablen de ello. Ocho ONG han denunciado a España ante la ONU estos días por violar los derechos humanos de las temporeras marroquíes en Huelva. Estos días sabemos que las trabajadoras empleadas en el servicio de mediación de Andalucía están presionando a las trabajadoras para que desistan de continuar con sus denuncias.

¿Cómo era aquello de que el virus nos igualaba a todos? ¿Quién habla de seguridad aquí? ¿Cuáles son las declaraciones del ministro Illa sobre estas condiciones de trabajo? ¿Las vidas negras importan? De todo eso iban las manifestaciones, y de eso es de lo que tendríamos que estar hablando. Que las personas migrantes estén en las peores posiciones laborales, donde no tienen posibilidad de negociar o hacer públicas sus condiciones de inseguridad –antes y durante la pandemia, por cierto–, no es casualidad, es fruto de las fronteras y la ley de extranjería. Muchos ocupan esos trabajos esenciales y se la han estado jugando estos días. Si trabajar es esencial, reclamar derechos, también. Les aplaudimos por jugársela en las residencias, las casas, los invernaderos y los campos. No podemos decirles que sus derechos son menos importantes que los trabajos que hacen. ¿Se va a arreglar esta situación por arte de magia, sin protestas? Es evidente que no. ¿Y la de la violencia policial, las identificaciones selectivas contra sin papeles y personas racializadas, el acoso a los manteros? ¿Y la situación en los CIES?

Para luchar contra la extrema derecha será imprescindible una alianza de migrantes y racializadas y otros movimientos con capacidad de tomar la calle

Vox no ha esperado mucho. Al día siguiente, el mismísimo Abascal cargó contra la sanidad universal –aunque en España dejó de ser universal desde la modificación del 2012 y todavía no se ha revertido– mientras pedía más control de fronteras. El antifascismo no es solo algo que se declara en los medios. Para luchar contra la extrema derecha será imprescindible una alianza de personas migrantes y racializadas y otros movimientos sociales con capacidad de tomar la calle e imponer agendas. La manifestación del domingo pasado, parte de una nueva oleada de movilizaciones globales, demuestra que hay un sujeto político en formación. En EE.UU., en dos semanas de protestas, han conseguido que Minneapolis diga que va a replantearse su modelo policial y los alcaldes de Nueva York y Los Ángeles se han declarado dispuestos a hacer importantes recortes al presupuesto policial. Hablemos de eso, y asumamos que el desconfinamiento va a traer muchas escenas ambiguas respecto de las medidas de seguridad propuestas –recordemos que una buena parte de nuestro turismo es de sol, playa y borrachera–. Habrá que equilibrar el riesgo sanitario con el reinicio de actividades, sobre todo cuando afectan al ejercicio de derechos fundamentales.