Casi 40 días después de que se decretara el estado de alarma, el Ministerio de Igualdad publicó un documento de “Ampliación de medidas destinadas a víctimas de violencia de género, explotación sexual y trata de seres humanos”, pero que también hablaba de mujeres “en contextos de prostitución”. En él prometían soluciones de emergencia habitacional y acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV), con independencia de la residencia legal, para aquellas en una “especial situación de vulnerabilidad”. Semanas más tarde, el Ministerio difundió una serie de documentos técnicos (una guía de actuación, una propuesta para unificar el criterio de acreditación y unos indicadores para valorar la situación de vulnerabilidad) en los que se iban concretando cómo se articularían estas medidas especiales.

La información se difundía a cuentagotas y observábamos problemas recurrentes relativos a la ausencia de garantías en la protección de datos y los obstáculos que podrían surgir al limitarlo solo a “mujeres”, para todas aquellas mujeres trans que no hubiesen podido modificar aún el nombre de sus documentos, entre otros. Antes de la publicación del IMV en el BOE, el Gobierno difundió una guía online, seguida de un tuit del Ministerio en los que ya no se mencionaba a las mujeres “en contextos de prostitución”. Pero en ninguna de las 44 páginas de la ley definitiva aparece ni una sola vez la palabra ‘prostitución’. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo accederán ahora al IMV? A punto de cumplirse tres meses tras el comienzo del estado de alarma, las mujeres que ejercen la prostitución continúan sin poder cubrir sus necesidades de subsistencia más elementales y sufren un incremento progresivo de sus deudas, a la espera de que lo que les prometieron se cumpla.

Las mujeres que ejercen la prostitución continúan sin poder cubrir sus necesidades de subsistencia y sufren un incremento progresivo de sus deudas

Al comienzo de la pandemia, imbuidas por esa sensación de completa incertidumbre en la que hemos vivido estos meses, todavía podíamos creer que la campaña organizada por colectivos antirracistas y de migrantes #RegularizaciónYa, de la que el Colectivo de Prostitutas de Sevilla forma parte, conseguiría pronto su objetivo y las personas en situación administrativa irregular obtendrían los ansiados papeles. Sus propuestas junto a la aprobación de una Renta Básica Universal, como un derecho social individual propio de partidos que se dicen socialistas y redistribuyen la riqueza, dibujaban un horizonte de justicia social. En este horizonte ansiado, quienes ejercen la prostitución no tendrían que plegarse a que entidades y servicios sociales fiscalizaran sus vidas; no tendrían que declarar su actividad para acceder a ninguna ayuda. Por desgracia, con frecuencia las trabajadoras sexuales evitan acudir a los servicios sociales porque temen que contar en qué trabajan les traiga consecuencias negativas como la retirada de la guardia custodia de sus hijos e hijas. Por esta batería de razones, los colectivos proderechos hubieran preferido que no se impulsaran medidas específicas para quienes ejercen la prostitución. Sin embargo, según avanzaban los días y el neoliberalismo progresista del gobierno se hacía patente, plegándose a las demandas de la patronal en el diseño del IMV y amoldando las exigencias de Extranjería solo para obtener mano de obra jornalera, tuvimos que aceptar la realidad. Las trabajadoras sexuales necesitaban un subterfugio para paliar la absoluta falta de ingresos en la que les había dejado la pandemia. Cuando se publicó la Ampliación, aunque desde los diferentes colectivos proderechos arrugamos el ceño por la manera estigmatizante de formularlo cuando hablaba de “contexto de prostitución” y pese a que no se hubiesen puesto en contacto con ningún colectivo de trabajadoras del Estado, aplaudimos la iniciativa. Denominar a la prostitución “contexto” es erróneo y redunda en el estigma, porque esta actividad económica ni se “es” ni se “está”; se realiza, de acuerdo con el principio feminista que reconoce la capacidad de agencia de las mujeres. Desde el Ministerio podrían haber recurrido al término de consenso “ejercicio de la prostitución” que proderechos y abolicionistas emplean cuando trabajan juntas en intervención social. Con todo, algo era mejor que nada.

Sin embargo, ante la redacción final del BOE cabe preguntarse: ¿cómo accederán ahora las mujeres que ejercen la prostitución al IMV? Este interrogante se replicaba en cada entidad con la que nos pusimos en contacto, hasta que finalmente, desde el Ministerio de Igualdad nos comunicaron que se determinaría su acceso “a partir del umbral de renta”, como el resto de la ciudadanía. ¿Significa esto que las trabajadoras sexuales han dejado de formar parte del grupo de excepción al que se le exime de cumplir ciertos requisitos para acceder al IMV?

Sin una puerta trasera, las mujeres que ejercen la prostitución –no digamos ya las personas trans– tienen muy complicado acceder al IMV a partir del umbral de renta. En primer lugar, quedan fuera de su cobertura todas las mujeres en situación administrativa irregular, un porcentaje nada desdeñable si tenemos en cuenta que el 90% de quienes ejercen son migrantes. En segundo lugar, se encuentra el obstáculo habitual que representa para ellas obtener el empadronamiento, lo que con frecuencia lastra su acceso a la atención sanitaria. Con todo, el requisito más lapidario es aquel que se exige a las personas al margen de una unidad de convivencia –familia–: la cotización. Para demostrar una vida autónoma, las personas que quieran acceder al IMV tienen que acreditar haber cotizado doce meses y haber residido de manera independiente de sus familias en los últimos tres años. ¿De qué manera espera el Ministerio que las mujeres que ejercen la prostitución hayan cotizado cuando su actividad no se reconoce como trabajo y, en consecuencia, se las excluye de la cobertura de la seguridad social?, ¿cómo puede el Estado exigirles cotizar cuando les prohíbe hacerlo? El artículo en el que figura esta exigencia señala que este requisito no se exigirá a quienes “se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente”. Como la prostitución ha desaparecido de la redacción definitiva, no sabemos si forma parte de una de esas circunstancias. De no ser así, no solo muchas trabajadoras sexuales tendrían vetado el acceso al IMV, sino el colectivo extenso de mujeres que sobreviven mediante la economía sumergida. Ya que hablamos entre feministas, sería conveniente recordar que una creciente mayoría de la economía informal tiene rostro de mujer, pues responde a actividades feminizadas tales como el trabajo doméstico, de cuidados de dependientes o ancianos, aparadoras y un largo etcétera. El IMV, tal como ha quedado establecido por el Gobierno, se revela progresivamente como un dispositivo que segrega por edad (excluye a los mayores de 65 años), raza (a quienes no dispongan de permiso de residencia de un año) y género. Y es que quienes en mayor medida acceden al trabajo productivo, formal y asalariado son varones nacionales; algo que, como nos enseñaba Federici, tiene mucho que ver con lo que socialmente se considera trabajo.

Mientras ellas carecen de cualquier derecho, la patronal se encuentra legalizada desde 2003 y han podido, incluso, acogerse a los ERTE

En uno de aquellos documentos previos publicados por el Ministerio –del que las entidades desconocen su validez actual– se establecían los indicadores para valorar las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres “en contextos de prostitución”. La vulnerabilidad aparecía en sus páginas como una lista exhaustiva de accidentes que le ocurrían a la persona; como una serie de contextos de riesgo, debilidad y privaciones sustantivas que rodean al individuo y dificultan su supervivencia. La asepsia valorativa de aquel documento no entraba a reflexionar críticamente sobre cuáles son las causas que originan dichas situaciones de vulnerabilidad. Como bien explica Judith Butler, la vulnerabilidad no ocurre sin más, sino que se encuentra inducida por los Estados y sus raíces son estructurales. Por ejemplo, en el documento se listaba como uno de estos factores la falta de acceso a la vivienda, denominada “vulnerabilidad residencial”; pero: ¿cuál es la causa de que no puedan alquilar un piso?, ¿quizá porque carecen de una nómina que las acredite frente al mercado de alquiler?, ¿y quién produce esa situación de vulnerabilidad si no es el Estado, vetando su acceso a derechos? Otra serie de factores enumerados en el documento tienen por causa el cierre de fronteras de la Europa Fortaleza, las restricciones que impone la Ley de Extranjería y la ausencia de alternativas efectivas para el abandono del ejercicio para quienes así lo deseen. De este modo, se desreponsabiliza al Estado de haber generado el caldo de cultivo propicio con sus políticas (o ausencia de ellas), las cuales abocan a las personas al contexto de vulnerabilidad que hasta hace poco buscaban combatir.

La situación resultante para quienes ejercen la prostitución es cuanto menos kafkiana. No las reconoce como trabajadoras, pero tampoco como víctimas de su desprotección y las condena, una vez más, a habitar en un limbo. Mientras ellas carecen de cualquier tipo de derecho, la patronal se encuentra legalizada desde 2003 por el Tribunal Supremo, los ayuntamientos les conceden licencias y han podido, incluso, acogerse a los ERTE. Asimismo, poco sentido tienen los esfuerzos por que las mujeres que ejercen la prostitución logren acceder al IMV si van a continuar siendo sancionadas por las ordenanzas municipales y la Ley mordaza con multas de hasta 30.000 euros. Las normativas que criminalizan la prostitución en el espacio público conducen a un endeudamiento progresivo que les aboca a un callejón sin salida. Si pagan las multas, la administración las está forzando a realizar más servicios de los previstos; si no, les acarreará serios problemas si intentan acceder al mercado laboral formal o a la hora de solicitar o renovar la tarjeta de residencia en el caso de las que son migrantes.

Este es el momento impostergable de derogar todas las normativas criminalizadoras y de demostrar que de verdad les importan las situaciones de vulnerabilidad por encima de los principios ideológicos que arañan votos. Urgen políticas feministas transversales que no solo se limiten a abordar la violencia, sino que se hagan cargo de lo que entraña la división sexual del trabajo, maximicen la autonomía económica y no releguen la conciliación y la brecha de género presente en los cuidados a un discurso vacío de medidas. Necesitamos de un feminismo que haga honor al adjetivo ‘de izquierdas’, el cual ponga en el centro las condiciones materiales en las que se desarrolla la vida.

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Paula Sánchez Perera es activista e investigadora. Colaboradora del Colectivo de Prostitutas de Sevilla