Incertidumbre y cierta desconfianza acompañan a las medidas anunciadas el pasado 21 de abril por el Ministerio de Igualdad para responder al impacto del confinamiento sobre las mujeres “en contextos de prostitución” y aquellas víctimas de trata o de explotación sexual.

El que el Gobierno haya planteado, dentro del plan de contingencia contra la violencia de género ante la crisis de la covid-19, un único paquete de medidas excepcionales para situaciones muy diversas genera dudas tanto de fondo como operativas entre entidades especializadas y en los colectivos de prostitutas.

“Una trabajadora sexual se ve afectada por el confinamiento porque su trabajo disminuye y puede encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, pero no tengo del todo claro que en el plan estén reconociendo estas situaciones, mientras que lo que sí veo es que mezclan colectivos que tienen marcos normativos de referencia diferenciados”, advierte Rosa Cendón, coordinadora de Relaciones Institucionales e Incidencia de Sicar.Cat, un proyecto de atención integral a mujeres víctimas de trata en Cataluña, ligado a Adoratrices, una congregación religiosa.

Adoratrices también es responsable del proyecto Esperanza, uno de los cuatro que el Ministerio de Igualdad estableció desde el 21 de abril como referentes para que aquellas mujeres que se encuentren en situación de trata, explotación sexual y en contextos de prostitución puedan obtener información sobre “derechos y alojamiento seguro”. Con ese fin difunden por redes sociales sus teléfonos de atención 24 horas y los de las unidades de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado especializados en trata. Esto responde a una de las medidas del plan: “Garantizar la información” para no dejar a “ninguna mujer desprotegida”. 

Si bien fuentes de Igualdad apuntan que lo “fundamental del Plan es que amplía la posibilidad de detección de las víctimas a través de las entidades especializadas”, son numerosas las organizaciones que trabajan con mujeres que ejercen la prostitución –y que, por lo tanto, pueden llegar a detectar casos con indicios de trata–  las que denuncian que no han sido tenidas en cuenta ni para proponer actuaciones ni para plantear cómo aterrizarlas. “Por parte de las mujeres hay muchas expectativas por lo que han leído en la prensa, pero las entidades no somos capaces ni de explicar los requisitos ni el recorrido que tendrán que hacer”, lamenta Clarisa Velocci, directora de Genera, entidad reconocida como recurso especializado por el Protocolo de Protección a las Víctimas de Trata de Seres Humanos de Cataluña. “Nos preocupa que la comunicación desde el 21 de abril haya sido más para un público general que para las entidades especializadas en trata y en prostitución, que no sabemos cómo va a coordinarse todo esto”, añade.

Pese a que la medida estrella, el acceso de las mujeres al ingreso mínimo vital incluso si se hallan en situación administrativa irregular, “se está terminando de ultimar en términos normativos por parte del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social”, fuentes de Igualdad afirman que “el Plan y la mayoría de recursos que recoge”, como la garantía de información, identificación y detección, así como la solución habitacional, “están ya en funcionamiento”.

“Valoramos la buena intención del documento pero también les trasladamos que ofrecer soluciones habitacionales pide que la medida se dote de recursos”, remarca el secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat de Catalunya, Oriol Amorós. Que está previsto que el fondo presupuestario destinado al Pacto de Estado contra la Violencia de Género sea “igual que el año pasado” es de las pocas concreciones que han llegado a los gobiernos autonómicos tras el anuncio de las medidas excepcionales para las mujeres en situación de trata o prostitución, explica Amorós.

Ni criterios ni circuito definidos

El pasado 30 de abril se reunió el Foro Social contra la Trata, el órgano de coordinación entre entidades especializadas y administraciones con competencias en la materia para abordar la ampliación del plan de contingencia contra la violencia de género ante la crisis de la covid-19. El encuentro, sin embargo, no dejó certezas sobre el circuito para gestionar las ayudas excepcionales.

Las organizaciones denuncian que los ayuntamientos se niegan a empadronar o ponen trabas a quienes no pueden acreditar un domicilio fijo debido a la precariedad 

Entre las demandas “para que estas medidas no queden inaccesibles para la mayoría”, Amorós plantea que la puerta de acceso tiene que ser el ámbito local. “O se es muy capilar en la accesibilidad o no funcionará el plan para estas mujeres”, advierte. En este sentido, el gobierno autonómico pide que la puesta en marcha del plan ponga en el centro a los servicios especializados en violencia machista más próximos, así como a las entidades locales que trabajan directamente con mujeres en contextos de prostitución. Una necesidad que también remarca Sicar.cat para garantizar un circuito efectivo de  acompañamiento a las mujeres y que no se concreta en la primera propuesta del Ministerio. Tras el Foro Social contra la Trata, Igualdad ha recogido aportaciones de las entidades especializadas y organismos que forman parte del Foro Social contra la Trata para afinar la propuesta.

Para la Generalitat y las entidades consultadas, es fundamental garantizar el empadronamiento para que estas mujeres no vean cerradas las puertas de muchas ayudas. Las organizaciones denuncian que la mayoría de ayuntamientos se niegan a empadronar o ponen trabas a quienes no pueden acreditar un domicilio fijo debido a la precariedad económica y habitacional, pese a que incluso “las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc., e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón, según las instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal, publicadas en el BOE el 25 de julio de 1997, durante la primera legislatura del PP. Las dificultades para empadronarse impactan en buena parte de las mujeres que ejercen trabajo sexual, mayoritariamente, migrantes.

“El reconocimiento de derechos es amplio en la norma y reconoce la diversidad de situaciones dentro de la prostitución, pero no sabemos cómo estos derechos se harán efectivos para las mujeres, cosa que depende de quiénes se encargarán y de los requisitos. De esto dependerá el impacto en las mujeres que acompañamos”, remarca Velocci. Genera, la organización para la que trabaja, atiende a alrededor de 600 mujeres al año en las provincias de Barcelona y Girona. Entre el 15 y el 20% muestran indicadores de estar en situación de trata. Velocci afirma que el resto ejerce de manera voluntaria.

La guía de actuación publicada por el Ministerio en el marco del plan #NingunaMujerDesprotegida indica que aquellas que ejercen la prostitución pueden gestionar el acceso a una ayuda económica "para salir de la situación" a través de los servicios sociales. Se les recomienda que antes contacten con una entidad especializada de apoyo a los procesos "de salida" de las mujeres de la prostitución.

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género cifra en 13.300 las mujeres con signos de trata o explotación sexual, según datos recogidos en 2018. Ahora bien, tan solo fueron reconocidas como víctimas 331, según la Fiscalía General del Estado (sección de Extranjería). Un infrarreconocimiento vinculado al hecho que la única vía de identificación oficial de víctimas de trata es la policial, con la que las mujeres afectadas por esta violencia machista a menudo no quieren tener contacto, ya que temen ser deportadas al encontrarse en situación administrativa irregular.

Entre las medidas excepcionales por la crisis de la covid-19  no se contempla el reconocimiento como víctima de trata ni ningún tipo de protección frente a la Ley de Extranjería pesa a que, al mismo tiempo, el acceso al ingreso mínimo vital se vincula a ser víctima de trata.

Diversidad de situaciones, un mismo marco

Si bien califica de “pequeñísimo logro que hayan sido capaces de diferenciar prostitución de trata”, Kenia García, activista del Colectivo de Prostitutas de Sevilla y una de las portavoces de la campaña #RegularizaciónYa, apoyada por al menos 900 colectivos de migrantes, antirracistas y proderechos de las personas migrantes, considera inadecuado que el apoyo a mujeres que ejercen trabajo sexual sin coacciones ni condiciones de explotación se enmarque en un plan contra la violencia de género. “Nosotras no somos víctimas y en ningún momento nos han preguntado qué necesitamos”, denuncia.

Alimentos, albergues, butano, medicación… García explica que su colectivo y otras organizaciones de trabajadoras sexuales se han pasado las últimas semanas buscando recursos para mujeres que, durante el confinamiento, se han quedado sin ingresos económicos o, incluso, se han endeudado. Es el caso de aquellas que viven de alquiler en habitaciones de clubes en los que normalmente también trabajan.

“¿Qué es contexto de prostitución en ‘máxima vulnerabilidad’? ¿Quién lo decide? Creo que esta ampliación de medidas ha sido un brindis al sol; que se han visto con la necesidad de decir algo al respecto de la situación de urgencia que las trabajadoras sexuales llevamos desde el principio del confinamiento denunciando”, plantea Belén, delegada territorial del sindicato OTRAS.

A finales de 2018, la Audiencia Nacional declaró la nulidad de los estatutos de este sindicato de trabajadoras sexuales. Sentenció que no resulta posible “un contrato en virtud del cual el trabajador asuma la obligación de mantener relaciones sexuales que le indique el empresario”. Una de las demandantes fue la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, una de las cuatro entidades de referencia para la atención de casos de trata o prostitución en el plan del Ministerio de Igualdad, junto al Proyecto Esperanza de Adoratrices; Diaconía, vinculado a la Iglesia evangélica, y APRAM, que considera la prostitución una expresión de violencia machista.

Estigma e irregularidad, grandes barreras

A los colectivos de trabajadoras sexuales y las ONG consultadas les preocupan las múltiples trabas a las que tendrían que enfrentarse las mujeres que ejercen la prostitución para lograr acceder a las ayudas. A la falta de empadronamiento de muchas se le añade el temor a recurrir a los servicios sociales por el estigma. “¿Se van a hacer listados de putas? ¿En manos de quién? Muchas no quieren que su nombre aparezca asociado al ejercicio de trabajo sexual y tienen miedo de que siendo madres solas les quiten a sus peques”, pone sobre la mesa Belén. Confidencialidad de los datos personales y garantías de que la información de quienes están en situación administrativa irregular no llegará al Ministerio del Interior ni a los cuerpos policiales son demandas básicas de los colectivos de trabajadoras sexuales al Gobierno.

Sin ingresos, algunas de ellas también pueden llevar mucho tiempo sin comunicarse con su familia en sus países de origen

Sin acceso a contratos de alquiler formal, muchas además no han podido acogerse a las medidas excepcionales del Gobierno en materia de vivienda y suministros. Tampoco a otros apoyos para trabajadores, porque la economía sumergida es una fuente de subsistencia, pero también de desamparo. Además, para muchas de ellas, sin los papeles en regla, salir a la calle, con mayor presencia policial, genera mucho miedo. Sin ingresos, algunas de ellas también pueden llevar mucho tiempo sin comunicarse con su familia en sus países de origen. A ello, se le suma lo más básico que hay resolver cada día que pasan sin trabajar y sin acceso a renta: el hambre. “Muchas compañeras viven en la angustia mientras se deciden los criterios de una medidas que van tarde y dirigidas a víctimas”, remacha García.

Uno de los temores de las organizaciones de trabajadoras sexuales es que el acceso a las ayudas sociales vaya aparejado a la exigencia de cambiar la prostitución por alternativas laborales altamente precarizadas e, igualmente, altamente feminizadas y racializadas, como la limpieza y el cuidado de personas ancianas. “Tendremos que ver si el Gobierno hace diferencia respecto a otros colectivos, a los que se ayuda sin pedir contraprestación”, plantea Cendón, que reivindica “igualdad de condiciones” para responder a necesidades urgentes.