Una vez más las calles de Estados Unidos arden. La gota que en esta ocasión ha colmado el vaso ha sido el asesinato racista de George Floyd a manos de un oficial de policía blanco. Esta gota en un océano de gotas es una prueba más de cómo el racismo sistémico del país está profundamente embebido en los cimientos del sistema. Pero las protestas, centradas especialmente en la figura de la policía, no son sino reflejo de una sociedad desigual y amordazada, una sociedad que ha criminalizado al pobre, aterrado a la clase media y colmado de riquezas e impunidad al rico. Una sociedad en la que el proyecto neoliberal se ha erigido triunfante.

Desde mediados de los 70 Estados Unidos se ha convertido en el perfecto laboratorio de pruebas del neoliberalismo. En nombre del sacrosanto “Libre Mercado”, las políticas tanto económicas como sociales emprendidas ya desde antes de que Reagan ganara las elecciones han transformado el país por completo, convirtiéndolo en lo que es hoy. En su libro Punishing the Poor, el sociólogo Loïc Wacquant afirmaba que estas políticas, lejos de reducir el tamaño del Estado, lo habían transformado en lo que él denominaba el Estado Centauro; una sociedad con rostro humano y amable para los de arriba, pero con pezuñas implacables para los de abajo. 

En 2016 la población reclusa, en libertad condicional o en libertad bajo fianza combinada en EE.UU, era de casi siete millones (más que toda la población de Irlanda)

Es indiscutible que el modelo neoliberal de sociedad americana se ha cebado especialmente con los más pobres. Su retórica afirma que aquellos individuos más desfavorecidos no deben ser mantenidos por el Estado, ya que esto crea una masa insostenible de gente que prefiere vivir de los subsidios a trabajar (¿les suena este discurso?). Haciendo bandera de esto, la totalidad de presidentes desde Reagan se ha dedicado sistemáticamente a desmantelar el Estado del bienestar (welfare) y sustituirlo por programas de subempleo (workfare), necesarios para poder acceder a ayudas tan básicas como cartillas de alimentos (de las que más de 40 millones de americanos dependen para poder comer). Lejos de sacar a la gente de la pobreza, el workfare ha supuesto una trampa para millones de trabajadores pobres (gran parte de ellos negros y latinos), que sobreviven con salarios de miseria que apenas cubren sus necesidades. 

Paralelamente, el neoliberalismo ha promovido activamente el auge del “Estado prisión”. Hasta 1975 la tasa de encarcelamiento en el país se había mantenido estable en alrededor de 100 prisioneros por cada 100.000 habitantes. Pero a partir de esa fecha el ratio se disparara, llegando a los 480 reclusos por cada 100.000 habitantes en 2010. En 2016 la población reclusa, en libertad condicional o en libertad bajo fianza combinada en Estados Unidos, era de casi siete millones de personas (más que toda la población de Irlanda). Estos números son aún más flagrantes cuando hablamos de minorías étnicas y raciales. En un informe para la Comisión de Derechos Humanos, el grupo The Sentencing Project estimaba que, a lo largo de su vida, uno de cada tres ciudadanos negros y uno de cada seis latinos pasaría por la cárcel.

Este aumento en el número de reclusos no obedece a un aumento de la criminalidad, sino a un cambio de paradigma respecto al crimen. En su “lucha contra las drogas”, Reagan convirtió la simple posesión de drogas blandas en crímenes por los que encerrar a los ciudadanos. Los grandes medios de comunicación (propiedad de los mismos oligarcas que habían urdido el Estado Centauro) empezaron a presentar a los pobres como criminales en potencia. Los realities y series de televisión sobre policías y criminales empezaron a proliferar. Día tras día los informativos hablaban de los jóvenes negros y latinos como “superdepredadores juveniles”, amenazas latentes para los ateridos votantes suburbanos de clase media. La solución era obvia: el gobierno debía caer sobre estos individuos “con todo el peso de la ley”. Para esto, muchos estados redujeron la edad legal por la cual un joven podía ser juzgado como un adulto hasta los 14 años, o aprobaron leyes como “los tres strikes”, por la que si un criminal era condenado tres veces a lo largo de su vida debía cumplir obligatoriamente cadena perpetua, independientemente de cuáles hubieran sido sus crímenes. La policía empezó a militarizarse para responder a este pánico moral, patrullando los suburbios de Los Angeles en tanquetas como si patrullaran por Fallujah. Las leyes se cambiaron para blindar a las fuerzas del orden, dotándolas de una impunidad casi absoluta.

Las clases medias tampoco se han librado de sufrir a manos de este experimento social: En 2020 los ahorros netos de las familias americanas apenas llegan al 1,4% del ingreso nacional bruto

Ser pobre se transformó en sinónimo de ser un criminal en potencia, un marginado, un paria.

Pero, aunque el Estado Centauro se haya cebado especialmente con las clases bajas de Estados Unidos, las clases medias tampoco se han librado de sufrir a manos (o pezuñas) de este experimento social. En su artículo Neoliberalism’s penal and debtor states, John L. Campbell nos habla de cómo la clase media ha caído víctima de lo que él se refiere como el “Estado deudor”.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta el auge del neoliberalismo, la clase media americana gozó de una prosperidad sin precedentes, aumentando su riqueza cerca de un 3% anual de forma casi constante a lo largo de tres décadas. Pero desde mediados de los 70, el crecimiento de esta riqueza se estancó, forzando a las familias a recurrir al crédito para poder pagar sus gastos. La desregulación del sector financiero, que permitió a los bancos fusionarse entre ellos, operar en cualquier estado sin restricciones y crear nuevos productos financieros posibilitó un flujo de crédito barato sin precedentes que se tradujo en una espiral de deuda por parte de las familias de clase media. Si en 1973 los ahorros netos de las familias americanas ascendían al 11,7% del ingreso nacional bruto, en 2020 apenas llegan al 1,4%. [1] Al mismo tiempo, la deuda de los hogares se ha disparado hasta la atroz cifra de 14 billones de dólares (el PIB de Estados Unidos es de 20,54 billones), de los cuales 1,5 billones corresponden a deuda estudiantil.

Esta situación de endeudamiento insostenible coloca a la clase media en una precariedad en la que la situación de desempleo supone no poder hacer frente a las deudas contraídas, con los consiguientes desahucios y congelación del crédito. Supone descender a esa clase baja marginalizada y criminalizada que la clase media americana ha aprendido gracias a los medios a temer y odiar.

Por el contrario, las clases altas han sido las más beneficiadas, con diferencia, de este experimento social. El 10% más rico del país ha concentrado la mayor parte de la riqueza que se ha creado desde mediados de los años 70, y el coeficiente de Gini de desigualdad de riqueza en Estados Unidos es el más alto de todo el hemisferio occidental.

Los más ricos, que se han beneficiado de desregulaciones económicas y rebajas de impuestos sucesivas, han operado con total impunidad ante la falta de supervisión intencionada del gobierno americano. Así, aquellos que arruinaron el país en la crisis de 2007, arrastrando con ellos al grueso de la economía mundial, lejos de ser castigados, han seguido gozando de tratamiento preferencial, y los mismos criminales que sumieron a millones de ciudadanos en la miseria se sientan hoy a cenar con el presidente en lujosos restaurantes.

Aquellos que arruinaron el país en la crisis de 2007, lejos de ser castigados, han seguido gozando de tratamiento preferencial

De esta forma, el neoliberalismo ha estratificado la sociedad americana en tres capas: una clase alta que ha acaparado la mayor parte de la riqueza creada, que goza de tratamiento preferente por parte del gobierno en forma de desregulaciones y recortes de impuestos y a la que se le permite operar con total impunidad; una clase media rehén de una espiral descontrolada de endeudamiento que amordaza sus perspectivas de crecimiento; y una clase baja despojada de una red de protección, marginalizada y criminalizada, que puebla las cárceles y guetos del país y que sirve de chivo expiatorio para los miedos y paranoias del gran público. Una clase baja donde las minorías, especialmente negros y latinos, están sobrerepresentadas y son las víctimas habituales del “duro brazo de la ley” que el Leviatán neoliberal ha creado para proteger los intereses de las clases altas.

La chispa que ha prendido las revueltas esta vez ha sido un asesinato racista a manos de otro policía blanco. Pero las protestas que se han extendido por todo el país no son sino un reflejo de la situación asfixiante en la que viven sus ciudadanos. Quizá las revueltas se apaguen con el tiempo, una vez más. O quizá la gente se haya cansado por fin de vivir bajo las pezuñas del Centauro.