Hay algo que la mayoría de la gente tuvo claro cuando se supo que la pandemia, además de riesgo para la vida, iba a traer una durísima crisis económica. Esta vez no podía ocurrir lo que en la anterior: que los más ricos saliesen indemnes o favorecidos a costa del empobrecimiento de grandes capas de la población. Ahora les tocaría arrimar el hombro a los que acaparan grandes fortunas. No era, ni mucho menos, un afán de revancha. Era simplemente actuar con normalidad frente a la desvergüenza de que los más ricos tengan bula para eludir el pago de impuestos. No es sólo una frase: empresas y millonarios españoles tienen 190.000 millones de euros en paraísos fiscales. 27 grandes multinacionales españolas tributaron en todo el mundo tan sólo el 0,3 por ciento de sus beneficios. Y sin salir de España, el 20 por ciento más rico de los ciudadanos paga por todos los impuestos el mismo porcentaje que el 20 por ciento más pobre.

Esto, en la vida real, significa que el 20% más pobre de la población paga muchísimo más, porque el impacto de los impuestos depende del tamaño del bolsillo de cada uno. Para el 20% más rico, la carga impositiva actual significa apenas un pequeño descuento sobre unas rentas altísimas que dedica a ahorrar, aumentar su patrimonio o invertir para ganar aún más. En cambio, ese mismo porcentaje, aplicado sobre los ingresos de quien los usa para pagar un alquiler, servicios básicos y compras en el supermercado, con una capacidad de ahorro nula o prácticamente nula, significa reducir su calidad de vida y la de su familia.

Tristemente, todo indica que de nuevo los ricos van a seguir saliéndose con la suya. Unidas Podemos ha renunciado a incluir la implantación de un impuesto a las grandes fortunas en sus propuestas conjuntas con el PSOE en la Comisión parlamentaria para la Reconstrucción. Se desdice así de la que presentó nada más constituirse el citado grupo de trabajo. La explicación del paso atrás es el deseo de llevar una propuesta conjunta con el Partido Socialista y mantener de ese modo la unidad de acción de los partidos que forman el Gobierno. En resumidas cuentas, el PSOE se negó a que el impuesto a los muy ricos prosperase en la resolución final.

Si había una ocasión propicia para establecer un impuesto a las grandes fortunas, era esta

Se pretende, con esa renuncia, lograr el consenso con el PP y Ciudadanos en la Comisión de Reconstrucción. Un propósito que no está en absoluto garantizado, pero que, de conseguirse, sería a costa de abandonar la iniciativa más ambiciosa de todas las planteadas, la más simbólica, la que marcaba nítidamente la diferencia con la anterior crisis: que los ricos, esta vez sí, contribuyeran a sacar al país de hundimiento provocado por la pandemia, gracias a un Gobierno auténticamente de izquierdas, con la presencia de Unidas Podemos como garante de que no se cedería ante los poderosos.

Se podría aducir que este no es el momento más adecuado para establecer un impuesto a las grandes fortunas, que ya se abordará más adelante. Es todo lo contrario. Si había una ocasión propicia, era esta. Los ciudadanos son conscientes ahora, cuando ha llegado el peligro, de que las arcas públicas deben contar con recursos suficientes. Desde hace mucho no se había producido un consenso social mayor en favor de lo público. Atender este deseo se consigue con impuestos, y los ciudadanos de a pie y las Pymes ya pagan el límite de lo posible. Los ricos no.

Hay que recordar que, por efecto de la crisis, España va a tener un déficit público 82.000 millones superior al del año pasado. Y que, como consecuencia de ello, la deuda pública aumentará hasta el 115 por ciento del PIB, la mayor tasa desde 1902. Esto habrá que pagarlo. El dinero de la Unión Europea y del Banco Central Europeo ayudarán, pero no será suficiente. Un impuesto a las grandes fortunas, con el que se pretendía recaudar 11.000 millones de euros, contribuiría notablemente. Y solo afectaría a 114.000 personas, el 0,5 por ciento de los contribuyentes del IRPF. Los que declaran tener un patrimonio superior a un millón de euros, descontando la vivienda.

Hay que buscar la responsabilidad primera en el PSOE, que es quien impone su criterio en una coalición donde su poder es notablemente mayor que el de su socio UP. Y sobre todo en el sector del Gobierno más recalcitrante por que las cosas sigan como hasta ahora: la vicepresidenta Nadia Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pero también es responsable de la decepción Unidas Podemos, cuya seña de identidad debería tener una línea roja consistente en que los ricos no sigan saliendo indemnes o reforzados de los desastres sociales a costa de que los paguen los demás ciudadanos.

A todas estas explicaciones hay que sumar otra que en cierto modo las resume. Sigue habiendo miedo a molestar a los ricos y a la derecha que los representa. Un miedo en cierto modo irracional. Basta recordar la reciente aprobación del Ingreso Mínimo Vital en el Congreso con ningún voto en contra y el apoyo del PP. Según el último barómetro del CIS, el 81 por ciento de la población está a favor de la medida. Hasta hace no mucho era considerada una apuesta estrafalaria de la izquierda radical imposible de implantar. Hay que recordar que, tras la Segunda Guerra Mundial, Japón, Alemania y Francia implantaron fuertes impuestos sobre la fortuna. Estados Unidos gravaba a los más ricos por encima del 90 por ciento de sus ingresos y el Reino Unido con el 89 por ciento.

Después de esto, ¿con qué fuerza moral volveremos a decirle a la población que siempre arrima el hombro que Hacienda somos todos? La justificación moral de quienes incurren en fraude podría ganar peso ante esta nueva decepción. Y no sólo eso. El resultado de esta decisión, si no se corrige, puede ser grave por la decepción que producirá en muchos votantes del PSOE e Unidas Podemos. “Nadie va a quedar atrás en esta crisis”, ha repetido una y otra vez el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A la vista del miedo de su Gobierno a las grandes fortunas del país, cabría añadir: pero los ricos seguirán siendo intocables.