En España se establece la tributación moderna en 1978. Desde entonces, los ingresos públicos por este concepto han pasado de suponer el 20% del PIB al 38%, en 2019. Esta tendencia al alza en la recaudación se ha dado al mismo tiempo que los tipos máximos en renta han caído del 65,5% inicial al 45% actual. Lo mismo ha sucedido con sociedades y patrimonio: los tipos máximos han caído. No hay duda, pues, de que los más ricos han visto caer su contribución impositiva a medida que el tamaño del sector público ha crecido. Esta tendencia no es exclusivamente española, sino que se ha producido en toda la OCDE, aunque esto no siempre fue así. Entre 1914 y 1945 los tipos máximos sobre la renta llegaron en algunos países como EE.UU. al 90% y sobre la riqueza al 70% ¿De qué depende entonces que las sociedades graven más o menos a sus ciudadanos más ricos?

La progresividad y la imposición a las rentas más altas se generaliza durante la primera y, sobre todo, la segunda guerra mundial aunque no en todos los países de igual manera. Es cierto que el incremento impositivo a las rentas altas aparece como consecuencia de las necesidades de gasto de las contiendas mundiales. Pero también lo es que los países que incrementaron más los tipos a los ricos no fueron aquellos que más necesidad de recursos tenían. Existían países que tenían necesidad de recursos y no incrementaron impuestos, mientras que otros sin tanta necesidad, sí lo hicieron. De hecho, es difícil decir que la imposición a las rentas altas se haga en situaciones de extrema necesidad financiera, porque en muchos casos, ha sido exactamente el caso contrario.

Entre 1914 y 1945 los tipos máximos sobre la renta llegaron en algunos países como EE.UU. al 90% y sobre la riqueza al 70%

Es más, en las últimas décadas las necesidades de gasto se han incrementado pero los tipos máximos han caído, han desaparecido tramos, han desaparecido impuestos y en general ha caído la tributación a la riqueza… luego tiene que haber otra razón más allá de la necesidad financiera que explique que, en ciertos momentos, se configure un consenso en la opinión pública favorable a incrementar la imposición a la riqueza. Ello implica que los impuestos más que una cuestión de suficiencia financiera, de necesidad de recursos, son una cuestión política.

Las élites siempre han tendido a “naturalizar” la desigualdad a lo largo de la historia. En general el campo conservador, siempre opuesto a la imposición defendiendo que las disparidades sociales no sólo son positivas para los pobres (les incentiva a no serlo), sino para la sociedad en su conjunto pues su modificación traería ineficiencias, desempleo y crisis. La historia sin embargo, como nos cuentan Piketty o Milanovic, muestra que esta afirmación es falsa: la desigualdad ha variado mucho geográfica y temporalmente, y las reducciones en la desigualdad nunca han traído ninguna catástrofe, sino las economías capitalistas más prósperas. La desigualdad ha sido más alta en las sociedades donde el poder lo detentan las élites dominantes, y consiguen difundir una ideología que genera un orden social que justifica el acaparamiento de gran parte de la renta producida. Por ejemplo, en las sociedades esclavistas como en Haití (donde el 10% de la población era blanca y terrateniente propietaria y un 90% población negra esclava) o en las sociedades feudales se han registrado los máximos niveles de desigualdad.

Los movimientos hacia sociedades más justas se producen por grandes olas históricas que agitan las estructuras sociales y productivas, dejando los cambios de la historia grabados en los sistemas impositivos como daguerrotipos. A medida que las sociedades se democratizan se empiezan a incluir las demandas de las capas populares de la población y empieza a generarse gasto social, tal y como nos muestra Lindert en su seminal obra. Esto coincide además con la universalización del sufragio universal. Es decir, en la medida en que el poder antes concentrado en la élite se disuelve esparciéndose por la sociedad, las demandas de las clases populares se incluyen en el diseño de las políticas públicas dando lugar a la progresividad en gasto e ingresos públicos y a la reducción de las desigualdades. Y esto conllevó a un incremento de la imposición a los ricos y una caída en la desigualdad.

Tenemos evidencia empírica de que las sociedades más justas, es decir, la menor desigualdad entre las personas que en ellas viven, se ha conseguido en los momentos donde la progresividad ha sido más alta, y donde la imposición a la riqueza ha sido más potente. Los trabajos de Scheeve y Stasavage y su libro Taxing the Rich proveen de un análisis completo acerca de los efectos sobre la distribución de la renta de la imposición a los ricos. Por tomar un ejemplo, el impuesto de sucesiones ha reducido la desigualdad en los países para los que disponemos de datos: a mayores tipos, menores tasas de concentración de la riqueza en Australia, Suecia, Francia, EE.UU., Holanda. Defender por tanto su desaparición es lícito, siempre que se explique este pequeño matiz: tendremos sociedades más desiguales y por tanto más injustas.

La imposición a la riqueza reduce las desigualdades, genera recursos para el gasto público y democratiza las sociedades

La imposición a la riqueza no solo comprende el llamado impuesto de patrimonio que ahora se debate en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o España por poner algunos ejemplos (impuesto sobre la riqueza neta). También comprende la imposición sobre propiedades (IBI, automóviles, etc.), los tipos máximos de IRPF, la imposición sobre el capital y sucesiones y donaciones. La caída de tipos máximos y bajadas de tramos en IRPF desde su creación, junto con la brutal caída de la imposición al capital desde 2006 (casi la mitad que la del trabajo), refleja la misma tendencia que la desaparición del impuesto de patrimonio y la caída del impuesto de sucesiones: reducción de impuestos a las rentas altas. Esto ha dejado un rastro en las últimas décadas en forma de incremento de las tasas de desigualdad. La caída de la progresividad del sistema fiscal reduce su capacidad redistributiva.

En definitiva, la imposición a la riqueza reduce las desigualdades, genera recursos para el gasto público y democratiza las sociedades al diluir la riqueza y el poder que conlleva. La primera y la segunda guerra mundial generaron el caldo de cultivo necesario para que los argumentos compensatorios pudieran triunfar en Estados Unidos o Reino Unido: los ricos se habían hecho más ricos con la guerra mientras los más humildes contribuían con sus vidas. La covid-19 es un evento histórico asimilable al impacto de una guerra, con modificación de las estructuras productivas, de los hábitos de vida, las formas de trabajo, consumo, socialización…. Y con unas consecuencias sociales que se irán desgranando a medida que se desdoblen los pliegues que ha causado la pandemia en la historia. ¿No es el momento de pedir una contribución extraordinaria a grandes fortunas, patrimonios y rentas?

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Iván H. Ayala es profesor de economía aplicada de la URJC de Madrid.