Después de un durísimo confinamiento, la pandemia continúa y la sociedad española requiere de cuantiosas inversiones públicas para reforzar servicios imprescindibles que, como la sanidad, han atravesado situaciones críticas e inéditas. La bomba de desempleo cebada por el cierre temporal de las empresas, y un endeudamiento público, que pronto será señalado con ira por Bruselas, hacen de una reforma fiscal progresiva uno de los principales debates en estos momentos, pese al silencio de la mayoría de los medios.

Sin embargo, a pesar de lo necesario de esta reforma, la posición del Gobierno no parece excesivamente clara, sino que, más bien, refleja una timidez fiscal que el secretario general del sindicato Comisiones Obreras resume en una contundente conclusión: “En España, la izquierda está acogotada en materia fiscal”. Comisiones Obreras reclamó ya hace unos meses, a través de un documento de estudio, una reforma fiscal ambiciosa que permitiera a España afrontar una serie de desafíos que, con el daño provocado por la pandemia covid-19 y sus consecuencias, han crecido de manera exponencial. 

Para Unai Sordo, secretario general de CC.OO, las posiciones del Gobierno en materia fiscal adolecen de un persistente “complejo” común en la izquierda española, siempre esquiva al rechazo social que pueda provocar una determinada subida impositiva. 

2015: una contrarreforma de la que nadie ha hablado nunca

Unai Sordo recuerda que el Gobierno de Rajoy, con Cristóbal Montoro al frente de Hacienda, incrementó en 2012 los impuestos sin provocar la quiebra del país y que, en 2015, efectuó una rebaja fiscal sumamente regresiva –de más de 10.000 millones de euros– que el actual ejecutivo no parece dispuesto a rectificar, como si a la herencia de la reforma laboral o de la ‘ley mordaza’ se añadiera una ignorada contrarreforma fiscal cuya derogación ni siquiera llegó a entrar en las promesas y debates de la última campaña electoral.  

“Cuando, en 2012” –dice Sordo–  “el PP se vio forzado, en contra de lo que había prometido, a un incremento importante de los impuestos, alegó que era una urgente necesidad ante los problemas macroeconómicos y no pasó nada. Y cuando la izquierda hace un planteamiento fiscal más modesto, se lanza la idea poco menos de que hay una política fiscal confiscatoria”. 

En su opinión, la izquierda tiene que “quitarse ese complejo y hacer mucha pedagogía”.  “Tiene que decir que fue el PP quien más subió los impuestos y que lo que hay que hacer no es tanto hablar de subirlos o bajarlos, sino de corresponsabilidad y contribución fiscal, de quién tiene que pagar más, de quién tiene que pagar menos y, sobre todo, de qué nivel de recursos públicos necesita el país que queremos tener, tanto en materia de protección social como de modernización económica”.

La lucha contra la elusión se hace más complicada cuando las grandes empresas reclutan talento procedente de la Administración para optimizar la presentación de las cuentas

Esta “valentía” que CC.OO. exige a la izquierda en el Gobierno pasa necesariamente por afrontar el déficit de contribución fiscal que España mantiene con la media de la zona euro, de unos 75.000 millones de euros al año. Ese acercamiento a los estándares europeos no tiene que ser inmediato, pero sí resulta imprescindible para todos los gastos e inversiones necesarios en esta nueva coyuntura. 

Para Sordo, aparte de la necesaria lucha contra el fraude fiscal, se hace imprescindible la formulación de acciones comprometidas contra el fenómeno de la elusión, es decir, con la minimización legal del pago de impuestos: “Hay que abordar la compleja red de exenciones y bonificaciones fiscales que tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF están privando a las arcas españolas de un montón de recursos de manera totalmente injustificada”.

La lucha contra la elusión se hace más complicada cuando las grandes empresas reclutan talento procedente de la Administración para optimizar la presentación de las cuentas: “Su capacidad es inmensa para mover las cuentas de modo que se acabe pagando, sin salirse de la ley, unas cantidades mínimas”, dice el sindicalista. De esta manera, se producen situaciones regresivas como que el impuesto de sociedades pagado por grandes multinacionales esté por debajo de lo que pagan las pequeñas empresas en nuestro país. Su receta es que “hay que garantizar que las empresas paguen un 15% sobre beneficios y no sobre su base imponible, y sabemos que si el gobierno va a tener enormes tensiones fácticas, va a ser en este terreno”.

La importancia de la voluntad política

Las propuestas de Comisiones Obreras son analizadas con suma cautela por  diferentes expertos del Ministerio de Hacienda, que coinciden en que muchas de estas medidas, pese a ser conceptualmente adecuadas, no se abordan ni se plantean con el suficiente grado de concreción, lo que las convierte en un “brindis al sol”, como ocurre, en muchos casos, con la lucha contra el fraude fiscal

Las inercias burocráticas –pese a la voluntad que se atribuye al nuevo director de la Agencia Tributaria– y la falta de un plan de reformas precisas reducen las expectativas de recaudación: “Un inspector, por ejemplo, puede hacer un acta a una empresa por 1.000 millones, pero si la compañía ha quebrado, esos 1.000 millones no entrarán jamás en las arcas del Estado. Entonces, no se puede afirmar que dichos millones formen parte de la lucha contra el fraude fiscal”, explica un funcionario que prefiere mantener el anonimato. Sobre el papel, se cumple el objetivo pero la realidad es que no se traduce en un aumento de la recaudación.

A esas dificultades se añaden las reticencias del mundo del dinero cuando se habla de reformar el sistema tributario. “La legislación del Impuesto de Sociedades sale de la Subdirección de Personas Jurídicas en la Dirección General de Tributos, y ahí hay también muchos obstáculos para que el sistema cambie. ¿Por qué? Porque, tradicionalmente, la mayoría de los inspectores de Hacienda que legislan saltan de esa subdirección general al sector privado”, explica una fuente del Ministerio. De manera similar a lo que afirma Unai Sordo sobre el fenómeno de la elusión fiscal, las grandes empresas cuentan con excelente asesoramiento para que su base imponible se aproxime a cero y no acuse los incrementos impositivos. 

En lo que también coinciden CC.OO. y las fuentes del Ministerio es en que existen medios suficientes para recaudar más impuestos, como recuperar la reforma fiscal del 2012, replantear la fiscalidad de los autónomos, incrementar la carga impositiva a las grandes empresas… 

“Llegarán nuevas figuras fiscales”

La posición de Unidas Podemos, en pleno esfuerzo por contribuir a un gobierno cohesionado y con una sola voz, ha derivado a día de hoy en dejar atrás un programa de promesas fiscales más ambiciosas que las pactadas con el PSOE al principio del mandato. No obstante, su diputado y portavoz de Economía y Hacienda en el Congreso, Txema Guijarro, considera que llegarán nuevas figuras fiscales, pese a la complicada correlación de fuerzas que el gobierno tiene que enfrentar en la presente coyuntura. 

Respecto a estas figuras fiscales, la denominada Tasa Google ya ha logrado pasar el primer trámite parlamentario en medio de un profundo desacuerdo dentro de la Unión Europea y la OCDE: “Es una primera tentativa muy modesta, y llegarán nuevas figuras fiscales, seguro, porque de lo que se trata es de replantear una arquitectura fiscal para implementar lo que yo llamaría una nueva ‘regulación 4.0’, en relación con la denominada cuarta revolución industrial. El camino que queda por recorrer es inmenso, pero, en un momento en el que los grandes Estados están tomando medidas unilaterales en relación con estas figuras, España ha hecho un gran gesto de soberanía marcándose estos objetivos”, opina Guijarro.

El Podemos más realista reconoce que se necesita tiempo para hacer frente a las dinámicas de poder que van mucho más allá de los propios partidos políticos, y que el camino de construcción progresista debe hacerse también desde el propio corazón del Estado. En ese sentido, Guijarro denuncia que “altos funcionarios del Estado han sido los principales arquitectos de las estructuras de evasión fiscal en España” y considera vergonzoso y hasta delictivo que haya “economistas del Estado en excedencia enseñando cómo hay que ‘hackear’ la propia estructura impositiva española”.