Preludio: entre Ayn Rand y el Covid-19

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU ha pedido a las autoridades que consideren a los trabajadores del agua potable y las aguas residuales como trabajadores esenciales. El gobierno del Reino Unido conceptúa a los trabajadores del agua y del alcantarillado “trabajadores clave”. España declara servicios esenciales el suministro de agua y el saneamiento de aguas residuales. El gobierno de Colombia ha reconectado de forma gratuita a 123.000 familias a la red de agua para prevenir la covid-19. Las quejas por la escasez de agua crecieron un 58% el primer día de confinamiento en Jordania. El gobernador de Michigan ha decretado una moratoria en la práctica de de cortar el agua a hogares con facturas impagadas con motivo de la pandemia. Apenas tres de cada cinco personas en el mundo disponen de instalaciones para la medida más elemental contra el coronavirus: lavarse las manos.

Johnson y los brexiters del Reino Unido, Trump y los republicanos ultra del Tea Party y adyacentes, algunos de los más célebres gurús de Silicon Valley (Steve Jobs, Peter Thiel, Jeff Bezos, Travis Kalanick), Robert Nozick y su particular filosofía libertaria, se inscriben en una línea de continuidad de la trinidad neoliberal: Reagan, Thatcher, Hayek, la segunda ola del randismo. Fue Reagan quien colocó a Alan Greenspan al frente de la Reserva Federal, que dirigiría durante 19 años. Greenspan fue uno de los devotos del Colectivo, irónico nombre para una suerte de secta fundada por Ayn Rand. Ayn Rand se ha convertido gracias a sus novelas, El manantial y La rebelión de Atlas, en la diosa del neoliberalismo. Sus obras son una exaltación del egoísmo y la avaricia, del mercado sin regulación, de la religión del individualismo extremo y del interés privado, de la desigualdad y del capitalismo desenfrenado, y, como contrapartida, del escarnio de la solidaridad y del Estado, de los parásitos, dependientes y perdedores (“second-hander’s credo”), de la redistribución y las regulaciones.  Rand ha insuflado en el neoliberalismo la épica necesaria para convertirla en religión y a la multitud de sus seguidores en fans o fanáticos. La suya es una versión popular del darwinismo social, de ahí el eco que tiene también en quienes dependen de las ayudas públicas. Los personajes citados al principio coinciden en su devoción, es la palabra, por esta diosa de la avaricia que, a pesar de haber muerto hace casi cuarenta años,  no ha perdido actualidad ni mordiente. Rand fue designada por Vanity Fair en 2016 la pensadora más influyente entre los líderes tecnológicos y desde septiembre de 2017 forma parte del plan de estudios de Ciencias Políticas de los alumnos británicos. Su doctrina queda resumida en estas frases del final de El manantial: “Soy una persona que no existe para los demás. El mundo está muriendo por una orgía de autosacrificio”. En otras palabras: la solidaridad mata.

El antaño hombre fuerte de la ferviente liberal Esperanza Aguirre dejó en el camino un agujero patrimonial de 60 millones de euros

¿Imaginamos la respuesta a la pandemia en unas condiciones como las veneradas por Rand; es decir, de ausencia de sanidad pública y lógicas de mercado desenfrenado en una sanidad privatizada? Las urgencias para responder a las demandas sanitarias han dejado en penumbra el proceso vivido en las últimas décadas, resumible en la hegemonía del credo neoliberal y el desprecio y atropello a lo común, a los bienes esenciales para una vida digna. Como la vivienda –¿cómo se confinarán los sin techo?– o el agua –¿cómo se protegerán del contagio quienes no se pueden lavar?–, por quedarnos en lo básico, esos bienes que necesitaron dos guerras mundiales para ser reconocidos y que estos apóstoles de la desposesión han convertido en agentes tóxicos. Este artículo se ocupa del agua, como uno de esos recursos comunes que constituyen el bosque de momento velado por las urgencias de los hospitales pero no menos importante que ellos, y de las estrategias llevadas a cabo por las corporaciones bajo la inspiración de filosofías como la de A. Rand.  Después de referir unos casos sonantes de corrupción vinculados al agua se abordan, primero, las amistades peligrosas público-privado y luego las conexiones no menos peligrosas privado-político. Se trata a continuación  de la ocupación creciente del espacio público por el sector de los negocios y a ello siguen unas consideraciones sobre el impacto de la cultura tecnocrática neoliberal sobre la salud democrática. Por último, se señala el dilema de algunas propuestas del capitalismo financiero que verbalmente reconoce la necesidad de su propia reformulación y la necesidad de pensar en una ética del agua que destierre a la tiranía del lucro. La lente de la pandemia de la covid-19 otorga un relieve añadido a estos asuntos. 

Caudales superficiales

En abril de 2017 fue detenido Ignacio González, un puntal del PP madrileño, comprometido en prácticas oscuras desde el ‘tamayazo’. El motivo de su detención: una operación de saqueo de dinero público del Canal de Isabel II, que abastece de agua a Madrid^[1]. El antaño hombre fuerte de la ferviente liberal Esperanza Aguirre dejó en el camino un agujero patrimonial de 60 millones de euros. Mientras portaba bolsas de plástico más acá de toda sospecha, acomodaba un millón en un altillo y lucía ático de postín. Es la “operación Lezo”, una de las múltiples que ha tejido la corrupción en el PP. Acaba de conocerse que El Canal de Isabel II pide 11 años de cárcel para  González por quedarse una mordida de 1,8 millones. Por su parte, el fiscal pide ocho años de cárcel para González. Por fraude y malversación y por la compra por parte del Canal de Isabel II, la empresa pública madrileña de aguas, de la compañía brasileña Emissäo. Operación que se cerró con un sobreprecio que supuso un perjuicio para las arcas públicas de entre 6,8 y 9,7 millones de euros. No es casualidad que, como en el caso de Cataluña, las maniobras corruptas del PP madrileño hayan ido envueltas en casticismo españolista. (Y, puesto que de nuevo se debate sobre la eutanasia, no está de más recordar el linchamiento al que fue sometido al doctor Luis Montes por parte de destacadas figuras del PP y periodistas afines mientras se perpetraban estos delitos^[2]). Como se argumentará más abajo, estas prácticas tienen implicaciones serias para la salud democrática. Hay una secuencia que conecta el ‘tamayazo’ con casos como Púnica, Gürtel o Lezo.

Cinco meses después de la detención de González fue registrada la empresa de aguas de Girona por un fraude millonario vinculado al igualmente tupido tejido del 3% armado por el principal partido catalán, aunque las facturas falsas de Agissa, así se llama la empresa, se remontan a los años de alcaldía del PSC (Joaquín Nadal, Anna Pagans, Tomàs Sobrequés…) y se prolongan hasta Puigdemont. La cifra del supuesto fraude superaría los 15 millones de euros e incluye datos tan llamativos como un crédito por el que se abonaba al socio privado un 12% de interés. El complejo Pupri es un aspecto fundamental en estas prácticas, convalidadas por la crisis y la terapia austericida, y una de las variantes en que se presenta el fenómeno nefasto de las puertas giratorias^[3]. El dinero hace el mismo recorrido que (algunos de) los políticos cesantes.

El Tribunal Supremo acabará anulando la concesión de ATLL, la madre de todas las privatizaciones de la historia de la Generalitat. La anulación tendrá costes enormes. Ciudadanos ha reaccionado con blandura, según Carrizosa, “porque los responsables del Gobierno de esa época están ya en una práctica retirada”. Pero, según se verá más abajo, pueden intuirse otras razones. Aquella privatización da cuenta de ciertos avatares poco iluminados de los últimos años en Cataluña. Retomemos algunos puntos. Hasta 2012 la primera empresa en la lista de contribuciones a CatDem, la fundación de CDC implicada entre otros asuntos del 3% en el caso Palau, fue Agbar. A finales de ese 2012 se produjeron dos fenómenos complementarios que tienen que ver con la comprometida situación financiera de la Generalitat y la fuga hacia delante soberanista. Por una parte el protagonismo adquirido por la multinacional de la familia de Entrecanales, Acciona, que hasta 2012 ocupa el número 27 en la lista de donantes. Al año siguiente comparte la cuarta posición junto con el Grupo Soler y Pujol Excavaciones.

Varios excargos de Pujol (Josep Maria Penin, Josep Antoni Fontdevila, Ferran Falcó, Jordi Huguet, Xavier Sala) aparecen implicados en el desvío de fondos públicos

Germà Gordó jugó un papel central, según declararon ante la Fiscalía Anticorrupción hace un año, Lleonard Carcolé, exdirector de la Agencia Catalana de Aguas (ACA) y Joan Pinyol, exgerente de la entidad. Gordó presionó de diferentes maneras (según los declarantes). Por eso vale la pena recordar que Germà Gordó fue nombrado por Artur Mas secretario del Govern de la Generalitat de Catalunya en diciembre de 2010, y dos años más tarde conseller de Justícia. Desde enero de 2016 fue presidente de la Comisión de Justicia del Parlament. En marzo de 2017 la Fiscalía Anticorrupción le vincula con la trama del 3%. Se le atribuyen los delitos de soborno, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilícita, blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos. Gordó nos devuelve a las conexiones acuáticas por la vía del empresario Josep Manel Bassols, exalcalde de Angés y detenido por la operación del 3%. Una carta intervenida a Bassols muestra que este pretendía poner en conocimiento de Mas acerca de “la situación de su cónyuge que estaba interesada en ‘un cambio de puesto de trabajo’”. Un informe de la Sindicatura catalana de cuentas de octubre de 2018, que aflora la mala gestión de Artur Mas,  menciona el trienio pagado “en contra de lo que determina la normativa” a Núria Bassols, esposa de Josep Manel Bassols, magistrada fichada por Mas para ocupar el cargo de Comisionada para la Transparencia. Esta designación se atribuyó a haber archivado la causa contra un diputado de CiU vinculado con el caso Adigsa durante su época de magistrada en el TSJC. Se trata de Ferran Falcó, expresidente de Adigsa, al que la magistrada exculpó al considerar que no estaba al corriente de las irregularidades. La magistrada fue fichada por Mas unas semanas después. Varios excargos de Pujol (Josep Maria Penin, Josep Antoni Fontdevila, Ferran Falcó, Jordi Huguet, Xavier Sala) aparecen implicados en el desvío de fondos públicos, principalmente por medio de Adigsa.

A diferencias de las hidrológicas, las aguas políticas pueden remontar su cauce. Se acaba de mencionar a Lleonard Carcolé. Él fue la persona encargada por Artur Mas de organizar el polémico concurso para la privatización de ATTL. Carcolé es,  junto a Albert Pinadell y Joaquim Oliveras,  como él ex directivos de Agbar caídos en desgracia  y próximos al sector de negocios de CDC, fundador de la consultora Capiol Infraestructure & Asset Management S.L. Y a esta consultora ha acudido Eloi Badia concejal del ayuntamiento de Barcelona encargado del área, colaborador de Ada Colau y miembro de Barcelona en Común, para liquidar la sociedad mixta constituida por Agbar, Criteria y AMB. El Tribunal Supremo, en sentencia del 20 de noviembre avaló la legalidad de la sociedad mixta. Extraña paradoja convocar a un privatizador para municipalizar apurando la lógica según la cual el enemigo de mis enemigos es mi amigo^[4].

La mención a Carcolé nos devuelve al momento álgido del procés. Dos semanas antes de las elecciones del 25 de noviembre de 2012, tiene lugar el Congreso del Instituto de Empresa Familiar (IEF). La presidencia pasa de José Manuel Lara a José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona. El IEF había previsto realizar una declaración contra el soberanismo, algo que preocupaba a Artur Mas en vísperas electorales. De modo que éste anima a Acciona a presentarse al concurso para la adjudicación de ATLL, que la Generalitat se disponía a privatizar de inmediato. Hasta ese momento, las apuestas favorecían a Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB, Agbar). No se produce declaración contra el soberanismo y la adjudicación, con toda suerte de ilegalidades y un gobierno en funciones, recae sobre la rival de Agbar. Pero, por otro lado, el grupo seguía desde otras coordenadas drenando fondos para CDC. Así ocurría con las filiales de Murcia, Alicante, Zamora, Badajoz y Pontevedra, entre otras. El último pago registrado es de diciembre, dos semanas después de las elecciones; de modo que se puede afirmar que algunas provincias españolas financiaron la campaña rupturista de Mas vía Agbar. Una parte de estas operaciones se situaban en la órbita del ‘caso Pokémon’.

Como el esquema responde a razones de tipo estructural, los casos se multiplican, con pequeñas variantes. Así lo muestra la condena de 24 acusados a penas de hasta 12 años por el fraude en la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa). La depuradora sufrió un desfalco de 23,6 millones diseñado por excargos del PP. La “magnitud sin límite del expolio” llevó a la entidad a la quiebra y el servicio fue privatizado. 

Los corredores Pupri

Los episodios recogidos en la sección anterior responden a lo que podría denominarse corrupción prototípica (por no entrar en los detalles de la rica cartografía semántica). Pero en el universo de las prácticas sociales no hay inmaculadas concepciones ni, habitualmente, comportamientos dolosos de gran calado que puedan explicarse por sí solos, por una causalidad endógena. No hay solución de continuidad entre esta corrupción de tiros largos, por un lado, y prácticas menos visibles y a menudo ni siquiera ilegales, por otro. Hay una zona gris, perdónese la banalización de la expresión, entre la política honesta (frase que ha dejado de ser un pleonasmo) y el universo que abarca desde las corruptelas al expolio más descarnado. Esta zona gris ha proliferado en la periferia de los entornos institucionales y ha desnaturalizado o degradado en muchas ocasiones la función y la imagen de la política. Y se ha visto favorecida por una práctica generalizada en muchos ayuntamientos: la de no reflejar la totalidad de los aspectos referidos a los costes del agua, el primer servicio público, en los presupuestos.

El agua es un excelente lubricante de puertas giratorias. Todo un emblema del funcionamiento de esta suculenta zona gris pupri

Así como la crisis ha sido determinante por su impacto material (además de haberse aprovechado para otros fines, como el vaciado del zócalo social de la Constitución, como veremos), hay unos antecedentes que no solo permitieron y facilitaron las burbujas y otras disfunciones que han producido enormes daños y víctimas sociales, sino que contribuyeron a instalar una legitimación implícita, sutil, de la escolástica tecnocrática (y tecnolátrica) neoliberal. Esta legitimación se expresa de forma doctrinal en el dogma que establece la santidad de la gestión privada y la malignidad intrínseca de la pública. Pero se observa sobre todo en sus efectos. Recordemos que entre lo que se ha llevado la crisis figura la socialdemocracia, y, en general, la izquierda, barrida prácticamente del mapa en la mayor parte de Europa. Tampoco aquí hay inmaculadas concepciones. Con el Consenso de Washington la socialdemocracia descarriló por la tercera vía. Por entonces se produjo el contagio. El laborista Peter Mandelson, amigo de Blair y de los yates, dejó una frase lapidaria: “We are intensely relaxed about people getting filthy rich” (nos sentimos totalmente relajados ante la gente que se hace asquerosamente rica); tenemos versión libre en la pluma del socialista español Carlos Solchaga: “España es el país europeo en donde uno puede hacerse rico más rápidamente”. Esta cultura de la santidad del dinero y la enmienda a la totalidad a la ascética de los negocios weberiana hizo escuela, ya que no Patria.

Entre sus consecuencias para lo que nos importa cabe destacar dos relacionadas: la colonización por el derecho privado de amplias esferas de la actividad pública y la creación a la sombra de las distintas administraciones de instancias paraoficiales (sociedades anónimas, sociedades mixtas, consorcios…) de una suerte de chiringuitos que, en muchas ocasiones, servían para colocar a los amigos, algunos de los cuales pasaban desde allí y concluida la legislatura a consejos de administración de empresas de postín. Sin la impregnación de esta cultura resulta imposible entender fenómenos ideológicamente transversales como el de las tarjetas Black o la mezcla de colores políticos en el negocio del agua. El agua es un excelente lubricante de puertas giratorias. Todo un emblema del funcionamiento de esta suculenta zona gris pupri.

España figura en la cola de los países europeos en parque de viviendas públicas de alquiler limitado. Eso no es ajeno a la proliferación de grúas (el parque de viviendas sin adjetivos nos coloca a la cabeza) de la burbuja inmobiliaria. Muchas convertidas en recursos tóxicos que han sido vendidas (también las públicas, como en Madrid) a fondos buitre que disparan los alquileres completando así el circuito de la economía criminal^[5]. Pero esa escasez de vivienda pública tiene a su vez que ver con algo que oscila entre la mala práctica o el desistimiento para cuidar desde las instituciones los recursos básicos para la dignidad de la ciudadanía. Para empezar hay un claro incumplimiento de la normativa. Así el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio establecía en (art. 280) que “los bienes del Patrimonio Municipal del Suelo… deberán ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social, de acuerdo con el planeamiento urbanístico” ; mientras que la Ley estatal 8/2007 del Suelo, reclama un mayor rigor en la determinación de los destinos de los patrimonios públicos de suelo y establece una horquilla entre el 5 y el 15% de cesiones a entregar a la administración competente, y con destino a patrimonio público de suelo. La cuestión de la vivienda, que no es la cuestión inmobiliaria, viene marcada por la superposición de dos disfunciones serias que Fernando Urruticoechea sintetizó hace treinta años en una frase lograda: Viviendas sin personas y personas sin vivienda; en otras palabras, despilfarro territorial y privación social. Según un estudio de 2009 el 15% de las viviendas del parque no se utilizan, a la vez que han empeorado las condiciones de acceso para quienes las necesitan^[6]. Por no hablar de las ruinas modernas, esos muñones de cemento intercalados entre grúas oxidadas que hilvanan el paisaje. Todo ello es consecuencia del incumplimiento del espíritu constitucional que requiere a los poderes públicos la regulación de “la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación” (CE, art. 47). De haberse cumplido esta instancia nos habríamos ahorrado la burbuja inmobiliaria y la cascada de daños colaterales que todavía padecemos.

En ambos casos -agua y vivienda-, la consideración constitucional del derecho ha sido desplazada o fagocitada por la concepción empresarial del negocio

De aquí al agua no hay más que un sorbo. Una misma lógica empresarial, basada en el monocultivo del beneficio, frente a la lógica constitucional de la primacía de los derechos sociales, irriga ambos espacios. Hay un continuum del ladrillo al grifo; primero. porque la vivienda es un derecho constitucional, como el agua, y segundo. porque hay un engarce entre ambos espacios: al agotarse el filón inmobiliario, una parte del cual ha sido sufragado públicamente vía rescate bancario, la mirada especuladora se dirige a lo que no está todavía en el mercado: los bienes que sustentan el carácter social del estado (sin olvidar la presión sobre la legislación laboral). Hay también continuidad cronológica. La crisis estalla tras la década prodigiosa del urbanismo español (1997-2006) ^[7]. Y la bulimia de los inversores se desplaza a la veta pública: sanidad, educación, pensiones, residuos, agua, infraestructuras para servicios públicos… Para dar el ejemplo con un titular referido a un conocida constructora: “ACS pagó un millón en regalos y facturas falsas para entrar en la trama del agua” .

Precisamente los sectores del agua y las basuras se han caracterizado por su hospitalidad para crear estos compuestos híbridos o mixtos en los que la gestión se ha desplazado progresivamente desde el derecho público al derecho privado, desde las constricciones garantistas de la Constitución al terreno inclemente de un mercado desbocado que se aprovecha de la falta de regulación o fuerza su interpretación. En ambos casos -agua y vivienda-, la consideración constitucional del derecho ha sido desplazada o fagocitada por la concepción empresarial del negocio. Con la aquiescencia, se ha dicho, de los propios organismos públicos que deberían velar por la salvaguarda de esos derechos: no toda la responsabilidad corresponde a los agentes privados.

El abuso y las malas prácticas privadas lindan entonces en muchas ocasiones con esta defección de parte de los titulares de los organismos públicos. De ahí que se observe en Europa una tendencia a recuperar el control del abastecimiento de agua^[8]. Desde 2010, el año en que la ONU establece como derecho humano el acceso al agua, se han conocido unas 235 remunicipalizaciones del agua en el mundo la mayor parte de ellas en Francia –en España son unas treinta–. Pero este movimiento choca con fuertes resistencias^[9]. La UE no solo no ha incorporado la iniciativa de la ONU sino que ha impuesto a Grecia la privatización forzada de las dos mayores compañías de agua, las de Tesalónica y Atenas; también de otros servicios públicos. En esta reacción contra la remunicipalización se superponen las estrategias de los lobistas del agua con las de los partidos de derecha inspirados por el credo neoliberal. Cuando Valladolid decidió remunicipalizar el agua tras un cambio de gobierno se enfrentó a los recursos de la concesionaria, Aguas de Valladolid, de la Confederación Vallisoletana de Empresarios, de la Asociación de Empresas Gestoras de Agua (AGA) y, uno tendría que sorprenderse, del Ministerio de Hacienda dirigido por Cristóbal Montoro. El Ministerio de Hacienda no había intervenido cuando otros catorce ayuntamientos habían procedido a la remunicipalización. La diferencia tiene que ver probablemente con el timing: el Ministerio de Hacienda se persona en un momento en que se tramita una Ley que abrirá una ventana para una forma sutil de privatización, como se verá en el apartado siguiente. Finalmente, y siguiendo la línea establecida por varias sentencias anteriores, el juez desestima íntegramente la demanda interpuesta por la Administración General del Estado y da la razón a las tesis municipales, en el sentido de avalar a la entidad pública del agua (Aquavall), que sustituyó a la antigua gestión privada de Aguas de Valladolid (Agualid en origen), lo mismo que había hecho el Tribunal Superior de Justicia desestimando una demanda de Aguas de Valladolid. La acción contra la iniciativa de Valladolid coincide con una campaña de la élite de los negocios contra la remunicipalización. Organismos de nombres equívocos como la Asociación para la Excelencia de los Servicios Públicos, el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR), adscrito a la anterior, o la Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas al Sector Público (CCIES) –cuyo vicepresidente es Alberto Martínez Lacambra, director de Agbar– en el ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos están al frente; detrás de ellos los grandes conglomerados del Ibex como OHLy ACS, pero también, significativamente porque coincidía con la detención de González, el Canal de Isabel II, y, de nuevo, el Ministerio de Hacienda a través de la abogacía del Estado. Estas entidades están promoviendo charlas, informes, publicaciones y campañas con objeto de influir en la opinión pública. En el argumentario de estos paladines, algunos antiguos militantes de izquierdas, está la desautorización de los partidarios de lo público aduciendo razones ideológicas, la supuesta necesidad de competencia para la democracia, los “quebraderos” de cabeza que la reversión supone para las condiciones laborales de los trabajadores y la retórica habitual sobre la eficiencia, la excelencia o la flexibilidad.

El agua horada los cimientos del Estado social

Agbar mostró su satisfacción por la resolución del Supremo contra la concesión a Acciona de ATLL y se apresuró a dar “por supuesto” que la Generalitat cumpliría y ejecutaría la sentencia lo antes posible. La reacción de Agbar se inscribe en el contexto de lo que se ha denominado “guerra del agua”, entre Agbar y Acciona. Acciona recusó al magistrado Eduardo Paricio Rallo, ponente de la decisión judicial que cuestionaba la privatización. Alegaba la relación de confianza entre el juez y Agbar por haber participado el primero en unas jornadas organizadas por la fundación Agbar de las que resultó un libro titulado, El precio del agua: aspectos jurídicos y financieros en la gestión del agua en España, editado por Agbar (2012) y en el que Paricio aparece como relator. La petición no prosperó.

Agbar es el puntal del lobby del agua. Su presidente, a la vez que vicepresidente de Suez Water Europe, Ángel Simón, reclamaba “un pacto global del agua sin partidismos” porque “ni desalinizadoras ni trasvases tienen ideología”. La conferencia en que pronunció estas palabras contó con la presencia del director de la Fundación Bancaria La Caixa, Jaume Giró; el presidente de Abertis, Salvador Alemany; el presidente de Tram –concesionaria del tranvía de Barcelona– y exconseller, Felip Puig; el presidente de Fomento del Trabajo, Joaquim Gay de Montellà, y la representante de ATLL Laia Bonet. La apelación al apartidismo ilustra bien el imperio de la normalización neoliberal como grado cero de la ideología. El conferenciante lo dejó así de claro después de denunciar los partidismos: “Soy un absoluto defensor de la gestión privada y de la participación público-privada, porque estoy convencido, y lo hemos demostrado, que lo hacemos mejor, más barato, somos más eficientes y tenemos un compromiso social que se ha visto de forma clara”. Se puede decir más alto, pero difícilmente más cristalino. Digamos, para no perder el cauce de las puertas giratorias, que Simón es (o fue) una persona próxima al PSC como muestra su función de gerente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) entre 1989 y 1995.

La justificación de Mas para la privatización fue la de paliar el déficit público. La concesión por 50 años suponía unos ingresos de 1.000 millones de euros

Y para volver del sector negocios a la Generalitat hay que recordar que las decisiones del supremo paralizaron a Mas ya en 2014. Por entonces el conseller Homs “no ha sabido o no ha querido ofrecer una versión concluyente”. Francesc Homs era portavoz del gobierno de la Generalitat que privatizó ATLL. Homs tiene un perfil ocupacional híbrido, es decir pupri, con actividades importantes en el sector privado junto a su condición de mano derecha de Artur Mas desde que este sucedió a Jordi Pujol. Inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un delito de desobediencia, fue él quien firmó las enmiendas presentadas por el PDeCAT a la Ley de Contratos del Sector Público LCSP que ocupan las pp. 618 a 782 de este proyecto que suma 857 páginas de enmiendas del total de los grupos (BOE, 16 de marzo de 2017) y de las que fueron aprobadas el 90 por ciento. Abundaremos en ello en el apartado siguiente. Pero el verdadero hombre fuerte del área económica de Mas durante la privatización era Andreu Mas-Collel, consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña; un ‘minnesoto’ que había militado en el PSUC y que ha sido mentor de Elsa Artadi, mano derecha de Puigdemont. ¿Admite alguna responsabilidad Mas-Colell por aquella decisión? Oigámosle: “La concesión ATLL era una buena medida y sigo pensándolo”. El periodista le recuerda la sentencia contraria del Supremo pero insiste en que “volvería a hacer lo mismo porque es lo más simple […] No veo por qué de repente hay esta animadversión hacia las concesiones cuando en estos momentos el sector público está tan condicionado para acceder al crédito”, afirmaba en una entrevista en 2018. Estupendo argumento, cuando precisamente se ha hecho tanto por asfixiar el sector público; en la misma entrevista admite sin el menor arrepentimiento que lo que entonces llamó ajustes eran verdaderos recortes y que jugó con el lenguaje para no asustar. Un ejemplo de ese fundamentalismo del mercado que ha infectado a las élites económicas y a las cúpulas políticas. Es sintomático que mientras se vindicaba la etérea soberanía política se dilapidaba la muy tangible soberanía hídrica. Recordemos que la justificación de Mas para la privatización fue la de paliar el déficit público. Por la operación la Generalitat ingresó 298,6 millones de euros, pero la concesión por 50 años suponía unos ingresos de 1.000 millones. Tras la sentencia del Supremo confirmando la anulación de la adjudicación del contrato, la Generalitat deberá pagar 308,3 millones.

La guerra del agua entre Agbar y Acciona no rompió los lazos entre CDC y la primera. A finales de 2014, Andreu Mas-Colell acompañó a Ángel Simón en la inauguración de la iniciativa Business with Social Value para poner en valor “el potencial competitivo de las empresas con alma social” (una expresión para subrayar). La multinacional Agbar destaca en dos registros por su papel dominante entre las grandes corporaciones del agua y por las conexiones con dirigentes de los principales partidos políticos: CDC, PSC, PP e ICV. Veremos luego que hay datos para suponer que también con C’s.

Se ha señalado antes la continuidad entre la burbuja inmobiliaria y el giro de los actores financieros hacia los servicios públicos. Según un informe elaborado por A. T. Karney para la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), a la que pertenecen Acciona y Agbar, entre las áreas prioritarias para la inversión figuran las infraestructuras de agua y medio ambiente (tratamiento de residuos, protección y regeneración medioambiental y reducción de emisiones). Acaso es coincidencia que por las mismas fechas un estudio de Funcas, apoyándose en datos de la International Water Association, destaque que España es “uno de los países europeos con el agua más barata a pesar de la sequía” .

Y llegamos a la pregunta crucial, la de la relación entre estas grandes corporaciones y las premisas del funcionamiento democrático. Acaso es algo más que una metáfora que Agbar esté al frente de la iniciativa contra la multiconsulta prevista por el Ayuntamiento de Barcelona que incluye un pregunta sobre la gestión del agua. La multinacional se opone a que la entidad local pregunte: “Vol vostè que la gestió de l’aigua de Barcelona sigui pública i amb participació ciutadana?”. La iniciativa pro consulta está apoyada, entre otros colectivos, por Aigua ès Vida, Alianza contra la Pobreza Energética, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, Ecologistas en Acción, PAH, Marea Blanca o la Plataforma por una Renta Garantizada de Ciudadanía. Votaron en contra PP, CiU, C’s… y la CUP. De modo que el Pleno acabó rechazando la celebración de la multiconsulta; lo que contrasta fuertemente con el lenguaje referendario del procesismo de dos de estos grupos.

También en contra, además de la iniciativa de Agbar, se han impulsado tres contenciosos promovidos por CCIES, la Delegación del Gobierno y Abogados Catalanes por la Constitución. Podemos añadir en esta lógica de desafío a las autoridades legítimas, la ofensiva del Ibex contra los ayuntamientos que remunicipalizan el agua. Pero no es la acción directa contra una iniciativa política municipal la principal forma de actuación ni la más influyente; la acción corrosiva de estos conglomerados se ejerce sin publicidad a través de su protagonismo en decisiones de competencia del poder político amparada por la ortodoxia neoliberal de superioridad axiológica de la iniciativa privada; es lo que se ha denominado “Democracia comandada por los negocios”^[10].

La Bolsa ocupa el ágora

Nos vale de nuevo el fenómeno urbanístico. Como señala Eduardo Moreno, Director de investigación y Desarrollo de ONU-Habitat, las ciudades se construyen ahora en función de los negocios; de modo que en un 50-60 % del diseño urbano el verdadero agente son los promotores inmobiliarios.^[11] Naturalmente esta presencia creciente, que ha venido a desplazar a los organismos públicos competentes como corresponde en un estado democrático y de derecho, ha sido posible por dos vías paralelas: el vaciamiento del pilar social de la arquitectura política por la vía de los hechos y la introducción de reformas parciales que dejan maltrecho el zócalo del mandato constitucional. Veamos la secuencia en tres tramos. 

1. Sin duda el principal asalto contra el pilar social del Estado fue la reforma del artículo 135 de la CE con su corolario legal. A resultas de este cambio, operado en las condiciones que conocemos, queda invertida la prelación de los principios constitucionales. De este modo la estabilidad presupuestaria y la reducción del déficit son los criterios determinantes para la ordenación de los recursos; la asignación equitativa y la atención a las necesidades sociales básicas quedan así supeditadas al criterio tecnocrático resumido en el mantra de los ajustes estructurales. Por ello algunos expertos han señalado que ese estrangulamiento del Estado Social requeriría un reajuste de otros artículos con vistas a suplementar por otras vías lo que el 135 impide^[12]. 

2. Una forma mucho más sutil de desnaturalizar el Estado Social es mediante la reformulación de ciertos aspectos en apariencia más técnicos en la forma de entender los servicios públicos. En la línea de lo que se señaló al principio, relativo a la colonización de la esfera pública por el derecho privado, los grandes conglomerados han aprovechado la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, para alterar el concepto de la contraprestación correspondiente al disfrute de un servicio público.

Para el tema que nos ocupa, hay una sólida jurisprudencia en la disputa de si el pago del servicio del agua es tasa o precio privado^[13]. Para decirlo en pocas palabras, “las tasas requieren que se acredite por informe técnico que no se cobrará a la ciudadanía más del coste de prestación del servicio, lo que no dejaba margen para que las empresas privadas que consiguen adjudicaciones pudiesen obtener beneficio, un beneficio que se carga sobre los ciudadanos en la obtención de un bien tan de primera necesidad como el agua. Los precios públicos o tarifas no tributarias posibilitan que se cobre mucho más del coste. De otra parte, al no ser figura tributaria, los precios públicos no están sujetos al principio de reserva de ley que establece el artículo 31 de la Constitución para todos los tributos, con lo que los Ayuntamientos no podrían de facto fijar límites a la cuantía, que podría manejar más o menos a su antojo la empresa concesionaria”^[14].

Los pronunciamientos jurisprudenciales, siguiendo la línea interpretativa del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, han avalado la condición de tasa en virtud de los tres argumentos clásicos formulados en la Ley de Economía Sostenible. En la reciente LCSP el debate se ha establecido en términos de si se trata de una prestación de carácter tributario o no tributario, acaso pensando así eludir los pronunciamientos mencionados. Pero lo que nos interesa aquí destacar es, por una parte, la presencia de la alargada sombra de los intereses del hidrolobby en las fases de elaboración de la ley. Y. por otra, la sorpresiva coincidencia de criterios en este punto entre dos actores tan enfrentados en los términos de la percepción pública como Ciudadanos y PDeCAT. Esta coincidencia se observa en el redactado de varias de las enmiendas presentadas en los trabajos preparatorios de la ley. Es el caso de las número 427 y 428 de Ciudadanos y las 773 y 774 del PDeCAT (Grupo Parlamentario Mixto); (BOE 16/03/2017).

Propuesta de enmienda número 427 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos:

De adición.

Se añade una nueva disposición final octava.

Texto que se propone:

«Disposición final octava. Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Se modifica la letra a) del apartado 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que queda redactado en los siguientes términos:

‘‘a) Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.

En caso de que dichos servicios o actividades sean prestados por concesionarios de obras o de servicios o por entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás entes públicos que actúen en régimen de Derecho privado, las contraprestaciones económicas que perciban los mismos como ingresos propios tendrán la naturaleza de prestaciones patrimoniales públicas de carácter no tributario.’’»

Propuesta de enmienda 973 del PDeCAT

De adición.

Texto que se propone:

«Disposición final (nueva). Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

En la letra a) del apartado 2 del artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se incluye un párrafo final con la siguiente redacción:

“Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. En caso de que dichos servicios o actividades sean prestados por concesionarios de obras o de servicios o por entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás entes públicos que actúen en régimen de Derecho privado, las contraprestaciones económicas que perciban los mismos como ingresos propios tendrán naturaleza de prestaciones patrimoniales públicas de carácter no tributario.”»

Propuesta de enmienda número 428 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos

De adición.

Se añade una nueva disposición final novena.

Texto que se propone:

«Disposición final novena. Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 20 texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con la siguiente redacción:

‘‘5. Cuando estos servicios o actividades sean prestados por concesionarios por concesionarios de obras o de servicios o por entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás entes públicos que actúen en régimen de Derecho privado, las contraprestaciones económicas que perciban los mismos como ingresos propios tendrán la naturaleza de prestaciones patrimoniales públicas de carácter no tributario.’’»

Propuesta de enmienda 974 del PDeCAT

De adición.

Texto que se propone:

«Disposición final (nueva). Modificación del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En el artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se incluye un nuevo apartado 5 con la siguiente redacción:

“5. Cuando estos servicios o actividades sean prestados por concesionarios de obras o de servicios o por entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente local y demás entes locales que actúen en régimen de Derecho privado, las contraprestaciones económicas que perciban los mismos como ingresos propios tendrán naturaleza de prestaciones patrimoniales públicas de carácter no tributario.”»

Llama la atención, además de la coincidencia –que, si excluimos las casualidades, invitaría a pensar en la acción de un gabinete jurídico inspirador–, que el firmante de las enmiendas del PDeCAT fuera Francesc Homs, el portavoz del gobierno responsable de la privatización de ATLL revocada por los tribunales. Pero más allá de estos elementos más o menos anecdóticos lo que es significativo es que la ley haya cedido por la puerta de atrás a los intereses del lobby del agua. En ese contexto Unidos Podemos presentó un recurso de inconstitucionalidad que el Constitucional admitió a trámite (14/03/2018). El recurso se opone al artículo 289.2, la Disposición Adicional 43ª y las Disposiciones Finales 9ª, 11ª y 12ª. La filosofía del recurso va en la dirección de la consideración de tasas y el carácter tributario de las contraprestaciones por un lado, y de las salvaguardas que establece el artículo 31, por otro.

¿Nos tomamos en serio la democracia social?

La mención al artículo 31 resulta crucial. Se invoca con razón la Constitución para los temas territoriales, en particular para los desafíos de nacionalismo catalán al ordenamiento jurídico, pero se olvida la Constitución ante regulaciones o prácticas que la vacían de contenido. Vale la pena recordar el redactado de este artículo 31: 

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

Este artículo, como el mencionado respecto a la primacía de la utilidad pública del suelo sobre la especulación, fija unos límites exigentes que iniciativas como las señaladas han tratado de socavar. A su vez, el artículo 133 señala que el establecimiento de los tributos corresponde al Estado y ha de realizarse mediante ley. Pero, como consecuencia de la reforma del artículo 135, por un lado, y de normativas parciales como la señalada, por otro, resulta difícil refutar la conclusión de Juan José Nieto en relación a la pérdida de vigencia del artículo 31: 

Consideramos que la crisis económica ha sido utilizada por los poderes públicos para subvertir el orden constitucional en materia tributaria, de modo que ni se respeta la distribución de competencias derivadas de la Carta Magna, en una suerte de constatación del fallecimiento de la separación de poderes, ni se legisla con respeto a los principios de justicia, que han dejado de operar como límites al poder tributario y como guías de la acción normativa. Ello podría llevar, como han señalado algunos autores, a considerar la acción legislativa como una acción corrupta, cuya única solución pasa por la atribución a los órganos jurisdiccionales ordinarios de la potestad de aplicación directa de la norma constitucional y la consecuente inaplicación de las normas inferiores que la contravengan^[15].

En parecidos términos se expresa el Informe del Defensor del Pueblo:

El Defensor del Pueblo ante el hecho de que servicios tan esenciales como los sanitarios, educativos y asistenciales vengan experimentando una pérdida de calidad, manifiesta que resulta de urgente necesidad la reforma del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas.

Igualmente señala que el retroceso que se ha experimentado en las prestaciones y en los servicios antes mencionados no se ha compensado con nuevas políticas sociales, ni con mejoras de las ya existentes. Por eso sostiene que en España el ascensor social ha cambiado de sentido. El Estado social se está reconvirtiendo. En él los derechos civiles y los derechos sociales se reducen. Atrás ha quedado el tiempo durante el que las diferencias disminuían. Ahora ocurre lo contrario, arrecia la desigualdad, con el agravante de que la amenaza de exclusión ha ampliado su perímetro, yendo más allá de los tradicionales marginados, tal y como se recoge en este informe. 

Municipalización del agua (entre los argumentos contra la Consulta de Agbar figura el de que la palabra ‘municipalización’ no están ni en el diccionario de la RAE ni en un ignoto Diccionari de l’Institut d’Estudis Autonòmics), como caso particular de la salvaguarda de un bien común (expresión presente en el diccionario pero desaparecida en el uso en virtud de la socialización neoliberal), se ha convertido en un término diabólico, un enemigo público de los supuestos defensores del interés general; del que, como todas las elites de pro, se creen a la vez titulares y defensores. La fagocitación neoliberal del Estado es el último peldaño de la lógica depredadora que ha destruido el corazón de la cultura empresarial poniéndola al servicio del criterio exclusivo del lucro. “Lo público está parasitado por intereses privados que funcionan como mafias, apoyan y defienden a los componentes del grupo. No basta con defender lo público, hay que exigir también que las entidades públicas operen en beneficio del interés general y no de las mafias infiltradas”, observa el economista José Manuel Naredo en un medio al ser preguntado el caso Lezo. En este esquema de fundamentalismo de mercado no hay nada que no se pueda comprar, mientras que todas las injusticias y disfunciones (de la desigualdad a la corrupción) reciben una legitimación teórica por una suerte de determinismo de nuevo cuño: “Es el mercado, amigo”, sentenció un ilustre representante de esta escuela y de las prácticas anexas, Rodrigo Rato, acaso trasladando metafóricamente al Congreso su condición de socio del elitista Real Club Astur de Regatas.

Señalaba el impacto tóxico de la lógica neoliberal en la cultura empresarial^[16]. Es además de tóxico, perverso; porque una empresa que no se avenga a seguir los criterios y las prácticas explotadoras (amparadas por ajustes estructurales auspiciados por normas como la Ley de la Reforma Laboral) se ve condenada a desaparecer por su desventaja comparativa. Sólo así se entiende el crecimiento exponencial de la desigualdad. Desde luego que hay empresarios que se resisten a estas prácticas en virtud de las consideraciones clásicas del servicio al interés colectivo, pero hay otros que por su iniciativa o impulsados por las presiones de accionistas y fondos de inversión asumen con naturalidad su nueva función. Daremos un ejemplo de esta ecología de vampiros en que se ha convertido la nueva ortodoxia económica.

La crisis ha sido utilizada para proceder a una redistribución al revés, por eso podemos hablar, como se ha señalado, de una acción legislativa corrupta

El ejemplo procede de un campo crucial para la especulación, como la vivienda y el agua: la salud. Recordemos que Ribera Salud (“el modelo Alzira”), se presentó como adalid del emprendedurismo exitoso en la comunidad valenciana para una iniciativa privatizadora que tendría muchos émulos y que ha sido paralela, como suele ocurrir, con la epidemia de corrupción. Pues bien, la ética empresarial ha quedado de manifiesto en el momento en que las nuevas autoridades valencianas han decidido recuperar el control público tras veinte años de privatización. ¿Cuál ha sido la actitud de la empresa, propiedad al 50% del Banco Sabadell –el de la publicidad amistosa– y la aseguradora norteamericana Centene? En la entrega anterior ya nos referimos a la responsabilidad social corporativa a propósito de Agbar; sabemos ahora que han sido borrados los archivos sensibles en Ribera Salud dos semanas antes de la reversión a la Generalitat valenciana. No es el único detalle, un jefe de servicio declara desde el anonimato en otro medio de comunicación: “La empresa está poniendo palos en las ruedas en el proceso desde el principio. El objetivo es dejar el hospital, que funcionaba como un reloj, en las peores condiciones posibles”. La Consejería de Salud ha señalado la “falta de colaboración de la adjudicataria”. Son indicios de una sensibilidad muy extendida en el mundo de los negocios. Sabemos que la lógica del beneficio a toda costa milita contra el gasto necesario en el mantenimiento de las infraestructuras, como dejó meridianamente claro la privatización de los ferrocarriles británicos. Y, desgraciadamente, también está extendida entre ciertos partidos políticos de ascendiente neoliberal, que no admiten que haya vida fuera del mercado; es decir, bienes no mercantiles.

Un buen ejemplo de ello es la venta de 5.315 viviendas sociales al fondo buitre Blackstone por Ana Botella en 2013 por debajo de su precio; lo que muestra que la ortodoxia del mercado puede ser forzada si conviene. No puede haber contradicción más rotunda en cuanto a objetivos entre un fondo buitre y una empresa municipal de vivienda, ni malversación más clara del dinero público en beneficio de la especulación. Llamativamente la Sala de Enjuiciamiento absolvió a la entonces alcaldesa a mediados de 2019 sin que el Ayuntamiento de Madrid, de nuevo dirigido por el PP recurriera la decisión ante el Tribunal Supremo.

En última instancia, la fagocitación de la democracia vía políticos privatizados no es más que la aplicación de la lógica de la compraventa a la esfera pública. Por eso los actores políticos, que al corromperse degradan la imagen de lo político, son más responsables que los empresarios que los sobornan. No es concebible un estatus de ciudadanía sin derechos económicos y sociales. Y la fortaleza de estos derechos es inversamente proporcional a la brecha de la desigualdad. La crisis ha sido utilizada para proceder a una redistribución al revés, por eso podemos hablar, como se ha señalado, de una acción legislativa corrupta. Lo señalaba así el Informe del Defensor del Pueblo ya citado (p. 18): “Esta desigualdad, no es la consecuencia de un hecho inexorable y predeterminado, sino que es el resultado al que se llega por la aplicación de unas políticas concretas y específicas que han actuado como un corrosivo, dañando al entramado institucional y a la cohesión social. Por ello, hay que actuar para hacerlas retroceder”.

Esta deriva no solo atenta contra la viga maestra del espíritu constitucional sino que violenta el núcleo de la filosofía política clásica. Lo anticipó magistralmente Daniel Bell refiriéndose a la crisis inaugural que marcó el arranque del declive del estado de bienestar:

La principal consecuencia de esta crisis […] es la perdida de la civitas, la espontánea disposición a obedecer las leyes, a respetar los derechos de los demás, a renunciar a las tentaciones del enriquecimiento privado a expensas del bienestar público, en resumen, a honrar la "ciudad" de la que uno es miembro. En cambio, cada persona sigue su propio camino, persiste en sus vicios privados, a los que sólo puede entregarse a expensas de los beneficios públicos.

El agua es cara en Francia y según Marie Maurice se debe a la privatización de su gestión en la última década, hasta el punto de que el 60% es hoy de gestión privada

El cimiento de toda sociedad liberal es la buena disposición de todos los grupos a transigir en los fines privados en pro del interés público. La pérdida de la civitas significa, o bien que los intereses se han polarizado y las pasiones inflamado a tal punto, que estalla el terrorismo y la lucha entre grupos y prevalece la anomia política; o bien que todo intercambio público se convierte en un trato cínico en el que los sectores más poderosos se benefician a costa de los débiles.

[…]

La doctrina clásica de la polis exaltaba la virtud cívica, cuyo elemento principal era la moderación de las necesidades y la limitación de las adquisiciones; la libertad era un bien subordinado. La filosofía del modernismo exaltó la libertad, o la búsqueda del placer y de la felicidad sin límites; el interés público se convirtió en un bien subordinado^[17].

En resumen, el agua, un bien básico, se ha convertido con el pretexto de la crisis en un objeto del deseo insaciable de los conglomerados financieros que se han hecho poco a poco con el botín –es la palabra– del agua. Para el consuelo o el desconsuelo no es un hecho diferencial. Una investigación recién realizada al norte de los Pirineos muestra que el mercado del agua está en manos de tres multinacionales, dos de ellas con presencia en España, Suez y Veolia, la otra es Saur. El agua es cara en Francia y según Marie Maurice eso se debe a la privatización rampante de su gestión en la última década, hasta el punto de que el 60% es hoy de gestión privada. En un 60% ha aumentado también el canon a pagar por este recurso básico. Pero la carestía no tiene que ver con la calidad del servicio sino con esos procedimientos de bombeo que caracterizan a la economía de la oferta y de los que la corrupción, con o sin puertas giratorias, forma parte indisociable. El documental citado de M. Maurice se titula: “El agua: escándalo en las tuberías”.

Es una tendencia general, una epidemia. Veolia, Suez, Agbar, RWE and Saur, controlaban el 71% del Mercado global del agua en 2001. Los efectos de la privatización han sido gravemente negativos en países como Argentina, África del Sur, Tanzania o Filipinas –que como otros países procedieron a la privatización siguiendo las orientaciones coercitivas del Banco Mundial–.

La tragedia, si puede decirse así, es que el agua está siendo utilizada por las élites globales para ahogar la civitas, porque necesitan maniatar a la polis para maximizar los beneficios estrujando a la ciudadanía en aspectos esenciales para los derechos humanos. El mundo de los negocios que se perfila dibuja una esfera nueva, que es, propiamente hablando, una esfera de incivilidad (de descivilización); es acaso la forma que en los tiempos postmodernos cumple la función de las oligarquías autoritarias de siempre.

Tanto el BM como la OMC promueven la privatización bajo el extraño argumento de que sirve para universalizar el acceso al agua

La transformación del agua en negocio tiene un corolario nada desdeñable en tiempos de crisis climática, que constituyen una razón más para consumir agua del grifo. En España se compran 3.500 millones de botellas de plástico al año . Pero la cuestión principal es la infiltración de la lógica de los negocios en la arena pública, con un doble registro: privatización de los beneficios y socialización vía presupuestos de los gastos en costosas infraestructuras. Es lo que Pedro Arrojo denomina “la hidroesquizofrenia del Banco Mundial”^[18]. Tanto el BM como la OMC promueven la privatización bajo el extraño argumento de que sirve para universalizar el acceso al agua. De la esquizofrenia de estas organizaciones internacionales al aparente dilema de Davos no hay más que la longitud de un ski. El último Foro Económico Mundial (WEF, por las siglas en inglés) ha publicado un manifiesto que proclama: “Una empresa trata a su personal con dignidad y respeto. Respeta la diversidad y aspira a la mejora continua de las condiciones de trabajo y el bienestar de los empleados. […] Integra el respeto por los derechos humanos en todos los eslabones de la cadena de suministro” a la vez que, en el Global Competiveness Report 2019, el WEF critica la desigualdad creciente. Obviamente estos propósitos piadosos están en contradicción flagrante con el conjunto de regulaciones, especialmente las laborales, destinadas a cercenar los derechos sociales y a hacer imposible eso modelo social escandinavo que predican en la teoría. En uno de los indicadores de competitividad, ‘flexibilidad de la determinación de salarios’, los países nórdicos ocupan posiciones entre la 118 y la 133 de 141; muy por detrás de Estados Unidos, Reino Unido, Qatar o Arabia Saudí. Ocupan los puestos superiores en competitividad precisamente los países con tradición sindical débil, fragmentación de las negociaciones salariales y escaso compromiso con los acuerdos colectivos.

El agua no es solo un recurso básico, un elemento indispensable para la vida, es también en estos tiempos un indicador de nuestra tabla de valores. La axiología neoliberal propugna un modelo depredador basado en el extractivismo del lucro. Es el ansia de dominación de los hombres y de la biosfera, una insaciable envidia, lo que según algunos expertos caracteriza al antropoceno. Ya vemos que ese modelo nos aboca sin remedio al desastre, al ecocidio, por más que insistan los negacionistas. Por eso aquella propuesta de una nueva cultura del agua cobra cada vez más vigor y debe ser entendida en su sentido más profundo. Así, desde un estudio pionero e interdisciplinar, se postula una ética del agua basada en una perspectiva fenomenológica y caracterizada por su sensibilidad  hacia el sentido profundo de la encarnación humana, la cultura, el lenguaje, las visiones del mundo y, en última instancia, la sintonía moral con el lugar particular del ecosistema que nuestros cuerpos habitan^[19]. Y esta ética del agua debe formar parte de un reajuste de nuestra manera de entender la vida colectiva al modo como lo prefiguró de forma premonitoria, a la vista del impacto de la pandemia del Covid-19, Zygmunt Bauman en Retrotopía: “Nos encontramos (más que nunca antes en la historia) en una situación de verdadera disyuntiva: o unimos nuestras manos o nos unimos a la comitiva fúnebre de nuestro propio entierro en una misma y colosal fosa común”.

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Martín Alonso Zarza es es doctor en Ciencias Políticas y autor de No tenemos sueños baratos”. Una historia cultural de la crisis. Anthropos.