Pese a quedar ocultos por el paso del tiempo, el desinterés o el olvido, los dramáticos efectos de la violencia terrorista perduran durante décadas. Los heridos, supervivientes, pero nunca indemnes, se enfrentan a ellos en su vida diaria: algunas lesiones no curan nunca. Para los familiares y allegados de las víctimas mortales es imposible llenar el hueco que dejan los ausentes. No solo lo que fueron, sino todo lo que podrían haber llegado a ser, compartir y construir: amigos, parejas, familias, carreras profesionales, aficiones, sueños… Es un dolor intenso, pero íntimo. La sociedad, de memoria frágil y empatía limitada, no es consciente o no quiere serlo.

El recuerdo de las acciones terroristas del pasado solo trasciende el estricto ámbito de los damnificados en ciertas ocasiones. Por ejemplo, en efemérides redondas como el 50º aniversario de la primera víctima mortal de ETA, el guardia civil José Antonio Pardines, a quien conmemoramos en junio de 2018, o, más recientemente, el 60º aniversario de la bomba de la estación de tren de Amara que acabó con la vida de la niña Begoña Urroz. Sin embargo, los atentados también pueden reaparecer en los medios de comunicación si se descubre una nueva pista, se detiene a un sospechoso, se le juzga o, como ha sido el caso de Carlos García Juliá, se le captura casi veinte años después de su fuga. La vuelta a la cárcel de uno de los autores materiales de la masacre de los abogados de Atocha y el debate acerca de su situación jurídica han devuelto este atentado a la actualidad. Sin embargo, como es habitual en todo lo relacionado con la historia del terrorismo, los más jóvenes no saben ni lo que ocurrió ni lo que significó. Nadie se lo ha enseñado. Por eso, 43 años después, es más importante que nunca echar la vista atrás y recordar.

Como es habitual en todo lo relacionado con la historia del terrorismo, los más jóvenes no saben ni lo que ocurrió ni lo que significó. Nadie se lo ha enseñado

Tras la muerte del dictador Francisco Franco en noviembre de 1975, las Cortes proclamaron rey a Juan Carlos I. El monarca confirmó como presidente del Gobierno a Carlos Arias Navarro. Lejos de liderar la democratización de España, Arias intentó preservar parte sustancial del franquismo y mostró una política vacilante y a veces contradictoria, con hitos dramáticos como la matanza de Vitoria (3 de marzo de 1976), que contribuyó a extender la incertidumbre sobre el futuro del país. No es de extrañar que el presidente del Gobierno no contase con el respaldo ni de la oposición antifranquista, que impulsó actos de protesta y movilizaciones contra sus políticas, ni del ala reformista del régimen. Ahora bien, tampoco tuvo el apoyo del sector más reaccionario, que interpretaba su mandato como el principio del fin de la dictadura. 

En ese contexto convulso empezó a actuar en España un terrorismo ultraderechista muy fragmentado, que contó con la tolerancia de la parte más nostálgica de la Administración y el concurso de neofascistas extranjeros, como el italiano Stefano Delle Chiaie y el francés Jean-Pierre Cherid, que habían huido de sus países de origen. Su primer gran atentado tuvo lugar el 9 de mayo de 1976 en el marco de la romería que los carlistas celebraban anualmente en Montejurra: pistoleros ultraderechistas asesinaron a dos seguidores de Carlos Hugo, Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos, e hirieron a otra veintena. Hubo tres procesados, pero no fueron juzgados y el caso se cerró por la Ley de Amnistía. 

Apenas unos meses después, en julio de 1976, los desacuerdos entre el rey Juan Carlos I y Arias Navarro provocaron la dimisión del presidente del Gobierno. El monarca encargó la formación de un nuevo gabinete a Adolfo Suárez, el hasta entonces ministro secretario general del Movimiento. A pesar de la desconfianza inicial de la oposición, el nuevo presidente lideró la democratización de las instituciones y la restauración de la monarquía parlamentaria. El paso de un sistema dictatorial a otro representativo se llevó a cabo respetando, al menos pro forma, la legalidad todavía vigente: de la ley a la ley a través de la Ley para la Reforma Política, que fue aprobada por las Cortes el 18 de noviembre. La norma obtuvo el voto a favor de 425 procuradores, 59 en contra y 13 abstenciones. Aquel harakiri supuso una verdadera derrota para el sector más reaccionario del régimen. No sería la última.

La Ley para la Reforma Política tampoco despertó el entusiasmo de los antifranquistas, que llamaron a boicotear el referéndum del 15 de diciembre de 1976. Más rotunda, la ultraderecha pidió el no. Pese a todo, la Ley para la Reforma Política fue apoyada masivamente por la sociedad española. Con un 77,72% de participación, el sí obtuvo 16.573.180 papeletas (el 94,45% del total) y el no, 450.102 (el 2,56 %). Aquel porcentaje demostraba que solo una exigua minoría de los españoles deseaba un franquismo sin Franco. Por descontado, hizo sonar todas las alarmas de los nostálgicos: estaban asistiendo al fin del régimen. Algunos pensaron que había que hacer algo para parar la Transición. 

El 24 de enero de 1977, poco más de un mes después, había convocada una reunión para tratar cuestiones sobre el asociacionismo vecinal en el despacho de abogados laboralistas del número 55 de la calle Atocha de Madrid. Cerca de las 22:45 horas alguien llamó a la puerta. En la oficina irrumpieron dos pistoleros. Preguntaban por Joaquín Navarro, sindicalista de CC.OO. que había tenido un papel destacado en el enconado conflicto laboral que había atravesado el sector del transporte madrileño, pero no se encontraba allí. Los terroristas colocaron juntas a todas las personas que había en el bufete. Y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar. Fue una masacre. Hubo cinco víctimas mortales: los letrados Enrique Valdevira Ibáñéz, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, el estudiante de Derecho Serafín Holgado y el administrativo y sindicalista Ángel Rodríguez Leal. Además, quedaron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Luis Ramos Pardo, Dolores González Ruiz y Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell. Las víctimas estaban vinculadas a CC.OO. y al PCE. 

Los terroristas colocaron juntas a todas las personas que había en el bufete. Y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar. Fue una masacre. Hubo cinco víctimas mortales

Durante esos días otros dos ciudadanos habían muerto en la capital de España en sendas manifestaciones, aunque en circunstancias diferentes: el 23 de enero Arturo Ruiz, a tiros de un terrorista de los Guerrilleros de Cristo Rey, y al día siguiente María Luz Nájera, por el impacto de un bote de humo lanzado por los antidisturbios. 

Al igual que el neofranquismo, el sector más exaltado de la extrema izquierda se posicionó frontalmente contra la Transición democrática. El 24 de enero los GRAPO, que ya mantenían como rehén a Antonio María de Oriol, secuestraron al general Emilio Villaescusa Quilis. El día 28 esta misma banda asesinó a dos policías y a un guardia civil. El efecto desestabilizador del terrorismo de izquierda radical se sumaba así a los atentados de ETA, a los de la ultraderecha y a la brutalidad policial, una inercia de la dictadura que todavía tardaría en desaparecer. Era una tormenta perfecta. La democratización del país pendió de un hilo.

La huelga en protesta por la masacre de Atocha fue secundada en toda España por alrededor de un millón de trabajadores. El 26 de enero unas cien mil personas participaron en el multitudinario entierro en Madrid. La marcha transcurrió en silencio y no se produjeron incidentes. Lejos de caer en la provocación de los neofranquistas, la dirección del PCE, que todavía era ilegal, demostró tanto la disciplina de su militancia como su incontestable poder de convocatoria. Aquella manifestación de duelo fue crucial para que, a pesar de las posturas en contra de parte de su propio equipo, en abril el presidente del Gobierno Adolfo Suárez decidiese legalizar al Partido Comunista. 

Paradójicamente los pistoleros ultras habían conseguido justo lo contrario de lo que deseaban. Por añadidura, el 11 de febrero Oriol y Villaescusa fueron liberados por las FCSE, lo que supuso un sonoro fiasco para los GRAPO. Como escribe Xavier Casals en La Transición española. El voto ignorado de las armas (2016), “la violencia política (…), salvo en el caso de ETA, se volvió contra sus promotores y actores, contribuyendo a su derrota”.

También ese sería el destino de la extrema derecha. El 13 de marzo de 1977 las FCSE anunciaron que habían arrestado a siete personas relacionadas con la masacre de Atocha, entre ellas a José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada, sospechosos de haber sido los autores materiales, y a Francisco Albadalejo Corredera, secretario del Sindicato Provincial de Transporte de Madrid, al que se creía inductor del atentado. Los tres primeros habían militado en Fuerza Nueva, aunque en el momento de los hechos estaban más cerca de Falange Española de las JONS. 

Durante el juicio declararon dirigentes de la extrema derecha como Blas Piñar, el director de la revista Fuerza Nueva Pedro Rodrigo y el exredactor jefe, Luis Fernández Villamea. Aprovechando un incomprensible permiso penitenciario, indicio de las simpatías con las que el neofranquismo todavía contaba en un sector de la judicatura, Lerdo de Tejada escapó. Todavía hoy permanece en paradero desconocido. 

El 15 de octubre de 1977 la práctica totalidad del arco parlamentario aprobó la Ley de Amnistía. Se trataba desactivar el terrorismo y de sellar la definitiva reconciliación entre las dos Españas

El 15 de octubre de 1977 la práctica totalidad del arco parlamentario aprobó la Ley de Amnistía. Se trataba desactivar el terrorismo y de sellar la definitiva reconciliación entre las dos Españas. Por consiguiente, el olvido legal afectó tanto a la Guerra Civil y a la represión franquista como a los crímenes cometidos por las bandas terroristas. Las cárceles se vaciaron de presos de ETA y otros grupos. No obstante, hubo excepciones: la Ley de Amnistía no se aplicó a algunos atentados de los GRAPO ni a la masacre de los abogados de Atocha.

Esta decisión hizo que el juicio siguiese adelante. En 1980 la Audiencia Nacional condenó a los responsables del atentado terrorista a 193 años de cárcel. A principios de los noventa se concedió la libertad condicional a Carlos García Juliá. Desapareció. En realidad, era la segunda vez que intentaba fugarse: la primera vez, frustrada, fue en 1979.

Detenido en Brasil, García Juliá fue extraditado a España en febrero de 2020. La Audiencia Nacional calculó que debía cumplir lo que le restaba de condena y no ser excarcelado hasta 2030. No obstante, el caso pasó a la Audiencia Provincial de Ciudad Real que, tras computarle varios beneficios penitenciarios, dictaminó que debía salir en libertad en noviembre de este año. Pese a aquel mazazo, la Fundación Abogados de Atocha sigue intentando que el autor material del atentado permanezca en prisión. 

La masacre de Atocha inspiró la película Siete días de enero (1979) de Juan Antonio Bardem. Sobre ella se han publicado diversos trabajos, pero hay tres que resultan imprescindibles. El primer libro, La memoria incómoda: los abogados de Atocha, cuya primera edición data de 2002, está escrito por el único superviviente que queda de aquel atentado, el profesor Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell. El segundo, por Jorge e Isabel Martínez Reverte (2016). El tercero, de Manuel Gallego López, es fruto de su tesis doctoral y se trata de la primera investigación académica que ha tenido acceso a fuentes inéditas como el sumario judicial: Los abogados de Atocha. La masacre que marcó la Transición (2019), publicada por Los Libros de la Catarata con el apoyo de la Fundación Abogados de Atocha, CC.OO. y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Si quieren saber más sobre el caso, les remito a esta excelente obra. 

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Gaizka Fernández Soldevilla. Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.