Georgina Orellano no sabe cuántas veces más tendrá que hablar sobre su trabajo, el que ejerce todas las semanas en el barrio porteño de Villa del Parque. Lo que sí sabe es que cada vez que vaya a una reunión de padres, a una comida familiar o haga una entrevista tendrá que contar cómo es el trabajo sexual y sabe que lo que algunos buscan será encontrar el elemento dramático de su historia, el aspecto oculto que revelará de una vez por todas por qué es trabajadora sexual.

Cuando decidió que no podía ocultar más su verdadera ocupación llevaba 8 años urdiendo las mejores mentiras. Al llegar a la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), conoció las historias de otras trabajadoras sexuales que le habían contado a su familia su verdadero trabajo y si a ellas “no se les había caído el mundo” quizás Georgina también podía. Su hijo crecía y empezó a preguntar cuál era el verdadero trabajo de su mamá. Fue así como rompió el pacto de silencio que había hecho consigo misma. La tragedia que esperaba no apareció, más bien encontró acogida y respeto. “Fue liberador dejar a un lado todas las redes de ocultamiento que había generado, fue el comienzo de un proceso de aceptación de mí misma y del trabajo que estaba eligiendo, sentí que me paraba [me posicionaba] desde otro lugar no solo en la esquina sino con la vida en general, ahora ya saben todos que soy puta”. 

Cuando por primera vez, a principios de junio, en medio de la pandemia de coronavirus, Argentina lanzó el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, en el que aparecía el trabajo sexual como una categoría más, Orellano, que dirige desde el 2014 el Sindicato de las Trabajadoras y Trabajadores Sexuales de Argentina–AMMAR, sintió algo parecido. Este registro, puesto en marcha por el Ministerio de Desarrollo Social, pretende ser una herramienta de reconocimiento estatal de los trabajos informales para que puedan acceder a “programas de empleo, seguridad social y capacitación” y facilitar “la participación en redes de comercialización y la obtención de herramientas crediticias y de inclusión financiera”. Para muchas, fue el comienzo de su conquista, que se hizo letra en esa categoría en blanco y negro de aquel formulario burocrático. Fue la primera vez que el trabajo sexual contaba legalmente. “Por primera vez el Estado iba a saber cuántas somos, cómo es nuestro trabajo, cómo vivimos y cómo nos está afectando la pandemia”. El “sueño” duró tan sólo unas horas. 

En ese lapso de tiempo, entre el tuit de la secretaria general de Ammar y la desaparición del registro (5/7 h.) unas 800 trabajadoras sexuales ya habían completado el registro

El registro se lanzó un viernes. El domingo Orellano, muy activa en redes sociales, mostraba su alegría en Twitter por el anuncio: “Que día Peronista Compañeras. El Ministerio de Desarrollo Social creó el Registro Nacional de Trabajadorxs de la Economía Popular y nuestro trabajo aparece en el formulario de inscripción. Ya no debemos ocultamos ni inscribirnos con categorías engañosas”. Y entonces se desató la polémica. Ante las críticas de organizaciones abolicionistas, y a petición expresa del director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y la Asistencia a las Víctimas, Gustavo Vera, el formulario se retiró junto con el nombre que las reconocía. En ese lapso de tiempo, entre el tuit de la secretaria general de Ammar y la desaparición del registro, entre cinco y siete horas, unas 800 trabajadoras sexuales ya habían completado el registro. 

Aunque AMMAR no está legalmente reconocido como sindicato, funciona como tal y se organiza a través de cuotas voluntarias y donaciones. Ofrecen asesoría legal gratuita, acompañamiento psicológico y facilitan el acceso a la salud integral. Luchan por mejorar las condiciones de vida de este colectivo: derechos laborales, acceso a una vivienda digna, reducir la precariedad y la discriminación social. Necesidades que se acentúan con la crisis de los últimos años y la pandemia.

Fue fundado en los años noventa por Elena Reynaga, dentro de un contexto de desempleo y crisis económica que desembocó en el famoso corralito. Cuando en 1983 el país recuperó la democracia, las antiguas fuerzas policiales del Estado aún tenían fuerte presencia y complicaban la vida de quienes utilizaban el espacio público para ganarse el pan, entre ellos la de las trabajadoras y trabajadores sexuales. “La idea de AMMAR empezó en los calabozos donde, durante la última dictadura argentina, las trabajadoras sexuales nos pasábamos encerradas ocho de cada doce meses del año, entrando y saliendo de la cárcel. Cuando comenzó la democracia, la persecución no dio tregua, aunque se suavizó y en vez de ocho meses nos pasábamos solo tres”, explica Reynaga.

Cansadas “de los abusos policiales”, empezaron a pensar conjuntamente en lo que les pasaba. Antes de salir a trabajar se tomaban “el cafecito” en uno de los bares del barrio de Flores en Buenos Aires y aprovechaban para organizarse, así nació la primera asociación nacional de  trabajadoras sexuales de Argentina.

Después de años dando la cara en AMMAR y perdiendo clientes “por ser demasiado política”, Reynaga quiso llegar más allá de Argentina, y desde hace unos años dirige la Red Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras Sexuales, organización que aglutina a quince de los veinte países de la región. Están presentes en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para la ONU (CEPAL), en la OEA y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Movilizamos recursos para que podamos hablar cinco minutos en los lugares en los que se discuten las políticas”, se ríe irónicamente. “¿Pero sabes?, las ministras de cada país no se van como vinieron, solo con vernos y escucharnos cambia su perspectiva y a la hora de poner en marcha programas en sus países nos tienen presentes”. En este tiempo lograron que varios Ministerios de Trabajo legalizaran sindicatos en Colombia, Guatemala, Nicaragua y Perú. 

Según el último informe disponible de la Red, solo existen dos normativas locales que las protegen: en Asunción del Paraguay y en la zona de Callao en Perú

Pese a que existen algunos desacuerdos entre las organizaciones respecto al término para autodenominarse, los problemas son parecidos. “En América Latina sobre todo luchamos por una ley que nos reconozca, contra la discriminación y la violencia institucional que sufrimos en distintos grados, desde el chantaje, el coimeo [demanda de sobornos], al abuso sexual y el encarcelamiento arbitrario. Queremos una regulación elaborada por nosotras mismas, no queremos patrones, ni reglamentaciones que muchas veces acaban perjudicándonos”, explica Reynaga, quien recuerda que en el continente el trabajo sexual no es ilegal, está en un vacío normativo –ni penalizado, ni regulado expresamente–, razón que posibilita que se les apliquen otras normativas contra el desorden público o la trata con fines de prostitución forzada, que terminan perjudicando los derechos del trabajo sexual autónomo. 

Según el último informe disponible de la Red, solo existen dos normativas locales que las protegen: en Asunción del Paraguay y en la zona de Callao en Perú. Aún están lejos de conseguir el reconocimiento de su trabajo en la mayoría de los países, pero se sienten orgullosas de los avances que tuvieron. “Para nosotras es un logro estar presentes en la mayoría de países de la región, somos sostenibles en el tiempo, tenemos incidencia política y cada vez nos sentimos más valoradas y reconocidas socialmente”, cuenta Reynaga.

Uno de los colectivos más desprotegidos en esta ocupación es el de las mujeres trans. Un 80% de ellas desempeña este trabajo, según el último informe de la Red Latinoamericana de Personas Trans. A eso se suma la situación generada por la pandemia. La pobreza y la desigualdad son algunos de los problemas más graves que desnudó la crisis de la covid-19 en América Latina. El confinamiento sigue y en la mayoría de países se están superando los tres meses. “Tras quince días de cuarentena, a muchas de las trabajadoras sexuales trans y travestis no les queda dinero para alimentación”, señala Marcela Romero, secretaria general de esta organización.

Además, en algunos países donde no existe Ley de Identidad de Género, y por lo tanto resulta difícil, si no imposible el cambio registral de nombre, las personas trans sufren mayor vulneración de derechos. Por ejemplo, en algunos lugares, las salidas para comprar alimentos se han organizado de acuerdo al género –unos días de la semana para hombres y otros para mujeres–. Según Romero, esto se ha aprovechado para detener y humillar a las personas trans. En todo el continente, solo Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia y algunos estados de México cuentan con una ley.

Un 80% de las mujeres trans desempeña trabajos sexuales, según el último informe de la Red Latinoamericana de Personas Trans

La precariedad de la vivienda para las trabajadoras sexuales trans es otro tema pendiente. Romero dice que, por culpa de la discriminación que sufren, “la mayoría de las chicas que viven en las grandes ciudades latinoamericanas lo hace en una indigencia total, entre cuatro o cinco personas alquilan una habitación en una pensión o en un hotel a un precio desorbitado, como si fuera el mejor cuarto de la ciudad en la zona más cotizada. Con la cuarentena, la mayoría no puede pagar y muchas veces los propietarios las presionan cortando el agua, el gas o la luz hasta que se pongan al día con las cuentas”.

Yokhari vive en uno de estos hoteles, tiene 36 años y como dice ella, según la expectativa oficial de vida de las personas trans “le quedan cuatro años para caducar”. Hace trece se fue de Perú, donde dejó a su familia a la que ayuda económicamente cada mes. Aunque es titulada en acompañamiento terapéutico, su vocación, no pudo trabajar de ello y se dedica al trabajo sexual. 

Hace años que participa en diferentes organizaciones, hoy es la coordinadora de la Casa Roja –una filial de AMMAR– que funciona como refugio del frío invernal, comedor popular los sábados y oficina social 24/7. Durante la pandemia, reparten alimentos y ropa y ayudan a tramitar residencias a migrantes para que puedan solicitar la ayuda de emergencia. También piden subsidios habitacionales, empadronamientos, DNI para personas trans y hacen todo tipo de trabajo comunitario. Algunos la llaman el Ministerio de las Putas. Cuando por unas horas fue reconocido el trabajo sexual en Argentina, Yokhari estaba con unas compañeras en la Casita Roja y fue una de las que logró registrarse.

“Me sentí muy feliz porque por primera vez pude decir sin caretas lo que soy. Decirle al mundo que soy trabajadora sexual, de eso vivo y no le hago daño a nadie. Por una vez se reconoció el trabajo que hacemos todos los días. Fuimos nombradas. Existimos”, recuerda sobre un momento que duró poco.  “Cuando algunas organizaciones pusieron el grito en el cielo y se dio de baja el registro, me sentí decepcionada. ¿Viste cuando enciendes una llama, viene el viento y lo apaga? A algunas les entiendo en parte, si yo tuviera algún caso de trata de personas en mi familia también me opondría, pero hay que aprender a diferenciar las cosas, nosotras no somos proxenetas, nadie nos obliga, somos trabajadoras sexuales”, explica  Yokhari.

Valentina Pereyra es la Secretaria de AMMAR Provincia de Buenos Aires. Hace quince años que se dedica al trabajo sexual. Cuenta que las condiciones laborales para una feminidad trans, como ella se define, están condicionadas en la sociedad. Para ella el trabajo sexual significó la posibilidad de iniciar su transición física. “Era lo que me retribuía más dinero para poder conseguir operarme. Fue el camino para poder construir mi identidad como yo me sentía feliz, buscar que de alguna manera el espejo me devolviera lo que siempre había soñado”, cuenta. 

En el 2007 llegó a la provincia de Buenos Aires donde se dedicó a trabajar y participó en distintos espacios de militancia LGBTIQ+. Cuando la categoría “trabajo sexual” salió en línea, lo primero que pensó fue en las trabajadoras sexuales mayores, las que ejercen hace treinta años, “era una forma de reconocerlas a ellas”, dice. 

Después de darse de baja el formulario, AMMAR pidió explicaciones al Ministerio. Más allá de un tuit del ministro Vera y varios retuits de feministas afines al abolicionista, nunca hubo anuncio oficial

Después de darse de baja el formulario, AMMAR pidió explicaciones al Ministerio de Desarrollo Social, porque más allá de un tuit de Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas de Argentina, y varios retuits de feministas afines a las posiciones abolicionistas, no hubo anuncio oficial. Al no haber respuesta, el sindicato lanzó una petición pública que fue respaldada, entre otros, por Amnistía Internacional y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según Pereyra, “la realidad fue que durante cinco horas existió un formulario en el que que se registraron unas 800 trabajadoras sexuales, el Estado no puede volver a dar la espalda a esta realidad”.  Además, “era un censo no solo para nosotras sino para los trabajos que existen pero que no están registrados, por lo que no tienen derechos laborales, era un modo de visibilizar lo invisible, una demanda histórica de los movimientos sociales”, señala Pereyra. 

Un mes después el registro se ha subido de nuevo, eso sí, sin la categoría “trabajo sexual” que de momento se borró hasta nuevo aviso. Pese al bloqueo, AMMAR se ganó algo insólito en “la historia de las putas” de Argentina: establecer un diálogo directo con el Estado. Este continuará en los próximos meses entre representantes del sindicato y otros colectivos y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el de Seguridad, el de Justicia y Derechos Humanos, y el de Desarrollo Social. Mientras continúa el debate, las trabajadoras sexuales dicen que seguirán contando las veces que haga falta su historia, desde la autonomía de reconocerse y organizarse como tal, e intentando evitar que otros las victimicen.