La decisión del todavía rey emérito, Juan Carlos de Borbón, de huir de España tras las revelaciones sobre su comportamiento corrupto, apoyada por su hijo Felipe VI y por un gran despliegue blanqueador de los medios cortesanos, supone un gigantesco paso en el descrédito de la monarquía española. Paso que debería ser el último y definitivo. Visto desde quienes pretenden zanjar no solo el escándalo, sino las actuaciones gravemente delictivas que se atribuyen al emérito, su huida de España intenta ser una solución a la incómoda presencia de Juan Carlos para el actual monarca. Sin embargo, cuando la fiscalía del Tribunal Supremo está en plena investigación de sus manejos, la marcha del Borbón emérito a la República Dominicana constituye para el común de los ciudadanos la vulgar fuga de un delincuente, organizada en secreto por su sucesor.

Todo el comunicado de la Casa Real es un monumento a la hipocresía y un atentado al decoro y la dignidad que deben presidir el comportamiento de un ex Jefe y de un Jefe de Estado en un país democrático. Juan Carlos elude referirse a la naturaleza de los “acontecimientos” que han generado “repercusión pública”: se trata de acusaciones de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales. Y la vaga referencia del rey al cumplimiento del ordenamiento jurídico no garantiza que su padre esté dispuesto a afrontar en España y Suiza las investigaciones judiciales en curso.

Entre los hechos que se investigan figuran el cobro de 100 millones de dólares procedentes del rey de Arabia Saudí, se sospecha que como pago por sus gestiones para la concesión de la construcción del AVE de Medina a La Meca. Para cualquier servidor público, esa comisión constituye un delito de cohecho. Y el uso de parte de ese dinero, traído a España de forma opaca y sin declarar a Hacienda, constituye un delito de fraude fiscal. Esas operaciones fueron realizadas con un testaferro desde el propio palacio de la Zarzuela. Buena parte de esa suma multimillonaria fue entregada a su amante, Corinna Larsen, a través de fundaciones opacas creadas para cobrar el patrimonio ilícito. En una de ellas, el actual rey de España figura como segundo beneficiario del dinero. En otra, son las hijas del rey actual las beneficiarias. No acaban aquí los actos que la Casa Real llama acontecimientos pasados de la “vida privada” del emérito. El rey “ejemplar” recibió de la embajada de Omán una vivienda de lujo en Londres valorada en 62 millones de euros. 

No cabe limitar las responsabilidades al antiguo rey. Sobre su heredero, el actual monarca Felipe VI, recaen también las sospechas. Al parecer, fue informado el 5 de marzo de 2019 de que su padre le había designado segundo beneficiario de la Fundación Lucum, donde el emérito tenía escondido parte de su patrimonio, y sin embargo no lo puso en conocimiento de la opinión pública hasta un año después. Precisamente el 15 de marzo de este año, fecha en que el país entero estaba confinado, ya que el estado de alarma se aprobó el día anterior. El rey eligió el momento en que iba a pasar más inadvertido, y lo hizo obligado por las informaciones que se publicaron en medios extranjeros.

Quienes tratan de justificar este escándalo, evitando subrayar la indignidad de la decisión de la Casa Real y expresándose con eufemismos sobre la corrupción y fuga del emérito, deben recordar que el apoyo incondicional a una institución cada vez más desprestigiada y sin rumbo puede tener consecuencias muy graves. La monarquía huele a pasado y a podrido. Y el Gobierno, tras haber pactado en secreto la bochornosa fuga del emérito, debería ahora emprender la iniciativa de promover un referéndum para que los españoles decidan la forma de Estado que desean otorgarse. Llegados a esta ominosa situación, es hora de que la línea sucesoria decidida e impuesta por Franco sea sometida a una consulta democrática. Basta de impunidad. Basta de blanquear la corrupción. Basta de hipocresía y de sumisión. Los españoles tenemos derecho a votar si queremos continuar con este viejo régimen o entrar por fin en la modernidad y la igualdad real con la República.