La juventud en España lleva años atrapada en un círculo de precariedad e inestabilidad que no parece tener fin, y 2019 no ha sido un año diferente. Los indicadores socioeconómicos han mejorado levemente, pero no lo suficiente para cambiar la tendencia en ámbitos como el mercado laboral y la vivienda. Ahora, la llegada del coronavirus amenaza con agravar una situación que ha llevado a que este grupo de población tenga que enfrentarse a la nueva crisis sin haber escapado aún de los problemas de la anterior y con la tasa de emancipación más baja desde el año 2002. 

Esto es lo que se puede deducir del último Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE), donde se advierte que a finales del año 2019 apenas el 18,7% de los menores de 30 años había conseguido independizarse de sus progenitores. 

La cifra es solo un reflejo, quizá la última consecuencia, de la tortuosa relación de los jóvenes con el sistema residencial del país. Pero los problemas se repiten y retroalimentan en todas y cada una de las etapas en el acceso a la vivienda. 

Así, las dificultades para acceder al mercado laboral, la temporalidad y parcialidad generalizadas o los bajos salarios son algunos de los principales motivos que están dificultando sobremanera la emancipación de la población joven. Para los que consiguen independizarse, estos mismos condicionantes se traducen en nuevos quebraderos de cabeza: aumento de la pobreza y la exclusión social, sobrecostes para pagar la hipoteca o el alquiler, dificultad para llegar a fin de mes...  

En comunidades como Madrid, Cataluña y Baleares el coste de una vivienda en alquiler ya supera el 100% del salario medio de la población joven

En última instancia, toda esta amalgama de obstáculos se ve reflejada en los pobres índices socioeconómicos de la población joven, que pese a haber mejorado ligeramente en el último año se siguen situando como los peores del país si se atiende a las franjas de edad. Según las cifras recopiladas por el CJE, correspondientes al último semestre del año pasado, un 31,7% de los menores de 30 años se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social.

Ni siquiera los que trabajan están libres de esta situación: uno de cada cinco jóvenes con empleo tiene ingresos muy bajos y sufre privación material. Basta con atender a los indicadores de inserción laboral para entender cómo la pobreza laboral, un fenómeno inédito en España hasta hace algunos años, se ha generalizado entre la población de menor edad, con sus correspondientes efectos sobre el acceso a la vivienda. Apenas el 46% de las personas menores de 30 años está trabajando o buscando empleo, y la tasa de paro juvenil se sitúa en el 23,8%. Entre los asalariados, más de la mitad (55,4%) tiene un contrato temporal y cuatro de cada diez está sobrecualificado para su puesto de trabajo. Por su parte, la parcialidad, que había descendido en los últimos tiempos, ha vuelto a crecer: un 27% de los jóvenes ocupados tiene un contrato a tiempo parcial. 

Con este panorama, no es de extrañar que cada vez más jóvenes decidan retrasar su emancipación. Para poder abandonar el hogar familiar, un joven tiene que destinar el 90,7% de su salario para poder alquilar una vivienda en solitario, un porcentaje dos puntos más alto que en 2018. Si bien durante el año pasado se frenó ligeramente el rápido crecimiento de los precios del arrendamiento en el conjunto del país, en algunas comunidades como Madrid, Cataluña y Baleares el coste de una vivienda en alquiler ya supera el 100% del salario medio de la población joven. 

La entrada para adquirir un inmueble se sitúa, de media, en los 47.104,80 euros. Esto es, 4,1 veces el salario anual que percibe una persona menor de 30 años

Algo similar ocurre con la compra de vivienda. La entrada para adquirir un inmueble se sitúa, de media, en los 47.104,80 euros. Esto es, 4,1 veces el salario anual que percibe una persona menor de 30 años “bajo el supuesto de que trabaja de manera continua durante todos estos años”, algo realmente complicado si se tienen en cuenta los altos índices de temporalidad. Por su parte, para hacer frente a la cuota hipotecaria en solitario un joven debería destinar cerca del 60% de su sueldo neto, un porcentaje muy superior al 30% que establecen las entidades bancarias como mínimo viable para conceder un crédito.

Ante las enormes barreras que existen para alquilar o comprar en solitario, la opción menos costosa  para que los jóvenes puedan independizarse pasa por hacerlo compartiendo la vivienda en alquiler con otras personas. Otra alternativa al alza es el acceso a una vivienda cedida –bien por familiares, bien por instituciones–, una fórmula que ha pasado de representar el 10,7% de los procesos de emancipación en 2017 al 12,2% en la actualidad. 

Estas opciones, aparentemente más viables que la compra, no evitan sin embargo que las personas jóvenes que abandonan el hogar familiar lo hagan con enormes dificultades y con altos índices de precariedad. Cerca de un 46% de las menores de 30 años que vive de alquiler está en riesgo de exclusión y pobreza, mientras que entre las personas que ocupan viviendas cedidas el porcentaje llega al 40,7%. 

El documento del CJE también ofrece datos preocupantes sobre la intensificación del fenómeno de la emancipación tardía en capas de población más mayores, lo que hace sospechar que cada vez cuesta más superar los problemas estructurales que afectan a la juventud. Entre 2018 y 2019, el grupo de edad donde más descendió la tasa de emancipación fue el de personas de entre 30 y 34 años, que pasó del 71,8% al 69,2%.