El 21 de agosto el Ministerio de Igualdad enviaba una carta a las comunidades autónomas solicitando el cierre de los prostíbulos y, como era de esperar, se han reabierto las tensiones en el feminismo. Sin perjuicio de los debates de fondo, es necesario poner en el centro la situación devastadora en la que se encuentran hoy las prostitutas. También ellas, en condiciones más complejas y difíciles que el resto de la ciudadanía, necesitan salir adelante. Garantizar su acceso a recursos básicos es una obligación institucional y, por supuesto, un mandato feminista indiscutible.

El 21 de abril, el Ministerio de Igualdad presentó el Plan de Contingencia contra la violencia de género ante la crisis de la covid-19: medidas adicionales dirigidas a víctimas de trata, explotación sexual y a mujeres en contextos de prostitución. Durante algunos días se pudo pensar que las mujeres “en contexto de prostitución” (quienes ejercen la prostitución) accederían como grupo excepcional al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Es decir, sin necesidad de cumplir el requisito de un año de residencia legal en el país. Sin embargo, la redacción final las excluyó del acceso al IMV, a diferencia de las mujeres víctimas de violencia de género, trata de seres humanos y explotación sexual, que sí pueden acceder sin este requisito (aunque, como ha denunciado Cruz Roja, esto solo es en teoría).

Como la mayoría de trabajadoras sexuales en clubs son migrantes, muchas en situación irregular o sin las cotizaciones previas requeridas, no pueden acceder ni al IMV ni a otras ayudas y se han quedado sin alternativa económica y acumulando deudas. Ahora, con el cierre de los clubs, además se les arrebata su único medio de vida, ya mermado por la pandemia, y el único techo con el que contaban. Todo ello teniendo en cuenta además que, aunque el IMV parecía que iba a ser la gran solución para los excluidos pre y postpandemia, la administración está colapsada y a día de hoy apenas está llegando a las personas que sí cumplen los innumerables requisitos y han conseguido atravesar la odisea burocrática que implica su solicitud.

Razones para el cierre de los prostíbulos

Entre las razones ofrecidas por el Ministerio para el cierre de los clubs se arguye “la necesidad de prevenir contagios y evitar la propagación del virus”, razones sanitarias de un lado, y “no dar tregua a la industria proxeneta y a la explotación sexual”, argumentos básicos de corte abolicionista, de otro. Si bien las trabajadoras sexuales nunca se han opuesto al cierre de la actividad en sí y comprenden la situación sanitaria, aunque legítimamente exigen garantías de acceso a recursos básicos, no está de más recordar que la Comisión y el Consejo Europeo han solicitado a los Estados miembros que las medidas para enfrentar la pandemia respondan, entre otros principios, a criterios científicos.

Sería importante conocer cuáles son los indicadores básicos en salud que, teniendo en cuenta la forma de contagio de la covid-19, hacen que los prostíbulos sí deban ser cerrados, pero no los trenes lanzaderas o los asentamientos donde viven los temporeros o los jornaleros precarios del sector agrícola, donde además de afectar a más gente, no se respeta la distancia oportuna, no hay registros para posteriores rastreos y, en el segundo caso, ni siquiera agua potable. Con todo, a nadie se le escapa la necesidad lógica de prevenir los contagios en todos los lugares, y por ello, hubiera sido conveniente sopesar posibilidades como realizar guías de prevención y control –como en los asentamientos–, o paralizar la actividad temporalmente sin necesidad de cerrar los burdeles para no desahuciar a las prostitutas que, en muchas ocasiones, viven en ellos.

Cerrar prostíbulos no elimina la prostitución, especialmente cuando es el único medio de vida que les queda, no solo a quienes son desahuciadas, sino a las miles de mujeres empobrecidas

Ni en los más relevantes documentos del Gobierno, del Ministerio de Sanidad, ni del Consejo Interterritorial del sistema nacional de salud se acredita la necesidad de cerrar los prostíbulos por cuestiones sanitarias específicas. Sin datos, informes o estudios públicos y accesibles que avalen las declaraciones del Ministerio de Igualdad sobre los prostíbulos como focos específicos de contagio, el riesgo de que estas declaraciones profundicen el estigma de las prostitutas como “sujetos infecciosos portadores de enfermedades” en un contexto de miedo generalizado es evidente, y puede suponer una forma de violencia institucional sobre las mujeres que ejercen la prostitución.

En las razones ofrecidas por el Ministerio para el cierre tampoco se diferencia entre prostitución libremente consentida y trata con fines de explotación sexual, a pesar de ser dos cuestiones jurídicamente diferentes en el ámbito internacional, al menos desde el Protocolo de Palermo del año 2000.

Sin recursos económicos, sin techo y sin alternativa laboral alguna, las mujeres se ven forzadas a seguir ejerciendo la prostitución en condiciones de mayor clandestinidad. Las “casas de citas” no paran de recibir llamadas y las condiciones empeoran para todas por la situación de extrema desprotección. Paradójicamente, el cierre de los clubs ha dejado a las mujeres con menos derechos, más estigmatizadas y expuestas a una mayor explotación, lo que hará más difícil rastrear o diagnosticar los contagios y garantizar la salud pública debido a la falta de información sobre sus paraderos, trabajos y contactos. Cerrar prostíbulos no elimina la prostitución, especialmente cuando es el único medio de vida que les queda, no solo a quienes hoy son desahuciadas, sino a las miles de mujeres empobrecidas que enfrentarán este invierno la crisis económica que está por venir.

La distancia entre lo que se dice y lo que se hace: vulneración de derechos humanos y persecución estatal

Para abordar institucionalmente la prostitución sin ofrecer alternativas hay que generar confusión entre conceptos como trata, explotación sexual y prostitución, un mantra que repiten incluso quienes saben diferenciar lo que dicen las leyes de lo que nos gustaría que dijeran. Con todo, lo más preocupante es la ocultación sistemática del incumplimiento de derechos humanos básicos y de la persecución estatal que esto supone. Cuando esto ocurre, estamos ante procesos políticos de deshumanización por parte del Estado, lo que además de ser antidemocrático, es, permítanme la expresión, dinamita en manos de la extrema derecha. 

La contradicción que arrastra la gestión del Ministerio de Igualdad viene de lejos, lo sorprendente es que se haya aceptado esta herencia. De un lado, como quienes ejercen la prostitución, según el Ministerio, no son, jurídicamente hablando, ni víctimas de trata ni de explotación sexual, no tienen acceso específico como colectivo al IMV. Por otro, como ideológicamente hablando, este mismo organismo ha decidido que sí son víctimas de explotación sexual, se pide a las comunidades autónomas cerrar los clubs, dejándolas ahora sin el poco trabajo que tenían y sin vivienda. La contradicción es perversa: se las deja sin medio de trabajo, sin acceso a recursos alternativos y sin vivienda. Mientras tanto, los empresarios del alterne y todas las personas que trabajan para ellos, la “industria proxeneta” según Igualdad, se acogen a los ERTE del Ministerio de Trabajo. Si además, tal y como plantea el Ministerio, la mayoría de ellas serían mujeres tratadas y explotadas sexualmente, la gestión política llevada a cabo es más que nefasta y, se mire por donde se mire, difícilmente calificable de feminista.

La prostitución tiene un profundo vínculo con la pobreza, y esto, lejos de arrebatar agencia, capacidad de decisión, ha otorgado a muchas mujeres un mecanismo de supervivencia personal y familiar que quién nunca ha necesitado debería abordar con un mínimo de empatía y respeto. Un ministerio sin capacidad política para paliar la pobreza de las más excluidas –en un contexto de emergencia social sin precedentes– y que nada puede decir a quienes durante años han otorgado licencias a los clubs, porque son ahora sus nuevas alianzas ideológicas, no debería desahuciar a la ligera a 60.000 mujeres sin ninguna alternativa, y aún menos en nombre del feminismo.

Numerosos estudios han analizado la vulneración de derechos fundamentales y la persecución estatal que las prostitutas han sufrido en aplicación de las ordenanzas municipales de civismo que existen en muchos municipios y de la Ley Mordaza. Las feministas sabemos que las violencias patriarcales suelen justificarse en beneficio de las víctimas, del mismo modo que la violencia institucional patriarcal y racista se ejerce en nombre de las castigadas. Una lógica profundamente autoritaria y colonial: el “civilízate o te mato”, que durante los últimos siglos ha ocultado parte del pensamiento político occidental, sigue hoy impregnando de salvacionismo a las izquierdas europeas y, lamentablemente, a algunos sectores feministas.

Declararse mujer tratada como alternativa: efectos y posibilidades

Otra presumible opción que ha quedado a las prostitutas para acceder al IMV sin tener que acreditar un año de residencia legal y sin haber cotizado lo suficiente, es declararse como mujeres víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual ante las entidades del tercer sector que trabajan con ellas. La protección de los derechos humanos no deberían estar condicionados de esta manera. Entender así la política pública es especialmente victimizante porque implica que no hay derecho si no hay víctima. Y es además punitivista, en la medida en que no hay víctima sin agresor, ni por tanto derecho sin agresión previa. Así, el Estado se sacude su función preventiva y educadora, y moviliza sus recursos solo al hilo de la política criminal y su lógica de individualizar en ‘agresores’ lo que también son problemas estructurales de clase, género, ‘raza’, etc. En nombre del feminismo se están justificando lógicas jurídico-políticas neoliberales más preocupadas en identificar víctimas y agresores, especialmente racializadas y racializados, que en atender, debatir y prevenir las causas estructurales que los producen.  

Hoy más que nunca es también necesario continuar creando espacios  feministas de apoyo y acompañamiento a las trabajadoras sexuales       

En segundo lugar, que las mujeres se vean abocadas a identificarse como tratadas puede tener efectos muy preocupantes en los datos que desde ahora comiencen a recabarse sobre trata, teniendo además una ley pendiente sobre esta cuestión. ¿Cómo vamos a diferenciar aquellas mujeres que se han identificado como tratadas porque no han tenido otra opción? Más que nunca necesitamos metodologías de recogida de datos fiables y transparentes. Por último, es posible que, con todo, la mayoría de las mujeres no se declaren como tratadas a pesar de la situación en la que se encuentran. La desconfianza con la que ven a los poderes públicos, el miedo real a que les sean retirados sus hijos e hijas –una situación que se produce de facto–, el posible encierro en centros de internamiento o expulsión, sumado a las ya evidentes carencias del IMV como estrategia de contención de la crisis social, coloca a las mujeres en una situación de desprotección frente a las instituciones que paradójicamente deberían protegerlas. Ante la gravedad de la situación, es el momento para que en el Ministerio se tomen medidas urgentes que garanticen los derechos básicos de las prostitutas y reviertan la lógica de estigmatización y persecución estatal que soportan desde hace ya demasiado tiempo.

Por todo esto, hoy más que nunca es también necesario continuar creando espacios  feministas de apoyo y acompañamiento a las trabajadoras sexuales que exijan a los poderes públicos el cumplimiento de sus obligaciones con la ciudadanía, especialmente con las más vulneradas. Hoy, ante la dificultades sociales y económicas que están aún por venir, lo político es más que nunca personal. En tiempos de auge del odio, cuando hay quienes intentan expulsar a las prostitutas del feminismo y de las políticas sociales, justo ahí emerge una brújula para saber dónde y con quiénes empezar a reconstruirnos, a desgastarnos menos y a cuidarnos más. ¿Es posible articular políticas de cuidados feministas sin reconocer, sin mirar y sin cuidar a quienes se está dejando atrás?

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Rocío Medina Martín es investigadora del grupo Antígona, Universidad Autónoma de Barcelona.