Pero mamá, ¿nosotros somos rojos? Esta pregunta que muchos niños y niñas hicieron en voz baja a sus madres durante la postguerra, porque sus padres no estaban o no hablaban, encierra gran parte del significado de nuestra historia reciente, marcada todavía por el miedo, la violencia y la culpa. El tiempo fija detalles de nuestro pasado lejano mientras difumina los más inmediatos. Tal vez por eso, las costuras de nuestro siglo XX se resisten a pasar página, y siguen esperando una explicación a fenómenos tan complejos como estos que siguen aún presentes en la sociedad española.

El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, presentado en el Consejo de Ministros el pasado 15 de septiembre, ha generado una importante expectación al respecto. Anunciado antes del verano, se esperaba con mucha atención tras un confinamiento en el que la batalla por el pasado se ha recrudecido hasta límites insospechados. Una controversia arrastrada desde hace tiempo y que no hace presagiar nada bueno, ya que uno de los problemas precisamente de la ley que viene a sustituir –la de Memoria Histórica de 2007–, fue su permanente bloqueo político y judicial, seguido de su posterior vaciado de recursos e iniciativas. En este sentido, el nuevo proyecto de ley presenta un notable cambio de orientación, resultado de una serie de recomendaciones que desde distintos ámbitos, jurídicos, memorialísticos, académicos y asociativos, se hicieron con este fin, y cuya concreción en el texto del anteproyecto trataremos aquí de resumir.

La apariencia de legalidad con la que la Justicia franquista condenó por rebelión militar con carácter retroactivo a buena parte de la población civil queda, por fin, puesta en evidencia

Se pone de manifiesto, en primer lugar, la necesidad de llevar a cabo una política pública de memoria, que, siguiendo los principios del derecho humanitario internacional, dignifique a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, reintegrándolas al espacio público a través de los valores de la democracia actual. El reto y la gran dificultad que tiene delante pasa por articular y acompasar todas estas medidas para que no queden inconexas y se apliquen de manera integral. Para ello sitúa a las víctimas de la represión en el centro de la acción pública, estableciendo distintos puntos de reconocimiento y reparación: declara la ilegitimidad de los Consejos de Guerra franquistas, así como de todas las jurisdicciones que los instrumentaron y también la nulidad de todas las resoluciones y sentencias que dictaron. Es este un punto absolutamente esencial, ya que hasta el momento no se había anulado ni revisado ninguna de los cientos de miles de sentencias de unos procedimientos que, especialmente los “sumarísimos de urgencia”, estaban plagados de irregularidades, y que la mayor parte de las veces se hacían a posteriori, ejecutadas ya las sentencias. La apariencia de legalidad y de normalidad con la que la Justicia franquista suplantó la justicia ordinaria y condenó por rebelión militar con carácter retroactivo a una buena parte de la población civil que apenas tenía responsabilidad política alguna, queda, por fin, puesta en evidencia. La justicia militar, en colaboración con la administración civil, puso en marcha, al mismo tiempo, las llamadas jurisdicciones especiales, encargadas, entre otras cosas, de la depuración profesional, la incautación de bienes y la persecución de los llamados delitos políticos, hoy derechos consagrados.

La mayor dificultad probablemente esté en desentrañar esta cuestión, la de la reparación, que no en vano vincula el aparato de orden público y el conglomerado de apoyos sociales de la dictadura a lo largo de cuatro décadas. Se plantea la realización de una auditoría en torno a dos cuestiones: por un lado, un inventario de bienes expoliados durante la guerra y la dictadura y, por otro, el sistema penitenciario. Se trata de conocer el otro gran eje del modelo represivo franquista, poniendo especial énfasis en los trabajos forzados, a través de un censo de empresas beneficiarias y otro de edificaciones realizadas con mano de obra esclava. Las posibilidades, sin embargo, de seguir y documentar el monumental trasvase de propiedad que se produjo desde comienzos de la guerra son muy limitadas. Articulado desde las comisiones de incautación de bienes locales y provinciales, tras su posterior traspaso al patrimonio sindical, fue transmitido hasta los años sesenta en innumerables operaciones de donación o venta entre particulares. Aunque también complejo –menos si colaboraran las distintas entidades implicadas–, se podría reconstruir el bloqueo de las cuentas bancarias y el impacto de la depuración profesional, tanto de los empleados públicos como privados, ya que su restitución simbólica es igualmente importante y no ha sido abordada plenamente desde el Estado.

En este sentido, se amplía el concepto de las víctimas. Conforme a los parámetros internacionales de los derechos humanos, se crea un censo de víctimas, y se reconoce el papel activo de las mujeres que sufrieron privación de libertad u otras penas, como consecuencia de los delitos de adulterio e interrupción del embarazo, por ejemplo. Cuestión que debe ampliarse igualmente a los que sufrieron persecución por su condición sexual, a través de la Ley de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad Social después.

El anteproyecto reconoce la actividad de las asociaciones de memoria a las que parece que sigue confiando la atención a los familiares. El deber del Estado sí queda mucho más claro en la localización de las fosas comunes, en la búsqueda e identificación de los desaparecidos, (Plan cuatrienal de exhumaciones), la aplicación de protocolos científicos y la elaboración de un mapa de fosas integrado que abarque todo el territorio nacional. Algo que en distintas autonomías está ya muy avanzado y que hay que culminar. Igualmente, plantea crear un banco nacional de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, para su identificación mediante la recepción de sus muestras biológicas y la de sus familiares. Por último, plantea crear una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos para la investigación de los hechos producidos desde el golpe de Estado de 18 de julio de 1936 hasta la aprobación de la Constitución en 1978, abarcando por tanto el convulso período que siguió a la muerte de Franco.

La necesidad de investigar, de estudiar, de aunar esfuerzos para movilizar esa gran masa documental pasa claramente por una política de conservación y acceso a los archivos. La mayor parte de los avances en el conocimiento de las dos últimas décadas proceden de la desclasificación de archivos y de su estudio sistemático. El anteproyecto contempla la protección de los documentos de la guerra y de la represión, del mismo modo que se garantiza el derecho de acceso a esos fondos documentales para su consulta y con fines de investigación, por lo que los obstáculos que pudieran derivarse de una interpretación restrictiva de la Ley de Secretos Oficiales deberían desaparecer. Una cuestión muy importante para cualquier persona que se acerque a estudiar este periodo y sabe de las restricciones de acceso a determinados fondos de archivos públicos (Ministerio del Interior y de Asuntos Exteriores especialmente, pero también otros que afectan a Defensa, Justicia, Trabajo o Hacienda) como privados, sobre todos los archivos eclesiásticos.

Romper con la división de las unidades de los libros de texto en República y Guerra Civil, permitirá que las nuevas generaciones dejen de formarse en una ordenación de los hechos heredada del franquismo

Uno de los signos distintivos de la ley es su vocación educativa, más allá de la investigación que se produce en el ámbito universitario. La historia del siglo XXI tiene que entrar en los distintos niveles de enseñanza, y se plantea la modificación de los contenidos curriculares de la ESO, el Bachillerato, los planes de Formación Profesional y, muy importante también, la Formación del Profesorado. Ninguno de los libros de texto actuales incluye las cifras actualizadas de víctimas, ni las formas de represión; tampoco hacen apenas mención al exilio, fuera de las grandes figuras políticas, artísticas o culturales. La comprensión de la guerra y de la dictadura como una misma secuencia histórica, que rompa con la tradicional división de las unidades de los libros de texto en República y Guerra Civil, permitirá que las nuevas generaciones dejen de formarse en una cronología y una ordenación de los hechos históricos heredada del franquismo.

Algunos de los puntos más conocidos de la ley ya se habían puesto en marcha, como la retirada de símbolos, las medallas y distinciones, títulos o condecoraciones concedidas a los protagonistas o impulsores del golpe de Estado de 1936 o la dictadura, que incluye a miembros de la policía política. Se propone igualmente la disolución de fundaciones o de asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo. Este punto afecta a la Fundación Francisco Franco, que conserva un importante legado documental generado por la Jefatura del Ejército, del Estado y del Gobierno a lo largo de casi cuatro décadas. La resignificación del Valle de los Caídos, que ya se había planteado con la exhumación del dictador el año pasado, es, nuevamente, el gran escaparate de una ley que por primera vez también contempla sanciones para quienes no la cumplan. Cuelgamuros, el lugar donde yacen restos de 33.000 personas entremezcladas, es un mausoleo construido por presos y prisioneros políticos, que representa la esencia del nacionalcatolicismo, y constituye la mejor oportunidad para darle un valor pedagógico y democrático al pasado violento. Los republicanos, invisibilizados, ocultados durante años, pero también los nacionales, oficialmente caídos por Dios y por España, fueron víctimas de una apropiación que hizo la dictadura de su figura para construir un relato y una imagen a la mayor gloria de Franco.

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Gutmaro Gómez Bravo es historiador y profesor en la UCM.