“Lamentaría tener que incluir a ningún sadense en las listas negras que por orden del Excmo. Sr. Gobernador general se formarán con los malos patriotas que nieguen su concurso a esta obra tan humanitaria como patriota”. Para sufragar los gastos de la guerra que habían provocado, los sublevados en julio de 1936 echaron mano de métodos tan sutiles como este que reflejaba el alcalde de Sada (A Coruña) en un bando del 13 de noviembre de 1936, iniciativas como el Día sin Postre (sic), o los más contundentes como incautar los bienes a los desafectos o declarar papel mojado el dinero acuñado por el Gobierno de la República. Para sufragar los esfuerzos bélicos o para lo contrario: ofrendar al Caudillo de España una casa señorial para que descansase cuando hubiese ganado la guerra. Que el regalo de Meirás al Generalísimo fue fruto de un expolio era una extendida tradición oral en la comarca de A Coruña, que poco a poco fue teniendo numerosos respaldos documentales y ahora figura en papel timbrado. En una sentencia fechada el pasado 2 de septiembre, la magistrada del juzgado de instrucción número 1 de A Coruña, Marta Canales Gantes, declara nulos todos los actos jurídicos con los que, desde 1938, la familia Franco pretendía justificar la propiedad del pazo y finca de Meirás y ordena “restituir su posesión a su legítimo propietario” (Patrimonio del Estado).

La sentencia es recurrible –y los Franco ya han anunciado que lo harán–, pero es absolutamente demoledora. Lo es jurídicamente, según los expertos, pero también según criterios más profanos. Pocas veces casi 400 folios de jerga judicial son de tan provechosa lectura. La iniciativa de regalarle una casa de veraneo al que ya se barruntaba como vencedor de la Guerra Civil partió de un grupo de próceres coruñeses. El teniente alcalde de la ciudad, el pintor Fernando Álvarez de Sotomayor, que había sido y volvería a ser director del Museo del Prado fue, dado su condición de artista, el encargado de buscar el sitio idóneo. Eligió las torres que Emilia Pardo Bazán había erigido sobre unas ruinas del siglo XIV en los alrededores de la ciudad para pasar los rigores estivales, como era habitual en las familias pudientes de la época. El promotor y arquitecto financiero de la operación fue el propietario del Banco Pastor, Pedro Barrié de la Maza, que llegaría a ser el principal capitán industrial de Galicia. Se rodearon de otras gentes insignes, como el presidente de la Cámara de la Propiedad, Alfonso Molina, hijo y nieto de alcaldes, que después también ocuparía el cargo hasta su fallecimiento. Era imprescindible un equipo eficaz “ante las noticias de que había otras poblaciones o provincias que teniendo la misma idea podían adelantárseles”, reza uno de los documentos citados en la sentencia. No fuese a pasar lo que a los próceres que le regalaron en 1910 la isla de Cortegada (Arousa) a Alfonso XIII, para encontrarse con que se les habían adelantado las fuerzas vivas santanderinas con el Palacio de la Magdalena. (Alfonso XIII tan solo visitó la isla una vez, para aceptarla. Su hijo, Juan de Borbón, la vendió después, como La Magdalena, para construir una urbanización).

Para asegurarse, la Junta Pro Pazo (el Meirás team) solicitó el plácet del agasajado, mandando recado a Ramón Serrano Suñer y a Francisco Franco Salgado-Araújo, concuñado y primo carnal del líder, respectivamente. Aunque largo, merece la pena reproducir el texto por esa asombrosa mezcla de concisión telegráfica y prosopopeya cortesana: “En nombre del pueblo coruñés agradeceré transmita a S.E. nuestro Caudillo ha sido firmada hoy escritura en la que esta ciudad y provincia se honran donándole castillo Torres de Meirás, testimonio no ya de lealtad y fervor que son patentes sino deseo quede vinculado a suelo que le vio nacer y le siguió con fe desde el primer momento deparándonos emoción sea su residencia veraniega cuando circunstancias guerra lo permitan. En momentos que genio militar Generalísimo teje cadenas victorias pueblo coruñés en pie de júbilo y entusiasmo siente satisfacción feliz coincidencia avance triunfal nuestro Ejército y logro anhelo común de que fundador nuevo Imperio español tenga su solar entre nosotros. Representaciones fuerzas vivas elementos militares obreros mercantiles y sociales esperan solo fecha regreso Burgos Caudillo para entrega residencia en nombre Galicia”.

Las personas de significación eran falangistas, o curas, que realizaban listas de los que contribuían –y por exclusión lógica, de los que no lo hacían–

Desafortunadamente, el júbilo y el entusiasmo inundaban más la prosa del telegrama que la cruda realidad. Cuando se ofreció el regalo, en marzo de 1938, todavía no se había comprado. “La primera acción que se acordó y puso en marcha para cubrir los gastos y demás exigencias económicas del proyecto fue una suscripción pública sin fijación de cuota… Por circunstancias de forma y propaganda, se vio desde los primeros momentos el fracaso de dicha suscripción”, reza un informe tan fuera de sospecha como que fue remitido por un teniente coronel a la Delegación Nacional de Provincias de Falange. El informe describía el plan B: “Recabar de los Bancos locales un crédito para las primeras atenciones y cubrir luego todos los gastos mediante un repartimiento proporcional entre todos los Ayuntamientos de la Provincia, tomando como base su capacidad industrial y comercial, regulada por la contribución, siendo el tipo mínimo el cinco por ciento de esta. Fue aceptada y puesta en práctica. La Banca local proporcionó un crédito aproximado de 500.000 pesetas; se comunicó a los Alcaldes, se imprimieron saludos y recibos, y se puso en marcha el cobro”.

Con semejante derrama, las distintas instituciones tuvieron que poner en práctica métodos recaudatorios como el firmado por el alcalde de Sada. “Nos permitimos indicarle la conveniencia de nombrar comisiones que se compondrán de dos o tres personas de significación en la localidad quienes se encargarán de visitar personalmente a sus convecinos”, decía una circular de la Junta Pro Pazo a los alcaldes. Las personas de significación eran falangistas, o curas, que realizaban listas de los que contribuían –y por exclusión lógica, de los que no lo hacían–. Como tampoco así se completó el crowdfunding de Meirás, se detrajeron cantidades a los funcionarios y se impusieron multas por los motivos más peregrinos. Ni siquiera los letrados de los Franco, Gil Evangelista y Utrera-Molina (hijo) intentaron desmentirlo en la vista oral celebrada el pasado mes de julio. Únicamente consiguieron que los peritos reconociesen que, en efecto, hubo donaciones voluntarias.

El informe a la Delegación Nacional de Provincias de Falange criticaba el método “porque de esto ha resultado que han contribuido al regalo, no los buenos españoles que la quieren, sino todos, buenos y malos, saliendo como es natural de estos últimos los disparates mayores y las censuras para quien lo merece todo. Lo mismo se ha hecho con los gastos que ha originado la visita del Caudillo a esta Plaza llegando a oírse en diversas ocasiones el siguiente comentario: ‘venga a pagar la multa del Pazo y las fiestas del Caudillo […]’. La cifra gastada en el Pazo es de tal magnitud que si se supiese causaría asombro, ya que esta responde al diez por ciento de la contribución de la provincial aparte de donativos importantes, facilitados por Organismos y Entidades”.

Desde 1938, o 1941, los Franco no gastaron un duro de aquellos en los que salía el padre de familia en el mantenimiento de Meirás. Todo el dinero provenía de organismos públicos

El teniente coronel informante (los letrados de los demandados se quejaron de que no figurase su nombre, nada extraño teniendo en cuenta el contenido) se hacía eco incluso del “rumor público de que la insistencia en fijar las ‘Torres de Meirás’, como edificio para la residencia, obedecía a que así se favorecía a una Entidad Bancaria (Banco Pastor), por el hecho de tener hipoteca sobre la finca. Esto se relacionaba también en el precio excesivo de 415.000 pesetas que se dice importó la compra”. La venta, escriturada el 5 de agosto de 1938 (cinco meses después de anunciar la propuesta), alcanzó el importe de 406.346,20 pesetas (700.000 euros, según la variación del IPC, pero casi 14 millones de euros, según la relación al PIB. Los Franco lo pretendieron vender hace dos años por ocho millones de euros). Incluía todos los edificios y terrenos anexos, “a excepción de tres tapices, a negociar aparte”. De regalo, iba la biblioteca de la Pardo Bazán.

En la biblioteca, al contrario que en la de Galdós, no se conserva ninguna de las cartas de elevado tono, no exclusivamente literario, que se cruzaron los escritores que mantuvieron una tórrida relación. Isabel Burdiel en Emilia Pardo Bazán (Taurus) apunta que el sicalíptico archivo pudo ser expurgado a cuatro manos: primero las de Nieves Quiroga Pardo-Bazán, hija de la novelista, y después las de Carmen Polo. La secuencia parece plausible porque la señora de Franco, antes incluso de que se firmase la escritura, visitó lo que ya llamaban pazo para ver su potencial en habitabilidad y decoración. Sin embargo, después de la firma, un capitán de la Guardia Civil le impidió el paso a la hija de doña Emilia, que pretendía recoger objetos de carácter personal o familiar, según desveló ABC el 9 de abril de 1982.

El 5 de diciembre de 1938, el Generalísimo llegó a Meirás para aceptarlo oficialmente. Le entregaron un pergamino que nunca llegó a escriturarse públicamente. Y lo agradeció con un discurso un tanto peculiar: “Acepto gustoso, exclusivamente por tratarse de un obsequio de mis paisanos. Galicia, por su fecundidad, ha sido la región que más ha tenido que dar en este Movimiento. Ahora, señores, haya que estudiar la manera de compensar esos sacrificios, es decir, hay que estudiar aquellas obras o planes que sea necesario ejecutar en las cuatro provincias gallegas. En otras provincias que no son de esta región hay que preocuparse de llevarles el agua para resolver sus problemas. Aquí en Galicia como no existe tal preocupación, hay que pensar en cambio en otro tipo de obras”. Sin embargo, estaba claro que tenía una fijación con los pantanos. En Galicia también se hicieron, y muchos, pero para producir electricidad y de ello se encargó Pedro Barrié de la Maza, factótum del Meirás team. Su empresa, Fuerzas Eléctricas Noroeste. S.A (FENOSA), se había erigido sobre otra, Electra Popular Coruñesa, que Franco le había regalado después de que su propietario, José Miñones, fuese expropiado y asesinado por republicano.

No obstante, a Franco, a Carmen Polo de Franco o al coro de aduladores de guardia les debió de parecer que los terrenos de la antigua propiedad de la condesa de Bazán (66.722 metros cuadrados) eran demasiado reducidos. Así que construyeron un muro alrededor que englobaba 37.000 metros cuadrados más de fincas privadas de labradores. “Los muros iban avanzando, y los que allí tenían tierras miraban todos los días para ellas con la esperanza de que no pasase por encima de sus fincas. Si ese dichoso muro incorporaba tu finca sabías que la perderías y más pronto que tarde tendrías una incómoda visita”, consta la declaración de un vecino en la sentencia. La visita solía ser “una orden del traslado a la sede del Banco Pastor en A Coruña, para firmar la compraventa. Ese transporte, según la memoria oral, se hacía en camiones militares”.

Lo de compraventa era un formalismo. En unos casos se pagaba, en otros no, y en otros se ponía una cifra y se daba otra. Manuel Villar tenía entonces 16 años y era hijo del oficial mayor del notario Manuel Banet Fontela al que le encargaron los documentos notariales. “Mi padre, con una rabia contenida, me los dictó a mí (…). Cuando llegamos Perico Barrié estaba con un abogado, con el que encargó las escrituras y el intermediario al que le encargaron hacerse con las tierras de Meirás, del que no diré el nombre, aunque ya ha muerto. En la puerta había más de 30 personas, gente entre cuarenta y pico y setenta años, hombres y mujeres llorando. Algunos firmaron con la huella digital. Yo no entendí lo que significaba aquello hasta unos años después. Se les despojó de sus bienes porque no querían vecinos cuyas propiedades lindasen con el pazo”. Todo ese proceso está descrito en el libro Meirás, un pazo, un caudillo, un expolio, de Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, que además declararon durante varias horas en calidad de testigos peritos, “lo que ha permitido a esta juzgadora comprender el proceso histórico seguido y asumir como probados muchos de los contenidos”, reza la sentencia. La abuela de Babío fue una de las que se quedaron sin casa de la noche a la mañana.

Construido el muro y habilitado el pazo con lo que doña Carmen iba apañando aquí y allá, alguien debió de reparar en que la donación se había hecho al jefe del Estado, y no al que lo ocupaba necesariamente de forma temporal, aunque fuese por la Gracia de Dios. Así que, en mayo de 1941, tres años después de firmar la escritura de venta de Meirás por 406.000 pesetas a la Junta Pro Pazo “a fin de que sea donada o regalada al Generalísimo y Jefe del Estado Nacional”, las mismas personas vuelven al notario: la nuera de Emilia Pardo Bazán, la hija y Pedro Barrié. La nuera declara que se le había olvidado consignar en la herencia aceptada de su marido e hijo la finca de Meirás y, “como propietaria”, se la vende a Francisco Franco Bahamonde, representado por Barrié, en 85.000 pesetas. No obstante, nadie –nuera, hija, notario o Barrié– vio las 85.000 pesetas. Los letrados de los Franco admitieron en sala que nadie había entregado o recibido tal cantidad. Irregularidades o corrupciones, las justas.

Desde 1938, o 1941, los Franco no gastaron un duro de aquellos en los que salía el padre de familia en el mantenimiento de Meirás. De las obras se encargaba la Diputación, la Jefatura Provincial de Carreteras, la Comandancia de Obras del Ministerio del Ejército, el Ayuntamiento de A Coruña o Sada u otro organismo (el Gobernador Civil, por ejemplo, aprovisionaba de tabaco y alimentos perecederos). De los gastos corrientes se hacía cargo la llamada Casa Civil del Jefe del Estado. Hasta los hortelanos que cultivaban los terrenos anexos a las Torres de Meirás eran guardias civiles. Y la Casa Civil se encargaba de comercializar lo producido. Los hortelanos, por ejemplo, tenían órdenes de enviar los huevos a Madrid. A 30 pesetas la docena, se cotizaban los huevos de Meirás en 1957 (más o menos la mitad del salario diario de un obrero aquel año).

Con toda esta chapuza jurídica –al menos desde el punto de vista profano–, ¿en que se basaba la defensa de los herederos? En que, efectivamente, tanto los gastos corrientes como las sucesivas reformas del Pazo de Meirás fueron a cuenta del Estado hasta 1975, fecha de fallecimiento del veraneante ilustre. Pero desde entonces, el mantenimiento de la finca –que fue incluida en la herencia que dejó Franco a sus sucesores– corrió a cargo de la familia, al igual que la contribución urbana y rural. Es más, después del incendio que sufrió en 1978 (que destruyó parte de la biblioteca de Emilia Pardo Bazán y a raíz del cual desaparecieron diversos objetos, entre ellos un busto de mármol de Franco, de varias toneladas), fue la familia, 20 años después, la que acometió la restauración. En resumen, argumentaron, el Estado se desentendió de un bien de su propiedad y no lo reclamó en el plazo legal de 30 años, por lo que se produjo una desafectación tácita, y por ello debería permanecer en poder de los Franco, o más exactamente de los Martínez-Bordíu Franco.

La jueza argumenta que la presencia del Estado continuó después de la muerte del dictador, porque hubo allí un destacamento de la Guardia Civil hasta el 28 de febrero de 1981 (sí, una semana después del 23F), e incluso se mantuvieron los “agentes hortelanos”, el último hasta 1990, cobrando su nómina como guardia en activo. Asimismo, los recibos de los seguros e impuestos estaban a nombre de Franco, pero no hay constancia documental de que fuese él quien los pagase. También señala que los bienes de dominio público son imprescriptibles, y es necesaria su desafectación oficial para que pasen a propiedad privada. Y que, en definitiva, tampoco los Franco estuvieron presentes en Meirás desde 1978 hasta 2002, cuando finalizaron las obras de reconstrucción.

Por ello, anula “la donación efectuada en 1938 de la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado Jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma”, así como el contrato de compraventa de 24 de mayo de 1941, las particiones de la herencia de Franco en lo que afecta a las propiedades de Meirás, y la cancelación de los asientos registrales. Las costas de los abogados del Estado correrán a cargo de los demandados, María del Carmen, Jaime Felipe, María Aránzazu, José Cristóbal, María del Mar y María de la O Martínez–Bordiú Franco, PRISTINA S.L. (una sociedad en la que Francisco Franco Martínez Bordiú pretendió resguardar su parte) “y los ignorados herederos de doña Manuela Esteban Collantes y Sandoval, en situación de rebeldía procesal”.

La primera reivindicación de que el Pazo fuese devuelto la realizó en 1977 una pequeña organización nacionalista, la Asamblea Popular Gallega

La victoria, aunque sea provisional y en primera instancia, tiene muchos padres. En el caso que nos ocupa, la sentencia ha desencadenado una epifanía de bombos mutuos entre las administraciones –Gobierno central, Xunta de Galicia, Diputación Provincial de A Coruña y ayuntamientos de A Coruña y Sada– que han sumado sus fuerzas documentales y legales para recuperar Meirás. Pero la historia es la historia para todos. La primera reivindicación de que el Pazo fuese devuelto la realizó en 1977 una pequeña organización nacionalista, la Asamblea Popular Gallega. Cinco años después, primero como diputado autonómico y después como alcalde de A Coruña, el entonces socialista Paco Vázquez, sugiere la compra del pazo para convertirlo en sede de la Xunta de Galicia. Hay un intento de la Diputación coruñesa, presidida por el conservador José Manuel Romay Beccaría (entre otras cosas, presidente del Consejo de Estado en 2003 y de 2012 a 2018), para la compra, por 40 millones de pesetas, que se frustra por la protesta de la oposición de izquierdas.

Desde 2004, la recién creada Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica organiza actos y concentraciones por su devolución. En 2008, el gobierno de coalición PSdeG-BNG consigue la declaración de Bien de Interés Cultural para el Pazo y, pese a la oposición judicial de la familia, que se abra al público cuatro días al mes. En julio de 2018, el Parlamento de Galicia, por unanimidad, acuerda instar a la Administración del Estado a que ejercite las acciones legales procedentes para la recuperación del Pazo de Meirás para el patrimonio público, adjuntado informe de la Comisión de expertos elaborado a tal fin. Un año justo después, la Administración General del Estado presenta la demanda que ha desembocado en la actual sentencia.

Pero el mérito no ha sido precisamente de las administraciones. En 2011, el exvicepresidente nacionalista de la Xunta Anxo Quintana, atendiendo un ruego de su correligionario Abel López Soto, alcalde de Sada, se entrevistó con el ministro de la Presidencia del gobierno Zapatero, Ramón Jáuregui, para solicitarle un aval para recalificar la zona del Pazo como dotación pública. “Me atendió muy amablemente, pero en cuanto le expuse el caso, me contestó que aquello era un disparate, que era abrir conflictos con el pasado y algo contrario al espíritu de la Transición, con el que su partido estaba firmemente comprometido”, comentaba Quintana estos días. Jáuregui está retirado de la política, pero Alberto Núñez Feijóo desde luego que no. En 2018 su partido votó a favor de que el recién estrenado Gobierno de Pedro Sánchez reclamase el pazo, pero el año anterior había votado en contra de pedírselo al de Mariano Rajoy, por considerar que expropiar el Pazo era “un mecanismo franquista”. “El Pazo de Meirás es ya patrimonio de todos. Así lo decidió hoy la Justicia, avalando los criterios y argumentos que la @Xunta trasladó al Estado”, tuiteó al conocer la sentencia.

Por supuesto, todavía queda recorrido judicial. En este caso y en los colaterales. Está pendiente el juicio contra 19 militantes del BNG que ocuparon simbólicamente el Pazo de Meirás en agosto de 2017 y contra otros nueve que al mes siguiente repitieron la acción en la Casa Cornide, un palacete de 1.400 metros cuadrados en el corazón de la Ciudad Vieja de A Coruña que era propiedad del Ayuntamiento hasta que, para regalárselo a Franco, lo adquirió en una subasta presuntamente fraudulenta… Pedro Barrié de la Maza. Los Franco acusan a los ocupantes de varios delitos (entre ellos el de odio) que podrían suponer condenas de hasta 13 años. El portavoz del colectivo denunciado, Néstor Rego, ignora cuándo se señalará el juicio. De momento, los juzgados locales se han inhibido a favor del Supremo, porque Rego es ahora diputado en el Congreso. El Ayuntamiento coruñés inició hace tiempo los trámites para declarar la casa BIC, y también para reclamar su devolución. Los Franco la han puesto a la venta el pasado mes de julio, por un precio “a calcular”.

“Aquí no se discute si Franco fue bueno, malo o regular”, fundamenta la validez de la venta el abogado Utrera Molina. “Mis clientes han declarado los impuestos de la herencia de su madre y pueden poner a la venta cualquier inmueble de su propiedad”. El catedrático de Historia Contemporánea en las Universidades de Santiago y de Múnich, Premio Nacional de Ensayo 2019, y presidente de la comisión de expertos que designó el Parlamento Gallego, Xosé Manuel Núñez Seixas, expuso durante el juicio el argumento contrario: “Lo que caracteriza un régimen dictatorial es la mezcla de lo público, de la función pública, con lo privado”.