De los renuentes que quedan para dar el sí a Pedro Sánchez, quizá la reticencia más sorprendente sea la del BNG. Es una organización nacionalista a la que acusaciones como las de romper España, que parecen retraer al Partido Regionalista Cántabro, están entre traérsela al pairo o llenarles de orgullo y satisfacción. Es una formación de izquierdas de cuyo ADN forma parte el evitar, mientras esté en su mano, que se formen gobiernos de derechas. Y tiene la suficiente tradición de pragmatismo como para hacerlo. De hecho, ha gobernado con el PSOE en la Xunta y gobierna tres de las cuatro diputaciones gallegas y suman sus fuerzas en numerosos ayuntamientos en los que han necesitado apoyarse mutuamente. 

En realidad, aunque su diputado, Néstor Rego, ha reiterado que no darán un cheque en blanco, y que oscilan entre la abstención o votar “no”, las opciones reales son abstención o “sí”. Les sería muy difícil de vender a su electorado ceder el paso a un gobierno de derechas, pero las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina (de la que quiera Feijóo, pero como muy tarde en octubre). El BNG ha hecho bandera de que su sustitución en los bancos del Congreso por diputados de En Marea primero y de Galicia en Común después, siempre en las filas de Unidas Podemos, no ha servido para nada en materia de defensa de los intereses gallegos y quieren hacer patente su regreso. O sea, el BNG necesita “traer” algo, en la terminología de los diputados de la Restauración.

No tendrían por qué tenerlo muy difícil. La única referencia en el pacto de gobierno de progreso es la devolución del Pazo de Meirás (algo que además no depende estrictamente del ejecutivo). Incluso el pacto PSOE-Cs de 2016 contemplaba, por ejemplo, la no renovación de la concesión de la papelera de ENCE en la ría de Pontevedra (la que después se apresuró a renovar un Rajoy en funciones).

Tampoco sería pedir la luna la cesión de la AP-9, la arteria de la economía gallega, cuya transferencia fue votada unánimemente en el Parlamento gallego por los mismos partidos que después la deniegan en la práctica. O la rebaja de sus peajes, en continuo crecimiento. Y algún gesto para las comarcas que quedan a la intemperie con las clausuras de las centrales térmicas. Lo demás, según una fuente nacionalista, se podría aceptar que se jugase “en el terreno del -ará: se intentará, se estudiará, se acometerá…”.

Quizá estas cábalas le parezcan indecentemente situadas por encima del interés general de la nación a personas afectadas de constitucionalismo extremo, como aquellos que bufaban por tener que depender de “un señor de Teruel”. Es precisamente la Constitución, que fija la provincia como demarcación electoral, la que determina que los parlamentarios lo sean en virtud de los muchos o pocos apoyos que tengan en su territorio concreto (cerca de 60.000 en el caso de Rego, 20.000 en el de “el señor de Teruel”, que a todo esto se llama Tomás Guitarte), no de su clarividencia para atajar los problemas generales del país. En términos televisivos, es una cuestión de share, de cuota de pantalla, no de audiencias totales. 

Y como en la televisión, todo apunta a que la época de las grandes audiencias ha muerto y que, a partir de ahora, los públicos se conformarán por la suma negociada de públicos más pequeños.