Activista y economista, Lorena Cabrerizo tiene claro cómo ante una inacción irresponsable de las instituciones durante la pandemia “hay que empezar a plantear una huelga general”. Tras unos primeros pasos laborales vinculados al sector financiero, donde pudo conocer de primera mano el funcionamiento de la economía real en la financiera PSA, el desencanto le hizo desviar su camino hacia la cooperación internacional con Economistas sin Fronteras. Actualmente, trabaja como consultora social en evaluación de proyecto y en la portavocía del movimiento sociopolítico Anticapitalistas de Madrid. Cabrerizo repasa para CTXT la situación actual de los barrios y localidades del sur de la comunidad y la senda neoliberal del PP durante más de 20 años.

¿Cuál es la situación en la Asamblea de Madrid? 

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Habría que hacer un relato amplio de los que hemos vivido en la Asamblea los últimos 25 años. Este gobierno viene aplicando una política absolutamente neoliberal de corte thatcheriano, que tiene como principal meta adelgazar el Estado en cuanto a su capacidad administrativa y de redistribución y engordar el apartado de las tareas represivas, como hemos podido ver con el despliegue policial en los barrios de Madrid. No podemos decir que Ayuso esté loca, lo que está haciendo es construir una ficción de que gobierna para toda la sociedad. De alguna forma su deriva es desesperada, porque es incapaz de resolver los problemas que estamos viendo y ante esa incapacidad se ha tirado al monte radicalizando a su base social con pánicos morales, como son la okupación, la migración o la insalubridad de la clase obrera. Y desde nuestro punto de vista, la oposición de la izquierda es de una absoluta inacción, especialmente en la figura de Gabilondo. No cambiaría nada echar a Ayuso mediante una maniobra palaciega, ni una moción de censura que beneficiase a Aguado o a Gabilondo. Al final, lo que está representando el PSOE, tras 25 años de gobierno de derechas en la asamblea, es una cesión hacia los marcos que plantea la derecha. En vez de asumir el conflicto que está vertebrando a la sociedad, está avalando el despliegue del ejército en la calle como medida para contener la pandemia. El delegado del gobierno del PSOE el otro día culpó al ciudadano por relajarse y ha frenado las movilizaciones populares, como la del domingo pasado. El PSOE renuncia a cambiar Madrid, y Unidas Podemos y Más Madrid se están dedicando a ir a la cola de ellos. 

No podemos decir que Ayuso esté loca, lo que está haciendo es construir una ficción

Hace unos días Ángel Gabilondo no descartó una moción de censura, incluso se planteó dar la Presidencia a Aguado.

Ciudadanos está jugando a una doble banda. Titubea con la opción de una moción de censura, pero a la vez comparte políticas con el PP. Son sus socios por algo. Este despliegue de militares que han planteado para hacer pruebas es un intento de dar consonancia a sus argumentos de que no hay personal sanitario y que para nada se va a plantear fortalecer las plantillas de la sanidad pública. El cambio de cromos no cambiaría nada. 

En esta ‘segunda ola’ el confinamiento ha comenzado por la zona sur de la Comunidad de Madrid tras un señalamiento de unos modos de vida con una clara intención clasista y xenófoba. ¿A qué se debe?

Estas medidas de confinamiento selectivo tienen un claro sesgo clasista y para explicar lo que hay detrás de ellas hay que hacer un poco de memoria. El pasado abril se publicaban estadísticas de cómo se concentraban los contagios en determinadas zonas, especialmente en Puente de Vallecas y Leganés, con más de 500 contagiados por cada 100.000 habitantes. Eso está publicado por la Comunidad de Madrid, son datos oficiales. Zonas marcadas por condiciones de vida que venían determinadas por altos índices de empobrecimiento, mayores índices de desempleo, una esperanza de vida menor y trabajos precarizados, que curiosamente han sido los considerados esenciales. Hablamos de personas que no podían parar y a las que se les exigió una movilidad dentro una zona confinada por motivos de salud. Estos indicadores muestran cómo la pandemia no afecta a todas por igual, afecta en mayor medida a las zonas pobres. En definitiva, lo estamos escuchando del personal sanitario y científico, estas medidas no frenan los contagios. La realidad del territorio de Madrid es que llevamos años soportando un desmantelamiento del sector público mediante políticas neoliberales, ya sea mediante privatizaciones o alimentando procesos de precarización social y laboral que acentúan las desigualdades a favor de las grandes empresas y poderes financieros e inmobiliarios, en las que ha existido un claro desinterés por las clases trabajadoras.

¿Se ha responsabilizado durante el verano más a la sociedad que a las instituciones? 

Totalmente. Ha habido un mensaje claro de que la responsabilidad debía recaer en las personas, eximiéndose las instituciones de sus propias responsabilidades y obligaciones. Quienes tienen la obligación son las administraciones y el Estado, en este caso el gobierno madrileño, y no las personas. Ese mensaje de poner la responsabilidad en las personas solo ha conseguido enfrentar a la gente, a las clases trabajadoras, y eso forma parte también de una política de enfrentar a los de abajo. El pobre contra el aún más pobre. 

Con la vuelta al cole parecía que las instituciones iban a poder frenar esta segunda ola con unas medidas exigentes. Para ello el Gobierno central trasladó a la Comunidad 250 millones de las ayudas europeas. ¿En qué han quedado?

La comunidad educativa viene hablando desde hace tiempo de la necesidad de elaborar un plan específico para implantar medidas necesarias para reforzar a los docentes, para poner a disposición más espacios y para reducir la ratio de alumnos por aula, y que así se pudiera respetar las distancias de seguridad. Se estuvo trabajando durante todo el mes de julio y agosto y justo llega septiembre y la Consejería de Educación de la Comunidad lo echa todo por tierra. Entonces se dedica a hacer pruebas masivas a docentes para determinar quién podía o no haber pasado la enfermedad. El gobierno de Ayuso y Aguado ha esperado a septiembre para poner unas medidas que están dando un aumento de contagiados entre alumnos y profesores. Al final este gobierno tiene un interés ideológico, y estas prácticas son una forma de justificar la derivación de presupuestos hacia la educación concertada y privada, respaldadas por el Gobierno central. Para justificar las privatizaciones hay que mostrar cómo el modelo público no funciona, es una estrategia que viene de largo. 

¿Estamos preparados para otro confinamiento con los niños en casa y los padres trabajando?

No, en términos de servicios públicos, como por ejemplo escuelas infantiles o centros donde  padres y madres puedan dejar a sus hijos, hay un claro déficit de cuidados. En un enfoque integral lo que se nos dice es que no se puede parar la actividad económica, pero si hay que cerrar determinados centros educativos, las personas ya verán cómo hacen si no pueden acudir al trabajo o teletrabajar para cuidar de sus hijos.

Mientras la actividad económica continúa la movilidad de trabajadores también. Se han instalado dispensadores de gel hidroalcohólico en 50 estaciones de metro, de las 302 que existen. Ni más trenes, ni más autobuses, ni más tranvías, y aún menos controles de aforo.

La línea 1 de metro, que es la que vertebra toda la ciudad y conecta la zona sur con el norte, es un claro ejemplo de cómo la frecuencia entre trenes está aumentando y la única medida de prevención es que evites las horas punta, algo imposible de compatibilizar con los horarios laborales actuales. Ahora están poniendo dispensadores de gel, y lo escenifican como una gran inauguración, algo que es reírse de las madrileñas y madrileños que tienen que coger todos los días el metro para ir a trabajar.

Los sanitarios se marchan a otras comunidades porque las condiciones laborales de aquí son lamentables

Lejos de avanzar hacia un transporte público de calidad, ya sea por problemas internos del consorcio de transporte o por intereses particulares mediados por el uso del coche, este se encuentra limitado por horarios y excluye determinados barrios y localidades en detrimento de una movilidad accesible, sostenible y transversal a toda la región. Esta falta de medidas se debe también a que desde la patronal madrileña se está poniendo los focos del contagio en los entornos familiares y de ocio evitando plantear cómo estos se pueden estar dando en el transporte y en los centros laborales, y con ello el plantear como se necesita revisar las medidas en estos apartados y responsabilizando al ciudadano.

El último muro de contención que nos queda es la sanidad y por ello se destinaron 1.500 millones de las ayudas europeas. Sin embargo, desde la Presidencia de la Comunidad se planteó la necesidad de sanitarios voluntarios, para terminar remarcando que en Madrid el problema es que no hay médicos para contratar. 

El primer decreto de emergencia por parte del Gobierno decía que todos los recursos médicos, públicos y privados, debían ponerse a disposición de la situación de pandemia, pero que en último caso debía ser cada comunidad autónoma la que viese cómo llevaba a cabo esa distribución. Ahí ya podíamos intuir cómo desde Madrid no se iba exigir nada a la sanidad privada. Además, otro problema estructural que vemos en Madrid es cómo los sanitarios recién licenciados se marchan a otras comunidades. Tenemos la tasa más baja de enfermeras de Europa por cada 100 habitantes, solo por encima de Chipre y de Grecia. Los sanitarios se marchan a otras comunidades porque las condiciones laborales de aquí son lamentables: contratos precarios, contratos temporales, jubilaciones anticipadas que no se cubren… Y así estamos, con falta de médicos, falta de enfermeras y centros cerrados por falta de personal.

En los últimos días se han visto una serie de manifestaciones que no parecen estar apoyadas por una parte de la izquierda institucionalizada, aún menos por la derecha. ¿Se está intentando frenar a los movimientos sociales? 

Desde la izquierda institucional se está intentando frenar las movilizaciones porque dicen que conllevan un riesgo irresponsable, aunque estamos viendo que tienen más garantías sanitarias que ir en metro o vivir en casas muy pequeñas. El PSOE, en cierta forma, está comprando el discurso de la derecha. Lo vimos la semana pasada con la cancelación de esta concentración. Nosotras creemos que hay otra forma de gestionar la crisis. Hay un gran sentimiento antiayuso, se escucha una posibilidad de moción de censura, pero no sirve si detrás no hay un verdadero cambio. Hay que plantear un horizonte de certezas para los millones de trabajadores y trabajadoras, que son los que están siendo más golpeados por este desastre. Hay otra forma de gestionar la pandemia que solo se puede llevar a cabo si empieza a haber una movilización desde abajo que plantee una huelga general social y laboral. Es un horizonte que hay que trabajar desde los barrios, desde los municipios y desde los movimientos sectoriales que ya se están desarrollando para que se vayan conectando. Algo similar a lo que hizo la huelga feminista y hacen actualmente los médicos residentes tejiéndose desde abajo para crear una base social fuerte. El único mecanismo que puede frenar esta deriva son los actos de protesta y la autoorganización. 

Poner todas nuestras esperanzas en un único cambio parlamentario no va a servir para nada

Poner todas nuestras esperanzas en un único cambio parlamentario no va a servir para nada y nos lleva a una situación extremadamente grave. No sirve de nada todo ese malestar si no lo dotamos de fuerza, de contenido y se organiza. Hay que plantear un cambio de gobierno con una serie de reivindicaciones y medidas que den un volantazo radical a las políticas madrileñas. Unas medidas de emergencia que pasen por plantear una renta mínima de emergencia, expropiar la sanidad privada para ponerla al servicio de la pandemia, controlar y aislar los focos de contagios y parar en su totalidad la actividad económica. Y para que estas medidas sean realmente eficaces tienen que ser incondicionales y con una revisión a posteriori. Poner una barrera burocrática, como es en el caso del IMV, externalizando la gestión con la empresa pública Tragsa, solo es una forma consciente de bloquear las tramitaciones que apenas están llegando a un 1% de aprobados. Lo más sencillo sería dárselo a todo aquel que lo solicite y a posteriori que se revise, se crucen datos y se exija si realmente no se cumplen los requisitos, algo que también en el actual IMV es cuestionable.

Antes mencionó la actitud del PSOE, ¿cuál es la situación de la oposición en este momento en Madrid? 

En este caso gran parte de la política institucional, tanto de izquierdas y como de derechas, está siendo irresponsable y está tratando de ocultar sus incompetencias y cobardías. Y no se trata, como decían las tesis errejonistas y de Podemos, de cambiar los sillones de la Asamblea, de un recambio de élites políticas. Se trata de plantear políticas que vayan a favor de los intereses de las mayorías trabajadoras y no de las élites económicas y financieras. Un ejemplo claro ha sido cómo desde el gobierno central se ha avalado la fusión entre Bankia y Caixa Bank. Bankia, que fue rescatado con dinero público y que podía haber sido la única posibilidad de crear una banca pública con una cantidad de activos inmobiliarios suficiente para convertirse en un parque público de viviendas.

La realidad es que tras 25 años las políticas neoliberales, sin una izquierda capaz de derrotar al PP electoralmente, han llevado a la Comunidad de Madrid a ser de facto un paraíso fiscal donde hemos dejado de recaudar cerca de 6.000 millones de euros por la desaparición del impuesto de patrimonio, además de plantearse ahora rebajar el IRPF. De ahí que atraiga tanto capital extranjero y multinacionales en detrimento de aumentar la capacidad para invertir en servicios públicos y de redistribución. Las políticas que se están realizando lo único que hacen es profundizar en la desigualdad, en la criminalización de los barrios y a las personas migrantes y llenar las calles con el ejército y la policía, y lo más triste es que están siendo, en parte, avaladas por el gobierno central. 

¿Hay una fuerza suficiente por parte de movimientos sociales para revertir esto?

A lo largo de todos estos años la potencia recogida durante el 15-M fue en parte absorbida por Podemos y en cierta medida ese proceso mermó la potencia y la capacidad crítica de los movimientos mediante la captación importante de activistas por las instituciones. Esto ha ido debilitando el tejido social de Madrid, que también podemos extender a otras regiones. Entramos en una época de reflujo desde 2015 que ahora estamos tratando de reconstruir con espacios como el plan de choque social. Es verdad que tenemos experiencia, bases militantes y movimiento vecinales, como ha demostrado el movimiento feminista, que nos permiten retomarlo por el medio y no desde el principio. Queda reactivarlo con una mirada unitaria, unificar las luchas, y  no entrar en esa lógica de acaparar o ponerse en primera fila. Trabajar en base a la lógica de las mareas, de espacios amplios y unificados, en definitiva.

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