¿Qué pasaría si, como piden las recientes movilizaciones en la capital, la presidenta de la Comunidad de Madrid dimitiese? Quizás sería sustituida por otra persona del PP o incluso en el mejor escenario podría llegar a caer el gobierno, siguiéndole uno del PSOE-Más Madrid-Podemos. Pero seguramente no pasaría mucho más. Es decir, no cambiarían sustancialmente las condiciones de vida de las personas de los barrios empobrecidos de la región; símbolos de la precariedad vital que en realidad se extiende por todo el mapa de la comunidad y del país.

Sí, quizás la gestión de la pandemia sería menos brutal, menos clasista o menos abrumadoramente inepta. Probablemente no se anunciarían bajadas de impuestos (de esos que benefician solo a las rentas altas) en medio de la crisis, y quizás se tendría más vergüenza a la hora de pedir voluntarios para cubrir los puestos de sanitarios de los hospitales de emergencia como el de IFEMA. Aunque sorprende escuchar a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Gobierno, decir que las cifras de personal sanitario son “limitadas como en todos los países”. En Madrid, sindicatos y asociaciones de médicos residentes han respondido a Ayuso que si no hay médicos en Madrid es por culpa de los contratos basura que se les ofrecen y debido a que Ayuso se ha opuesto a contratar extracomunitarios.

El PSOE fue el primero en recortar en sanidad en 2010, en plena crisis, y es probable que vuelva a hacerlo si Bruselas exige nuevos ajustes

En otras palabras, no parece que los cambios de color político sean suficientemente significativos. Quizás haga falta recordar que el PSOE diseñó la Ley General de Sanidad (1986), que abrió la puerta a la privatización y que en 1997 apoyó la nueva legislación diseñada por los populares. Y esto aun cuando en Madrid, quizás solo porque hay que hacer algo de “oposición”, se opusiera tibiamente al modelo de hospitales públicos de “financiación privada” del PP, mientras los hospitales públicos eran descapitalizados. Como se sabe, los llamados hospitales PFI (Private Finance Initiative) tienen abultados sobrecostes que han servido para sostener el modelo clientelar de los populares en la Comunidad. Pero el funcionamiento de estos hospitales es solo un ejemplo de los efectos del llamado “mercado sanitario”, de las prácticas de externalización y subcontratación a multinacionales de la salud y grandes constructoras, que comparte casi al completo la clase política. El resultado de estas políticas es conocido: plantillas precarizadas, listas de espera interminables, hospitales con goteras, donde se desprenden los techos o con salas de atención saturadas que desvían recursos y pacientes para ser atendidas en la privada.

Pero insistimos: la progresiva decadencia de la sanidad pública no es solo cosa del PP. El PSOE fue el primero en recortar en sanidad en 2010, en plena crisis, y es probable que vuelva a hacerlo si Bruselas exige (como va a hacer) nuevos ajustes en contrapartida a las transferencias anunciadas. Hace apenas dos días, se anunció que el Fondo de Recuperación estará condicionado. Se ha sugerido que España tendrá que recortar en pensiones, aunque bien podría ser que, ante esa tesitura, se opte por recortar los servicios públicos. En este tipo de decisiones parece que consiste la “soberanía” en un país que ha constitucionalizado la austeridad –de nuevo gracias del tándem PP-PSOE– en tiempos de deuda disparada.

En relación con la actual crisis, por tanto, Pedro Sánchez puede hacerse una foto con Ayuso. Puede mostrar su bello rostro de jefe de Estado junto a la bella presidenta. Puede hacerlo rodeado de banderas –cómo gustan estas en tiempos de crisis–. Pero haga lo que haga frente a las cámaras, su Gobierno, que prometía ser el de un PSOE “social y progresista”, se ha mostrado por completo alejado de los intereses de los barrios precarios de Madrid que han sido confinados. Valga señalar la escasa ambición del Gobierno de progreso en las interminables trabas burocráticas para acceder al ya paupérrimo Ingreso Mínimo Vital. Efectivamente, una tras otra, las promesas de “reforma” de este Gobierno han ido cayendo: la derogación de la ley mordaza, la reversión de la última reforma laboral que sigue estancada y, por supuesto, la reforma fiscal dirigida a aumentar impuestos a los ricos que parece haber quedado por el camino. Todo ello mientras el ministro Grande-Marlaska se dedica a agilizar desahucios en casos de okupación y sube los salarios de guardias civiles y policías. Es una obviedad afirmar que con este Gobierno la precariedad de la mayoría de habitantes de Usera, Vallecas, Villarverde o de cualquier otra zona de rentas bajas de este país no va a mejorar en lo sustantivo. A pesar de las banderas y de los discursos patrióticos, las consecuencias económicas de la crisis pandémica se van a agudizar en los próximos meses según un esquema conocido: más desempleo, más precariedad laboral, cortes de luz y servicios, más desahucios…

Pero más allá del gobierno, o de los gobiernos, hay que señalar también a una sociedad bien entrenada a mirar a otro lado cuando se trata de recortes o de desmantelamiento de servicios públicos. La privatización de la sanidad y la erosión del sistema público de salud ha ido de la mano con la extensión paulatina de soluciones “privadas” al “derecho a la salud”. Unos pocos datos: en España 12 millones de personas –casi un 22 % de la población– tienen un seguro privado; en Madrid, más que en cualquier otra comunidad, son un 34,4 %. Conviene recordar que hasta hace nada, los funcionarios (aparentemente implicados “por principio” en la conservación de los servicios públicos) podían optar entre tener un seguro privado o acceder a la sanidad por la vía de la cartilla de la Seguridad Social. Y adivinen qué elegían: se decantaban masivamente por el privado.

En España 12 millones de personas –casi un 22 % de la población– tienen un seguro privado; en Madrid, más que en cualquier otra comunidad, son un 34,4 %

La atención primaria en Madrid languidece, es verdad. Pero un tercio de los madrileños apenas conoce un ambulatorio público, básicamente porque no lo necesita, porque accede directamente al especialista por la vía del seguro. Otro dato: mientras a la mayoría de ancianos de residencias se les negaba la hospitalización en los peores meses de la pandemia, los que tenían un seguro privado sí fueron trasladados, evitando la situación de colapso del llamado sector sociosanitario, convertido en una gigantesca morgue. Para algunos, que usan tanto la medicina privada como la pública –cuando la necesitan–, el privilegio de poder pagar marcó la diferencia entre la posibilidad de recibir atención o permanecer a su suerte, quizás entre la posibilidad de seguir vivos o que no importe su muerte.

En la educación sucede algo similar. Madrid es la única comunidad española que tiene más colegios privados que públicos y el mayor porcentaje de alumnos matriculados en la privada. También es la segunda región con menos alumnos en colegios e institutos públicos –solo por detrás del País Vasco–; poco más de la mitad de alumnos estudia en centros públicos. Sin embargo, la mayoría de los migrantes en la región “opta” por la educación pública: un 75%. Dicho de otro modo, para buena parte de las clases medias, incluidos un buen número de funcionarios públicos (también profesores), la educación concertada es la opción para sus hijos. Es el modo de que sus hijos no compartan clase con las “malas compañías” y se “salven” (según la particular jerga pedagógica de padres y profesores).

Ciertamente, es terrible que Ayuso exprese abiertamente su racismo acusando de la expansión del virus a los migrantes. Más grave es, sin embargo, esta forma material de segregación escolar cuyos efectos son mucho más preocupantes y más duraderos. Y de nuevo, es significativo que ningún partido se atreva a confrontar la segregación escolar, empezando por la educación concertada. Recordemos: en las recomendaciones de la Comisión de Reconstrucción PSOE-Podemos propusieron que las ayudas económicas del fondo de reconstrucción fuesen solo a la escuela pública pero al final intentaron retirar esta excepción de la privada. ¿Por qué?

El Gobierno de progreso, con apenas 15.000 denuncias al año por usurpación (de las cuales más de tres cuartas partes son de bancos y sociedades), ha emitido una nueva instrucción para agilizar la desokupación

Dicho de otro modo, los recortes en servicios públicos no afectan plenamente a determinados sectores que tienen esa particular función de “estabilizadores sociales”. Mientras los problemas de fondo persisten, la inercia conservadora de la sociedad española –y madrileña– impide las reformas necesarias. En este aspecto, los partidos de izquierda apenas se diferencian de los de derecha: se trata solo de cuestiones de matiz, de estilo, de compasión. Otra muestra: el Gobierno de progreso, con apenas 15.000 denuncias al año por usurpación (de las cuales más de tres cuartas partes son de bancos y sociedades), ha emitido una nueva instrucción para agilizar la desokupación. La campaña propagandística de turno ha generado un pánico moral entre las clases propietarias, que también forman el núcleo de su electorado. Sensibles a las “demandas sociales” han preferido esta instrucción a imponer una moratoria a los desahucios, como rige en la mitad de los países de la UE.

Estos días, se ha generado la expectativa de una posible movilización de los habitantes de barrios obreros como respuesta a las medidas segregadoras del confinamiento. En este marco, la convocatoria de manifestación para el próximo domingo de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid junto con IU, Más Madrid, Podemos, CC.OO. y UGT tiene varias lecturas. En principio, intentaba inscribir simbólicamente estas protestas en el campo de lo “posible”. Pero también puede tratar de impedir que escalen contra el Gobierno del Estado, desbordando el objetivo pírrico de tumbar a Ayuso –probablemente por eso ha sido desconvocada en último momento y sustituida por "acciones simbólicas"–. Quizás algo de eso, y no solo la foto de Pedro y Ayuso, haya terminado por desmarcar al PSOE de estas convocatorias con demandas tan desleídas que ni siquiera hablan del problema de la vivienda o de las identificaciones racistas en los confinamientos segregados.

Estamos, en cualquier caso, ante una protesta que todavía aparece contenida en el marco de la izquierda contra la derecha en el gobierno de Madrid. Este marco, que es el predominante en los medios, impide pensar la crisis más allá de una lucha partidista de cortos vuelos; impide superar el horizonte social de las clases medias bienpensantes y en el fondo indiferentes a la suerte de lo que es de todos; impide en definitiva enfrentar la raíz de los problemas. La protesta que se espera, la que daría verdaderamente miedo y tendría capacidad de producir algún cambio está al margen de estas luchas partidistas. Quizás empiece mañana, quizás dentro de unos meses, pero hay suficientes elementos que indican que la levadura está empezando a elevar el malestar social.

Volvemos a preguntar: ¿sería radicalmente distinto un Madrid sin Ayuso para los que sobreviven en los barrios olvidados del sur? Muchos de los que viven en estos barrios no parecen creerlo: Puente de Vallecas, abstención en las últimas elecciones autonómicas, 41%; Villaverde, 39%; Usera, 42%.