El gobierno argentino ha aprobado una medida que estaba en la agenda del activismo LGTB desde hacía años: cuotas para este colectivo dentro del funcionariado. Desde el 4 de septiembre, el 1% de los cargos en el sector público estarán reservados a personas travestis, transexuales y transgénero, según la redacción de la ley. Hoy, la situación de crisis económica, social y sanitaria ha evidenciado todavía más la precariedad que sufren las personas trans, sobre todo las mujeres, ya que la mayoría ejerce la prostitución para poder subsistir. La medida se plantea como una manera de enfrentar la discriminación laboral que sufren y como una reparación estatal por la violencia institucional y social a la que están sometidas.

Como la mayoría de las personas trans no logran terminar sus estudios, se garantiza el ingreso al empleo sin necesidad de haber acabado el curso formativo, pero una vez que se haya obtenido, la persona tendrá que acabar los niveles que hubiera iniciado. Sumado a esto, también se pone en marcha la capacitación y acompañamiento en los lugares de trabajo para evitar situaciones de discriminación.

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Aunque muchas de las organizaciones LGBT+ han celebrado la decisión y lo vieron como un paso importante en materia de derechos y una expresión de “compromiso político del gobierno”, les preocupa que el Cupo Laboral Trans se haga efectivo sólo para la población joven.

Según ellas, las adultas mayores tendrán más difícil poder ingresar a los puestos de trabajo destinados al colectivo. “No sólo porque las vacantes busquen personas más jóvenes o se les haga complicado volver a estudiar, sino porque muchas de las trans mayores están cobrando una pensión por discapacidad, por lo que no podrían acceder a este tipo de empleos”, explica Marcela, activista travesti y presidenta de la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTA). 

Ante este problema proponen una reparación económica en forma de subsidio mensual para aquellas que tengan más de cuarenta años. Esta y otras medidas se recogen en un proyecto de Ley Integral Trans que se seguirá discutiendo en el Congreso de los Diputados junto con otras 13 propuestas. 

El Cupo Laboral Trans beneficia al 40% de la población trans y supone “que muchas puedan tener un empleo formal, cobertura sanitaria y aportes jubilatorios”

Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, dice que aunque no hay datos oficiales el colectivo trans no llega al 0,1% de la población argentina. Según las proyecciones del Ministerio, el Cupo Laboral Trans beneficia en torno al 40% de la población trans y supone “que por primera vez muchas puedan tener un empleo formal y todo lo que eso conlleva: cobertura sanitaria y aportes jubilatorios”, explica. Estiman que alrededor de un 80% tiene empleos informales.

“El colectivo trans es una población pequeña, las políticas dirigidas a esta comunidad no tienen un impacto sobre la economía del país, es cuestión de voluntad política”, dice en conversación con CTXT y asegura que la gestión que, apenas lleva nueve meses, avanzará en otras políticas públicas para el colectivo LGBT+.

Una historia de disputa por derechos básicos

El Cupo Laboral Trans significó una forma de reparación al colectivo. El texto del decreto reconoció expresamente la vulneración de derechos que ha sufrido esta población a lo largo de su historia y eso para muchas fue importante.

El día que salió el Cupo, el colectivo trans recordaba a las pioneras del movimiento, las que no pudieron asistir a este avance pero que fueron piezas clave en la historia de lucha del colectivo. Resonaban nombres como Diana Sacayán, Lohana Berkins y Claudia Pía Baudracco. 

La primera organización argentina que defendió los derechos de las personas LGBT+ nació en 1967 con el nombre “Grupo Nuestro Mundo” y se considera la pionera de América Latina. Con la llegada de la última dictadura militar en 1976 los activismos de la diversidad sexual sufrieron un fuerte revés y algunos integrantes se exiliaron.

Las personas trans en Argentina tienen una esperanza de vida de entre 35 y 40 años. La de la población general es de 76 años

Eran ellas, las que habían logrado sobrevivir al periodo dictatorial argentino, las que vivieron años duros tanto en dictadura como en democracia. Las que consiguieron derogar los Códigos Contravencionales y los Edictos Policiales que las criminalizaban bajo figuras como “vestir con ropa contraria al sexo de nacimiento”, “la incitación u ofrecimiento al acto carnal”, “escándalo público”, y que suponían días de calabozo, a veces prisión y multas.

También impulsaron la Ley de Identidad de Género, que se hizo realidad en 2012 y que es reconocida como “la primera ley en el mundo que no patologiza a las personas trans, es decir, que no necesita de ningún diagnóstico clínico ni psicológico para acceder al cambio registral de identidad”, explica Flavia, presidenta de una de las organizaciones que impulsaron esta ley, la FALGBT. 

Diana, Lohana y muchas otras defensoras de los derechos humanos, llevaban tiempo impulsando el Cupo Laboral. En 2015, consiguieron que Buenos Aires se convirtiera en la primera provincia en aprobar el Cupo Laboral Trans,; algunas provincias, municipios y universidades siguieron su ejemplo, aunque pocas lo implementaron. 

Se cumplió así uno de los sueños de Diana Sacayán, la principal promotora del Cupo en Buenos Aires, que fue asesinada un mes después. La condena fue tipificada por primera vez en Argentina como travesticidio, figura legal que entiende que la razón del crimen fue la identidad de género de la víctima. 

Las sobrevivientes

Hay un número que se repite desde hace tiempo como una pesadilla: las personas trans tienen una esperanza de vida muy inferior a la de cualquier otro ciudadano de entre 35 y 40 años. La de la población general es de 76 años. Según Flavia, la presidenta de FALGBT, esto se debe principalmente a un desequilibrio que estructura la sociedad y que impide que la población trans pueda acceder a derechos básicos como salud integral, educación, empleo o vivienda digna.

Normalmente, las personas trans son expulsadas de sus hogares cuando tienen de 12 a 14 años. “Lamentablemente la familia es el primer ámbito de violencia”, explica Flavia. Cuando son expulsadas muchas de ellas migran hacia las periferias de las grandes urbes argentinas, sobre todo a Buenos Aires, donde creen que pueden encontrar una mejor vida o vivir en el anonimato. “Muchas veces es simplemente eso, acá me dejan ser, acá puedo ser”, dice Flavia. 

Como no tienen ayuda familiar, son migrantes y muchos son adolescentes o preadolescentes empiezan a buscar una forma de sustentarse a una edad muy temprana, por lo que no terminan los estudios. Se estima que entre los mayores de 18 años, 6 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres trans abandonan el nivel secundario, según un informe de la Fundación Huésped.

Muchas veces son cobijadas por otras personas trans y acaban recurriendo al trabajo sexual como salida laboral. Esta ocupación les permite vivir y pagar los alquileres abusivos que se dan con más saña en la Ciudad de Buenos Aires. 

“Los dueños se aprovechan de su situación y les cobran un alquiler muy superior a lo que costaría realmente. La mayoría se sostiene a través de la prostitución, el resto tiene algún pequeño negocio dentro de la economía informal”, explica la activista.

“Al no conseguir empleo formal debido a la discriminación muchas acaban viviendo en inquilinatos o viviendas precarias por las que pagan como si vivieran en el Hotel Rich”, dice Marcela, presidenta de ATTA. 

Esto genera que vivan donde pueden y como pueden, sin apoyo familiar, sin poder acceder a un empleo mejor o alquilar una vivienda por no cumplir los requisitos como un aval o no tener recibo de sueldo que acredite sus ingresos mensuales.

El acceso a una salud integral es otro de los temas que quedan pendientes. Según Flavia, con La Ley de Identidad de Género del 2012, mejoraron algunos aspectos, pero aún falta que la atención sea digna y no discriminatoria.

Se estima que entre los mayores de 18 años, 6 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres trans abandonan el nivel secundario, según un informe de la Fundación Huésped

“Ahora tenemos ley de identidad de género, conseguimos que haya cobertura en cuanto a la hormonización y  las cirugías, pero antes no, antes muchas se aplicaban siliconas de manera casera, a veces era silicona industrial. Hoy en día existe un deterioro en la salud de muchas que tiene que ver con haber tenido esa silicona en el cuerpo, es una bomba de tiempo”, explica Flavia. 

La discriminación y la exposición a violencias genera que muchas vivan sólo de noche, aunque, como una pescadilla que se muerde la cola, en ocasiones esto aumenta el riesgo a estos ataques.

“Muchas chicas no salen de día. Hubo tanto daño subjetivo y tanto miedo a la violencia de la señora del colectivo que te mira mal, a la pareja que se ríe al fondo, hay tanto daño y tantos años que te terminas metiendo para adentro, terminas aceptando ese destino”, explica Violeta Alegre, activista travesti y parte del Observatorio de Género en la Justicia de Ciudad de Buenos Aires. 

“La violencia institucional es muy grave, esto hace que llegues a los cuarenta años, si llegas, con tu salud absolutamente deteriorada y con todas las exposiciones a las diferentes situaciones tanto de ataques como de enfermedades”, cuenta Flavia.

Sólo en estos seis últimos meses se cometieron 69 crímenes de odio, el 78% de las víctimas fueron mujeres trans y el 19% fueron asesinatos, según el último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+. En 2018, otro informe, del Centro de Documentación y Situación Trans en América Latina y el Caribe, señalaba un dato llamativo: el 48% de las agresiones físicas sobre el colectivo trans en Argentina las cometieron funcionarios públicos.

A las que logran vivir más de 40 años las llaman las sobrevivientes.

¿Las políticas de cuotas son emancipadoras?

“No estoy de acuerdo con la política del cupo pero es la única forma de romper la barrera de la discriminación, cuanto más nos vean en los pasillos y en las oficinas se van a ir abriendo más lugares”, dice Marcela.

Según ella, los programas dirigidos a personas trans “les siguen poniendo dentro de una línea de estigma y de discriminación”. Marcela recuerda que en Argentina tienen la principal Ley de Identidad de Género, “con esto debería bastar”.

“Gracias a la ley una persona trans pudo hacer el cambio de nombre y género en su DNI, pero qué sucede si no tiene ganas de que la traten como travesti y ahora, sin embargo, tiene que ir al Cupo Laboral Trans. No todas se identifican como travesti y no tienen por qué identificarse así en Argentina. Tienes un documento, eres una ciudadana más, entonces tendrías que poder acceder a todos los beneficios”. 

“Estoy cansada de que me traten como una persona diferente, no somos diferentes, ellos nos hacen diferentes con los programas. ¿Tenemos que seguir estableciendo cupos? Parece que no queda otra”, cuenta la activista.

El 48% de las agresiones físicas sobre el colectivo trans en Argentina las cometieron funcionarios públicos

Marcela pone un ejemplo de cómo las políticas de cuotas o afirmativas que pretenden reducir la discriminación a veces tienen sus inconvenientes. “La discriminación que se da en los hospitales hacia nosotras es muy violenta, entonces tuvimos que armar consultivos exclusivos para personas trans, identificar médicos que nos traten bien, identificar espacios, etc. No podemos seguir con los espacios exclusivos para nosotras porque en vez de haber una plantilla completa de sanitarios, quizá hay un solo equipo, entonces los servicios colapsan”, cuenta.

Para Flavia, la política de cuotas es necesaria para reducir la brecha de la discriminación, pero no suficiente. “La ley está, las leyes en Argentina son maravillosas, pero tenemos una brecha infernal entre la igualdad jurídica y la igualdad real, para esa igualdad real tenemos que avanzar en políticas públicas pensadas desde la infancia hasta la adultez justamente para achicar la brecha”. 

En la opinión de Violeta Alegre, las políticas de cuotas son un marco para empezar a promover cambios culturales más profundos. “La ley de identidad de género fue importantísima, pero la realidad es que aún no transformó la calidad de vida de las personas trans. Se reconocen como sujetas de derecho pero de ahí hay todo un camino que tiene que ver con el cambio cultural. Y esto se hace desde el compromiso institucional, desde el sistema educativo, las universidades, el ámbito mediático, desde el arte y los activismos. En la medida que nosotras vamos ocupando estos espacios vamos transformándolos”. 

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