Lourdes Campos tiene 60 años y habla con naturalidad de la vida perra. De esos días de trabajo agotador recogiendo aceitunas con la mirada clavada en el suelo. O de aquellos que se enroló para recolectar remolacha y terminó rastrillando los veranos de una Castilla arrasada por un sol justiciero. Justicia es lo que ahora reclama. Para ella y para su familia, porque su cuerpo está cansado de soportar por mucho tiempo el peso del mundo. “La cosa no mejora”. Lo dice con un rostro que la pena vuelve de piedra. “Soy pobre. En mi casa somos siete personas y nos tenemos que arreglar con una pensión de 380 euros al mes. ¿Cree que es posible? Pues claro que no. He pedido el Ingreso Mínimo Vital pero llevo dos meses sin respuesta. Y se lo digo con toda dignidad porque soy gitana y muy rica de aquí –y se acaricia el corazón con la palma de la mano– por la gracia de Dios”, remacha con un tono imponente.

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Cuando el Gobierno presentó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), “el mayor paso dado en la lucha contra la desigualdad en España”, en palabras del vicepresidente segundo Pablo Iglesias, se dispararon las ilusiones de miles de personas atrapadas entre la miseria y la desesperanza. A Lourdes, por ejemplo, se le abrió el cielo. “Nosotros lo vimos como un recurso vital, casi de supervivencia. Entiéndame, no nos va a sacar de los aprietos pero esos 461 euros o lo que me corresponda aliviarían nuestra situación”, añade con prudencia. Gracias a la ayuda de la Asociación Apoyo del barrio madrileño de Moratalaz hizo acopio de la documentación requerida, firmó los impresos y tramitó la solicitud a través de la oficina virtual de la Seguridad Social. “Para algunas personas resulta complicado reunir la acreditación que les exigen. Les ocurre a muchos usuarios. También creo que el IMV está demasiado condicionado por la composición de la unidad familiar, sobre todo monoparentales, y por los ingresos percibidos en el último año. Olvidan que los potenciales beneficiarios son gente que, en muchos casos, viven en la precariedad y en el día a día, con lo que eso conlleva. Por último, la lentitud de la administración puede llegar a ser exasperante. Imagino que será por la falta de tramitadores”, señala Roberto, el voluntario que ha ayudado a Lourdes con todo el papeleo.

La empresa Tragsatec acaba de anunciar a los 139 trabajadores que cubrían el servicio gratuito de atención telefónica que serán despedidos   

Han recurrido a conocidos para saber el estado del proceso, han enviado notas alertando de la urgencia. Nada. Siempre terminan chocando contra ese escudo que es el Leviatán burocrático del Estado. También han descubierto que el IMV es una ayuda mucho más restrictiva de lo que algunos creyeron ver cuando nació. Ahí están los números para demostrarlo. De las 837.333 solicitudes presentadas entre junio y octubre, 12.789 ya han sido aprobadas y abonadas, 69.530 denegadas, 34.534 revisadas y 82.119 se encuentran “en proceso de requerimiento de información”, tarea desempeñada por la empresa Tragsatec que acaba de anunciar a los 139 trabajadores que cubrían el servicio gratuito de atención telefónica que serán despedidos el próximo 9 de diciembre. De los 638.364 expedientes restantes, el 78%  del total de solicitudes presentadas, nada se sabe. Entre ellas está la de Lourdes. “¿Será buena la demora? ¿Qué sucede? ¿Usted qué opina?”. Tantas cuestiones atropellan a esta mujer curtida y enérgica.

No son las únicas. Las dudas acechan en cada esquina. También en la sala de máquinas de la Seguridad Social. Allí donde cada mañana personas con nombres y apellidos se dejan la piel entre peticiones y llamadas telefónicas de angustiados ciudadanos desde la puesta en marcha de la prestación el 15 de junio. Un centenar de consultas cada cinco horas de media al día por asistente. Pero en la administración todo es lento y, a veces, también ruinoso. Sobre todo cuando cunde la urgencia. Los 139 trabajadores de Tragsatec que el 9 de diciembre abandonarán sus puestos están sorprendidos. “¿Quién se encargará a partir esa fecha de un servicio tan importante para el ciudadano?”. La pregunta que formula una trabajadora suena como una pesada losa a través del teléfono. “¿Quién?”, repite con desazón. Nadie lo sabe con seguridad. Ni siquiera en el Ministerio de Seguridad Social que dirige José Luis Escrivá. “La partida presupuestaria para este subsidio es de 3.000 millones de euros, una cantidad insuficiente, casi ridícula, para combatir la pobreza extrema”, comentan de manera privada.

Saben que la pobreza, y aún más en las actuales circunstancias, avanza como otra plaga imparable. Lo refleja el décimo informe que acaba de presentar la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN, por sus siglas en inglés) con datos de 2019, es decir, anteriores a la pandemia: “El 9,1% de los hogares españoles, 1.695.000, se encuentran en situación de precariedad absoluta”. Si esta cifra es correcta, España tiene un grave problema. El Ingreso Mínimo Vital, por ejemplo, sólo alcanza a una de cada diez familias en pobreza extrema y a una de cada veinte en pobreza relativa. Para las que han quedado fuera de este cribado, el tiempo corre hacia atrás. Las necesidades se agravan y los días se tachan del calendario. A pesar de los anuncios institucionales de “no dejar a nadie atrás”, algo está fallando. “Hay desajustes pero con el tiempo funcionará porque hay voluntad de que así sea. Pero debemos valorar que es una prestación histórica en España porque hasta ahora nunca se había dispensado un subsidio contra la pobreza de esta naturaleza a nivel nacional”, comenta un funcionario de la Seguridad Social. 

Aunque no lo gestione, el Ministerio de Derechos Sociales se ha involucrado directamente en mejorar su funcionamiento con la incorporación de varias modificaciones al decreto original. Por ejemplo, que se tengan en cuenta los ingresos del solicitante en 2020, en lugar de 2019, para acceder a la prestación. Algo lógico cuando el abismo que separa ambas fechas es una pandemia. Con esta medida se arremete contra la pobreza sobrevenida en los últimos siete meses y evita a los solicitantes pasar por el amargo trago de una espera prolongada para optar a la prestación. También han reducido de tres a dos años la condición inexcusable de vida independiente que se exige a los menores de 30 años sin recursos. Otro de los cambios incluye a los servicios sociales, que son quienes mejor conocen los estragos sociales que provoca la pobreza. Ya pueden acreditar requisitos que hasta ahora estaban reservados a los tramitadores, a veces implacables, de la Seguridad Social. “Algo ha mejorado, pero sigue siendo muy selectivo”, asegura un voluntario. 

A Teresa García, 54 años, casada y con dos hijos a su cargo, le han denegado la solicitud por un fallo técnico. A todo el esmero que puso en hacerlo bien se le ha añadido tener la paciencia de un buda. “Presenté los papeles en septiembre con la fotocopia de mi DNI en blanco y negro y la quieren en color. Así funciona esto”, afirma con la mirada ensombrecida. Ha vivido tantas cosas complejas en los últimos meses que este revés no le cambia el humor. Lo peor fue enfrentarse al opresivo trance de la covid-19 con las manos vacías. Ella y su familia. Cayeron en cadena, pero Teresa sufrió el diagnóstico más grave. Malestar, fiebres altas y hospitalización en el Gregorio Marañón. Un mes sin poder caminar. Silencio en soledad. “Si no es por mi hijo no comemos”, sostiene. Hay días, como esta mañana en un barrio de Moratalaz alfombrado de hojas muertas, que parece salir a la calle con toda su casa a cuestas. Con su marido Ángel y con la lección bien aprendida de lo que le aguarda el futuro bajo el brazo. “Vienen malos tiempos pero he educado a mis hijos para que trabajen. Les digo que echen los curriculums, que no se conformen”, afirma. La vida nunca fue fácil para Teresa pero lo de hoy le resulta inexplicable. “¿Sabe usted cuánto dinero ingresamos? La Renta Mínima de Inserción  (RMI) de Madrid y otros 94 euros de la cooperativa de vendedores ambulantes a la que pertenece mi marido. Nada más. ¿Cree que con eso se puede vivir? No”, responde con firmeza pero sin levantar la voz. “Nos da para pagar la luz y los gastos fijos de la casa. Y hambre no pasamos gracias a nuestro hijo y a la ayuda de la gente del barrio”, concluye.

Un estudio del Ministerio de Derechos Sociales sobre las rentas mínimas de inserción que ofrecen las comunidades autónomas concluye que únicamente el 8% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza, alrededor de 700.000 personas, se benefició el pasado año de este subsidio. Un cifra muy baja para un país como España que tiene en esta lacra a uno de sus caballos de Troya más colosales. De las 17 autonomías sólo Euskadi y Navarra llegan con sus prestaciones al 70% de los ciudadanos más desfavorecidos. En el resto es un erial. Siempre lo fue.

Únicamente el 8% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza, alrededor de 700.000 personas, se benefició el pasado año de rentas mínimas autonómicas

“Quizá no sea ni original decirlo pero en España sigue existiendo una aporofobia heredada del franquismo. Hay políticos que consideran que estas prestaciones son ‘un subsidio para pobres’; otros se conforman con calificarlo de ‘hito histórico’ para renegar de la renta básica universal, que la ven como algo casi malvado cuando en todos los sitios del mundo donde se ha aplicado es lo contrario. Reduce drásticamente la pobreza, aporta seguridad al ciudadano e incrementa su motivación para buscar trabajo porque es incondicional y acumulativa a otras rentas. ¡Claro que pagaríamos más impuestos, pero también ganaríamos más y, desde luego, mejoraría las condiciones laborales!”, explica Daniel Raventós, profesor de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona y miembro del comité científico de ATTAC.

A juicio de este académico, que en junio intervino en la Comisión de reconstrucción económica y social del Congreso para defender los beneficios estructurales de la renta básica universal (RBU) en una sociedad como la española, se ha creado una cierta confusión en torno al IMV. “Es un subsidio no contributivo y condicionado que, en ocasiones, presenta incompatibilidades con un trabajo remunerado. ¿Por qué? Por el famoso problema de la ‘trampa de la pobreza’. Es decir, si una persona recibe una prestación de 500 euros y le ofrecen un empleo de 8 horas diarias por 700 euros al mes que vaya usted a saber cuánto dura, suele rechazarlo porque es una mierda. Eso es algo que no sucedería con la RBU”, asegura. 

Pese a que el IMV está concebido como una base más o menos sólida sobre la que apoyar otras subsidios que dispensan las comunidades autónomas para erradicar la pobreza extrema, hay regiones que han comenzado a reducir los gastos al considerarlas ineficaces, excesivas o “creadoras de dependientes del Estado”, como las calificó Isabel Díaz Ayuso, presidenta de una comunidad donde hay 490.000 pobres oficiales, según el último informe FOESSA de 2019. Idéntico camino han tomado Murcia y Andalucía pese a que en el decreto del gobierno central especifica que el IMV no excluye necesariamente los subsidios autonómicos. En Madrid, más de 4.000 familias ya han dejado de cobrar la RMI por este motivo. Y los 87.000 que aún siguen percibiéndola sólo lograrán mantenerla si no solicitan la IMV, o si la Seguridad Social rechaza su demanda o si se lo concede de manera limitada. Todo demasiado austero, excesivamente severo para familias como la de Lourdes y Teresa que no se amedrentan pero que perciben la vida con un realismo duro: “Ya no resistimos más”. Los rigores de la escasez. La pandemia. Ahora, un sustento. Las tinieblas de la pobreza en este otoño despiadado no se disipan.

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