La baja tasa de cobertura que ha demostrado el Ingreso Mínimo Vital desde que se puso en marcha hace tres meses, con apenas 8.800 solicitudes aprobadas de las 750.000 que se han enviado, no es un problema nuevo en el sistema de protección de España. Esto es lo que se puede concluir de un documento publicado la fundación Foessa a principios de julio, donde se advierte que, de igual forma que está sucediendo con el IMV, la cobertura de las rentas de inserción que han funcionado a nivel autonómico durante los últimos años “se han convertido en uno de los puntos débiles más flagrantes del sistema”. 

Entre otros datos, el documento destaca que a cierre de 2018 había en España 679.000 beneficiarios del sistema de rentas mínimas de las Comunidades, menos de un tercio de los 2,6 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza severa en el país. Si se tiene en cuenta toda la población que está en situación de vulnerabilidad, las cifras indican que hasta un 93% de las personas que están en situación de pobreza en el país no recibían ninguna ayuda de este tipo. 

Según los cálculos del Gobierno, el IMV, la primera medida estatal de este carácter, iba a reducir estas cifras y mejorar la escasa cobertura que hasta el momento habían demostrado las rentas autonómicas. Pero lo cierto es que, de momento y a pesar de la urgencia social provocada por la crisis del coronavirus, la medida apenas ha llegado, si se suman las ayudas concedidas por oficio, a un 10% de los hogares que estimó el ejecutivo. 

De las 750.000 solicitudes, que ha recibido la Seguridad Social, apenas se han analizado 143.000. 36.800 han sido rechazadas y solo se han aprobado cerca de 8.500

Las cifras son aún más alarmantes si se atiende a la información desagregada de la tramitación: de las 750.000 solicitudes, que ha recibido la Seguridad Social desde junio, apenas se han analizado 143.000. De estas, 36.800 han sido rechazadas y solo se han aprobado cerca de 8.500. Es decir, la enorme burocratización de la tramitación está llevando a que se denieguen cuatro veces más ayudas de las que se aprueban, que apenas representan el 1% de las enviadas. Los 75.000 hogares restantes que han conseguido acceder al IMV lo han hecho por reconocimiento automático que se ha activado a través de otra ayuda pública, la asignación por menor a cargo. 

Además del limitado alcance de las rentas de inserción que se está replicando con el IMV, el documento de la fundación de estudios también recoge otros problemas de calado en el sistema de ingresos mínimo autonómico con el que debe coordinarse la nueva medida estatal, como la baja capacidad de protección de las ayudas o la enorme desigualdad territorial en su implantación. 

En el primer caso, las cifras de la última memoria del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social indican que la cuantía media de las ayudas autonómicas en 2018 ascendía a 463 euros, apenas un 63% del salario mínimo vigente en aquellas fechas y un 86% del IPREM –el índice de referencia para la concesión de ayudas. Por su parte, las diferencias territoriales se hacen patentes en la tasa de cobertura de la pobreza severa que ofrecen las distintas rentas autonómicas, que van desde el 4,9% en Andalucía al 274% en Navarra. 

Si bien FOESSA reconoce el IMV como un avance muy importante en este contexto de desprotección social, también asegura que si el nuevo derecho subjetivo se no se “desarrolla adecuadamente a nivel reglamentario y si no se articula adecuadamente con los sistemas existentes en la Comunidades Autónomas”, se tratará de una oportunidad perdida para los hogares más vulnerables. 

El INSS ha perdido en los últimos años cerca de 6.000 efectivos, y el colapso en la Administración está provocando que los demandantes del IMV reciban citas fuera de plazo

En este sentido, el documento de la fundación de estudios recuerda, de igual forma que han hecho distintas organizaciones las últimas semanas, que el IMV sigue dejando sin contar con un desarrollo para incluir a grupos como las personas en situación administrativa irregular, los menores de 23 años emancipados o las familias que viven en situación de hacinamiento en el mismo inmueble.  

Por su parte, la articulación y coordinación con otras administraciones tampoco ha registrado apenas avances desde que se puso en marcha la medida. A día 21 de agosto, la Seguridad Social apenas reconocía convenios con 150 ayuntamientos para la tramitación de la ayuda, mientras que a finales de mes solo dos Comunidades, País Vasco y Navarra, habían firmado un protocolo de gestión conjunta con el Gobierno. 

Estos problemas se unen a otros denunciados por sindicatos y organizaciones, como la acuciante falta de personal en la administración, el laberinto burocrático o la brecha digital para el acceso a la prestación. Según ha denunciado UGT, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha perdido en los últimos años cerca de 6.000 efectivos, y el colapso en la Administración está provocando que las personas demandantes del IMV reciban citas fuera de plazo, “lo que les deja sin el reconocimiento de la prestación a fecha 1 de junio”.