Afirmar que, en los últimos diez años, el discurso de la derecha y la extrema-derecha nacional se ha ido estructurando de manera determinante alrededor del tema de la unidad de España es, ahora mismo, una perogrullada. Tan importante ha sido esta cuestión que su explotación con fines partidistas ha acabado por modificar la propia geografía de la derecha, emergiendo al calor del desafío independentista catalán una alternativa grotesca y radical al Partido Popular. ¿Quién le hubiese dicho a Mariano Rajoy que la estrategia detrás de su estrambótica foto en las puertas del Congreso, rodeado de enormes cajas repletas de firmas a favor de la unidad de la nación española y en contra del Estatut, iba a alimentar un arrebatamiento que le estallaría en la cara diez años después? Irónicamente, el instrumento de la división entre españoles que Rajoy quiso usar para desgastar al presidente Zapatero se convirtió en un arma letal contra su propio ejecutivo cuando la situación en Cataluña se volvió incontrolable. 

El camino señalado por el aquel entonces líder de la oposición ha sido transitado, desde 2006 hasta ahora, por las tres derechas : la suya, la de Ciudadanos y la extrema-derecha. La respuesta de todas ellas ante la mayor crisis político-territorial desde la Transición ha sido, sin embargo, puramente represiva, haciendo gala de una fijación obsesiva por la constitucionalidad y la legalidad que se evaporó por arte de magia cuando algunos de sus dirigentes históricos tuvieron que hacer frente a importantes casos de corrupción. 

No obstante, sí existe una evolución (o, más bien, una involución) en la manera en que el tema de la cohesión nacional ha sido tratado. Ahora mismo, las conclusiones a las que llega una parte de la derecha son mucho más contundentes y expeditivas. Si en 2006 un referendum le hubiese bastado a Mariano Rajoy para reafirmar “que España es una única nación en la que todos sus ciudadanos son iguales en derechos y obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas”, ahora parece necesario, para salvaguardar la unidad nacional, proceder al fusilamiento de “26 millones de hijos de puta”. Se aprecia, como mínimo, un cambio de visión política.

Es evidente que Rajoy y el general Francisco Beca no representan la misma derecha y es razonable pensar que el primero sigue encarnando una línea política con más apoyos que el segundo. Sin embargo, es posible considerar que la entrada en escena de los miembros de ‘La XIX del Aire’ con sus recetas poco ortodoxas se enmarca en un contexto general de endurecimiento de la derecha en nuestro país. Desde la llegada al poder de la izquierda, tanto el Partido Popular como su excrecencia “ultra” han basado parte de su estrategia de oposición en un virulento cuestionamiento de la legitimidad del gobierno. Desde hace un año, el peligro para España no sólo lo representan los independentistas, sino un ejecutivo que Carlos Herrera ha bautizado como el “ISIS de la pandemia”.

Así pues: ¿qué nos dice esta retórica de aquellos que la emplearon para combatir el independentismo catalán y la emplean hoy a propósito del gobierno? 

Si nos tomamos en serio la afirmación, hoy ampliamente extendida en buena parte de la derecha, según la cual la coalición PSOE-Unidas Podemos trabaja en pos del desmantelamiento de España, podemos deducir una serie de presuposiciones implícitas :

1) Existe algo llamado “España” que es cognoscible y que tiene una serie de características que conforman su esencia.

2) Estas características esenciales le pueden ser retiradas. Ello conduciría España a dejar de ser España o, de manera más expeditiva, a desaparecer.

3) Este proceso de disolución no tiene por qué ser el fruto de una guerra civil o de una catástrofe medioambiental. De hecho, llama la atención que ninguno de los políticos o de los periodistas que alertan sobre la inminente destrucción de España muestren inquietud ante las amenazas reales que representan el cambio climático y la desertificación de parte del territorio nacional. Este proceso puede, en cambio, ser el fruto de la acción de un partido político que llegue al poder tras unas elecciones.

Este brevísimo análisis, además de revelar presuposiciones que pueden ser criticables (comenzando por la concepción esencialista u ontológica de España), muestra lo mal parado que queda el principio democrático.

En efecto, se puede y se debe contraponer a la concepción esencialista de España una concepción democrática. Esta última conduce a considerar que España es, sencillamente, aquello que los españoles quieren que sea y no una esencia cuya sustancia solo pueden conocer y determinar algunos políticos de derechas o algunos periodistas afines. En otros términos, una concepción democrática vendría a decir que lo que es España se determina en las elecciones, en los procesos de elaboración de las políticas públicas más estructurantes y, por qué no, a través de un proceso constituyente. Evidentemente, es más fácil movilizar la retórica de la España eterna e inalterable que tratar de llegar, a través de la negociación y el acuerdo sobre pactos de Estado, a la determinación de un modelo de país justo y para las mayorías. Si algo falta en España es esto último, es más democracia y son más pactos de Estado. Y si algo sobra son las creencias dogmáticas dignas de la peor metafísica.